Tras el escrache al diputado mileísta Espert en su domicilio de zona norte, el Poder Judicial inició una persecución política sin precedentes contra militantes feministas y peronistas. ¿Se inicia una etapa más cruenta del lawfare? Opinan la dirigenta Myriam Bregman, el abogado Adrián Albor y Diego Morales, en representación del CELS.
Por Luciana Bertoia– periodista especializada en derechos humanos, integra el staff del matutino Página 12
Alesia Abaigar imaginó que le habían chocado el auto cuando salió de su casa y vio que un grupo de policías estaba inspeccionándolo. Uno de los efectivos se acercó a ella y le dijo que quedaba incomunicada, también que allanarían su casa. Lo primero que pensó Alesia fue que tendría que avisar porque en su trabajo, en el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, se iban a preocupar si no llegaba a la hora pactada.
No lo sabía ese 25 de junio, pero así iba a comenzar un calvario que incluyó ver a su madre detenida y su alojamiento en una cárcel federal. Algo similar le pasaría a Eva Mieri, concejala de Quilmes. Las dos se convirtieron en las caras de una causa judicial por un escrache al diputado nacional José Luis Espert; un acto que, para la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, es de “tinte terrorista”.
La historia judicial comienza el 17 de junio cerca de las siete de la tarde. Unas siete personas llegan hasta la casa que Espert comparte con su esposa y los hijos de ella en la zona de Beccar, partido de San Isidro. Cuelgan un pasacalle que dice: “Acá vive la mierda de Espert”. Bajan bolsas blancas con estiércol y dejan 51 panfletos que rezan “Espert sos una mierda… Con Cristina no se jode”. La acción dura unos pocos minutos. No hay confrontación. Sucede, y sus participantes se alejan en dos vehículos.
Unas siete personas llegan hasta la casa que Espert comparte con su esposa y los hijos de ella en la zona de Beccar, partido de San Isidro. Cuelgan un pasacalle que dice: ‘Acá vive la mierda de Espert’. Bajan bolsas blancas con estiércol y dejan 51 panfletos que rezan ‘Espert sos una mierda… Con Cristina no se jode’. La acción dura unos pocos minutos. No hay confrontación.
La historia política comenzó mucho antes. Espert se presenta ante la jueza federal Arroyo Salgado y declara que él es opositor al kirchnerismo desde 2003, cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno. Vale decir que Espert suena como número puesto para encabezar la lista de diputados nacionales de La libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires.
Su forma de hacer política está ligada a la violencia. Es cultor del lema “cárcel o bala”, que suele dedicárselo a sus compañeros de la Cámara Baja que militan en expresiones de izquierda. El 11 de junio, Espert participó de una conferencia en la Universidad Católica Argentina (UCA) en la que dijo que Florencia Kirchner era “hija de una gran puta”. No pudo terminar por el rechazo que provocaron sus expresiones.
Un día antes de la conferencia fallida de Espert, la Corte Suprema había confirmado la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. Proscripción, denuncian sus seguidores. El tribunal que la juzgó decidió que cumpla la pena en prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1111. Eso sí, deberá hacerlo con una tobillera electrónica que monitoree sus movimientos.
El calvario de Eva
Eva Mieri es una de las militantes peronistas que fueron hasta la zona de Constitución para colocarse tobilleras de flores en solidaridad con la presidenta del Partido Justicialista. Con ella, el Poder Judicial no tuvo consideración. Estuvo trece días detenida –la mayor parte en el penal de Ezeiza. “Todo lo que nos pasó es porque no se lo pudieron hacer a ella”, dice Mieri en una entrevista con Futurock en referencia a CFK.
Las detenciones comenzaron el 25 de junio. Eva Pietravallo, mamá de Alesia, fue detenida en la madrugada, cuando todavía no había salido el sol. La mujer se asustó tanto que llamó al 911. Estuvo en la Delegación de la Policía Federal Argentina (PFA) de San Isidro hasta que Arroyo Salgado dispuso su excarcelación. A ella la llevaron detenida por tener cédula azul del auto marca Clio que es propiedad de su hija. Lo mismo pasó con Alberto Daniel Protti, expareja de Abaigar con quien no mantiene comunicación desde el año 2020.
La PFA también detuvo a Aldana Sabrina Muzzio (trabajadora social), Candelaria Montes Cato (estudiante de Sociología) e Iván Díaz Bianchi (administrativo en el Hospital Cetrángolo). A Eva Mieri se la llevaron de su casa, un PH ubicado en la localidad de Quilmes. En simultáneo allanaron la vivienda de su madre y la de su hermano. Tanto Mieri como Abaigar relataron que la policía fijó su requisa en identificaciones partidarias: el libro Sinceramente que escribió CFK, posters de Eva Perón o Néstor Kirchner, una gorra que decía “feminismo popular”.
El 26 de junio, Arroyo Salgado dictó el secreto de sumario. Una medida que se usa para causas complejas cuando se están planificando otros allanamientos o detenciones. Decidió prorrogar la medida el 11 de julio, cuando aparentemente no quedaban operativos por practicar.
