El Gobierno otorgó a la Policía Federal la facultad de monitorear las opiniones políticas en redes sociales. El ciberpatrullaje de Bullrich busca despejar la calle digital para blindar la presencia violeta en Internet. Opinan: Victoria Darraidou, coordinadora del CELS; y, Gastón Wahnish por la ONG Derechos Digitales. Información exclusiva sobre el primer detenido por tuitear contra Milei

Por Nicolás Poggi (@pogginico) y Mariana Portilla (@mportilla89)

Tomó su teléfono celular para descargar en la aplicación X un espasmo de bronca política. La persona en cuestión, un mozo que reside en la zona sur del conurbano, vistió su posteo con una foto de Javier Milei, arriba de la ilustración manifestó su deseo a favor de una decapitación del Presidente en Plaza de Mayo. Días después, insistió con mensajes en la misma tónica política, aunque el blanco de su furia pasó a ser el ministro de Economía, Luis Caputo.

Dos meses más tarde, tras una investigación realizada por la División Conductas Tecnológicas Ilícitas, agentes policiales irrumpieron en su casa y lo detuvieron. “Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un teléfono celular, dos CPU y una notebook”, informó el portal Infobae a fines de junio, en el único artículo periodístico que dio cuenta del hecho. En la fotografía principal de la noticia se ve al detenido, con su rostro difuminado, y la pesca de la requisa: mucha bibliografía guevarista.

El ciudadano, del que se mantiene su anonimato para respetar la fuente periodística a la que accedió Malas Palabras en Juzgados de Comodoro Py, fue detenido por un plazo de dos días, tras “montar arrepentimiento” fue liberado. Pero, la semilla de la discordia fue plantada. A la par que un contingente de usuarios pagos por el Gobierno, con oficina en la Casa Rosada y mecanismos bots para amplificar su voz, interfieren la conversación de la calle digital, el oficialismo cuenta ahora con recursos judiciales para apresar o amenazar a las opiniones contrarias.

El ciudadano, del que se mantiene su anonimato para respetar la fuente periodística a la que accedió Malas Palabras en Juzgados de Comodoro Py, fue detenido por un plazo de dos días, tras “montar arrepentimiento” fue liberado. Pero, la semilla de la discordia fue plantada.

A continuación, una investigación exhaustiva del staff periodístico de Malas Palabras explícita los alcances políticos e institucionales del nuevo chiche represivo del gobierno.

Un país de ciencia ficción

En el relato “El informe de la minoría”, publicado en 1956, el autor estadounidense de ciencia ficción Philip K. Dick describe una sociedad futura donde una división de la policía llamada PreCrimen detiene a sospechosos previo a la concreción de los delitos en base a una máquina capaz de predecir los crímenes.

Un escenario que, desde la literatura distópica, puede trasladarse al presente de la seguridad en Argentina. La llave institucional para este tipo de intervenciones en el país fue el decreto 383/2025, publicado el 17 de junio de 2025 con las firmas del presidente Javier Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Esa medida estableció una reforma de la estructura operativa de la Policía Federal Argentina (PFA) que incluye la creación formal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), un área que asume funciones de inteligencia criminal, cibervigilancia y monitoreo en redes sociales bajo el paraguas de la “prevención del delito”. De esta manera, a su rol tradicional en la seguridad urbana la PFA agrega un nuevo espacio de intervención en el terreno digital.

Esa medida estableció una reforma de la estructura operativa de la Policía Federal Argentina (PFA) que incluye la creación formal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), un área que asume funciones de inteligencia criminal, cibervigilancia y monitoreo en redes sociales bajo el paraguas de la “prevención del delito”.

Desde la creación de la Policía de Ciudad en 2017, la PFA solo cuidaba, a grandes rasgos, edificios gubernamentales en el área metropolitana, por lo que esta reforma modificó y amplió su área de influencia.

El artículo 6° del capítulo II del nuevo estatuto de la fuerza habilitó a la Policía Federal a realizar “sin necesidad de autorización judicial tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas”.

