Claudio Lozano y Carlos Del Frade le pidieron al gobierno nacional que retome la idea de expropiar por ley al grupo agroexportador. Detalles de los momentos claves del vaciamiento que investiga la Justicia federal.
“Vicentin sacó entre agosto y diciembre del año pasado 790 millones de dólares de la cuenta que tenía en la sucursal Reconquista del Banco Nación, a pesar de que no debería haber podido retirar ese dinero porque no había cancelado antes los vencimientos impagos por el crédito de 300 millones de dólares que ya debía”.
La contundente acusación partió del actual director del BNA y dirigente de Unidad Popular, Claudio Lozano. Y es uno de los hechos que integra la investigación penal que impulsa el fiscal federal Gerardo Pollicita.
Las declaraciones de Lozano y del diputado provincial Carlos Del Frade apuntan al propósito de que el gobierno nacional retome la idea original de expropiar por ley al grupo agroexportador, en concurso de acreedores, default y con su directorio sospechado de delitos económicos como vaciamiento doloso, elusión de impuestos y fuga de capitales.
Del Frade explicó que la empresa fundada hace casi un siglo en Avellaneda, Santa Fe, inició en 2013 un proceso tendiente a licuar su propio patrimonio, abonado con fondos de bancos internacionales y del propio BNA. “Hizo un desdoblamiento del grupo cuyo objetivo era reemplazar la cabeza histórica del holding, situada en Vicentin Argentina, por una nueva empresa holding en Uruguay, Vicentin Family Group. Esta nueva empresa tomó control sobre buena parte de las empresas del conglomerado incluida Vicentin Argentina hoy en concurso”, resumió el legislador rosarino.
“Además, los últimos registros contables de los que disponemos indican que en apenas diez días, entre el 31 de enero y el 10 de febrero del 2020, Vicentin Argentina vio disminuir a la mitad sus activos y a la vez duplicó sus deudas”, acotó Lozano. De manera que en solo diez días, observaron, “el patrimonio de la empresa se redujo en un 98%. Es decir, se evaporó, se esfumó”, concluyó.
Por ese proceso de toma de deudas y vaciamiento de la estructura argentina de Vicentin se explica la cesación de pagos y la situación incierta de los productores agropecuarios y acopios que reclaman sus acreencias, la situación de la banca e incluso de los 7000 trabajadores del grupo.
Del Frade consideró que “es probable que la acertada decisión presidencial de intervenir para expropiar haya tenido algo de improvisación, no haya dimensionado la reacción del poder económico concentrado, los medios hegemónicos y sus socios políticos, y no haya construido las condiciones de consenso social que permitieran sostener la decisión. Quienes suscribimos esta declaración sostenemos que la improvisación no quita que dicha decisión era acertada. Es más, su sustitución por la variante propuesta por el gobernador Perotti terminó enredando al Gobierno Nacional y al Provincial en el pago chico de Vicentin y en el marco de un concurso conducido por un juez absolutamente parcial y dedicado a apañar las irregularidades de la empresa”, fustigó en alusión al juez civil y comercial Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores que administra una deuda global de 1000 millones de dólares.
“Ese juez no permitió ni la intervención nacional ni la provincial, y propició audiencias de mediación donde había que pedirle permiso a los estafadores para poder intervenirlos”, acotó el diputado del Frente Social y Popular.
“Es en este marco donde cobra sentido la decisión del gobierno nacional de terminar con una situación que no iba a ningún lado. Por eso es fundamental profundizar las investigaciones penales, poner a la AFIP, a la UIF y a la IGJ de Santa Fe y CABA a trabajar para demostrar públicamente la magnitud del fraude, solicitar el apartamiento del juez del concurso y retomar el camino de la discusión democrática y transparente que tiene todo proceso de expropiación en el Congreso Nacional”, afirmaron Del Frade y Lozano.
En este sentido, manifestaron: “Creemos fundamental retomar el camino de la expropiación sobre nuevas bases de consenso social, exponiendo públicamente los delitos de Vicentin, unificando Vicentin Argentina con Vicentin Family Group, incorporando el patrimonio de sus accionistas para afrontar las deudas y dirigiendo la expropiación hacia los activos más importantes del grupo”.
