La investigación judicial que existe sobre Mauricio Macri y miembros de su gobierno por la orquestación de un esquema de escuchas ilegales promete hacer ruido por mucho tiempo. Políticos propios y ajenos, dirigentes gremiales y periodistas, fueron los blancos preferidos de los servicios amarillos. Un escándalo en el que, se dice, abundaron contratos a policías metropolitanos, espías de alto vuelo y hasta de narcotraficantes. ATE y CTA A ya son querellantes. Habrá muchos más.
Es tan escandalosa la investigación que estalló en Argentina sobre el espionaje ilegal llevado adelante por la administración amarilla, que la cuestión escapó de las fronteras y se comenta en el mundo entero.
En España, por ejemplo, la reconocida periodista Abel Gilbert, del portal ‘elperiodico.com’ se metió a fondo con ironía con los muchachos escuchadores:
“Intenté en todo momento estar al servicio de todos. Quise escuchar todos los puntos de vista. Para elegir el mejor”, dijo Mauricio Macri pocos días antes de abandonar la presidencia de Argentina, en diciembre pasado, al hacer un balance autoindulgente de su Gobierno. La política argentina es tan vertiginosa que, aun en plena pandemia, el verbo “escuchar” y el sustantivo “servicios”, adquieren, medio año después, significaciones distintas. Tres jueces distintos investigan presuntas acciones de espionaje ilegal de dirigentes políticos opositores y hasta aliados muy cercanos, sindicalistas y centenas de periodistas, realizados por el servicio de inteligencia. Las investigaciones apuntan contra el ex jefe de Estado, quien había nombrado al frente de la Agencia Federal de Inteligencia a su amigo y exrepresentante de futbolistas, Gustavo Arribas.
Durante sus años como alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Macri tuvo que presentarse ante un juez por una causa de seguimiento del parapsicólogo Néstor Leonardo, por entonces pareja de su hermana Sandra. En aquella oportunidad, la responsabilidad por la intromisión en la vida privada del cuñado con habilidades paranormales recayó sobre el jefe del clan familiar, el magnate Franco Macri. Al mismo tiempo, resonaba el escándalo de las escuchas telefónicas a dirigentes de la comunidad judía. En esa causa estuvo procesado su jefe de policía, Jorge Palacios. Recién llegado al Ejecutivo Nacional, a finales del 2015, Macri fue desligado de un expediente que terminó en el cubo de la basura.
Las investigaciones reflejan que el italiano Salvatore Pica, novio de su otra hermana Florencia, ha sido uno de los objetivos de los agentes de Arribas. No solo él. La nueva agencia de inteligencia acaba de entregar a la fiscal Paloma Ochoa unas 500 fichas de otras de las personas seguidas”.
El listado de víctimas
En la Argentina, en tanto, la repercusión es enorme y las consecuencias imprevisibles antes la cantidad de causas penales que los damnificados han comenzado a llevar adelante.
El listado de personas con su teléfono pinchado incluye a todo tipo de objetivos, desde políticos propios y ajenos, dirigentes gremiales o periodistas, en incluso a esposas o hijos de ellos.
En la lista aparecen nombres como el Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la CABA, Diego Santilli, su Vicejefe de Gobierno, Nicolás María Massot, un alfil propio en el Congreso, la ex gobernadora María Eugenia Vidal, Emilio Monzó, Waldo Wolff, el juez Martín Irúrzun, o peronistas como Graciela Camaño, Hugo Moyano, Luis Barrionuevo, Martín Insaurralde, Pablo Oscar Bruera, Jorge Ferraresi, Maurice Closs, sacedortes como Jorge Lugones o Pepe Di Paola, o periodistas como Hugo Alconada Mon o Marcelo Veneranda, entre muchos otros.
ATE y la CLATE querellantes
Ambos espacios gremiales se presentaron en el Juzgado Federal número 8, ante el Juez Marcelo Martínez de Giorgi, en la causa número 2916/2020 que lleva la firma de Hugo Godoy, Secretario General de la Asociación de Trabajadores el Estado (ATE) y Julio Fuentes, miembro de la conducción de ATE y presidente de la CLATE (Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales), conjuntamente con los dirigentes espiados: Horacio Fernández e Ignacio Rodríguez, integrantes de esta asociación desde de su Confederación Latinoamericana.
En la presentación judicial se expresa que “venimos a constituirnos como querellantes en la presente causa, ya que los suscriptos Horacio Fernández e Ignacio Rodríguez, aparecen como los espiados en los artículos periodísticos “Espionaje a periodistas, sindicalistas y académicos” del diario Perfil y “Esa manía de espiar” de El Cohete a la Luna contra los mencionados imputados.
La presentación conjunta se funda en el hecho de que las dos personas espiadas lo fueron por su actividad profesional en la esfera de ATE y CLATE, por lo que el interés conjunto en esta causa resulta legítimo.
Asimismo y desconociendo los datos que se han obtenido a través de dicho espionaje es que se solicita que se extienda copia digital de los mismos, a efectos de poder cotejarlos, ello en los términos de la Ley 25.326.La conferencia surgió a raíz de que, entre los nombres, se encuentran dos integrantes de ATE: Horacio Fernández, presidente del Instituto de Estado y participación (IDEP) e Ignacio Rodríguez miembro de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estales (CLATE).
Cachorro Godoy , detalló que “tanto Horacio como Ignacio han sido investigados ilegalmente por parte de la AFI durante la gestión de Macri, por lo que se debe investigar a fondo este acto flagrante de la violación de la libertad y de persecución política”.
En este sentido, el dirigente agregó que: “No nos avergonzamos, nos reivindicamos en la lucha permanente contras las políticas neoliberales a nivel mundial pero no podemos aceptar de ninguna manera el hecho del espionaje”.
