La noticia dice que el ex presidente Carlos Menem fue absuelto en el juicio por encubrimiento al atentado a la AMIA, pero en cambio ‘sus empleados’ sí fueron condenados. El ex juez Juan José Galeano a seis años de prisión, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy a cuatro años y seis meses, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia -ambos a dos años de prisión- y el reducidor de autos Carlos Telleldín a tres años y seis meses. En tanto fueron absueltos el ex comisario de la Policía Federal Jorge «Fino» Palacios y del ex titular de la DAIA Rubén Beraja.
“Señoras, Señores…. El juicio terminó”
Con la solemnidad de estas palabras, el Presidente del Tribunal Oral dio por finalizado el segundo juicio vinculado al atentado a la AMIA. En realidad, lo que terminó es mucho más que un juicio. Es el final de un ciclo.
Como reflejo de la presión social por lograr condenas en esta causa por irregularidades y delitos varios, hubo más condenas de las que esperábamos aunque con penas muy bajas dada la magnitud de los delitos cometidos.
Este proceso se inició hace veinte años y desde que se elevó a juicio no se incorporaron nuevas pruebas. Ya finalizó y las pruebas que podrían explicar no sólo el encubrimiento sino el papel criminal del Estado en el atentado, siguen ocultas al conocimiento de jueces y partes en los archivos secretos del Estado.
Las condenas resultaron insuficientes, y sólo se explican por el esfuerzo de los jueces para hacer equilibrio entre la demanda social de justicia en la causa AMIA y las presiones del gobierno y AMIA/DAIA por las posibles consecuencias posteriores que veremos en poco tiempo más.
Después de la sentencia, distintos observadores reconocieron que el papel de los familiares de las víctimas fue determinante para alcanzar este resultado. Aún así, la sensación de que no se hizo justicia fue generalizada. Nadie quedó satisfecho.
Pero, por pequeño que fuera este paso, las condenas son un logro indiscutible de la lucha de los familiares y amigos de las víctimas por Verdad y Justicia, prácticamente en solitario.
Fueron condenados el ex titular de la SIDE y su segundo hombre, el ex juez y los dos ex fiscales que fingieron una investigación y el responsable de la Policía Federal a cargo de colaborar con Galeano. Las condenas de las principales figuras políticas del Estado fueron logradas quebrando veinte años de resistencia de los distintos gobiernos, de AMIA y DAIA y hasta de la injerencia de gobiernos extranjeros. La absolución de Menem sólo se explica por este esfuerzo de equilibrismo jurídico y político: el ex presidente no podía desconocer lo que sucedía.
Pese a que los fundamentos aún no se conocen, no hay nada para festejar.
A 25 años del atentado, ya pasamos 7 años enfrentando debates en juicios orales… y la investigación del crimen todavía no comenzó.
La sentencia no terminó con la impunidad como algunos medios de prensa interpretaron. La impunidad que se preserva es la de los autores del atentado. Y aquí apenas se condenó por hechos “menores”, cometidos por altos funcionarios del Estado en la instrucción de la causa AMIA.
El Tribunal se negó a extraer testimonios contra la SIDE y el juez Santa Marina tal como lo solicitamos. Este juez, todavía a cargo del juzgado federal de Lomas de Zamora, se dedicó a armar con la SIDE causas paralelas a la de Galeano.
Los jueces se negaron a impulsar una investigación judicial contra ellos. Tampoco reconocieron la envergadura de las acciones delictivas denunciadas contra la SIDE, a pesar de los testimonios que dieron cuenta de que el atentado fue una operación controlada por el servicio de inteligencia. Sólo lo limitaron al pago a Telleldín y a su participación necesaria en el encubrimiento de la pista Kanoore Edul.
Con su negativa a dar impulso a las denuncias que escucharon en las audiencias, obligan a las víctimas, otra vez, a ponerse al hombro denuncias y sostener futuros juicios, mientras la Unidad Fiscal de Investigaciones AMIA se encuentra en vías de disolución.
De esta manera, los jueces limitaron los alcances de la lucha contra la impunidad al desestimar la denuncia de que estos hechos fueron mucho más que delitos cometidos de manera individual: fueron parte de una “maniobra global”, reconocida hasta por los fiscales en su propio alegato.
A pesar de las condenas, y aunque parezca contradictorio, los jueces del juicio “contra el encubrimiento” quedaron por detrás de lo resuelto hace 15 años en el juicio anterior, cuando aquel Tribunal denunció la existencia de un “complot” que aquí quedó reducido a meros delitos individuales.
Los jueces, evidentemente, no vincularon esas “graves violaciones” con la “maniobra global” denunciada. Lo hicieron así para no acusar al Estado Nacional ni sacar conclusiones que lo comprometieran en un verdadero plan de impunidad.
En este marco, resulta puramente formal el haber reconocido que los delitos cometidos por los principales funcionarios del Estado fueron “graves violaciones a los Derechos Humanos”. Es una declamación. No dictaron ninguna condena ejemplificadora a la altura de ello y sólo lo hicieron para evitar la vergüenza que hubiera significado la eventual prescripción de los delitos cometidos.
En definitiva, se trata de una sentencia contradictoria, ya que las penas resultan insuficientes para un delito de la jerarquía que tienen las “graves violaciones a los Derechos Humanos”. No condenaron a la cabeza del Poder Ejecutivo, pero sí a sus principales funcionarios en el área de Inteligencia y Seguridad. Tampoco ordenaron investigar al Poder Judicial.
Aún cuando condenar a algún acusado era inevitable, la sentencia revela que los jueces no tuvieron la íntima convicción de terminar con la impunidad ni de impulsar nuevas investigaciones para poner fin a la “maniobra global”.
