El 13 de setiembre de 2021 se cumplieron 14 años de la aprobación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por parte de las Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Este, sin embargo, no es el primer documento internacional aprobado sobre el tema. En 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual sustituyó al Convenio 107 de la misma organización, adoptado en 1957, “sobre poblaciones indígenas y tribales”.
La diferencia entre estos dos convenios mostró un avance conceptual importante. El Convenio 107 tenía como meta integrar a los pueblos originarios a la idea tradicional que los colonizadores tenían de la “civilización”, a expensas de que su legado ancestral indígena y su cosmovisión fueran invisibilizados y paulatinamente olvidados. Y es que, en la historia, quienes colonizaban siempre sostuvieron que hacían un favor a quienes dominaban, porque los estaban “civilizando”. El carácter asimilacionista y paternalista del Convenio 107 fue crecientemente criticado, hasta que se aprobó el Convenio 169, el cual ya reconocía como criterio fundamental la conciencia de la identidad indígena o tribal y el derecho de esos pueblos al goce de los derechos humanos y libertades, sin obstáculos ni discriminación.
Ese progreso en los conceptos y en las legislaciones no fue acompañado, sin embargo, por la práctica, generando múltiples acciones que van en sentido contrario.
Pongamos datos históricos sobre la mesa. Un escrito del profesor Carlos Enrique Ruiz, de la Universidad de Paraíba, trae una cita que el actual presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, hizo en 1998, cuando era diputado: “La caballería brasileña fue muy incompetente. Competente, sí, fue la caballería norteamericana que diezmó a sus indios y hoy no tiene ese problema en su país”.
Brasil y Estados Unidos no fueron los únicos. Las campañas de exterminio de indígenas tomaron otros nombres en varios países y hoy raramente se llevan a cabo por la acción militar. Son comunes y cada vez más numerosos los casos de trabajo esclavo de nativos, intercambio de niños o niñas indígenas por algunas cabezas de ganado, asesinatos de líderes o activistas, expulsiones sumarias de sus tierras por gangsters armados al servicio de empresas multinacionales, compras y ventas simuladas de tierras indígenas con títulos falsos y exigencias incomprensibles de parte de gobiernos para que demuestren que son pobladores antiguos de las regiones donde viven. Nutridos grupos de nativos pasean su miseria por las calles de las ciudades, sin lograr llamar la atención del establishment.
Cabe aclarar que el problema histórico no se ha producido solamente en las Américas. Cuando a fines del siglo XIX, las potencias ya habían perdido casi todas sus colonias en el “nuevo mundo”, se reunieron en Berlín, entre 1884 y 1885, para repartirse el continente africano. La reunión quería evitar problemas entre esos países poderosos. Así, discutieron el libre comercio y las formas de adentrarse en el continente para explotar mejor sus recursos naturales. Al rey belga Leopoldo II le regalaron el territorio del Congo. Su empresa explotó el caucho y el castigo frecuente a los nativos era cortarles una mano. Los indígenas peruanos que extraían el mismo producto sufrían punición similar.
La colonización de Asia y Oceanía no fue menos cruenta. Según datos de la OIT, si bien hay más de 54 millones de personas en América Latina y el Caribe que pertenecen a pueblos indígenas y tribales, en el mundo existen más de 476 millones de las mismas. Un tercio de ese número total vive en Asia y el Pacífico. Sin embargo, solamente 22 países han ratificado el Convenio 169 de la OIT. De Asia y el Pacífico solamente Nepal y Fiji, en África solo la República Centroafricana, en América Latina y Caribe nada más que 14 Estados y en Europa, cinco.
Es urgente que todos los países del mundo ratifiquen el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, así como otros documentos internacionales similares e incorporen sus contenidos a sus políticas nacionales e internacionales.
Debe haber mucha claridad sobre los contenidos del Convenio 169, que promueve la participación y consulta a los pueblos indígenas y tribales. Consecuentemente, como bien lo requiere el artículo 6 del citado Convenio, hay que facilitar los medios apropiados para que los pueblos indígenas puedan participar.
Es inaceptable la tesis promovida por sectores empresariales de que si los pueblos indígenas ya fueron consultados y no están de acuerdo, el gobierno ya queda libre para hacer o dejar que el sector privado haga lo que fue rechazado por las comunidades originarias.
Debe ser bien claro para todo el mundo que las motivaciones de las consultas obligatorias y previas son, entre otras, poner freno a la discrecionalidad y la arbitrariedad y comenzar a reparar las desigualdades que se fueron acentuando durante siglos como producto de las políticas de exclusión y/o exterminio.
Todos los Estados de América Latina y el Caribe aprobaron la Declaración de la ONU que mencionamos al principio. A su vez, el Sistema Interamericano es, sin duda, el Sistema Regional que ha desarrollado mayores y más estándares para la protección del derecho a la consulta y el consentimiento.
Estas situaciones deben ser aprovechadas, claro. Pero a la vez hay que involucrar a las sociedades de países desarrollados que son mayoritariamente el origen de muchas multinacionales extractivas cuya codicia se manifiesta en el destierro, la esclavitud y el exterminio de los pueblos indígenas y evidencia que la discriminación y exclusión de estos pueblos es universal.
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No me llames etnia
Por Ollantay Itzamná, (Resumen Latinoamericano).- Antropólogos euronorteamericanos, incluso hermanas y hermanos antropólogos originarios de Abya Yala, continúan utilizando el despectivo término etnia para referirse a los pueblos originarios o indígenas.
