NO a la CUS
En lo que resta del año, el IDEPSALUD de ATEARGENTINA intensificará la entrega de una serie de materiales en el marco de la CAMPAÑA NACIONAL NO A LA CUS. Esta iniciativa surge de la intención de aportar al esclarecimiento y la sensibilización frente al anuncio del Gobierno de Macri, de implementar la Cobertura Universal de Salud (CUS).
(Documento elaborado por ATE Sociosanitario-IDEP Salud)
Según el Director del IDEPSALUD Daniel Godoy, “con bombos y platillos el Gobierno Nacional anunció recientemente la CUS mediante un Seguro y una Canasta Básica para casi 16 millones de personas “sin cobertura”, como si el Derecho a la Salud consagrado en la Constitución Nacional no fuera suficiente.
Sin embargo, vemos que detrás de una aparente iniciativa de buenas intenciones, en la CUS se esconden viejas trampas conocidas… Dicho de otra manera, la promesa de una mejoría esconde como un verdadero Caballo de Troya, el intento de instalar una Canasta básica de servicios… y que todo lo que no esté en la Canasta deberá ser pagado por los usuarios, confirmando así diferencias en el acceso a los servicios de Salud entre las argentinas y los argentinos, según sea la capacidad de pago de cada persona. Además, como la “Canasta” la podrán brindar tanto los Hospitales como los Privados, se procura transferir o direccionar por esta vía los fondos de SALUD a los sectores de la especulación y el negocio de la ENFERMEDAD. También generar un esquema de Organización del Sistema que favorezca las formas de precarización de las trabajadoras y trabajadores, achicando planteles, ofreciendo otras formas de pago (cápitas, rendimiento, etc) . Y debilitar el rol del Estado asimilando las recetas neoliberales del Estado Mínimo.
EL FONDO DE LA CUESTIÓN
El declive en la Salud de los argentinos y el sistema de Salud Pública en Argentina comenzó hace décadas. No es de ahora… Después de Perón y Ramón Carrillo en los años ’50, comienza a “gobernar” en la Argentina la industria de la enfermedad y el achicamiento del rol del Estado.
A aquel Estado que priorizaba la protección y garantía de los derechos sociales (empleo, vivienda, salud, educación) se lo debía reemplazar por uno que priorizara la desigualdad social para el disciplinamiento. E incluyera al Estado en el esquema de apropiación de la ganancia de los grupos concentrados del poder.
En el campo de la Salud, los Organismos de crédito (liderados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo BID), la OMS (Organización Mundial de la Salud), y la OPS (Organización Panamericana de la Salud) son quienes juegan ese rol, y deciden para todos los países de la región, las reformas del Sector Salud en particular, y las Reformas del Estado en general.
A partir de los ‘90 estas Reformas se aceleran con Menem, y hasta nuestros días, ningún otro gobierno las desmontó.
Descentralización, Gerenciamiento, Hospitales de Autogestión, desregulación de Obras Sociales, Programa Médico Obligatorio (PMO), Programas verticales, focalizados, financiados y condicionados por organismos externos, tercerización de servicios, precarización laboral, y demás elementos se instalaron en los 90, hoy todavía perduran, y son la base para avanzar en las recetas de los Bancos y los beneficios sobre la mercantilización de la Salud a través de un sistema de aseguramiento.
Y ahora… aparece la CUS (Cobertura Universal de Salud), que se trata de un seguro de Salud, destinado a las personas “sin cobertura” a través de una canasta de servicios (prestaciones) para determinadas patologías, que pueden ser realizadas a través del propio sector público o privado.
COBERTURA
O sea quiénes serían los “asegurados”? de qué están “in-asegurados”?
Las personas que no tienen obra social o no pueden pagar una pre-paga son en Argentina aproximadamente 15,7 millones de compatriotas. Se dice que no tienen cobertura, pero según la Constitución Nacional, al contener la “Declaración Universal de Derechos Humanos” indica que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. . .”
En la Argentina entonces, el acceso a la salud ya es formal y legalmente, Universal y Gratuito, garantizado por rango constitucional.
Por lo tanto el concepto de SEGURO, parte de una falacia primordial, que es que existen personas en la Argentina que no tienen “asegurado” el Derecho a la atención.
El uso del término “cobertura” simboliza el desplazamiento de las idea de “atención” o “derecho” consagradas por la Constitución.
