Los hechos que investiga este Juez en el marco de la causa donde está imputado el Sr. Marcelo D’Alessio son de extrema gravedad para el pleno funcionamiento del sistema democrático y republicano. Sistema que todos debemos respetar y resguardar como ciudadanos y que es la obligación primera de todo gobierno elegido por el pueblo y sus funcionarios designados. Que la respuesta del poder ejecutivo a esta gravedad institucional sea denunciar al juez, por concurrir a la convocatoria y dar alerta a otro poder del estado como es el legislativo, provoca no sólo desconcierto sino una mayor preocupación.
La decisión del Ministerio de Justicia deja a toda la ciudadanía en una extrema vulnerabilidad: podemos ser víctimas de espionajes ilegales, pinchaduras de teléfonos o correos electrónicos sin orden judicial, chantajes y operaciones de todo tipo, sin el mínimo control y resguardo por parte del estado que en vez de actuar frente a los hechos expuestos, reacciona contra el juez que lo informa y pretende ponerle límites. La práctica antigua de matar al mensajero.
Hay elementos suficientes en la causa que dan cuenta de un entramado de operaciones de inteligencia ilegales, paraestatales, en Argentina e incluso en países extranjeros, con gran capacidad operativa que debe investigarse hasta sus últimas consecuencias. La actitud del gobierno, por el contrario, sólo genera un marco propicio para consagrar la impunidad y que estas prácticas continúen.
Lo que ocurre debe ser parte de una preocupación común de todos los partidos políticos, instituciones y organizaciones democráticas, que tienen que respaldar la acción investigativa de la justicia. No es admisible que se inscriba en la disputa y especulaciones electorales, tendientes a desacreditar a los actores que intervienen en la investigación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, debe intervenir de manera urgente para fortalecer la función del poder judicial de control y resguardo de la Constitución y la ley. Es necesario que respalde la investigación, provea los recursos necesarios y garantice su independencia. También debe procurar la seguridad personal del juez y su familia. Asimismo hacemos un llamado al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público Fiscal para que desde sus respectivas competencias apoyen esta investigación y contribuyan a la resolución de este problema grave que afecta el estado de derecho.
El espionaje y la inteligencia ilegal fueron parte indisociable del aparato represivo del terrorismo de estado. Los mismos operaron en la ilegalidad dentro del estado mucho antes del golpe y fueron parte del proceso paulatino de debilitamiento de las instituciones democráticas que lo propiciaron el 24 de marzo de 1976. La memoria nos alerta en el presente. Son esas alertas que no sonaron o no se escucharon las que nos llevaron al genocidio argentino del siglo XX.
La impunidad aún es la regla. Poco se ha avanzado en el juzgamiento de las acciones de inteligencia como parte de los crímenes de lesa humanidad. Algunos agentes de aquellos tiempos oscuros, siguen dentro de las instituciones estatales y en la propia Justicia. Un ejemplo es el Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernandez Garello, quien revistó como agente de la Dirección de Inteligencia de la bonaerense durante la dictadura y fue denunciado por tres casos de crímenes de lesa humanidad, entre ellas una desaparición forzada de persona. Frente a estas denuncias, no hubo una reacción del poder político para apartarlo de sus funciones, todo lo contrario, lo sostuvieron y rechazaron su juicio político sin siquiera investigar.
El entramado entre inteligencia ilegal y poder judicial no es propio de un pasado lejano, persiste y envenena las instituciones de la democracia. La dictadura permanece viva en estas prácticas y estos funcionarios.
La diferencia de trato gubernamental es escandalosa: sostienen a un alto funcionario judicial denunciado por espionaje ilegal en el marco del terrorismo de estado y persiguen a un Juez que investiga el espionaje ilegal hoy.
Es preciso retomar las sendas de la institucionalidad y el respeto a la ley, que dan contenido a la democracia. Caso contrario estaremos caminando hacia un horizonte ya conocido, donde se rompan todos los pactos de la convivencia política y social.
Llamamos a todas las instituciones de la democracia, a la dirigencia social, sindical y política, a los colegios profesionales de la abogacía y la magistratura, a actuar con la nobleza, la templanza y valentía que exigen las más profundas convicciones surgidas en aquellos años de lucha contra la dictadura y la transición a la democracia. Son ellas las que nos obligan a un apoyo explícito a la investigación que lleva adelante el Dr. Alejo Ramos Padilla, a exigir su protección y demandar todos los recursos necesarios para llegar a la verdad y la justicia.
Si los poderes estatales no revierten está situación, la democracia está en peligro.
