A comienzos de noviembre un artículo de Carlos Noriega para Resumen Latinoamericano, asegura que “en su enfrentamiento con el gobierno de izquierda de Pedro Castillo, el Congreso controlado por la derecha maniobra para maniatar al presidente. El Legislativo ha dado un importante paso en esa dirección promulgando una ley que limita las facultades de Castillo y debilita al mandatario frente a un Parlamento opositor y en buena parte hostil y golpista. Esta ley, que es un ataque directo al presidente, ha sido promulgada cuando en el Congreso sectores radicales de la derecha encabezados por el fujimorismo, complotan para dar un golpe parlamentario. Para eso tienen la ambigua figura de la destitución del presidente por “incapacidad moral”, que puede aplicarse sumariamente en un proceso de pocos días sin necesidad de un juicio político y sin otro argumento que la fuerza de los votos. Se necesitan dos tercios del Congreso unicameral, 87 votos de 130. La derecha golpista todavía no alcanza esos votos, pero trabaja para sumarlos, con apoyo de un sector importante de los medios. La nueva ley le quita opciones al presidente para defender su gobierno”.
Explicaba además que “el sistema político peruano es una combinación de presidencialismo con elementos de los modelos parlamentarios. Además de la posibilidad de destituir al presidente sin pasar por un impeachment, el Parlamento tiene la facultad de interpelar y censurar ministros, obligándolos a renunciar, y todo nuevo gabinete debe recibir el voto de confianza del Congreso, si la confianza le es negada el gabinete cae. El Ejecutivo, como contrapeso a esas facultades parlamentarias, puede pedir una cuestión de confianza si considera que el Congreso obstruye su trabajo y le impide llevar adelante sus políticas, y si el voto de confianza le es negado dos veces queda habilitado para disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones legislativas”.
“Esta ley implica un debilitamiento de la presidencia, precariza la figura del presidente Castillo, lo hace más frágil. Esto se suma a otros problemas congénitos que tiene el sistema peruano, como el hecho que un presidente puede ser destituido en un proceso exprés de quince días porque aquí no existe juicio político. Esta ley se ha dado para mediatizar al presidente, a la presidencia de la república como institución, para neutralizar al gabinete y toda posibilidad de cambio, y es un aviso de la vacancia (destitución del presidente) que los sectores de la ultraderecha quieren presentar en el Congreso. Al restringir el criterio de amplitud del voto de confianza lo que se hace es empoderar al Parlamento sobre el presidente de la República y eso es una fractura histórica. Hay un fuego cruzado entre el Ejecutivo y el Congreso, con esta ley el Parlamento toma ventaja”, le señaló al diario Página 12 el abogado y politólogo Juan de la Puente, director del portal de análisis político Pata Amarilla.
Dos bancadas ponen la cara por el presidente
Sin embargo, dos bancadas parlamentarias claves para la aprobación de la moción de vacancia (destitución) del presidente peruano, Pedro Castillo, negaron su apoyo al intento que impulsa la extrema derecha para cesar al mandatario .
En tal sentido declararon parlamentarios de los partidos Acción Popular (AP) y Alianza para el Progreso (APP) frente a la iniciativa de los grupos Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, que mantienen una campaña macartista contra Castillo.
El vocero de la bancada de APP Eduardo Salhuana, consideró inválido los argumentos anticomunistas de la autora de la moción, Patricia Chirinos, de Avanza País, del neoliberal Hernando de Soto.
“Estamos en total desacuerdo con esa posición; no podemos hablar de una manera tan alegre e irresponsable de una vacancia porque supuestamente hay ‘un régimen comunista’ o porque Pedro Castillo es ‘un presidente incompetente’”, declaró.
Chirinos llamó al líder de APP, César Acuña, y al de Podemos Perú, José Luna, dueños de universidades privadas, que voten por la vacancia ante el supuesto riesgo de que “el gobierno comunista” cierra esos centros académicos.
Por su parte, Darwin Espinoza, de AP, aseguró que su bancada votará contra la vacancia y añadió que es irresponsable plantearla.
Añadió que el grupo de AP votó en bloqueo desde el inicio de la gestión del actual Congreso y si bien tuvo discrepancias internas antes, en esta oportunidad la posición contra la vacancia es “un sentir unánime” en el grupo.
La aprobación de la vacancia requiere de dos tercios de los miembros del Parlamento, es decir 87 del total de 130, y rechazan la destitución de Castillo las bancadas de izquierda Perú Libre y Juntos por el Perú, que suman 37 legisladores.
La suma de los 37 progresistas a la treintena de parlamentarios de de AP y APP, haría imposible la aprobación y hay otros grupos menores que tampoco secundan a la extrema derecha.
El vocero de Avanza País, Alejandro Muñante, reconoció que la moción solo tiene el apoyo de los 43 congresistas de los partidos que la promueven.
Ese número alcanza para presentar la moción a fin de que el pleno decida si debe debatirla, pero no llega a los 52 votos necesarios para que el Legislativo decida si aprueba o no el cese persidencial.
En ese contexto, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, advirtió que la moción es solo un globo de ensayo para posteriormente ejecutar la vacancia, por la intolerancia de quienes “no soportan que un profesor, un hombre humilde, las haya ganado las elecciones”.
Añadió que plantear la medida a menos de cuatro meses de iniciado el gobierno de Castillo, “es claramente una posición antidemocrática y desestabilizadora y no tiene nada que ver con los intereses nacionales ni con la crisis que tenemos que superar”.