¿Qué significa el término etnia, y cuál es su contenido racista?
Etnia proviene del término griego ethnos que significa grupo humano extranjero, gentil, cuyos miembros carecen del derecho de ciudadanía. Por tanto, no son sujetos políticos, capaces de gobernarse, ni de gobernar. La Biblia incluso utiliza este término para referirse a los extranjeros que no son parte del pueblo elegido, pero comparten territorio con éste, como era el caso de los samaritanos
Con la llegada de la modernidad y de la ilustración, pensadores noreuropeos, dividirán la humanidad entre: civilizados, bárbaros y primitivos. Los civilizados serán ellos (que tienen cultura), los bárbaros serán los pueblos que habitan alrededor de ellos (bretón, catalán, flamenco,…) y los primitivos (sin cultura) seremos todos los grupos humanos que habitamos fuera de Europa y en la parte Sur del planeta. A los primitivos nos llamaron salvajes, etnia, tribu…
¿Alguna vez leíste o escuchaste que algún antropólogo se haya referido a los vascos o flamencos como etnia o tribu? No. A ellos se refieren como pueblos. Los términos etnia y tribu están reservados únicamente para los primitivos que necesitan ser civilizados, mas no así para los pueblos de Europa.
Si ya la modernidad naciente (invasión europea) había negado la condición de sujetos de derechos (personas) a los originarios de Abya Yala con la finalidad de apropiarse/saquear sus bienes a cambio de civilizarlos, la antropología hará lo suyo, en especial la antropología cultural que surgió en los EEUU (con Franz Boas, principios del siglo XX), y su posterior especialización como etnología.
Desde finales del siglo XIX, antropólogos y etnólogos norteamericanos fueron enviados al Sur con la finalidad de investigar y registrar los bienes/riquezas milenarias de los pueblos para saquearlos. Pero, para evitar justificar o explicar dicho saqueo, tomaron el camino racista de llamar a todos los pueblos originarios del sur como etnias: objetos del pasado, piezas de museo, o a lo mucho, reproductores de cultura. Mas nunca como pueblos, sujetos políticos.
La antropología cultural, que luego se convirtió en un culturalismo nefasto para los pueblos, se expandió por todas partes, promovido por entidades académicas y financiera euronorteamericanas, con la misión de instalar en el imaginario colectivo global la idea de: los aborígenes son etnia, objetos de estudio (costales de huesos, sin historia, ni memoria).
Los bicentenarios estados naciones, como herramientas de dominación de la geopolítica moderna, jamás quisieron reconocer la cualidad de pueblos a los originarios.
Pero, llegó el convenio internacional n. 169º de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 1989, donde por vez primera reconoce a las y los originarios como pueblos… desde entonces, los pueblos originarios, jurídicamente, comienzan a existir como sujetos políticos, y ya no como simples piezas de museo o reproductores culturales, aunque, hoy, como ayer, incluso antropólogos indígenas, nos siguen llamando etnia.
Este racismo estructural, incluso promovido por la industria de la academia hegemónica, es tan evidente que la academia no envía ni a antropólogos, ni a etnólogos, hacia los pueblos originarios de Europa. Para allá, si acaso, van sociólogos, a estudiar las estructuras sociales de dichos pueblos. Antropólogos y etnólogos vienen hacia Abya Yala para estudiar a las piezas de museo, las etnias.
No me llames etnia, que no soy ningún extranjero sin derechos. No me llames etnia, que no soy ninguna pieza de museo del pasado. Soy pueblo, soy sujeto de derechos sociopolíticos, con historia, como vos. Soy hijo de la Madre Tierra. Somos hermanos, porque venimos de la misma Madre y vamos hacia su vientre fecundo de retorno.
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Un nuevo contrato social
Hay más de 476 millones de pueblos indígenas que viven en 90 países de todo el mundo, lo que representa el 6,2% de la población mundial. Los pueblos indígenas son los poseedores de una gran diversidad de culturas, tradiciones, idiomas y sistemas de conocimiento únicos. Tienen una relación especial con sus tierras y tienen diversos conceptos de desarrollo basados en sus propias cosmovisiones y prioridades.
Aunque numerosos pueblos indígenas en todo el mundo son autónomos y algunos han logrado establecer la autonomía en diversas formas, muchos de ellos todavía se encuentran bajo la autoridad última de los gobiernos centrales que ejercen el control sobre sus tierras, territorios y recursos. A pesar de esa realidad, los pueblos indígenas han demostrado ejemplos extraordinarios de buen gobierno, desde los iroqueses (pueblos nativos americanos) hasta los parlamentos Sámi en Finlandia, Suecia y Noruega.
Está claro que en muchas de nuestras sociedades, el contrato social necesita una revisión, como mínimo. En muchos países, donde los pueblos indígenas fueron expulsados de sus tierras, sus culturas e idiomas denigrados y sus gentes marginadas de las actividades políticas y económicas, estos nunca fueron incluidos por las poblaciones dominantes.
A nivel internacional, estos esfuerzos han incluido la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la creación de órganos asesores como el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.
Sin embargo, aún es necesaria la construcción de un nuevo acuerdo que debe basarse en una auténtica participación y asociación que fomente la igualdad de oportunidades y respete los derechos, la dignidad y las libertades de todos. Y ello pasa por el derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones, un componente clave para lograr la reconciliación entre los indígenas y los Estados.
