Por Raúl Zibechi (para la Agencia Pelota de Trapo)
(APe).- Las tomas organizadas de tierras urbanas o periurbanas comenzaron bajo la dictadura militar, como respuesta a la ofensiva para expulsar a las familias villeras de Buenos Aires, para abrir amplios terrenos céntricos a la especulación. El sacerdote Raúl Berardo, impulsor de las primeras tomas, me relató al calor del levantamiento de diciembre de 2001, cómo fue aquel proceso. Las primeras tomas de tierras se produjeron en Quilmes y Almirante Brown, entre septiembre y noviembre de 1981, dando origen a la formación de seis barrios: La Paz, Santa Rosa de Lima, Santa Lucía, El Tala, San Martín y Monte de los Curas. En esas tomas participaron unas 4.500 familias y 20.000 personas, ocupando un espacio de 211 hectáreas. “En ese momento le llamamos ‘asentamientos’, como recuerdo del pueblo judío que saliendo de la esclavitud del faraón, se ‘asentaron’ en el desierto al cruzar el Mar Rojo, para luego marchar a la Tierra Prometida”, sostuvo el padre Berardo en una larga conversación en su casa en el invierno de 2002.
A diferencia de lo que sucedía en las villas, estas ocupaciones son masivas, organizadas y planificadas, se buscan terrenos fiscales y se suele ocupar de noche para disminuir la intensidad del conflicto y resistir mejor la presión y la represión. Cada familia se asienta en un lote, se realiza el trazado de las calles (dándole continuidad al trazado urbano) y se dejan libres los espacios para el equipamiento comunitario.
Esta forma de lucha pudo consolidarse no sólo por el trabajo previo, sino también por el momento en que se lanzaron las ocupaciones. En 1981 el régimen militar estaba en retirada y debilitado, cuestionado internacionalmente por las violaciones a los derechos humanos y contestado también en el país por las Madres de Plaza de Mayo, que contaban cada vez con mayor apoyo popular. La represión ya no se manifestaba con la brutalidad de años atrás; los espacios para la acción colectiva eran mayores.
Antes de llegar a la ocupación, se realizaban talleres de debate y formación, se hablaba de la “tierra prometida”, en el mismo sentido que lo hacían en ese mismo momento las comunidades de base en Brasil (donde se realizaban las primeras ocupaciones de lo que más tarde sería el movimiento sin tierra, impulsadas por la Pastoral de la Tierra), en las que participó Berardo meses antes de llegar al conurbano.
En el invierno de 1981 el régimen prohibió la Marcha del Hambre convocada por las comunidades de base y la CGT de Quilmes (donde sectores críticos eran mayoritarios), registró un dramático empeoramiento de las condiciones de vida de los más pobres. El obispo Novak expresó que toda la zona era “una verdadera ciudad sitiada por el hambre”, como recoge el libro Las tomas de tierras en el sur del Gran Buenos Aires, de Inés Izaguirre y Zulema Aristizábal.
El cerco policial, el hostigamiento, las enfermedades, en suma, los enormes sufrimientos, los convierten por un tiempo en una “comunidad de destino”, fuertemente cohesionada en un momento en el que no había ningún dispositivo de cooptación por parte del Estado ni de los partidos políticos, perseguidos por la dictadura.
Los vecinos estuvieron sitiados por militares y policías unos seis meses. Vivían en carpas y no se les permitía acarrear agua, comida. El cerco policial se levantó cuando terminó la guerra de Malvinas y eso llevó a que el barrio se bautizara como 2 de abril, día en que se convocó una asamblea de las quinientas familias para definir el nombre.
Ese primer asentamiento de miles de personas, en plena dictadura militar, tuvo un profundo impacto en los sectores populares. Esta acción masiva fue pronto imitada y se extendió en forma explosiva. Militantes sociales de La Matanza, por ejemplo, llevaron a los ocupantes de Quilmes para que relataran sus experiencias y facilitaran la organización.
Ya en 1990, menos de una década después, había en todo el conurbano 109 asentamientos, habitados por unas 173.000 personas, de los cuales el 71% estaban en el conurbano Sur.
A partir de esta apretada síntesis, quisiera hacer algunas consideraciones vinculando aquellas tomas iniciales con la oleada actual.
