La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM) se presentó como amicus curiae en el recurso de amparo interpuesto por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) ante la eliminación del archivo de la agencia de noticias Infojus y su posible disolución. La presentación reconoce la importancia de defender y preservar información pública valiosa para la visibilizar la agenda de derechos humanos desde la práctica periodística.
El 4 de febrero, cerca del 83% del archivo de Infojus, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fue eliminado del portal de noticias. Asimismo, el plantel de trabajadores se redujo considerablemente luego de que el Poder Ejecutivo despidiera a 14 periodistas de una planta de 40 trabajadores que desempeñaba tareas en la agencia.
En este marco, la CPM presentó como amicus curiae en el amparo presentado por la Procuvin, preocupada por una situación que puede “dejar sin efecto un instrumento de política pública que ha sido en sí mismo una garantía de acceso a la información pública en relación a derechos fundamentales”, y ha permitido visibilizar las múltiples violaciones a los derechos humanos en la actualidad: violencia institucional, violencia de género, femicidios, lesa humanidad, talleres textiles clandestinos, delitos económicos y lavado de dinero, narcotráfico y otros temas en los que el portal de noticias es una referencia.
En este sentido, el escrito de la CPM considera que la eliminación del archivo reviste una seria gravedad en materia de derechos humanos, ya que las notas constituyen un acervo documental “de fundamental interés para amplios sectores de la sociedad, y el irrespeto por su preservación deviene en la vulneración de la accesibilidad pública de los mismos. Ambas cuestiones configuran violaciones a los Derechos Humanos y han sido materia, en distintas oportunidades, de abordaje y denuncia por parte de esta CPM”.
La CPM señala que el acceso a la información es un derecho indispensable para el ejercicio de la memoria y la práctica de los derechos políticos y ciudadanos. En definitiva, la guarda, preservación y garantía de accesibilidad pública de los acervos documentales es un derecho de las personas y de los pueblos. Y, fundamentalmente, constituye en sí mismo un acto reparatorio para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, ya que una política de ocultamiento y destrucción o la misma omisión se convierte en un acto de re victimización al invisibilizar la vulneración de derechos.
“La desclasificación, preservación y gestión del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) que viene llevando adelante la CPM nos demuestra la importancia que tiene para la sociedad y las víctimas en particular, acceder a la información sobre las violaciones a los derechos humanos que han sido provocadas por el mismo Estado, que hoy tiene el deber de reparar a través de la Justicia pero también a través de la publicidad de esos actos. En eso el portal de Infojus es ejemplar”, dijo Sandra Raggio, directora General de la CPM.
La agencia Infojus Noticias fue creada en marzo de 2013 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El archivo eliminado contiene cerca de 15 mil notas producidas durante los tres años de funcionamiento sobre temas de derechos humanos, delitos económicos, grandes juicios, violencia de género y violencia institucional.
“Existe una clara desconfianza en la justicia y el derecho, y ello se debe a la falta de inclusión de sectores sociales en la creación, interpretación y aplicación del derecho. De este modo es indispensable la participación popular, plural e igualitaria en el conocimiento e información judicial, tal como lo que se fortalecía desde las diversas estrategias proponían los portales de Infojus”, expresa el documento.
Roberto Cipriano García, miembro de la CPM, manifestó además que “los archivos de Infojus son documentos de un organismo público que pertenecen al patrimonio de la sociedad argentina. No pueden hacerse desaparecer. Son bienes públicos y deben preservarse para toda la comunidad y las generaciones venideras”.
La CPM entiende que la comunicación es un derecho fundamental e irrenunciable y, por definición, un bien público. En un estado democrático, la comunicación debe ser pluralista y con criterios amplios de participación para construir igualdad de oportunidades y acceso equitativo a la información.
