La represión ejecutada en Jujuy habilitó un texto constitucional que permitirá la explotación del recurso litio en territorios resguardados a favor del equilibrio ambiental y los derechos comunitarios. Una vez más, el desarrollo extractivista diseñado para sobreexplotar los manantiales del sur periférico cuesta sangre popular. Opinan: Flavia Broffoni, Extinction- Rebellion; y Enrique Viale, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Por Emiliano Guido
Foto: Leo Vaca
El feriado por el Día de la Bandera fue el ápice de la acción represiva ordenada por el gobernador de Jujuy en pos de permitir la aprobación de la nueva carta magna en una Legislatura cercada. De forma paradójica, el manto multicolor de la wiphala flameó tanto, o más, que el distintivo nacional celeste y blanco en cada una de las concentraciones populares activadas por la multisectorial jujeña para rechazar un texto legal condescendiente, según relatan los manifestantes, con el desarrollo del recurso litio en zonas territoriales aún no habilitadas para explotar el “mineral del futuro”.
El ondear de la wiphala en las escarpadas rutas de la provincia norteña – un punctum que imprime luz y color sobre el viento ocre del altiplano – plantea otra paradoja: la resistencia al maldesarrollo extractivista – término acuñado por los investigadores Maristella Svampa y Enrique Viale – tiene un carácter político multinacional: el protagonizado por el colectivo transfronterizo de los pueblos originarios porque, tal como sucede con otros modelos de negocios primarizantes como la agroindustria o la megaminería, el territorio de sus comunidades -alejados de los grandes centros urbanos- coincide con el locus donde desean asentarse las multinacionales para tajear y lastimar la tierra, o sus entrañas, hasta hacerla sangrar oro, soja, litio, lo que sea.
“Lo que se acaba de aprobar es la inconstitucional reforma de Gerardo Morales, que le da permiso para ir a robar todo el litio y nuestras riquezas naturales. El corte de rutas que llevaremos a cabo es total. A Morales no lo vamos a dejar a entrar más a nuestros territorios”, advirtió el Día de la Bandera una referente del colectivo indígena Tercer Malón de la Paz a la agencia de noticias colaborativa ANRed.
Recapitulando, en el negocio del litio -el mineral del futuro cuya utilización es esencial para fabricar teléfonos celulares o autos eléctricos, dos instrumentos de consumo icónicos en la sociedad que se viene – el apetito de las multinacionales capitalistas pasa por derribar barreras de contención públicas -como los mecanismos de consulta previa a las comunidades indígenas- para acelerar y ampliar sus zonas de dominio económico. No se trata de una especulación castrochavista, el magnate Elon Musk reconoció en la red social Twitter haber apoyado el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia porque su gobierno buscaba nacionalizar el recurso litio.
El gobernador radical macrista Gerardo Morales baleó, gaseó, y derribó puertas de domicilios particulares porque, además de buscar instalar un spot de campaña de Juntos por el Cambio a días del cierre de listas para las elecciones de agosto, anhelaba decirle al mundo, el de las multinacionales, que Jujuy es tierra pavimentada para extraer el mineral del futuro.
Ecocidio y balas, una constante
Malas Palabras dialogó con dos especialistas en la cuestión medioambiental y la defensa de los recursos naturales estratégicos: Flavia Broffoni, portavoz del capítulo argentino de la red global ambientalista “Extinction- Rebellion” y autora del libro “Extinción- la superviviencia de la humanidad en juego” (donde explica porque la sobreexplotación de los recursos primarios acelera el colapso del orden mundial); y Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y coautor junto a la socióloga Maristella Svampa de la pieza “Maldesarrollo- la Argentina del extractivismo y el despojo” para conocer la mirada de ambos en torno a la concordancia geográfica de mapas políticos, sociales y económicos que aunque parezcan distantes – el de las puebladas, los dispositivos represivos y las mecas de explotación natural – se yuxtaponen en una sola cartografía.
Broffoni explica que “la reforma constitucional de Morales busca darle un marco institucional a las necesidades que tiene el gobierno provincial de explotar el litio en tierras defendidas por comunidades originarias. En Jujuy, se perciben de esa manera 400 comunidades, de las cuales sólo 70 son reconocidas por el Estado. La reforma complejiza la posibilidad de las comunidades de obtener personería jurídica, un instrumento que las habilita a ser parte activa en la consulta previa de un recurso ubicado en su territorio según indican los convenios internacionales. Entonces la reforma busca darle legalidad a lo que ocurre de facto hoy: la violación absoluta de la legitimidad de las comunidades originarias para monitorear la explotación del territorio donde están afincadas”.
Por su parte, Enrique Viale opina que “con la reforma constitucional en Jujuy no solo está en disputa las tierras donde se hallan las mayores reservas globales del litio, que son habitadas hace siglos por las comunidades indígenas, sino que también está en disputa el recurso agua. De eso también se encarga esta reforma: facilitarle las cosas a la gran minería. En todos lados donde se desarrolla de forma intensa la economía extractivista hay represión. Ahora es Jujuy pero no hace mucho fue Chubut, también Mendoza, lo hemos visto en Catamarca en incontables oportunidades. El extractivismo siempre se impone siempre por la fuerza, a espalda de la sociedad y con violación de derechos humanos generalizada”.
Flavia Broffoni incorpora otros condimentos a la narrativa geopolítica del litio en Jujuy: el intento de Morales de bloquear la protesta en una zona dúctil en reservas, tanto que es calificada por la prensa especializada como “la Arabia Saudita del mineral blanco”.
“Hay dos artículos de la reforma que facultan al gobernador a limitar las manifestaciones sociales. Sobre este tema hay mucha confusión porque no se sabe cuál es el texto definitivo al respecto, a pesar de la supuesta marcha atrás dada por Morales, perduran lagunas legales que habilitan mecanismos de judicialización de la protesta. Escenarios similares al de Jujuy ya lo hemos visto por ejemplo en la provincia de Chubut, donde el constante intento del gobernador Arcioni de habilitar la megaminería estuvo asociado a procesos de criminalización de la protesta, donde en la actualidad hay alrededor de 30 vecinos chubutenses judicializados”, estima Broffoni.
“El litio sin duda es el commodity estrella. Argentina tiene en este momento el auspicio de contar con 20 millones de toneladas de reserva de litio, el equivalente al patrimonio de Bolivia, casi el doble de lo que posee EE.UU., ese dato fomenta la intencionalidad de explotación porque las multinacionales están a la caza del recurso. Es importante aclarar que el litio no favorece la transición energética justa, sino un esquema de negocios que también va en contra de la descarbonización de la economía”, concluye.
