FMI, EL ACUERDO Y DESPUÉS
Entrevista a Claudio Lozano, dirigente nacional de Unidad Popular, Coordinador. del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y Director del Banco Nación Argentina.
El nuevo endeudamiento firmado por el gobierno argentino traerá menos crecimiento de la economía, más inflación, más pobreza y más conflictividad social. Por qué Argentina debería haber politizado la negociación y quién debería pagar la deuda. Por José Maldonado Fotos: Ariel Valeri
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya empezó a impactar en la economía argentina y el tejido social: aumento de la inflación, más pobreza y más conflictividad en las calles, son algunos de los efectos directos que se empezaron a palpar. Frente a esto, el gobierno de Alberto Fernández contará a futuro con menos herramientas para intervenir con políticas de asistencia y sostén, obligado como está a cumplir las metas de ajuste fiscal pactadas con el organismo.
El diagnóstico pertenece a Claudio Lozano, economista, político y, actual director del Banco Nación, quien viene investigando el problema de la deuda argentina desde la década del ‘80. En diciembre pasado, junto a un grupo de dirigentes políticos y sociales, presentó un recurso de amparo en la Justicia para que el gobierno no haga el desembolso de 1.800 millones de dólares de pago de obligaciones con el Fondo.
Para Lozano, la deuda de 44 mil millones de dólares que tomó Mauricio Macri en su presidencia es ilegítima y plagada de irregularidades. Por eso, dice que el gobierno de Alberto Fernández cometió el peor de los errores al firmar un nuevo acuerdo que convalida esas irregularidades. Ahora, dice, se empezarán a sentir las consecuencias, todas negativas para la economía y la sociedad argentina.
MAL DE ORIGEN
– ¿Qué evaluación se puede hacer del rol del gobierno de Alberto Fernández y del ministro Martín Guzmán en este acuerdo con el FMI? – El endeudamiento de Macri tiene muchísimas irregularidades e incluso ilícitos contemplados en la ley argentina y el derecho internacional. El Banco Central, la Oficina Anticorrupción, la Procuración del Tesoro y la Sindicatura presentaron documentos mostrando los niveles de ilegalidad, la malversación de fondos y la fuga de divisas. El Fondo por su parte violó sus reglamentos para otorgar créditos. No podía darle un préstamo a un país en situación de fuga de divisas y ciertamente no por el monto que le otorgaron a Argentina. Por eso, me asombra que con tanto nivel de irregularidades no se haya podido conseguir ningún cambio en los términos de las negociaciones. Ninguna de estas irregularidades fueron usadas como argumento por el gobierno argentino en la negociación con el Fondo. – ¿Cuál fue el principal error que se cometió en la negociación? – Fue un error haber subsumido la discusión de la deuda a un enfoque financiero en lugar de politizarla. Argentina debía decir que esto no era crédito normal, que fue un crédito otorgado por razones geopolíticas, por los intereses norteamericanos en la región y con el objetivo de controlar al gobierno que seguía a la gestión de Mauricio Macri. El crédito del FMI fue para que Argentina no se salga del redil de Estados Unidos en el marco de la disputa de hegemonía con China, con quien nuestro país tiene una enorme capacidad de asociación tecnológica, financiera y económica. El crédito fue un collar dirigido a controlar los destinos del país, hacer que el gobierno que viniera no pudiera definir ninguna política antes de resolver este tema. La negociación de Argentina fue mala justamente porque no politizó ni planteó estos temas en ámbitos nacionales e internacionales. – ¿Quedan instancias de discusión para que Argentina logre una reducción en este monto de deuda? ¿O ya es demasiado tarde? – Hay que llevar la discusión al plano internacional. El Fondo cometió varios ilícitos al prestarnos ese dinero. No podría habernos dado más de 23 mil millones de dólares y le dio 57 mil de los que entraron 45 y medio. Del mismo modo, el Fondo al constatar que cada dólar que entraba a la Argentina se iba por la otra ventanilla estaba obligado a interrumpir la asistencia financiera. La lógica con la que actuó el Fondo fue de absoluta ilegalidad. Cualquier estado soberano que recibe este trato por parte de un organismo multilateral tiene que llevar el reclamo al plano internacional. No es posible que se hayan violado todos los reglamentos para dar ese crédito y ahora no puedan apartarse de ese reglamento para darle una solución a la Argentina. Argentina tiene que lograr una reducción sustancial del monto de la deuda, porque es una deuda nula.