La ex presidenta Cristina Kirchner alertó el 3 de julio desde su prisión domiciliaria sobre esta situación: “Hay un plan de inteligencia nacional secreto, que autoriza el espionaje interno a todo aquel que ‘erosione la confianza’ en el relato oficial. ¿Y quién decide qué erosiona la confianza? Y como si fuera poco, ahora Bullrich quiere que la Policía Federal pueda vigilar lo que la gente pone en redes sociales sin orden judicial, además de detenciones preventivas sin que exista ningún delito”.

Desde el bloque de diputados de Democracia para Siempre, que aglutina a los radicales disidentes con el partido, la legisladora Mariela Coletta había alertado el 17 de junio desde sus redes sociales que “esta reforma del estatuto de la Policía Federal debería −como mínimo− pasar por el Congreso, pero otra vez el Gobierno lo saltea. Lejos de dar más libertad, cada vez que pueden limitan más las libertades de los argentinos”.

Aunque el ciberpatrullaje no es un fenómeno nuevo —Bullrich ya lo había impulsado durante su anterior gestión al frente del Ministerio de Seguridad—, la diferencia con la actualidad radica en el marco institucional que lo respalda. 

Así, lo que en 2017 eran tareas de “ciberpatrullaje” que se informaban al Poder Judicial ahora tienen respaldo legal y no requieren intervención de ningún tribunal. El nuevo organismo tiene así vía libre para monitorear discursos, expresiones, publicaciones, memes, reacciones o afinidades ideológicas en plataformas como X, Facebook o TikTok, con el objetivo de prevenir delitos.

El nuevo organismo tiene así vía libre para monitorear discursos, expresiones, publicaciones, memes, reacciones o afinidades ideológicas en plataformas como X, Facebook o TikTok, con el objetivo de prevenir delitos.

La ONG Derechos Digitales, nacida en Chile hace 20 años y compuesta por especialistas en tecnología, ciencias sociales, derecho y comunicación provenientes de más de 10 países de América Latina, advierte que, si bien el decreto 383 del Poder Ejecutivo es muy reciente, “las diversas atribuciones dadas a la PFA amenazan los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía argentina en entornos digitales. Por ejemplo, el Estatuto faculta al órgano policial para realizar, sin autorización judicial, ‘tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales’ entre los que se aluden las redes sociales, webs y ‘fuentes abiertas’. Esta disposición refuerza una figura porosa, con poco control y sin límites claros en nuestra región, el ciberpatrullaje”.

Gastón Wahnish, encargado de comunicación de Derechos Digitales, sostuvo en diálogo con Malas Palabras que “bajo el discurso de las autoridades, la figura del ciberpatrullaje simula el patrullaje callejero pero trasladado a Internet. No obstante, opera en el límite entre lo público y lo privado, adentrándose en lo personal y detallando a las personas usuarias según sus interacciones en línea, sin su conocimiento y con el uso de cuentas ‘falsas’ o anónimas por parte de la policía. Esta forma de inteligencia es una limitación extraordinaria a derechos como la privacidad y la libertad de expresión”.

«Bajo el discurso de las autoridades, la figura del ciberpatrullaje simula el patrullaje callejero pero trasladado a Internet. No obstante, opera en el límite entre lo público y lo privado, adentrándose en lo personal y detallando a las personas usuarias según sus interacciones en línea»

Gastón Wahnish, encargado de comunicación de Derechos Digitales.

Ciberpatrullaje sin límites

A esa primera reforma el Gobierno agregó el 8 de julio cuatro nuevos decretos para modificar las leyes orgánicas de Gendarmería (decreto 454/2025), Prefectura Naval Argentina (457/2025), Policía de Seguridad Aeroportuaria (456/2025) y el Servicio Penitenciario Federal (455/2025). 

Con esos cambios se incorporan nuevas atribuciones digitales e internacionales para las fuerzas de seguridad: Gendarmería podrá actuar en el ciberespacio, acceder a bases públicas y privadas para tareas de inteligencia criminal y colaborar con agencias extranjeras; en situaciones de conflicto, incluso podrá operar como fuerza militar terrestre. La PSA extenderá su función a la vigilancia de infraestructura de transporte, con la creación de un Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria. La Prefectura consolida el Sistema Guardacostas y suma funciones de policía pesquera, mientras que el SPF adquiere un rol más activo en el combate al crimen organizado con nuevas direcciones tecnológicas internas.