SEGURO Y COBERTURA implican una relación de “contrato” no de DERECHO, y simbolizan por lo tanto, el Caballo de Troya que transporta la trampa que legitima el alejamiento del diseño de la oferta de servicios públicos de salud, su integración y la eficacia sanitaria; para trasladarla hacia la contención de “costos”, estableciendo un conjunto restringido y ajustable de prestaciones, y que el Estado sea un “comprador” de esas prestaciones que puedan ejecutar tanto el propio sector público como el privado.
Ésto en la práctica significa que los servicios podrían ser enteramente provistos por empresas privadas si así lo determinara la famosa ley de la oferta y la demanda, mientras el Estado sólo interviene para asegurar los fondos para esos servicios y regula su calidad y variedad a través de mecanismos y Organismos de escasa o nula legitimidad y transparencia con marcada influencia de los sectores del negocio de la enfermedad.
CANASTA BÁSICA
La “canasta” prevé un modelo restrictivo, curativo, y biológico; algunas (no todas) las prestaciones para algunas (no todas) las enfermedades, sin acciones de prevención y adaptable a la decisión política de qué “canasta” se financia, obviamente ajustable según criterios de mercado.
Esta “canasta” la podrían ofrecer tantos los Hospitales (sector público) como las clínicas y sanatorios (sector Privado), lo que abre claramente la posibilidad de una transferencia de “asegurados” o “prestaciones” (y por lo tanto recursos públicos) al sector privado.
Al relativizar el carácter público exclusivo de las prestaciones de salud, lo que se está procurando en realidad, es la creación de mercados de salud que puedan ser explotados por el capital.
Específicamente, hay una decisión consciente y planificada de introducir “mercados internos” dentro del dominio de las prestaciones públicas.
Y la noción de “privados” no sólo va a estar prevista en la conformación tradicional (clínicas y sanatorios), sino a formas institucionales de alta precariedad institucional (aseguradoras, UTEs -Unión Transitoria de Empresas-, sociedades anónimas).
¿Qué es la canasta?
Es el conjunto de patologías y prestaciones que van a estar “cubiertas” o “aseguradas” (vinculado conceptualmente con el Programa Médico Obligatorio PMO). Obviamente va a estar conformada por el concepto costo-beneficio y rentabilidad. Ya en 1993 el Banco Mundial había publicado un ranking de intervenciones sanitarias de acuerdo a su relación costo-efectividad y lo había usado para proponer un paquete mínimo de prestaciones de salud pública para países de bajos y medianos ingresos. En el mejor de los casos, el paquete mínimo evitaría un tercio de la cantidad estimada de enfermedades en países de bajos ingresos, y un quinto, en países de medianos ingresos. De acuerdo a este enfoque, ejemplos de prácticas que fueron excluidas de los fondos públicos en los países más pobres incluyeron: tratamiento de emergencia para injurias moderadas a severas y tratamiento de afecciones crónicas incluyendo diabetes, cataratas, hipertensión, enfermedad mental y cáncer cérvico-uterino (Segall 2003).
La “canasta básica” excluye prácticas de salud que hoy existen, limitando derechos o teniendo que acudir a la judicialización de la salud, como se observa plenamente en todos los países que han implementado este sistema (Chile, México o Colombia).
Y lo que no esté incluido en la “canasta” cada persona lo debería resolver por su cuenta. O sea, por fuera de la cobertura mínima, el sistema de salud se va a regir por la ley de oferta y demanda, lo cual implica que aquello que el Estado no pague, va a tener que ser costeado a precio de mercado de manera individual, por consumidores de salud. Ante esas situaciones los sectores populares se ven en clara desventaja: sólo tendrán acceso total al resto de los servicios, aquellos que puedan pagar por ello. Y los “gastos de bolsillo” (o sea por “aquello” que no está incluido en el seguro) obviamente, se van a incrementar exponencialmente.
ROL DEL ESTADO EN LA CUS
La retirada del Estado como proveedor de servicios públicos ha sido acompañada por un claro impulso reformista, con frecuencia llamado “nueva administración pública” (Vabø 2009).
La propuesta de la CUS no es ajena a esta tendencia. El propósito ha sido introducir la organización, la impronta y las prácticas del mercado en el sector público, bajo el supuesto que los servicios públicos deban alcanzar la eficiencia que el sector privado (y su entorno competitivo) ha supuestamente alcanzado.
La importancia de la calidad de la atención sanitaria pública no es parte de esta lógica y el Estado queda confinado sólo al rol de financiador y administrador de este sistema.
Un sistema de estas características requiere de una clara separación “proveedor/comprador”, o sea, con los procesos o funciones de financiamiento y administración completamente divorciadas de las prestaciones en sí.