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A pedido del juez, la CPM
confirmó las practicas ilegales
Ante el requerimiento del Juez Federal de Dolores, Dr. Alejo Ramos Padilla, en el marco de la causa judicial Nº FMP 88/2019 “D´Alessio, Mercelo Sebastián s/ asociación ilícita y otro”, la CPM presentó un informe pericial que da cuenta de la realización de prácticas de inteligencia ilegal en Argentina y otros dos países. Entre las mismas se pudo establecer el acceso a información sensible no pública de organismos estatales, la realización de seguimientos y las denominadas técnicas “de ablande”, con el objeto de coaccionar personas para posibles actos extorsivos.
Con fecha 22 de febrero de este año, el Juzgado solicitó la CPM que analice la información secuestrada en la casa del procesado Marcelo Sebastián D’Alessio. La información remitida correspondía a material obrante en dichas actuaciones.
El pedido se fundó en la experiencia de este organismo público que desde hace 18 años, custodia e investiga los archivos de inteligencia de la ex DIPBA (Dirección de inteligencia de la Policia Bonaerense). En esta tarea la CPM ha desarrollado Programas que investigan las acciones y estructuras de inteligencia estatal y paraestatal. En dicho recorrido ha construido una expertise técnica acerca de esta temática, constitutiva del propio organismo.
Según el relevamiento preliminar realizado, se pudieron advertir prácticas de inteligencia ilegal realizadas por D’Alessio. Entre las mismas se pudo establecer el acceso a información sensible no pública de organismos estatales, la realización de seguimientos a distintas personas sin orden judicial y las denominadas técnicas “de ablande” con el objeto de coaccionar personas para posibles actos extorsivos. El destino de dichas actividades concluía con la incorporación de sus testimonios en causas que investigan hechos de corrupción.
La CPM concluyó que Marcelo D`Alessio, desplegó tareas de inteligencia en tanto existen pruebas suficientes que indican que de manera planificada recopiló, procesó, analizó y sistematizó información con enunciados fines tácticos o estratégicos. El ciclo de inteligencia realizado contuvo una planificación, una fase operativa de reunión informativa, un análisis de la información recolectada, su sistematización y la posterior difusión a los destinatarios de dicha actividad de inteligencia.
El fondo documental contiene indicios de que estas tareas de inteligencia culminaban con la remisión del producto a las personas a quienes reportaba, referidas a contactos con agencias de inteligencia nacionales y extranjeras o con actores del Poder Judicial de la Nación.
De manera preliminar y a las resultas de futuras medidas de prueba, se detectaron numerosos indicios de inteligencia ilegal. Entre ellos: realización de tareas de inteligencia e investigación criminal sin la debida formalización en el marco de causas concretas bajo jurisdicción de una autoridad judicial; obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos de personas por su opinión política y/o pertenencia partidaria y/o por su actividad lícita y realización de actividades de inteligencia con el objetivo de influir en la vida personal, en la situación institucional, política y económica del país y en su política exterior, así como en la opinión pública a través de los medios de comunicación. También se llevaron a cabo la captación de comunicaciones, el acceso al registro de migraciones y el acceso a información estatal y privada reservada, todo esto sin la debida autorización judicial y por lo tanto por fuera de la ley.
Las acciones descriptas en el informe, violan las normativas que regulan la materia de inteligencia y de seguridad interior como exterior (leyes nacional de Inteligencia N° 25.520, de Seguridad Interior N° 24.059 y de Defensa Nacional N° 23554).
Para la CPM los hechos que se investigan en la causa, revisten una enorme gravedad institucional, ya que muestran el funcionamiento de uno o varios grupos que desplegaron actividades de inteligencia prohibidas, que solo pueden llevarse a cabo por parte de los organismos públicos habilitados por las leyes vigentes.
Cualquiera de las hipótesis que se acrediten en la causa, la pertenencia de D’Alessio a alguna agencia estatal de inteligencia o seguridad, o la posibilidad de que no pertenezca a ninguna de ellas, configuran hechos que vulneran la institucionalidad democrática y los principio republicanos del estado de derecho. En la primera hipótesis por el accionar de agencias estatales por fuera de la ley. En la segunda, por la absoluta endeblez y negligencia de un sistema que, al menos, debería haber detectado y alertado sobre tales prácticas.
Quién es Alejo Ramos Padilla
Habitual participante de las marchas de derechos humanos, el juez de Dolores fue uno de los querellantes contra el genocida Etchecolatz asumiendo la defensa de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, Chicha Mariano. También querelló al cura Von Wernich y defendió a los ex combatientes de las Islas Malvinas. Recientemente, el portal de noticias La Guacamaya Roja, relató algunas historias de vida.
