La decisión presidencial de impulsar una querella criminal sobre los responsables del endeudamiento macrista y puntualmente por el acuerdo con el FMI, constituye una definición histórica e importantísima en un doble sentido.
Por Claudio Lozano
De concretarse implicaría fijarle un límite al comportamiento impune que determinadas gestiones y funcionarios han tenido endeudando al Estado argentino y destruyendo el funcionamiento de la economía así como las condiciones de vida de nuestro pueblo. Gestiones y funcionarios que jamás rindieron cuentas por las tropelías cometidas.
Y en segundo lugar, porque permite fortalecer la negociación con el FMI, buscando que el resultado de la misma no sea el de siempre. A saber, mayor endeudamiento, ajuste y reformas estructurales. En este sentido, si avanzamos responsabilizando a los funcionarios que a nivel local hicieron posible este desastre, estamos en condiciones de escalar y plantear como clave de nuestra política exterior, la presentación del caso argentino, denunciando al FMI en el seno de las Naciones Unidas. El acuerdo con el FMI, no solo violentó la normativa administrativa, jurídica y constitucional de la Argentina. También violó las misiones, funciones y hasta el propio Estatuto del FMI. Argentina recibió un crédito que por su magnitud jamás debería haber recibido, el FMI otorgó un financiamiento que dado el porcentaje que representaba respecto al total de la cartera crediticia del organismo jamás debió haber otorgado, el plazo de pago y los vencimientos que desde un comienzo se establecieron eran claramente inafrontables y además el Fondo violó su propio Estatuto, el cual le prohíbe prestarle a países en situación de fuga de capitales. En los cuatro años de Macri se fugaron 86.194 millones de dólares pero dicha fuga se aceleró desde la intervención del FMI en adelante. Hasta el acuerdo con el FMI se fugaban en promedio 1467 millones de dólares por mes, y a partir del acuerdo se fugan 2507 millones de dólares mensuales. Así, mientras los desembolsos del FMI totalizaron 44.900 millones de dólares, la fuga a partir del acuerdo suma 46.000 millones de la misma moneda. En realidad el FMI debió haberle planteado al gobierno de Macri a comienzos del 2018 que su política económica había puesto al país en default, que por tanto debía reestructurar su deuda y modificar drásticamente su política económica.
Sin embargo, como Macri estaba en la mitad de su mandato, el FMI agravó el default incrementando el endeudamiento y le permitió sostener el régimen de política económica de apertura y desregulación con la consecuente aceleración de la fuga de capitales.
Estamos por tanto frente a un crédito que poco tiene que ver con los tradicionales stand by que otorga el organismo. Y por tanto la renegociación del mismo obliga a soluciones novedosas. No parece razonable que el Fondo diga que no puede hacer una quita o reducción del capital adeudado, o que no puede extender el plazo de financiamiento porque su Estatuto lo prohíbe. Básicamente porque el crédito que otorgó violó expresamente dicho estatuto. Tampoco sería razonable que pretenda interferir e intervenir sobre nuestra política económica, cuando sus recomendaciones han producido los efectos conocidos. El Fondo no puede juzgarse a sí mismo. Debemos completar la histórica decisión presidencial llevando el caso argentino a la ONU (como en su momento se llevó el caso Griesa) para forzar una negociación que permita quita de capital y plena autonomía en la política económica.
La denuncia penal del 2019
Desde Unidad Popular (Claudio Lozano) y el Observatorio del Derecho a la Ciudad (Jonatan Baldiviezo) se denunció penalmente al entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri, a Nicolás Dujovne y a Guido Sandleris por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y Abuso de Autoridad, previstos y reprimidos en el art. 248 del C.P. y de Administración Fraudulenta contra Administración Pública (art.173, inc.7º en función del art. 174, inc.5º del C.P.).
Resumen de la Denuncia Penal
✅ 1. En la denuncia penal se fundamentó que el acuerdo con el FMI es inconstitucional porque debió necesariamente ser tratado por el Congreso de la Nación, circunstancia a la cual se negó el Poder Ejecutivo, invocando una norma caduca como lo es el último párrafo del Art. 60 de la Ley de Administración Financiera para ello.
✅ 2. En la denuncia se demuestra la irracionalidad y el daño que el acuerdo con el FMI (violatorio de la institucionalidad de nuestro país y de los propios Estatutos del organismo) ha producido sobre la economía y la sociedad argentina dónde se desprende con claridad la Administración Fraudulenta en la que ha incurrido el Presidente Mauricio Macri y sus funcionarios. Es obvio que si el FMI prestó U$S 44.490 millones y en la Argentina se fugaron en el mismo período más de U$S 36.000 millones y se pagaron solo U$S 28.000 millones, el país tenía dólares propios para afrontar sus pagos y, por lo tanto, el endeudamiento con el FMI carecía de sentido.
✅ 3. El FMI participó, de manera cómplice y corresponsable de la orgía especulativa que caracterizó a la administración Macri al instituir un régimen de política económica que combinó el endeudamiento con la valorización financiera y la fuga de capitales.
✅ 4. En todo el período de Macri, la fuga superó los U$S 86.194 millones. La intervención del FMI es simultánea a la aceleración de la fuga de capitales.
✅ Mas tarde se estableció el “cepo” para personas físicas y empresas y los plazos para la liquidación de los dólares de exportación, y después de las elecciones presidenciales, se estableció un nuevo límite de 200 dólares mensuales a la compra de dólares para personas físicas con cuenta bancaria y en 100 dólares a la cantidad de dólares que pueden ser comprados en efectivos, para evitar la fuga de capitales pero por cuestiones de intereses electorales del presidente no se adoptaron en detrimento de la población argentina y de su economía.