“Lo que se está habilitando es una tarea de inteligencia criminal que nunca fue discutida legislativamente y que está por fuera de la Ley de Inteligencia Nacional. Esto podría violar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad”, advirtió Victoria Darraidou,  coordinadora del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En diálogo con Malas Palabras, Darraidou sostuvo que “en un contexto como el que nos encontramos ahora, en el que el Gobierno no soporta la disidencia, se puede pensar que va acumulará información vinculada a organizaciones sociales, sindicatos, jubilados, estudiantes, científicos, médicos que se expresan sobre distintos temas porque la resolución dice ‘para la prevención del delito’, de una forma absolutamente amplia. No sabemos qué van a hacer con esa información, dónde queda, quién la regula”.

“Lo que se está habilitando es una tarea de inteligencia criminal que nunca fue discutida legislativamente y que está por fuera de la Ley de Inteligencia Nacional. Esto podría violar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad”

Victoria Darraidou, coordinadora del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Para la especialista, el decreto 383 se ampara en la Ley Bases aunque el Poder Legislativo no delegó al Ejecutivo facultades en materia de seguridad. “Se le está permitiendo al Poder Ejecutivo legislar sobre cuestiones que no le fueron delegadas. En este caso, el decreto vulnera la Constitución y la propia Ley Bases. Además, otorga nuevas atribuciones a la Policía que corresponden al ámbito del derecho penal”, señaló.

Un proceso de retroalimentación con el ataque de las llamadas ‘patotas digitales’ de La Libertad Avanza, compuestas por tuiteros e influencers que operan desde una estructura paraestatal para hostigar a sus opositores o adversarios internos, como reveló el año pasado la investigación especial de la revista Crisis.

El modus operandi de estos grupos se estructura en el doxeo como primera medida; esto es, la búsqueda y revelación de datos personales para después pasar a un ataque digital puro y duro desde todas las plataformas posibles e, incluso, con hostigamientos en el domicilio de sus objetivos (a través del envío de correos postales y de pedidos que no se hicieron o incluso con la solicitud de servicios que no fueron contratados).

Con su intervención e identificación de “agitadores” en el plano digital, la Policía Federal dejaría el camino allanado para que los trolls operen con mayor margen de acción en el terreno en el que el gobierno libertario se mueve más cómodo.

Primeros avisos

Más allá de las recientes modificaciones al Estatuto policial, existen casos previos de este mismo año que demuestran la vigencia de estas prácticas de ciberpatrullaje. En ese sentido, la ONG Derechos Digitales cita como ejemplo los casos que documentó el especialista en seguridad informática Javier Smaldone, de la fundación Vía Libre.

En el primer caso, el periodista experto en informática Julio Ernesto López se hizo eco en abril pasado de una filtración de datos sensibles del PAMI que se ponían en venta en la web, y producto del ciberpatrullaje fue citado por la Justicia Federal para que diera explicaciones en Comodoro Py.

En el segundo caso, el especialista en seguridad informática mexicano Hiram Alejandro publicó en junio la noticia de una supuesta filtración de datos del Servicio Penitenciario Federal y fue investigado por la PFA, que pidió a la red social X (antes Twitter) los datos personales del periodista, incluida su tarjeta de crédito. 

La Policía Federal adujo que el periodista “extrajo y filtró la información” y que el foro donde se filtraron los datos era de su propiedad, razón por la que solicitó a X “datos de registro completos, teléfonos, correos, datos de tarjeta bancaria y logs de conexión (IPs) asociadas”.

“Volvió Bullrich a comandar las fuerzas federales. Volvió el ciberpatrullaje. Cualquier cosa que tuiteen, puede terminar en una investigación policial, con vaya a saber qué consecuencia para ustedes”, advirtió Smaldone, que durante el macrismo ya había sufrido esa práctica en carne propia.