1.- La dictadura había expulsado violentamente a los habitantes de las villas de la Capital Federal hacia el conurbano, para facilitar el control estratégico de los sectores populares, dispersarlos y romper sus redes de sobrevivencia. Los sectores dominantes intentaron modificar una relación de fuerzas que les resultaba desfavorable, como quedó demostrado en las luchas sociales desde el 17 de octubre de 1945.
En la actualidad, esa acción de dispersión y control la hacen, a dos manos, el mercado y el Estado. El primero encareciendo el precio del suelo, acaparando espacios para barrios privados y especulando con la tierra. El Estado tiene dos manos: con una reprime, amenaza, desparece, viola y violenta. Con la otra ofrece planes sociales que “ablandan” a los más pobres, los disuaden de organizarse para otra cosa que no sea depender de esos planes (y de los punteros que los gestionan) y busca cooptar todo lo organizado que no controla. Con respecto a la dictadura, la “democracia“ está mostrando mucha más eficiencia y una similar indiferencia respecto a la vida.
2.- Por lo menos en la diócesis de Quilmes, desde 1976 los sectores populares encontraron posibilidades de organizarse. La forma fue la comunidad eclesial de base (CEB). La primera comunidad la creó el sacerdote Berardo, de la parroquia de San Juan Bautista, en San Francisco Solano, en octubre de 1976; en menos de un año ya eran 20 las comunidades y en 1980 llegaban a 60. Eran pequeños grupos de entre 10 y 30 personas, tenían un coordinador elegido por la asamblea, se reunían semanalmente en la parroquia o en casas particulares.
Las organizaciones actualmente existentes, me refiero a la inmensa mayoría de las territoriales, son mucho menos democráticas que las CEBs (aunque quien esto escribe no comulga, ni va a misa). Me refiero a que lazos como la confianza mutua y la camaradería, han descendido varios peldaños en el mundo de las organizaciones populares.
3.- La necesidad es la misma que en la década de 1980. Un informe del Registro Nacional de Barrios Populares, asegura que existen 4.416 “barrios populares” en los que viven cuatro millones de personas, casi el 10% de la población, que han sido mapeados hasta diciembre de 2016. La mitad están en la provincia de Buenos Aires, que sigue siendo el epicentro de las tomas, pero la modalidad se ha extendido a todo el país.
Lo que ha cambiado, aunque no nos guste reconocerlo, es la cultura política y la experiencia vivida por los sectores populares. En cuatro décadas pasaron por la dictadura y la democracia, por gobiernos peronistas, progresistas, radicales y de la derecha. Siguen en el mismo lugar, aunque cada vez más lejos del centro de la ciudad, como lo demuestra la toma de Guernica. En el primer cinturón se agotó la tierra disponible, por el aumento de la población y de los barrios privados.
Cada vez hay más planes sociales, que llegan a más gente, como el IFE. Cada vez hay más pobreza estructural. Cada vez hay más extractivismo y más neoliberalismo, más monocultivos y más minería. Por este camino, no hay arreglo.
Las clases medias altas y altas, la derecha y afines, son cada vez más reaccionarias, más antipopulares y están dispuestas a matar para seguir disfrutando la enorme desigualdad que han generado. Ellos saben lo que quieren.
No es un panorama agradable. Pero es necesario mirar la realidad de frente para saber por dónde caminar. Y con quiénes.
La ocupación es una cuestión de clase
(razonamiento robado del face del amigo Alejandro Fabián Presa)
Hace más de 20 años en la ciudad de La Plata, un pequeño grupo de empresarios inmobiliarios se apropiaron de tierras fiscales de lo que hoy es Villa Castex que luego fraccionaron y vendieron ganando una fortuna en dólares para la época. Obviamente esto se hizo con el aval del poder político ( del ex intendente Julio Alak) y de la justicia. Hoy a estos empresarios nadie los llama ” usurpadores” sino ” Desarrolladores urbanos ‘.
En Guernica, la Intendente, tiene un acuerdo con un grupo de empresarios para llevar adelante el barrio cerrado San Cirano en un predio de más de 100 hectáreas. Ninguno de estos empresarios pudo acreditar ningún documento que avale la propiedad o la tenencia de la tierra.
Quienes serían los ” usurpadores “en este caso?
Los que a pesar de no tener nada estarían dispuestos a pagar su derecho a una vivienda digna ?
O los que teniendo todo se apropian de lo ajeno para seguir acumulando fortunas?