Cuando el Gobierno anunció que iba a buscar la destitución del juez federal Alejo Ramos Padilla, uno de los reclusos del penal de Ezeiza debe haber recibido la noticia con especial alegría: el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz.
El ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura fue el primer genocida en sentarse en el banquillo de los acusados después de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Las querellas que lo acusaban por secuestros, torturas y desapariciones en la provincia de Buenos Aires pidieron al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que le revocaran la domiciliaria, porque tenía un arma de fuego.
Uno de los abogados querellantes era Ramos Padilla, que representaba a María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, la fundadora de Abuelas.
Los Ramos Padilla, Alejo y su padre Juan, habían ido al departamento en el que vivía Etchecolatz para embargarlo porque le habían ganado un juicio por calumnias iniciado por Alfredo Bravo, sobreviviente de la dictadura y dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el policía nunca había pagado.
Con una oficial de justicia, le iban preguntando por distintos artefactos o muebles que pudieran ser embargados.
— ¿Este piano?
— Es de mi suegra
— ¿Este televisor?
— Es de mi mujer.
La oficial de justicia levantó una charretera y le preguntó: “¿Ésta también es de su mujer?” Etchecolatz se asomó desde la pieza con algo en la mano y contestó: “No, y ésta tampoco”, apuntando con una pistola 9 milímetros.
— ¿Funciona? — le preguntó Ramos Padilla padre.
— Sí, y tengo blanco. ¿Dónde lo quiere? ¿En el pecho o en las piernas?
Alejo se tiró encima del represor. Forcejeó y le arrebató el arma. El episodio quedó en un recuerdo traumático hasta 2006, cuando los querellantes le plantearon al TOF 1 -que presidía Carlos Rozanski- que Etchecolatz en la calle era un peligro.
Ya en los ‘80, Ramos Padilla (padre) lo había acusado de estimular un alzamiento desde la cárcel. La actual esposa de Etchecolatz dijo hace un tiempo que, para él, sus peores «perseguidores» eran los Ramos Padilla. Ellos también lo recuerdan cuando llamaba a la casa familiar para amenazarlos.
Alejo Ramos Padilla fue el director ejecutivo durante algunos años de la Asociación Anahí, fundada por Chicha Mariani y Elsa Pavón para buscar a Clara Anahí, la nieta de Chicha. Cuando dejó el cargo, las visitas se mantuvieron. Cuentan que iba con sus hijos y le alegraba las tardes a Chicha, que, entre muchos otros problemas de salud, había ido perdiendo la vista. “Para Chicha era uno de sus nietos”, cuentan desde la Asociación. Ella lo acompañó cuando juró como juez federal de Dolores en 2011 y le regaló un pañuelo.
Como abogado también representó al excanciller Héctor Timerman por el secuestro y torturas a su padre, el periodista Jacobo Timerman, en el juicio contra el capellán Christian Von Wernich.
También acompañó a excombatientes de Malvinas que denunciaron torturas.
Los más respetados juristas
ponen la cara por el Juez
Carlos Rozanski
La banda criminal que el gobierno encabeza
“Cuando Mauricio Macri ordena al ministro de justicia Garavano denunciar al juez Ramos Padilla, no está encubriendo la banda de Stornelli. Está tratando de evitar que se descubra la asociación criminal más amplia que el propio gobierno encabeza.
Es la Banda criminal que organizó la persecución política de opositores a través de arrepentidos extorsionados por grupos de tareas entrenados para ese fin. El objetivo de esos crímenes de Estado, siempre fue posibilitar el saqueo inédito que vienen realizando desde diciembre de 2015. “
Baltasar Garzon
Hay que proteger la investigación
Tengo el más alto concepto sobre la profesionalidad y ética como servidor público del juez Ramos Padilla. Y hay que ponerse en sus zapatos. Se ha visto obligado a decidir entre el deber ciudadano de colaborar en el esclarecimiento de la verdad al ser llamado por el Congreso, y su propia seguridad. Porque está doblemente amenazado. Por un lado sé de la capciosa denuncia formulada ante el Consejo de la Magistratura para separarlo del cargo. Y por otro lado puede haber eventuales efectos en su contra por la propia investigación judicial. Por supuesto que, como el mismo juez expuso al inicio de su comparecencia, el hecho debe percibirse como un movimiento para proteger la propia investigación. Pero no es todo. Es importante resguardar la transparencia y el deber de información que los jueces deben tener para evitar distorsiones, manipulaciones interesadas o parciales perspectivas dirigidas a generar una intoxicación de la opinión publica que propicie juicios paralelos. Apunté algunos conceptos suyos, porque me parecen importantes. Dijo: “Los jueces tenemos la obligación de poner en conocimiento de la ciudadanía el contenido de una investigación de estas características, ya que fundamentalmente ellos, en este caso a través de sus representantes en el Congreso de la Nación, tienen derecho a estar informados, a participar y fundamentalmente a conocer los actos que lleva adelante el poder judicial”. ¿Quién podría oponerse?