Con la primera línea política del Estado argentino condenada, la primera consecuencia jurídico/política debiera ser dar por superada la campaña del Estado, de la dirección judía y los medios de prensa por responsabilizar exclusivamente a Irán o Siria por la comisión del atentado.
La reacción de las direcciones de AMIA y DAIA fue inmediata. El mismo día de la sentencia, AMIA y DAIA – que entraron a este juicio como querellantes- se pasaron con armas y bagajes a las filas de la defensa de Galeano, Anzorreguy y los Fiscales ante la Casación.
El resultado de este juicio es el final de un ciclo. El Poder Judicial y la Procuración renuncian a impulsar una investigación como declamaron hacerlo hasta ahora y descargan cualquier continuidad en las espaldas de las víctimas, mientras están desarmando a la Unidad Fiscal y niegan su propia responsabilidad por la falta de investigación.
Aún con las cabezas del Estado condenadas y mientras los archivos secretos permanecen cerrados, hay una enorme dificultad general para pensar la hipótesis de la responsabilidad del Estado argentino en la comisión del crimen, y no sólo en el plan de encubrimiento.
Esta dificultad persiste, aún cuando en breve veremos cómo se van a caer las innumerables versiones de la participación internacional. Los opinólogos oficiales y oficiosos contribuyeron a generar la impresión de que el Estado nacional tuvo una responsabilidad menor en la comisión del atentado terrorista. Y al pueblo argentino le cuesta aún creer que, en un régimen democrático, el Estado nacional fue el responsable del atentado terrorista y su encubrimiento posterior.
El crimen de la AMIA es un crimen político, un crimen cometido y encubierto por el Estado y, 25 años después, su investigación todavía no comenzó. El final de ciclo es el cierre de una etapa donde todos los gobiernos prometían una investigación judicial como solución política.
Y esto se terminó. Ahora ni siquiera hay promesas.
Necesitamos otro rumbo… Alentamos una verdadera respuesta política para conocer la Verdad e impulsar Justicia.
Para superar 25 años de impunidad y encubrimiento, la única investigación posible es aquella que impulsen las víctimas superando los obstáculos de una institucionalidad que nos llevó de frustración en frustración. Proponemos constituir una Comisión Investigadora Independiente con acceso irrestricto a los archivos del Estado.
Invitamos a todas las organizaciones populares, de derechos humanos, partidos políticos y a los familiares de las víctimas a debatir estas ideas e impulsar una Comisión Investigadora como la propuesta.
APEMIA
http://diariodeljuicioamia.blogspot.com.ar/
http://apemia.blogspot.com.ar
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REFLEXIONES PREVIAS
Pocos días antes de la sentencia por encubrimiento, APEMIA advertía sobre lo que iba a pasar, e instaba a abrir un debate nacional sobre el esclarecimiento del atentado a la AMIA, una verdadera causa nacional y de la lucha por los derechos humanos en nuestro país, que fue manipulada hasta el hartazgo. Propuso la apertura inmediata de los archivos secretos, el acceso irrestricto a los mismos por el conjunto de la población argentina y la conformación de una Comisión Investigadora integrada por personalidades de distintos ámbitos de la vida nacional y los familiares de las víctimas en el marco del Congreso Nacional.
Algunos párrafos del documento anticipaban que se está renunciando a esclarecer el atentado:
“El ex presidente de la AMIA, Agustín Zbar, sostuvo públicamente que se “… van abriendo otras vías que esperamos que lleven al eje central, que es esclarecer y castigar a los responsables del atentado”
Zbar pensó que tocaba el cielo con las manos porque Bonadío, hace apenas un año, fue el primer juez que afirmó “que Irán es el principal responsable” de la masacre, mientras Canicoba Corral siempre dijo que no hay prueba suficiente para esa imputación.
Después de 25 años, la dirección de la colectividad judía reconoce que renuncia al camino que ella misma eligió y alentó, aún sabiendo que nunca aparecieron pruebas para esa imputación mientras decía que ese camino era el único que llevaba a esclarecer el atentado.
En cada paso que dan, siembran confusión en toda la sociedad para ocultar su propio papel encubridor, tanto a nivel nacional como internacional. Definitivamente, no les interesa el esclarecimiento del atentado y subordinan cualquier resultado a las necesidades políticas del Estado nacional y sus socios internacionales.
Es importante recordar que, de acuerdo a documentos obrantes en Cancillería, desde el mismo momento del atentado el Estado de Israel propuso consensuar una versión común sobre la responsabilidad del atentado. Y desde hace años sostienen a cal y canto ese consenso sobre la supuesta responsabilidad libanesa, siria y/o iraní para preservar y ocultar la responsabilidad que tuvo el Estado nacional en la comisión del atentado y su encubrimiento posterior, evitando así cualquier investigación seria y objetiva.
Al revés de lo sostenido por la AMIA y la DAIA, las únicas pruebas que surgieron en tanto tiempo, implicaban la responsabilidad del Estado nacional en, al menos, el encubrimiento del atentado. Y más recientemente, algunos testimonios brindados en el juicio oral en curso dieron cuenta de que el atentado fue una “operación controlada” por los Servicios de Inteligencia nacionales.
El sincericidio de uno de los principales socios del gobierno de Macri en relación a qué políticas asumir frente al atentado a la AMIA, no hace otra cosa que poner de relieve la crisis que se está incubando en la política del Estado argentino después de 25 años de impunidad. No se trata sólo de una crisis de las “internas” judías. Es la crisis de las políticas de Estado la que se manifiesta en las direcciones de las organizaciones como AMIA y DAIA que vehiculizan estas orientaciones políticas”.