IMPACTO PROFUNDO
– ¿Cuál es la primera y más palpable consecuencia del acuerdo? – Diría que esta suerte de cogobierno con el Fondo Monetario Internacional que Argentina va a tener de acá al 2034. En los primeros dos años y medio, que son los años que restan de este gobierno, vamos a tener una revisión trimestral vinculante. Cada tres meses, el Fondo va a venir a decir si las metas se están o no se están cumpliendo. Lo que se acordó ahora es que esta deuda -que era ilegal, nula- fuera sustituida por otro endeudamiento, que fue el que aprobó el Congreso, y que hace que esta deuda desaparezca y sea reemplazada por otra. Esta operación del gobierno argentino tiende a borrar las huellas del delito. – ¿Qué va a significar para el país la obligación de cumplir con las metas fiscales que va a revisar el FMI cada tres meses? – El acuerdo, el compromiso por alcanzar metas fiscales y la revisión trimestral por parte del FMI implica, primero, una desaceleración del crecimiento económico, que en Argentina fue de 10 puntos del PBI en 2021. Este años va a ser menos: de 3,5 a 4,5 puntos. Realmente, solo vamos a crecer 2 puntos y medio: muy poco. Y eso tiene una implicancia directa sobre la pobreza y el hambre en la Argentina. El Fondo plantea la reducción del déficit fiscal, que implica quitar demanda en la economía y por tanto reducir el ritmo de crecimiento económico. Por otro lado, va a subir la tasa de interés, algo que ya viene ocurriendo, y esto tiende a encarecer el crédito. Por un lado, se reduce la demanda, y por otro lado, se eleva el costo financiero de la inversión productiva. Esto tiene un correlato en la actividad económica y un impacto directo en el empleo, la pobreza y la indigencia. La capacidad del Estado en poder financiar una intervención compensatoria en materia de políticas sociales se reduce. – ¿Qué es lo primero que debería hacer el gobierno argentino para atenuar este impacto? – Es difícil de entender que, en un contexto inflacionario como el que tiene Argentina hoy, no haya una estrategia de retenciones para los productos que el país vende en el mundo, como el trigo, el maíz, la soja y la carne. Sería el primer paso para desacoplar los precios externos, que están por las nubes por efecto de la guerra en Ucrania. Los 50 puntos de inflación anual que tiene Argentina impiden la recuperación del salario real, no permiten la recuperación de la demanda popular y le quitan incentivo a la recuperación de la actividad. Para recomponer la situación, Argentina debería tener una estrategia anti inflacionaria muy firme. Y el acuerdo con el Fondo complica eso, porque establece una regla de devaluación del tipo de cambio oficial, de aumento de la tasa de interés y de aumento de tarifas cuyo efecto es, indudablemente, inflacionario. – ¿Qué va a pasar con la capacidad de respuesta por parte del Estado. Desde el Ministerio de Desarrollo Social ya se advirtió que no habrá más planes sociales…. – El escenario que viene es de un Estado con menor capacidad de intervenir sobre el efecto de esto en materia social y por ende se viene un escenario de mucha mayor conflictividad. Ya se está expresando en la calle. Hay 8 millones y medio de pobres que no reciben nada del Estado. Eso en un momento te estalla en la cara. Lo que limitó la conflictividad social hasta ahora fue la pandemia. Es imposible sostener la situación de esta economía. Para el gobierno, incumplir el acuerdo va a ser algo así como una condición sine qua non para poder gobernar”.SACARNOS LA BOTA DE LA CABEZA
“Si hubiera coincidencia en esto, lo primero que tendríamos que discutir es cómo nos lo sacamos de encima”, dice Lozano. “Mecanismos para hacerlo, hay muchos. Por ejemplo, avanzar en la investigación sobre quiénes fueron los beneficiarios locales de este proceso de endeudamiento, para que no haya impunidad pero también para que el peso de la deuda recaiga sobre quienes tuvieron acumulación financiera como derivación de la toma de deuda y después fugaron esas divisas”.
– ¿Cree que la discusión sobre quiénes deben pagar la deuda puede avanzar en el Congreso? ¿O el gobierno debería seguir otro camino?
– El gobierno nacional debería asumir que la capacidad de implementar políticas se resuelva favorablemente requiere un nivel de convocatoria a la comunidad para que participe. Claramente, el gobierno de Frente de Todos está en tiempo de descuento con respecto a las posibilidades que tuvo de afrontar esto de otro modo. El Gobierno se debilitó por esto y el cierre del acuerdo fue muy inadecuado. Venía de una derrota electoral por no haber previsto las consecuencias de los problemas de distribución del ingreso y sin reservas en el Banco Central. Sobre la base de esa debilidad se da el cierre de una negociación muy negativo para la Argentina. Ahora hay que ver cuál es el panorama político y económico para acumular poder político que permita evitar que en 2023 el Frente de Todos sucumba sin haber podido hacerse cargo del pacto electoral de 2019.
– ¿Está de acuerdo con el proyecto presentado en el Senado por el Frente de Todos de blanqueo de bienes fugados para pagar la deuda?
– Lo que propone el proyecto impulsado en el Senado por el Frente de Todos es correcto, porque busca ir sobre las fortunas que no han sido declaradas en Argentina, que es una parte muy importante de la magnitud de los fondos que están en el exterior. Las estimaciones hablan de un piso de 360 mil millones de dólares y un tope de casi 500 mil millones de dólares. La gran mayoría de esos fondos en principio no estarían declarados y son evasión pura. Por eso me parece tan importante tirar la piola que dejó abierta la investigación del Banco Central.
– ¿Es suficiente o se debería ser más agresivo?
Claudio Lozano