“Uno se podría preguntar hasta qué punto la justicia federal puede armar una causa con esto”, dice Adrián Albor, abogado junto a Daniel Llermanos de Abaigar. “Hubo una enorme desproporción. Al cercenar el acceso al expediente con el secreto de sumario, los defensores estamos pintados. No sabemos si el juzgado practicó medidas discriminatorias y no se incorporaron al expediente. No podemos confiar. Nuestra tarea es controlar. La fe la dejamos para la Iglesia”.
“Uno se podría preguntar hasta qué punto la justicia federal puede armar una causa con esto. Hubo una enorme desproporción. Al cercenar el acceso al expediente con el secreto de sumario, los defensores estamos pintados. No sabemos si el juzgado practicó medidas discriminatorias y no se incorporaron al expediente. No podemos confiar. Nuestra tarea es controlar. La fe la dejamos para la Iglesia”
Adrián Albor, abogado junto a Daniel Llermanos de Alesia Abaigar.
La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) se presentó en la causa como amicus curiae (amigo del tribunal) para reclamar que Abaigar fuera enviada a su casa por tener una rara enfermedad autoinmune que afecta sus pulmones. Tanto Abaigar como Mieri estuvieron alojadas en el Pabellón 5 del Complejo Penitenciario VII. Ese complejo es famoso porque hasta abril alojó a Alfredo Astiz y otros represores que el año pasado fueron visitados por diputados oficialistas.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también fue aceptado como amicus en la causa. El organismo de derechos humanos planteó que el escrache a Espert no fue un delito sino una “acción política de carácter simbólico, sin violencia ni afectación concreta a bienes jurídicos”. Consideró que, en todo caso, fue una respuesta política disruptiva a declaraciones de altísima violencia simbólica, pero no una respuesta delictiva.
El proceso
Arroyo Salgado no coincidió. El 18 de julio, al filo del inicio de la feria judicial, la jueza federal de San Isidro procesó a Abaigar, Mieri y Díaz Bianchi por una larga lista de delitos, que incluye atentado contra el orden público, amenazas agravadas, incitación a la persecución u odio contra otra persona a causa de sus ideas políticas. En el caso de Mieri le agregó malversación de caudales públicos porque se habría usado una camioneta que está cedida al municipio de Quilmes –un bien que Mieri tampoco administra porque ella integra el Concejo Deliberante.
En su procesamiento, Arroyo Salgado empleó las figuras penales que, por ejemplo, la justicia federal de Mar del Plata utilizó para acusar a los grupos neonazis, que hace años están organizados en aquella zona. La jueza federal fue más allá: sostuvo que los seguidores de CFK generaron un “clima de sedición” desde que la Corte confirmó su condena en el caso Vialidad. En declaraciones radiales, la magistrada dijo que “marcar” una casa con estiércol eran actividades comparables con el nazismo y “de tinte terrorista”.
“Hay una aplicación del derecho penal de autor”, dice Diego Morales, director de litigio del CELS. “Les atribuyen una serie de delitos por ser quienes son. Es un procedimiento muy similar al que advertimos en el caso de Milagro Sala”, afirma. Desde hace años, el CELS viene denunciando ante organismos internacionales que el procedimiento contra la dirigente social incluyó la construcción de una serie de atributos vinculados a la violencia por parte de ella y de la organización que dirige, la Túpac Amaru.
“Hay una aplicación del derecho penal de autor. Les atribuyen una serie de delitos por ser quienes son. Es un procedimiento muy similar al que advertimos en el caso de Milagro Sala”
Diego Morales, director de litigio del CELS.
“La justicia federal se mueve con una doble vara total o, mejor dicho, tiene principios que solo se aplican cuando el denunciante es alguien cercano al poder”, apunta, por su lado, Myriam Bregman, dirigente del FIT-U y presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh). En diciembre de 2023, ella y Nicolás del Caño compartían la Cámara de Diputados con Espert, quien decía que merecían “cárcel o bala”. Incluso, en una entrevista, le preguntaron qué quería decir cuando hablaba de “bala” y el economista, suelto de cuerpo, respondió: “Bala, bala de verdad”.
“La justicia federal se mueve con una doble vara total o, mejor dicho, tiene principios que solo se aplican cuando el denunciante es alguien cercano al poder”
Myriam Bregman, dirigente del FIT-U y presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh).
Lo denunciaron. En Comodoro Py, el fiscal Gerardo Pollicita consideró que no había delito para investigar ya que Espert estaba haciendo uso de su derecho a la libre expresión. Como Bregman y del Caño actúan como querellantes, la causa no se cerró, pero las fuerzas de seguridad –que dependen de la ministra Patricia Bullrich– aducen que no tienen capacidad para llevar adelante las medidas que se reclaman. “Todo muy distinto a lo que hacen cuando la supuesta víctima es Espert”, afirma Bregman.
