Sobre los modos de producción de los mercados ilegales, los vínculos con la economía formal y el papel invisible de la regulación policial.
Por Esteban Rodríguez Alzueta (*)
Los debates en torno a las economías ilegales en la Argentina han estado organizados por las narconarrativas escritas entre periodistas y especialistas que provienen del campo las ciencias políticas y del derecho. No es casual, entonces, que la corrupción siga estando en el centro del debate público, sobre todo en este país donde todo o casi todo tiende a judicializarse, a transformarse en un drama judicial, un litigio que se resuelve con más justicia, más sentencias, más cárcel.
La tesis que quiero compartir va a contrapelo: No basta con mirar los modos de corrupción, hay que comenzar a poner el ojo en los modos de producción. La comercialización de drogas ilegalizadas, sea al por mayor o el narcomenudeo, no pueden comprenderse apelando a la ley o las reformas policiales, sino redirigiendo la atención hacia las condiciones materiales o estructurales, tratando de pensar la relación que existe entre el sistema penal y la estructura social. Para ponerlo con algunas preguntas: ¿Qué relación hay entre el capitalismo y la criminalidad? ¿Qué relación existe entre los mercados legales y los mercados ilegales, entre la acumulación permanente de la violencia y la valorización económica?
MERCADOS ACOPLADOS
El criminólogo italiano Vincenzo Ruggiero en el libro Delito de los débiles y delito de los poderosos, nos enseñó que las economías ilegales no son un mundo aparte, separado y separable del resto de la economía. Los mercados ilegales e informales están enmesetados o solapados entre sí a los mercados legales; es decir, los actores de los mercados legales encuentran en los mercados informales e ilegales nuevas oportunidades para valorizarse. Los mercados legales optimizan sus costos financieros o recuperan la caída de su cuota de ganancia apelando a los mercados informales; y los mercados informales se financian apelando a los mercados ilegales que reinvierten parte de sus ganancias en el sostenimiento de los emprendimientos informales.
Lo que sugiere Ruggiero es que no hay capital sin crimen, el capitalismo encuentra en los ilegalismos un punto de apoyo para reproducirse. El capitalismo financiero para valorizarse necesita no solo de los paraísos fiscales, la evasión o elusión impositiva, la quiebra fraudulenta o los vaciamientos de las empresas, precisa de los aportes de las experiencias productivas informales e ilegales. Como dijo Achille Mbembe: gran parte del despojo contemporáneo se organiza a través de los emprendimientos criminales.
Que conste que cuando decimos “mercados informales” estamos pensando en esos actores que pendulan entre la legalidad y la ilegalidad, experiencias donde nunca se sabe dónde termina lo informal y empieza lo ilegal, porque lo informal se confunde con lo ilícito, ya sea contratando trabajadores sin papeles, pagando sobornos o ejerciendo contrabando. Cuando decimos economías ilegales o economías informales, no hay que perder de vista que estamos hablando de la reproducción de la vida, de las estrategias de sobrevivencia, allí donde el delito se confunde con la vida cotidiana. Las economías ilegales están fuertemente imbricadas no solo a las economías formales sino también a la vida doméstica de los barrios.
En otras palabras: la comercialización de drogas en un barrio es la posibilidad de que los más jóvenes anden con plata en el bolsillo y consuman en los comercios del barrio o la zona; es la oportunidad que tienen los dueños de un almacén de acceder al dinero que se necesita para equiparse; la ocasión que tiene una madre de llegar a fin de mes o costear los gastos para que sus hijos adecuen sus estilos de vida a determinadas pautas de consumo. Quiero decir, no solo el estado inyecta dinero por arriba a través del gasto público, también –y por abajo– los ilegalismos plebeyos incrementan la capacidad de consumo de los sectores populares. Claro que para pensar este entramado cotidiano hay que pensar la comercialización desde adentro, con el punto de vista de los actores involucrados en esas prácticas, y llegar con otras preguntas.
