Por Ramón Gómez Mederos.- El avance de una brutal reforma del Estado, la cual contempla miles de despidos, caracteriza a este tiempo, así como también una fuerte continuidad de un ajuste en distintos ámbitos de la economía y los organismos estratégicos del Estado, la regeneración del círculo de dependencia generado a través de una reestructuración de los créditos con los organismos internacionales, un esquema presupuestario que desampara aún más a los sectores de la salud y la educación, pero además una fuerte apuesta a la continuidad de las principales leyes y políticas estratégicas con respecto a mantener como base la primarizacion y la exportación de commodities al exterior.
El marco regional de dichas políticas es la derechización de gran parte de los espacios políticos y sociales que los sectores progresistas en el Cono Sur habían mantenido indemnes hasta ahora, más allá de sus fuertes contradicciones, respecto a de aplicación de un esquema de desarrollo extractivista en cada uno de los territorios.
La estructuración de una matriz extractiva en Argentina coincide con las políticas aplicadas en la mayor parte del continente, y sus referencias legales y prácticas tienen las mismas dinámicas. Sus consecuencias ambientales desastrosas se dan de igual manera en todo el continente. Brasil tuvo su boom minero en el siglo XVIII con la explosión de la extracción del oro. En la actualidad es el productor del 20 % del total mundial de hierro, del 92 % de Niobio, el cual es utilizado en la industria metalúrgica, pero además en la fabricación de pilas nucleares; el crecimiento de las industrias extractivas en Brasil comienza a principios de este siglo con casi un aumento del 9 %, lo que ha traído, como en Argentina, grandes impactos medioambientales.
De hecho lo ocurrido en Brasil al producirse el accidente minero en Mina Gerais, con la rotura de un dique de contención de la minera Samarco, dejó 11 muertos, 12 desaparecidos y miles de afectados en el municipio de Mariana, resulta el mayor desastre ecológico de la historia de este país. El lodo tóxico y escombros minerales compuestos además por gran cantidad de metales pesados llegaron a la playa de Regencia -a 650 kilómetros del lugar-, una importante área de corales.
La lucha de Jachal
Casi al unísono, el 12 de setiembre pasado, se producía también, pero en Argentina, el peor desastre ambiental que en el país se recuerde, sobre la cuenca del Rio Jáchal, que dio por tierra con la tan mentada “responsabilidad social empresaria” de una de las mayores y cuestionadas multinacionales auríferas del mundo, la Barrick Gold Corporation.
La incidencia sobre la diversidad biológica de todo el espacio afectado por este suceso, es de una magnitud que sobrepasa los límites admisibles para toda actividad humana. La contaminación producida por el derrame de un millón de litros de agua cianurada, dejó afectados cinco ríos, el Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas, violando la Ley de Residuos Peligrosos 24051, lo que derivó en una causa abierta en el juzgado del Juez Sebastián Casanello, el cual encargó la investigación a la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima), contando además con un informe hecho por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA). En él se constató la contaminación de dichos ríos y se indicó que las muestras analizadas, ya sean líquidas o sólidas, evidenciaron presencia de cianuro total.
Para la hidróloga Virginia Carpio, “los derrames ácidos mineros generan nuevos modelos de calidad hídrica cuya distorsión continúa por décadas incluso después del cierre formal de la mina. Esto es particularmente grave en ambientes semiáridos donde la disponibilidad de agua es escasa como en San Juan.
Pero el impacto sobre las nacientes del Río Jáchal es permanente, por la incidencia que hacen en éste las partículas de polvo producido por la minera, las cuales, como en el caso del desastre de Fukushima, viajan a miles de kilómetros de distancia empujados por los vientos, además del impacto en las cumbres níveas que destruyen ambientes glaciares y peri glaciares que son fundamentales para la alimentación de altas cuencas hídricas y para el mantenimiento de “reservas de agua sólida” que amortiguan el impacto de estaciones o años muy secos.
Sus actividades también destruyen cubetas de recepción de nieve y agua, facilitando los procesos de derretimiento estival.
El daño es irreparable y su impacto sobre las economías locales es incalculable, porque afecta directamente los causes de los ríos que alimentan lo poco que queda de agricultura en la zona.
Pero la impunidad con que el Estado ha protegido todo este tiempo a las transnacionales mineras se ve reflejada en la quita de retenciones al sector, además de afirmar todos los beneficios que ya le otorga la legislación vigente. A través del decreto presidencial 349/2016 se les quita entre el 5 y 10 % para la exportación de productos del sector, lo que significa 220 millones de dólares menos al Estado nacional. Para el actual gobierno las retenciones generaban “una situación de pérdida de competitividad frente a las restantes naciones con actividad minera”, ya “que los mencionados derechos de exportación inciden sobre los márgenes de utilidad” y “generan un mayor costo operativo”, y a raiz de “la reciente caída en el precio internacional de los metales y demás productos minerales”.
Sobre el 2012 el sector facturó 5500 millones de dólares, generando superutilidades y contradiciendo la postura del gobierno nacional.
Batallas ganadas
Pero la persistencia de los pueblos también tiene sus pequeños triunfos.
El fallo de la Corte Suprema de la Nación a favor de la Asamblea de Andalgalá aprobó el amparo presentado por ella contra la instalación de la mina Agua Rica. Recordemos que este se presentó hace seis años para frenar el proyecto minero de Agua Rica de la Yamana Gold y que los jueces provinciales congelaron.
El fallo de la Corte Suprema consta de 14 páginas, y lleva la rúbrica de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. El Tribunal hizo lugar al amparo de la Asamblea y resolvió que la Justicia catamarqueña no podía rechazar el recurso sin tener en cuenta los estudios de la Universidad Nacional de Tucumán que describían precisamente el riesgo ambiental de la extracción mega minera. En la sentencia está especificado que dicho proyecto puede producir “avalanchas, derrumbes o deslizamientos que pueden afectar la ciudad de Andalgalá”, que “no están dadas las condiciones de seguridad suficientes”, por lo que “existe riesgo de contaminación de las aguas subterráneas”.
La continuidad de un proceso de saqueo de nuestros bienes naturales en Argentina es claramente actual, e igualmente depende también, de la unidad y lucha de las poblaciones afectadas con el conjunto de la sociedad y sus organizaciones políticas y sociales.
El agua es la sangre de la tierra, y es esta tierra, nuestro único hogar, la que hay que defender.
O ellos o nosotros.
