Las infelices declaraciones del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, German Garavano en torno a bajar la edad de punibilidad de los niños y las niñas a 14, y el accionar que realiza en procura de construir una ley que lo avale, llevaron a que más de 1000 organizaciones y personalidades de todo el país y el exterior se movilizaran y decidieran crear el espacio ‘No a la Baja’, que también ya se ha lanzado a crear conciencia popular para, una vez más, elevar las banderas que nos llegaron los entrañables Alberto Morlachetti y Carlos Cajade. El documento que sostiene esta inquebrantable filosofía de vida, lleva la firma de Adolfo Fito Aguirre (Foro por la Niñez), Omar Giuliani (espacio Territorio y Niñez) y Sergio Val (Fundación Che Pibe, y aquí lo compartimos
Comienza un año electoral y reaparecen los oportunistas que pretenderán instalar en la agenda el tema de la tan ansiada seguridad ciudadana bajo premisas superficiales y falsas, que no sólo no resuelven el problema, sino que además generan una brecha social más profunda y una estigmatización que actuará directamente en contra de los más desprotegidos, estigmatizando a vastos sectores de la población juvenil, aislándolos aún más, ampliando y profundizando una marginalidad que generará mayores niveles de violencia social.
Es común que en tiempos de elecciones se intente la capitalización del voto descontento a partir de temas tan sensibles como la inseguridad. La base sobre la que se apoyan esos inescrupulosos, en busca de votos, es una realidad dolorosa y profunda que nos afecta a todos en nuestra vida cotidiana, mucho más a los más jóvenes que son proporcionalmente, quienes más padecen las consecuencias de las diversas formas en que se despliegan las violencias.
Muchos discursos punitivos se basan en la supuesta “puerta giratoria”, en particular relacionada a la forma en la que los menores de edad atraviesan el sistema judicial, que según el discurso de los medios de comunicación, no existe para ellos ni límites ni castigo.
ESO ES MENTIRA. La ley penal juvenil hoy permite procesar y condenar a menores de entre 16 y 18 años, la mayoría de las veces con una pena reducida, pero incluso pueden ser pasibles de la pena de los adultos (lo que ha sido reiteradamente cuestionado por no atender a la etapa evolutiva adolescente).
Por otro lado, los menores de 16 años imputados de un delito, son pasibles de medidas de seguridad (que aunque de dudosa constitucionalidad) han sido avaladas por los tribunales.
Frente a la comisión de delitos graves, la respuesta estatal (policial y judicial) es muchas veces la detención (aún preventiva) y esos jóvenes son procesados, sometidos a juicio oral u otras alternativas y, muchas de esas veces, condenados a penas de prisión de cumplimiento efectivo.
Actualmente, existen alrededor de 645 jóvenes detenidos en la Provincia de Bs. As. 523 en centros cerrados, 115 en centros de contención semi-abiertos, otros en unidades penales de adultos (ya cumplieron 18 años de edad) y alrededor de 23 con medidas de seguridad (menores de 16 años – sin proceso) (datos del 15 de diciembre de 2016).
La intervención de menores en delitos graves es estadísticamente baja como para justificar las reiteradas arremetidas de medios y políticos oportunistas contra los jóvenes. De las estadísticas de la Procuración General de la Prov. de Buenos Aires, se desprende que normalmente el delito juvenil asciende a un porcentaje que oscila en el 3.5 por ciento del total, del cual sólo el 1 por ciento refiere a delitos graves.
Por eso, justificar respuestas a la inseguridad a partir de mayores penas hacia los menores de edad es una respuesta falaz, que yerra en el diagnóstico del verdadero origen de la problemática que se pretende abordar y obtura la posibilidad de implementar políticas públicas que terminen con la exclusión social. La restitución del derecho a vivir seguros debe ser garantizada a todos los ciudadanos, pero principalmente a los niños, niñas y adolescentes.
La ya vigente arremetida punitiva hacia los jóvenes genera una estigmatización profunda sobre adolescentes en situación de calle, que no acceden a los beneficios de la movilidad social a partir de una educación de calidad, que no acceden a un trabajo digno, muchos de los llamados despectivamente NiNi, sin considerar la vulneración de derechos que pesan sobre sus trayectorias de vida.
Esa estigmatización promueve un control social directo sobre los jóvenes cada vez más evidente en los barrios humildes, ampliando la brecha existente.
A la proliferación de countries y escuelas privadas que generan una segmentación social, que impide el conocimiento e intercambio entre jóvenes de distintas franjas sociales, que desfavorece a los más vulnerables en sus estrategias de supervivencia y ascenso social, se suma la acción policial para “controlar” a quienes previamente fueron indicados como amenaza social. Así, se generan las condiciones para que el único lugar de encuentro entre jóvenes de distintos sectores sociales sea la violencia, en la cancha de fútbol o en la calle y el efecto es evidente: una más profunda y violenta desigualdad, que coloca en primer plano a los jóvenes como víctimas o generadores de hechos violentos, incluso delictivos.
No necesitamos penas más duras ni castigos a niños/as cada vez más niños/as. Creer que los problemas sociales se resuelven con el código penal es un error que agrava el problema que se quiere resolver. Es abordar con falacias y oportunismo demagógico la preocupación social por la inseguridad.
Actualmente el sistema actúa frente a menores de edad que han cometido hechos delictivos graves con medidas de cuestionable constitucionalidad, que incluyen el encierro en cárceles para jóvenes. Una vez detenidos el acceso a actividades de formación y educación es deficiente o inexistente, por lo que las posibilidades de reinserción social son nulas, lo que profundiza el problema, a partir de la instalación de esos jóvenes -capturados por el sistema- en estrategias delictivas y marginales.
Lo que resulta prioritario es terminar con el narcotráfico, que tiene en la mira a niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración (crónica y sistemática) de derechos. Necesitamos el cumplimiento de los tratados internacionales y las leyes nacionales y provinciales que garantizan los derechos de toda la infancia, en la Argentina de la injusticia social, de la escandalosa muerte de 14 niños menores de un año por día debido a causas evitables, de la desnutrición y el analfabetismo funcional, de la irracional concentración demográfica en mega-ciudades con conurbanos que terminan siendo cárceles a cielo abierto de población excluida.
También necesitamos una dirigencia política que interprete la realidad y pueda separar las causas de las consecuencias de los problemas sociales. Que ponga en funcionamiento un modelo de país que apunte a terminar con las causas de la marginalidad y la desigualdad. Que no se dedique a hacer anuncios que no resuelven los problemas sociales sino que los agrava, porque lo que está en juego son vidas humanas, es un modelo de sociedad y no el balance de una empresa.
A partir de la búsqueda de niveles de mayor equidad social, económica y cultural, centrados en la provisión de una educación pública de calidad, con niveles dignos de acceso a la salud, a la alimentación y el hábitat, será posible pensar en una sociedad sin violencia, que cuide a todos los niños, niñas y adolescentes en lugar de condenar a gran parte de ellos a los márgenes de la sociedad.
Un pueblo que condena a su infancia a crecer en las peores condiciones es un pueblo que se condena a sí mismo. Un país que no tiene un proyecto para su niñez es, en sentido estricto, un país sin proyecto.