LA MANO INVISIBLE DE LAS ECONOMÍAS ILEGALES: LA REGULACIÓN POLICIAL
Ahora bien, cuáles son las agencias estatales encargadas de regular los mercados informales e ilegales: Las policías. El gobierno de turno y los operadores judiciales son las encargadas –a través del sistema de cheques grises descritos por Jean Paul Brodeur– de exceptuar a las policías de rendir cuentas o dar explicaciones por las formas de regular estos mercados.
Regular significa varias cosas. Por un lado, y como suele repetirse, vender impunidad o desaplicar la ley, es decir, “una aplicación selectiva de normas”. La venta de protección implica el intercambio de múltiples favores, a saber: la venta de invisibilización burocrática y parodia policial, lo que comúnmente conocemos como “liberar zonas” o “mirar para otro lado”; la venta del extravío de un expediente; la venta de información sobre la competencia; la venta de un allanamiento; la venta de un operativo para sacarle una competencia de encima, es decir, la disuasión, neutralización o eliminación de enemigos, etc. Pero se trata siempre o casi siempre de una protección forzosa, porque la relación entre la policía y la criminalidad es una relación desigual (por lo menos en esta etapa).
Ahora bien, hay otras dos acepciones para la palabra regular que tampoco se nos deberían escapar para pensar la complejidad de las relaciones de intercambio entre policías y estos pequeños empresarios de los mercados ilegales e informales. Por un lado, regular implica aportar marcos que encuadren los negocios que necesitan de la “clandestinidad” para generar valor. Por el otro, aportar también los marcos para resolver los eventuales conflictos que puedan llegar a presentarse. Porque en los mercados informales e ilegales, como en cualquier mercado legal, pueden suscitarse una serie de contradicciones que no podrán tramitarse en los tribunales ordinarios. En ese sentido las policías no solo pueden arbitrar directamente, sino hacerlo entre partes a partir de las prácticas que suele imponer la policía. Vaya por caso, como quedó en evidencia en el caso Candela, los secuestros familiares express. Es decir, no solo se trata de no-aplicar las normas universales sino, de establecer otras reglas de juego, de crear normas ad hoc o informales, que se negocian todo el tiempo, para circunstancias específicas.
Pero si queremos captar la complejidad del fenómeno, hay otras dos funciones que tampoco conviene desdeñar: Uno, la producción de cualidades productivas: Las policías aportan la fuerza de trabajo lumpen que necesitan las economías ilegales para valorizarse. Lo hace transformando la calle en un campo de entrenamiento, generando condiciones para que estos actores a través del delito expresivo y al voleo vayan desarrollando y entrenando habilidades y destrezas que después van a ser referenciadas como cualidades productivas por los empresarios y transas de los mercados ilegales. Y dos: la adscripción o reclutamiento de esas cualidades productivas a las economías ilegales: la policía va a empujar a que estos actores asocien su tiempo cualificado (su capital simbólico y cultural entrenados al margen de la regulación policial) a estos mercados ilegales regulados, a que empiecen a patear con estos empresarios del crimen que gestionan sus negocios según determinadas reglas de juego.
El lector se dará cuenta que regular significa mucho más que suspender la aplicación del derecho, sino, sobre todo, crear condiciones de posibilidad para que los mercados informales e ilegales puedan desenvolverse toda vez que, de su expansión, dependerá que los mercados legales puedan optimizar sus performances, resolviendo muchos problemas con los que se miden.
LA ECONOMÍA EN ÚLTIMA INSTANCIA
La comercialización de drogas ilegalizadas tiene una dimensión económica que no hay que perder de vista. La expansión del tráfico tiene muchos factores, algunos políticos, y otros culturales y económicos. Estos últimos no suelen estar en el radar de los juristas y las ciencias políticas. Estas perspectivas no solo tienden a cargar todo o casi todo a la cuenta de las zonas abyectas del poder, sino que al hacerlo pierden de vista el papel que tienen las fuerzas económicas ilegales en la reproducción de la vida y las relaciones de producción capitalista. Dicho de otra manera: estas teorías solo ven mercados criminales por un lado y orden clandestino por el otro. No existe el capitalismo, no pueden pensar la articulación que tienen los mercados ilegales con los informales, y estos con los mercados legales.
