Por Claudio Lozano (diputado MC por Unidad Popular).- La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados emitió dictamen de mayoría sobre el proyecto que establece la creación de la comisión, integrada por legisladores y personalidades de distintos ámbitos sociales, cuyo objetivo principal será poner el foco en la denominada “conexión local”.
El 10 de mayo multitudes marcharon a Plaza de Mayo y se concentraron en todas las plazas del país repudiando el fallo impune que emitiera la Corte. Horas antes, el Parlamento decidió por fin dar un paso para terminar con la impunidad respecto al atentado terrorista a la AMIA. En ambos casos la sociedad reclama Memoria, Verdad y Justicia.
Un proyecto de Ley, cuya idea original corresponde a la agrupación APEMIA que conduce Laura Ginsberg, que el bloque de Unidad Popular con mi autoría lo canalizó parlamentariamente en el 2014 recibiendo el respaldo de la mayoría de los bloques.
Luego de haber perdido estado parlamentario, la diputada Victoria Donda de Libres del Sur volvió a presentarlo recibiendo en este caso el apoyo de la totalidad de los bloques de la Cámara. Este proyecto recibió dictamen favorable, sin modificaciones, de la Comisión cabecera Peticiones, Poderes y Reglamento.
Si a 23 años del atentado no hay imputados, ni presos, ni condenados, el Estado argentino no solo ha fracasado en su objetivo de esclarecer lo ocurrido, sino que, ha actuado encubriendo a los autores del más importante hecho antisemita perpetrado desde la segunda guerra mundial.
Una vez más estamos en presencia de un hecho de Terrorismo de Estado. El Poder Judicial, evidenció a través del accionar irregular y delictivo de jueces y fiscales que su decisión fue no resolver (encubrir) lo que había ocurrido.
El Poder Legislativo, a través de la Comisión Bicameral, validó todas y cada una de las irregularidades y delitos del proceso judicial que encabezó el Juez Galeano.
El Poder Ejecutivo, a través de ocho Presidentes, (Macri sería el noveno) nunca avanzó en la dilucidación de lo ocurrido. Una y otra vez, el caso AMIA terminó inscripto en el marco de las decisiones que en materia de geopolítica internacional tomó cada gobierno, antes que por la decisión de identificar las responsabilidades que a nivel local habían facilitado el atentado tanto de la AMIA como de la Embajada de Israel.
Néstor Kirchner señaló que estábamos frente a una vergüenza nacional por lo que había ocurrido luego del atentado. Reconoció en un Decreto del año 2005 la responsabilidad del Estado en el encubrimiento y la denegación de Justicia. Cristina Fernández por su parte, reconoció que se había fabricado una causa para impulsar un juicio fraudulento y que nada tenía que ver esto con la búsqueda de la verdad.
Ambos sostuvieron durante sus gobiernos la acusación internacional a Irán más allá de la inexistencia de evidencias contundentes en este sentido. Acusación sostenida en la subordinación a la política norteamericana sobre Medio Oriente y que quedó desflecada en el marco del cambio de la política de Estados Unidos, -Acuerdo Nuclear con Irán- y que obligara al gobierno kirchnerista a propiciar el denominado Memorándum de Entendimiento con dicho país.
En el marco de todos estos despropósitos, el propio Congreso de la Nación sancionó en nombre del caso AMIA un conjunto de leyes que no sirvieron para nada (la ley del Arrepentido, la del testigo de identidad reservada, la ley antiterrorista).
El dictamen que ahora emitiera la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, le da vida parlamentaria a una propuesta que tiene dos características centrales. Por un lado, constituye una Comisión Bicameral con presencia de Diputados y Senadores e incluye a referentes de Derechos Humanos, Cultura, Ciencia, Periodismo, de la lucha social, política, de defensa de la democracia y a las organizaciones querellantes en esta causa.
Esta mayoría es la decisión de otorgarle a la comunidad una posibilidad de control sobre un desempeño institucional que no ha sido el adecuado. Por otro lado, obliga a poner a disposición de la Comisión, toda la documentación y archivos secretos existentes en las distintas instancias institucionales del Estado Argentino.
A 23 años del hecho, con la evidencia de la impunidad que ha caracterizado hasta aquí el desenvolvimiento del Estado, el Parlamento y el Sistema Político en su conjunto tienen una nueva oportunidad. Quedan tres Comisiones con la responsabilidad de afrontar el debate y la aprobación para llevar este Proyecto al recinto.
Razonablemente estas Comisiones deberían avanzar en un Plenario Conjunto a efectos de no demorar más la puesta en marcha de la única propuesta seria existente para dilucidar la verdad sobre lo ocurrido y permitir el avance de la Justicia.
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Con dos horas pagamos nuestro salario
De las ocho horas de trabajo, sólo una hora y 55 minutos garantiza el salario. El resto (seis horas y nueve minutos) constituye el excedente empresarial.
La estadística es parte de otro informe elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que dirige Claudio Lozano, a partir de registros de 2016. Y advierte que la devaluación de diciembre de 2015 impulsó una retracción del 9,4% del salario real.
Asimismo, el Instituto destaca que la participación de la masa salarial en el PBI descendió del 23,8% en 2015 al 23% en 2016. Es decir, los trabajadores se encuentran cada vez más lejos de la distribución 50 y 50 de mediados de siglo pasado.
El cálculo surge de la división del PBI por la cantidad total de horas trabajadas y el salario promedio por hora trabajada. “La diferencia entre un valor y otro; entre lo que rinde la hora laboral y el precio que se paga por su uso, no es ni más ni menos, que el excedente económico que se genera por hora y que apropian en primera instancia los empresarios en su conjunto. El excedente empresario por hora es de prácticamente 3,3 veces lo que se paga al trabajador”, explicó Lozano.
Para Lozano, “este boletín indica que de las 17 millones de personas que componen la ocupación urbana total, el 52% (9,3 millones de trabajadores) presentan distintas situaciones de precariedad. En este marco, el ingreso promedio de quienes trabajan fue, en el 2016, de apenas 10.167 pesos y más de 10 millones de trabajadores (el 60%) fueron retribuidos con ingresos inferiores a ese nivel. El salario mínimo vigente ($ 8.060) no logra cubrir las necesidades básicas de un trabajador sin carga de familia ($ 12.161,2) y encima el 35,5% de quienes trabajan cobran menos que el salario mínimo”.
Para Lozano, “durante el 2016, la política económica del gobierno de Macri agravó la situación distributiva y empeoró las condiciones de vida. Así, la pobreza creció en medio millón de personas, de las cuales 400.000 pasaron directamente a la indigencia. En este marco, la infantilización de la pobreza (1 de cada 2 pibes es pobre) es un precio demasiado caro para un país que con solo distribuir el 6% de su PBI, resolvería completamente ese flagelo”.
