Por José Maldonado
En las primeras horas de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía, el reclamo para que el gobierno avance con medidas de sostén de los sectores populares y los trabajadores informales a través de un shock redistributivo se escucha cada vez con más fuerza.
El “Salario Básico Universal” se instaló muy rápido en el centro de la agenda, a tal punto que Cristina Kirchner lo mencionó durante su acto en Ensenada: “Lo charlé mucho con Juan Grabois y creo que tenemos que empezar a discutir la necesidad de un ingreso universal básico”, dijo la vicepresidenta en el mismo momento en que Martín Guzmán presentaba la renuncia.
Pero la idea existe en distintas partes del mundo. Quizás con pequeñas variaciones de denominación pero en esencia coinciden en proponer un salario universal por parte de los Estado nación, que llegue a la totalidad de la población para cubrir las necesidades básicas. En general surgieron signadas por un contexto de concentración de la riqueza inédito en la historia de la humanidad, y cobraron más fuerza por la parálisis económica producida por la pandemia de COVID-19.
En nuestro país a principios de los 2000 todavía no se hablaba de “renta básica” o salario universal, pero el Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO) proponía inyectar un piso de ingresos al funcionamiento del deprimido mercado laboral con medidas como la Asignación Universal por Hijo.
Pero saltemos temporalmente al 2021, cuando la habitual marcha por el Día del Patrono del Trabajo que realizan los movimientos sociales y las organizaciones de trabajadores incorporó el reclamo por un Salario Universal, para paliar la catástrofe social y el aumento de la pobreza.
Ya en mayo de 2022, los legisladores Itaí Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli del Frente Patria Grande dentro del Frente de Todos, presentaron un proyecto de ley para que 9 millones de desempleados, trabajadores de la economía informal y otros sectores de la población de bajos ingresos accedan a un Salario Básico Universal (SBU). El acto contó con la presencia del jefe de bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez; el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois; el director del Banco Nación, Claudio Lozano; el diputado y ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, entre otros.
La iniciativa presentada tiene como objetivo ampliar el sistema de seguridad social para la población de entre 18 y 65 años sin hijos, pobres o de clase media baja sin patrimonio ni ingresos fijos. La prestación monetaria equivaldría al monto de una Canasta Básica Alimentaria de un adulto. En cuanto a los requisitos para percibirlo es no cobrar prestación por desempleo, Potenciar Trabajo ni Tarjeta Alimentar.
De acuerdo a estimaciones, la medida impactaría en 7,5 millones de personas y el costo fiscal bruto anual que demandaría el proyecto podría ascender al 1,8 por ciento del PBI.
Pero más allá de las intenciones de los legisladores del oficialismo, parece difícil pensar que una medida semejante pueda contar el Diputados y el Senado con el respaldo de Juntos por el Cambio, que tiene en sus votos la llave para la sanción de cualquier proyecto.
Por eso, la atención está puesta en este nuevo momento del gobierno precipitado por los cambios en el Ministerio de Economía. En la primera sesión de Diputados después de la renuncia de Guzman, un grupo de diputados del FDT exhibió panfletos con el texto “Salario Básico Universal YA“. En la misma línea, Grabois se mostró conforme con la designación de Batakis pero le insistió: “caza la birome y no te demores por favor!”.
Si existe un momento para ejecutar medidas de shock para equilibrar las profundas desigualdades distributivas, el tiempo es hoy.