De allí a pensar que todo se reduce a una cuestión de corrupción hay un paso nada más; y esto es un problema porque la corrupción suele ser la llave de paso que impide pensar la dimensión económica. Y es un problema además porque cuando se mira la sociedad prescindiendo de la dimensión económica, se tiende confundir los efectos con las finalidades, tomando por un fin lo que es solo era un efecto del sistema.
Lo digo con un ejemplo: El enriquecimiento de los policías que regulan estos mercados no es la finalidad sino la consecuencia de un sistema que necesita de la regulación policial. Quiero decir, no es un problema de policía-bueno o policía-malo. Y con eso tampoco estoy sugiriendo que sea toda la institución. Lo que estoy diciendo es que el narcotráfico y el universo transa son mercados que hay que mirar al lado de otros mercados informales y legales.
No estoy reduciendo el crimen a la economía, sino sugiriendo que la regulación policial no puede comprenderse aisladamente, que hay que leer la regulación policial al lado de las expectativas que tienen los mercados legales sobre las economías plebeyas, pero también al lado del papel que estas complejas economías ilegales tienen para los estados ajustados que se desentienden o relajan de la cuestión social. Cuando el Estado se descompromete y deja solos a los individuos frente al mercado, una de las opciones que tienen las personas –sobre todo los más jóvenes– para obtener el dinero que les permite adecuar sus estilos de vida a las pautas de consumo que impone el mercado, será a través de las mercados ilegales e informales que pendulan entre la legalidad y la ilegalidad.
Los ilegalismos plebeyos son vividos como una oportunidad para encarar los problemas que les genera la pobreza y la desigualdad social pero también para surfear las pequeñas desigualdades generadas en sociedades vertebradas en torno al mercado. Puede que la economía siga siendo una esfera que opere en última instancia, lo que no se puede pretender es que el narcotráfico sea un mero fenómeno policial. En definitiva, hay que buscar detrás del Estado, en las oportunidades que las economías ilegales representan para las economías legales y la reproducción de la vida cotidiana.
LOS COSTOS SOCIALES
La perspectiva juridicista no es gratuita, tiene sus costos sociales que, como siempre, terminan pagando los mismos sectores de siempre. Basta mirar lo que está sucediendo en la provincia de Santa Fe, en especial en la ciudad de Rosario, donde el Congreso de la Nación se sacó el problema de la tapa de los diarios aprobando la creación de nuevos juzgados y fiscalías , un proyecto cajoneado desde hacía algunos años. Después de los sucesivos fracasos de los desembarcos policiales, se cambia finalmente de estrategia: lo que se necesitan son más jueces y fiscales.
Otra medida espasmódica destinada a salir mal, que no reconoce que la persecución judicial no solo les sube el precio a los actores protagonistas del universo transa, sino que le agrega más violencia a la violencia. En otras palabras: gran parte de la violencia altamente lesiva que circula por los barrios de Rosario es el resultado de la presión que le está metiendo el sistema penal a estos barrios. Cuando los operadores judiciales sacan de circulación a los jóvenes durante una temporada, recrea las condiciones para que los conflictos se vayan espiralizando.
La cárcel no es un mundo separado y separable de la sociedad, es un universo entramado a la vida del barrio. Las socializaciones carcelarias, la experiencia y el cartel acumulados en la vida penitenciaria, van a detonar o agravar las broncas interpersonales y disputas territoriales. Los pibes entran con un cuerpo y salen con otro cuerpo, entran con expectativas y salen con un cartel que les impone otros mandatos frente a los mismos conflictos de siempre.
La ilegalidad no siempre genera violencia, pero no cabe duda que hoy día gran parte de la violencia en los barrios es consecuencia de las intervenciones judiciales. La justicia, lejos de detener la violencia recrea las condiciones para que la violencia se reproduzca.
*Docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Profesor de sociología del delito en la Maestría en Criminología de la UNQ. Director del LESyC y la revista Cuestiones Criminales. Autor entre otros libros Vecinocracia: olfato social y linchamientos, Yuta: el verdugueo policiaLl desde la perspectiva juvenil y Prudencialismo: el gobierno de la prevención.
