Especialistas en derecho laboral y cámaras del sector pyme señalan que los discursos críticos de los juicios laborales buscan flexibilizar el empleo y menguar derechos al trabajador. Opinan Cynthia Benzion, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas; y Victoria Policicchio, empresaria textil pyme.
Por Mariana Portilla
A inicios del gobierno de Javier Milei, pequeños y medianos empresarios nucleado en IDEA Pyme publicaron un documento para expresar dos preocupaciones centrales: el rechazo a la denominada industria del juicio y al peso de la carga tributaria. En el escrito, pedían una simplificación de los tributos, así como un golpe de timón en el esquema de multas laborales. “Los elevados niveles de litigiosidad y conflictividad laboral desincentivan la contratación de personal”, alegaron.
Con el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso, el sector empresarial volvió a poner la discusión en agenda. Pero, ¿qué dicen los datos oficiales? ¿Son altos los niveles de litigiosidad? La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo informó que, entre el 2014 y el 2024, se emitieron más de 257 mil sentencias definitivas. Teniendo en cuenta que la población con trabajo registrado argentina es de 13.367 millones de personas, los litigios laborales de los últimos diez años involucraron al 1,9% de los asalariados.
Malas Palabras preguntó a la abogada Cynthia Benzion, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, sobre si es correcto hablar de industria del juicio. “Claro que no, para que un trabajador inicie un juicio laboral -que nunca es el escenario más deseado- tiene que haber existido un incumplimiento laboral. La litigiosidad es baja en relación al altísimo nivel de incumpliendo patronal: tenemos índices de trabajo no registrado superiores al 40 por ciento. Si el total de esas personas reclamaran, tendríamos miles y miles de juicios y eso no ocurre”, sostuvo la letrada.
Entonces, ¿por qué un sector del empresariado sostiene el mencionado discurso? “Porque tenemos una cultura que premia la evasión. Pero cuando el Estado se le planta al evasor, rápidamente se pone a la defensiva y dice ‘si tengo que cumplir, entonces tengo que cerrar’. Hay un fuerte lobby empresarial que instaló en la opinión pública esa falacia que llama industria del juicio a lo que constituye un reclamo justo”, agregó Benzion.
Victoria Policicchio integra la asociación Industriales Pymes Argentinos (IPA). En su empresa de indumentaria y accesorios para camping, pesca y montaña ubicada en Barracas, Capital Federal, tiene a cargo a 18 trabajadores. Malas Palabras la consultó sobre el peso de las querellas judiciales en los números contables del sector.
“Las pymes no quiebran por la supuesta industria del juicio. Es una frase que se repite y por eso ha quedado grabado en el imaginario popular. Para que una pyme quiebre en un juicio es porque tuvo que haber enfrentado una situación extrema con el empleado. Si tenés a un trabajador en negro y no cumplís con sus derechos, báncate el juicio y la multa”, explica.
“No es lo mismo cumplir con las obligaciones laborales para una pyme, que para una corporación empresarial. En ese sentido, sería benigno generar políticas públicas para que las empresas puedan cumplir con las contribuciones patronales e impositivas. Ahora, instalar de manera generalizada que para los trabajadores es el paraíso ir a la justicia laboral, y estar cinco o seis años litigando, es ridículo”, finalizó Benzion.
