Por Sofía Acosta y Juliana Godoy
“Empieza mi nueva vida. Voy a salir con la frente en alto, orgullosa de lo que soy. Sin tener que esconderme porque no cometí ningún delito. Lo único que hice fue elegir una vida diferente. Ese condicionamiento implicó que se me nieguen un montón de derechos”, dijo Alejandra Ironici al recibir el DNI que reflejaba su verdadera identidad de género.
Corría 2012 y todavía no existía la Ley de Identidad de Género, lo que convertía a Alejandra en una pionera no sólo para Santa Fe, provincia donde vivía, sino para toda la Argentina y el mundo. Luego, accedió a la operación de adecuación de género por vía de obra social; e ingresó a trabajar en el Ministerio de Salud santafesino en 2014, en un precedente para lo que después fue la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans.
Alejandra, incansable Activista LGBTIQ+, también fue parte de la fundación de la mesa Ni una Menos Santa Fe, y últimamente se había unido al Movimiento de Integración Sexual, Étnica, Religiosa (M.I.S.E.R.).
El pasado 21 de agosto la noticia de su transfemicidio sacudió a todo el país. Su sobrino, que vivía con ella, la encontró tirada en su habitación en medio de un charco de sangre.
El caso
En la casa faltaba el auto de la víctima. Tampoco estaba su pareja, Héctor Damián Barrero, con quien mantenía un vínculo desde hacía cinco meses. Alejandra había confiado a su círculo cercano algún miedo en relación a sus reacciones, un indicio importante para la prueba del transfemicidio. El vehículo fue encontrado estacionado frente a la casa de Barrero, donde lo detuvieron.
Los informes periciales determinaron que Alejandra tuvo una muerte violenta: fue golpeada y apuñalada 46 veces, principalmente en la zona de la cara y el cuello. Su cuerpo luego fue quemado. Barrero fue imputado por el delito de transfemicidio, cometido mediando violencia de género y agravado por el vínculo.
“Creemos que es correcto el encuadre y esperamos que efectivamente la sentencia refleje también que esto fue un transfemicidio y que se pueda aplicar todo el peso de la ley. Desde la defensa del imputado no se objetó el encuadre así que entendemos que el juicio va a correr por esa vía”, señaló a Malas Palabras Esteban Paulón, activista y Director del Instituto de Políticas Públicas LGBT+ de Santa Fé.
El Instituto de Políticas Públicas LGBT+ de Santa Fé junto con la Colectiva de Abogadas LesboTransFeministas serán querellantes en la causa. Lo harán para acompañar de cerca a Mercedes, hermana de Alejandra, y para imprimir la voz de las organizaciones LGTBQ+ en este proceso.
“Es importante porque muchas veces vemos cómo en un transfemicidio o feminicidio de una persona conocida, relevante a nivel social, aparecen las voces indignadas, el funcionariado llorando y después se diluye. Entonces, la mejor garantía que tenemos para que la causa no caiga, y podamos llegar de manera efectiva y a buen puerto haciendo justicia es participar en la querella de la mano de todo el colectivo”, reafirmó Paulón.
“Cuando hay presión social, el caso se visibiliza, es cuando los resortes de la policía y la justicia, empiezan al menos a moverse. Alejandra era una persona pública, militante que había participado en hechos trascendentales en la conquista de derechos de nuestro colectivo, pero esto no ocurre en la mayoría de los casos”, enfatiza Claudia Vasquez Haro, Presidenta de OTRANS Argentina y de la Convocatoria Federal Trans y Travesti de Argentina.
Vulnerables
El promedio de vida estimado de las personas trans y travestis es de 35-40 años, lo que las convierte en la comunidad más vulnerable de la Argentina, muy por debajo de la expectativa de vida de la población general, que llega a los 77 años.
La gran mayoría de las muertes trans son el resultado de un caldo de vulneraciones de derechos fundamentales: exclusión de los ámbitos familiares, laborales, educativos, de la salud, etcétera. Sin políticas activas, son condenadas a vivir en contextos de extrema vulnerabilidad.
Pero además, son objeto de odio por su elección. Según el último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio realizado en 2021, de las 152 agresiones registradas, 129 corresponden a mujeres trans. Este grupo fue el más afectado por esta problemática el año del informe y también en los anteriores.
”Podemos entender que el travesticidio de Alejandra tiene que ver con el odio a la identidad de género. Es un crimen que se lleva a cabo en en el cuerpo, no solo de una feminidad travesti trans, sino por el hecho de la identidad de género. Es necesario decir que este crimen de odio es el resultado discursos que se alimentan en torno al transodio pero sobre todo de prácticas profundamente patriarcales y heteronormativas”, agrega Vasquez Haro.
Alejandra vuelve a dejar una huella, esta vez como víctima. Una huella cruel, recogida por su familia, amigxs, compañerxs de activismo y militancia, y organizaciones. Conmovidxs, reclaman justicia pero también no tener que contar más víctimas.
