Un informe del IPyPP ofrece un panorama más grave aún al anunciado por el Indec en materia de pobreza. El trabajo asegura que la situación es comparable con 2001 y con la hiperinflación. Ya hay 5 millones más de pobres y la cifra ha trepado al 47, 2, con un nivel del 12,4 que directamente pasan hambre diariamente ¿La salida? Apostar a pymes y cooperativas y establecer una renta básica universal.
(trabajo realizado por el portal Canal Abierto (https://canalabierto.com.ar/ )
“En sólo un trimestre hay 5 millones de pobres más y dos millones de indigentes más. Al segundo trimestre del año 2020 y sin haber un horizonte claro de resolución de la situación epidemiológica, los niveles de pobreza treparon al 47,2% y la indigencia al 12,4%”.
Los números que menciona el director del Banco Nación Claudio Lozano surgen de un informe elaborado por él, junto a Agustina Haimovich y Ana Rameri del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP). En términos de población, esos porcentajes hablan de 21,5 millones de pobres y 5,6 millones de personas con hambre.
El INDEC mostró cifras preocupantes: la pobreza alcanzó al 40,9% de la población (cerca de 18 millones de personas) y al 30,4% de los hogares, mientras que la indigencia al 10,5% (3 millones de personas) y 8,1%, respectivamente. Y el panorama arrojado por el informe del IPyPP en base a datos del segundo trimestre del año establece un panorama aún peor.
En él consta que uno de los rasgos más preocupantes del escenario social es que la incidencia de la pobreza golpea con más fuerza a los niños y niñas. Mientras en el semestre la pobreza alcanzó al 40,9% de la población total, entre los niños/as de 0 a 14 llegó al 56,3%, cuatro puntos porcentuales por encima del semestre anterior. Por su parte, la indigencia llegó al 15,6% (+2 puntos porcentuales). Ello se traduce en que cayeron bajo la línea de pobreza casi 432 mil chicos y bajo la línea de indigencia 218 mil. El total suma 6,2 millones de chicos pobres y 1,7 millones de indigentes.
Actividad y desempleo
En el período de análisis del estudio están comprendidos los meses más críticos luego de declararse la pandemia, que fueron abril y mayo, cuando la caída de la actividad tuvo una variación del orden del -26%. Según el informe, durante el semestre completo y por efecto del parate general producto del COVID-19, se sumaron 4,1 millones de personas a la pobreza y 1,7 millones que no logran alimentarse adecuadamente.
Sucede que con la caída de la actividad subió la desocupación. Producto de la pandemia pero también, según explica Lozano, se debe a que el desplome del empleo es mayor en los países que cuenten con mercado de trabajos más desprotegidos como es el caso de Argentina.
En efecto, la destrucción de empleo más importante se dio en las categorías informales: de los 3,7 millones de ocupaciones menos, 2 millones eran asalariados no registrados y 1,2 millones inserciones de autoempleo (mayormente de subsistencia).
Más pobres y para siempre
El estudio del IPyPP hace un análisis histórico de la tasa de pobreza e indigencia, desde octubre de 1988. “Es inevitable señalar que la Argentina vuelve a trepar a niveles de empobrecimiento históricos, solamente experimentados durante las grandes crisis a lo largo de la historia económica reciente como lo fueron como la salida de la convertibilidad (57,5%) o la hiperinflación (47,3%) secuencia a la que, sin lugar a duda, se incorpora la vigente crisis pandémica con el agravante de que tal deterioro se produjo en un período de tiempo muy breve”, considera Lozano.
También señala que, luego de las crisis agudas, sucede un tiempo de recomposición y restauración de las condiciones de vida
“Sin embargo, nunca se logra regresar a los niveles de pobreza anteriores al salto y por lo tanto, se inauguran secuencialmente en la historia nuevos pisos de pobreza estructuralmente más elevados”, afirma.
Medidas para salir de la crisis
Una de las principales causantes que señalan desde el IPyPP de la aceleración del crecimiento de pobreza e indigencia es la inflación producto de “la indisciplina del poder económico”.
Para el Instituto, el Poder Ejecutivo debería declarar de interés público a aquellas actividades que ocupan un lugar central para afrontar la emergencia, como lo son la producción y comercialización de alimentos. “Esta declaración hubiera permitido la intervención del Estado sobre aquellas firmas o actividades que no sujeten su comportamiento a las necesidades de la reproducción social, comportamiento que resulta aún más reprensible en el caso de las grandes empresas de alimentos y bebidas que de hecho han tenido en los últimos años un incremento en su facturación superior al promedio de la cúpula económica. Asimismo, propiciamos que se avance en medidas concretas para organizar la producción de la canasta básica en base a un plan que incorpore a la economía popular, la agricultura familiar, las pymes y las cooperativas”, manifiesta.