La ruptura entre el Estado como prestador de salud y como comprador de servicios ha sido, el sello distintivo de estas reformas en otros servicios públicos. En teoría, esto en el sector salud significa que los servicios pueden ser enteramente provistos por empresas privadas mientras el Estado interviene para asegurar los fondos para esos servicios y regula su calidad y variedad. Una escisión proveedor-comprador pone un precio a los servicios; esto es, los mercantiliza, que es un prerrequisito para su transacción en el mercado (Laurell 2007).
CUS es un signo de época, con los mejores ingredientes neoliberales: deja de lado el concepto de derecho, suprime responsabilidades del Estado y quiebra la noción de financiamiento solidario y colectivo, anulando uno de los principales redistribuidores de riqueza como lo es el sector salud.
CONSECUENCIAS
–Sobre los “pacientes”
* Para contar con la CUS deberán sacar “carnet de pobre” para documentar su condición de beneficiario.
* Aun accediendo a ser atendidos, solamente podrán disponer de una canasta limitada de prestaciones, teniendo que hacerse cargo del resto como puedan (colectas, pago directo, etc.).
* Se incrementará la brecha entre los más ricos y los más pobres, con el agravante de que no se trata de un bien suntuario, sino meritorio como la salud.
* Los extranjeros no son tenidos en cuenta.
–Sobre el Sistema
* Se seguirá priorizando un modelo curativo, relegando los aspectos de promoción y prevención en salud.
* Se habilita a las obras sociales y otros agentes del seguro a gestionar servicios para la población de la CUS (privatización oculta del sistema de salud).
* Lo anterior generará un nuevo desvío de fondos hacia otros sectores en lugar de fortalecer el sector público.
–Sobre los Trabajadores
* En la medida que se avanza con este tipo de medidas, como una película ya vista, sabemos que el “achique” del Estado será inexorable.
* Así es esperable que se reduzcan los planteles de los servicios y que los establecimientos, se re-configurarán a la baja y a las formas precarizadas de empleo.
* se implementarán nuevas formas de retribución salarial, tales como “cantidad de cápitas”, productividad, consultas de seguimiento de pacientes crónicos, por ejemplo.
¿Qué sostenemos desde los trabajadores y las trabajadoras de ATE ?
En pocas palabras, el modelo CUS está construido sobre la base de las clásicas políticas neoliberales, políticas alejadas de opciones de salud universal basadas en los sistemas públicos.
Construir y mejorar el sistema público de salud no es parte de la visión del Estado de quienes sostienen esta postura.
La estrategia de la CUS choca de frente con las ideas de quienes creemos que hace falta afianzar sistemas universales de salud que aseguren equidad, integralidad y gratuidad, para el ejercicio pleno de un derecho ciudadano garantizado por el Estado, tal como manda nuestra Constitución Nacional.
VOLVER A CARRILLO es la consigna que nos guía.
VOLVER A CARRILLO es afirmar que la salud es un derecho social esencial y que los sistemas públicos de atención representan genuinos re-distribuidores del ingreso, a favor de reducir desigualdades injustas y por lo tanto, excluidos de las pretensiones del mercado del aseguramiento privado.
VOLVER A CARRILLO es para nosotros y nosotras, erradicar la principal causa histórica de enfermedad colectiva en la Argentina, como es la pobreza y la desigualdad.
VOLVER A CARRILLO es caracterizar al modelo extractivista como la determinación más decisiva de nuevas formas de enfermarse en la Argentina.
VOLVER A CARRILLO es desarrollar un Sistema Único, Universal, Integral e Integrado, Equitativo, Calificado, Eficiente y Transparente de Seguridad social y Salud pública financiado por rentas generales del Estado; que contemple salud integral, ingreso ciudadano a la niñez y discapacidad, previsión social universal, seguro de empleo y formación, distribución-acceso a la tierra y la vivienda, y soberanía y seguridad alimentaria.
Desarrollado por trabajadoras y trabajadores sin condiciones precarizantes de trabajo y medio ambiente laboral.
Implementando un plan de inversión hacia el sector, basado en incorporación de personal y adecuación edilicia y tecnológica de los establecimientos públicos.
VOLVER A CARRILLO es desarrollar ámbitos de plena y verdadera participación popular en Foros de Salud territoriales donde se problematice una agenda popular de temas socio sanitarios.
Otra Salud es posible… otro Estado es necesario…
Para más información consultar: https://www.facebook.com/NoALaCUS/c