Luis Arias
Se debe pedir el juicio político a Macri
“El Presidente (Mauricio Macri) se aparta de su rol presidencial, le habla (al juez) como si estuviera en una verdulería hablando con un vecino. Ya no llaman la atención situaciones que son verdaderamente graves: el Presidente está lanzando una acusación contra un miembro de otro Poder del Estado. Yo creo que, a la inversa, alguien debería pedir el juicio político del Presidente.
Es muy serio que se quiera privarle a un juez la posibilidad de investigar un delito. Esto es lo verdaderamente grave. El Presidente debería ser el primer preocupado y facilitar que sea investigado caiga quien caiga y cueste lo que cueste.
Esto ocurre para aleccionar a Ramos Padilla y disciplinar al resto de los jueces. Lo que pasa es que un juez que denuncia delitos de otros miembros del Poder Judicial, quiebra los códigos corporativos del Poder. Y esto es imperdonable. Creo que salvo que la sociedad adopte una posición muy firme, es probable que el jury, más allá de los resultados que pueda tener, les sirva como excusa para quitarle la causa, y para aleccionarlo. Para que a nadie se le ocurra dentro del Poder Judicial nunca más levantar la voz contra uno de sus pares.
Creo que todos siempre supimos lo que algo así sucedía. Siento mucho alivio de que esto salga a la luz y que desde el interior del Poder Judicial surjan los problemas del Poder Judicial. Eso rompe los acuerdos corporativos. El juez Ramos Padilla ha sido muy valiente en poner en evidencia esta situación. Veremos qué consecuencias tiene, porque a la larga o a la corta, esto tiene consecuencias. Por desgracia, esto va a tener un costo personal para Ramos Padilla”.
Roberto Cipriano (Comisión Provincial por la Memoria)
“Hay instituciones que parecen parte de un Estado fascista”
“Se debería esperar que un gobierno democrático, comprometido con las instituciones, actué de otra manera. Es decir, que colaborara con la Justicia. Macri debería reflexionado de otra manera. Acá hay dos posibilidades: la primera es que los servicios de Inteligencia están implicados; la otra, es que no están implicados pero desconocían lo que pasó pese a que se pudo poner en riesgo el orden democrático. En cualquiera de las opciones, se está hablando de una crisis enorme de los Servicios de Inteligencia. Lo menos que podría hacer es intervenirlos. En cambio se cierra, amenaza a quien investiga.
Aunque como CPM no podemos hablar sobre el informe, menos sobre el material porque es una responsabilidad adquirida ante el juez Ramos Padilla, sí es claro que estamos ante una red de espionaje ilegal que trabaja con información de organismos estatales y extranjeros. Todo el tiempo hay nuevas declaraciones. Hay mucho material que no tenemos…
Por desgracia quedan nichos muy importantes de autoritarismo en la Argentina que no han sido tocados. No solamente hay que hablar de los Servicios de Inteligencia. En esta causa se ve que lo mismo pasa con el Poder Judicial, la Policía, las Fuerzas Armadas.
La impresión que uno tiene es que hay una política de Seguridad destinada a penalizar la pobreza y el control social…No es de ahora que hay una política criminal selectiva dedicada a los sectores más empobrecidos de la sociedad. El gobernador Carlos Ruckauf inauguró en la provincia de Buenos Aires una política que fortalece el poder de fuego de la Policía que no es otra cosa que licencia para matar. La idea es que a mayor punitivismo, mayor seguridad. Todo esto avalado por los medios de comunicación hegemónicos que son centrales en la búsqueda de consenso para estas políticas.
Así las cosas, muchas instituciones cada vez más parecen parte de un Estado fascista. Hay una tensión permanente entre el Estado policial y el Estado democrático. Hay sectores que pregonan que dándole más poder al Estado que controla y vigila a todo el mundo, se mete en la vida de las personas, puede manejarse a toda una sociedad”.