Por otro lado, desde el organismo destacan la importancia que ha tenido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y, en base a eso, proponen una Renta Básica Universal para afrontar la emergencia y para extenderla durante la postpandemia, que no fue contemplada en el Presupuesto 2021. La misma contemplaría un salario universal y la Asignación Por Hijo (AUH) “que permita conformar un umbral de dignidad social, un piso salarial efectivo para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras y darle impulso al mercado interno para que ponga en marcha la capacidad ociosa y reactivar la economía”.
“No es suficiente la aclaración a favor de la voluntad de sostenerlo en caso de continuar la emergencia pandémica porque el nivel de deterioro social alcanzado, independientemente de la pandemia, precisa en realidad de la multiplicación de las medidas desplegadas”, concluye.
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El gran invento nacional
Alguna vez, recorriendo las calles de Cuba, un tachero reflexionó: “Hay que ser muy inteligente, y a la vez muy perverso, para hacer que en la Argentina haya hambre”. Impresionante reflexión. Pero ¿Cómo ha sido la cronología de la pobreza y el hambre en nuestro país?
Hasta mediados de la década del 70 la Argentina no registraba niveles elevados de pobreza, así como tampoco de desocupación. Sin embargo, todo cambió a partir de instaurada la última dictadura cívico militar y la aplicación de políticas económicas y sociales ultra liberales.
En el ciclo que va de 1976 hasta 2003 el deterioro fue causado por las medidas de apertura financiera y comercial implementadas por los militares y ya con la democracia estuvo asociado al escaso crecimiento económico, al creciente proceso inflacionario. En los 90, al crecimiento del desempleo y con posterioridad a la Convertibilidad por la severa devaluación que barrió con los ingresos reales. Otro factor relevante es que en todo el periodo el endeudamiento externo actuó como un corset que provocó el destino creciente de recursos a pagar los intereses de la deuda. Esto implicó una fuerte detracción de recursos que deberían haberse destinado a infraestructura, proyectos de desarrollo o programas sociales.
En 1974 la desocupación era del 3% y la pobreza por ingresos afectaba al 4,6% de los hogares, un mínimo al que no se pudo retornar hasta la fecha. Hacia finales de 1982, tras la implementación del plan económico de Martínez de Hoz y quienes lo sucedieran durante el gobierno de facto, ambos índices se ubicaban en el 9% y el 21%.
Luego de más de seis años de desamantelamiento del aparato productivo, los tiempos democráticos no lograron revertir la situación. Según datos oficiales, en 1986 la pobreza golpeaba al 23,2% de los hogares. Para 1991, después de dos procesos hiperinflacionarios, el porcentajes de pobres trepó a 27,1%.
Si bien es cierto que entre 1991 y 1994 la pobreza en Argentina se redujo al 21,9%, varias crisis financieras globales y las políticas de desregulación estatal hicieron que para 1994 la desocupación en nuestro país trepará al 18,4%. Por esos años la pobreza también subiría -en 1998 se ubicó en torno al 24,7%- para luego desembocar en la peor crisis política, económica y social de la historia argentina. En diciembre de 2001 los hogares pobres constituían el 43,5% del total, de los cuales el 20% eran indigentes. A su vez, la desocupación en 2002 ya afectaba al 22,5% de la población.
Del 2003 en adelante los indicadores mejoraron un poco pero no lo suficiente para revertir la tendencia. Al iniciarse un ciclo de mayor crecimiento económico se comenzó a generar nuevo empleo y una leve mejora en la distribución a través de programas sociales que en 2015 llevarían el desempleo hasta el 6,4% y la pobreza en torno al 29%. Y si bien es cierto que a simple vista se pudo apreciar una mejora de la situación, la manipulación de las estadísticas oficiales termina por obnubilar estas últimas cifras.
De lo que sí no caben dudas es el deterioro económico y social de los cuatro años de gestión de Mauricio Macri, con fuertes subas inflacionarias, mayor desempleo, la transformación de empleos regulares en informales y el deterioro de las prestaciones sociales. De hecho, la última medición del INDEC, dada a conocer en marzo sobre datos del segundo semestre del 2019, registró que el 35,4% de los habitantes (8,1% más que lo revelado en 2018) se encontraba en situación de pobreza: más de 15 millones de personas. En tanto que el nivel de indigencia se ubicaba en el 8%.
