El diputado nacional (MC), Claudio Lozano, y la legisladora Victoria Donda le plantearon al actual titular del cuerpo Emilio Monzó la inmediata puesta en funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Evolución de la Deuda Externa y de Seguimiento de los Pagos, en momentos en que, claramente, el país busca la variante del endeudamiento externo como manera de financiar sus políticas internas y acaba de acordar con los fondos buitres su propuesta para que el país siendo un ‘pagador serial’
En su planteo, Lozano y Donda detallaron que en tanto la Bicameral es permanente y su cometido específico es la investigación del endeudamiento, el conflicto con los buitres y el seguimiento de los pagos, ésta debe constituirse y abocarse al estudio del preacuerdo al que ha arribado el Poder Ejecutivo en el marco del juicio que lleva adelante el juez Thomas Griesa.
Plantearon que mientras se deroga la ley de pago soberano (26984), “lo que no puede derogarse es una comisión que ya ha sido constituida, que no ha cumplido con su tarea ya que no produjo su informe y que además fue conformada con carácter permanente”.
“El Parlamento argentino está en deuda con la democracia, con su rol constitucional y con los requerimientos judiciales en materia de endeudamiento. La Comisión Bicameral es la instancia institucional que puede hacerse cargo del fallo del juez Ballesteros que explícitamente requirió de la intervención del Parlamento frente a las irregularidades identificadas, así como también de las cuatro investigaciones judiciales en curso en las que se plantea la nulidad del endeudamiento. Nulidad que ha sido respaldada por el fiscal Federico Delgado y que está a la espera de la resolución del juez Sebastián Ramos. El Congreso no puede incurrir en un “doble standard” que implique acceder a los reclamos judiciales de un tribunal extranjero y desconocer a los tribunales locales”, expresaron Lozano y Donda.
Otro punto expuesto por los legisladores fue que “la definición del Parlamento argentino sobre el acuerdo con los holdouts no puede ser un cheque en blanco al Ejecutivo ni repetir, una vez más, los vicios de inconstitucionalidad que han tenido todas las reestructuraciones de deuda en la etapa institucional abierta en 1984. Para esto es indispensable que los legisladores reciban toda la documentación correspondiente y que cuenten a la hora de definir con un informe del organismo técnico competente en la materia que es la Auditoría General de la Nación”.
Por último, señalaron que “los reiterados fracasos que han exhibido las distintas reestructuraciones que una y otra vez se han hecho sobre nuestra deuda para terminar siempre en situaciones de default (Plan Baker, Plan Brady, canjes 2005 y 2010) obligan a no repetir errores. Más allá de la indispensable consideración sobre la capacidad de repago de nuestra economía respecto a la nueva deuda que va a asumirse en un contexto donde los dólares genuinos del saldo comercial del país escasean, es central observar que el acuerdo en curso puede seguir dejando la puerta abierta para que existan nuevas presentaciones judiciales contra la Argentina. Tanto de aquellos acreedores que no ingresaron a los canjes y tampoco tramitan sus causas en el estrado del juez Griesa, como de aquéllos que ingresaron a los canjes y que pese a haber expirado la cláusula RUFO, puedan considerar que el nuevo acuerdo altera el denominado Pari Passu” (“en igualdad de condiciones,» o «en forma equitativa»)
————————————–
RECUADRO I
Más deuda, para pagar la vieja
Sobre las actuales políticas machistas, el propio Lozano y el presidente de Unidad Popular, Víctor De Gennaro, coincidieron en que “el Gobierno de Macri está decidido a transformar el endeudamiento externo en una clave central de su estrategia económica y política. Ha decidido seguir hipotecando el futuro de la Argentina abriéndole la puerta al viejo precepto de tomar nueva deuda para cancelar deuda vieja. Calesita mortal y de corta mira, cuya historia ya conoce la Argentina”.
“Es en esta decisión donde se inscribió la necesidad del acuerdo con los Holdouts y el reclamo al Parlamento argentino (responsable constitucional de cualquier negociación de deuda) de tratar velozmente la derogación de la Ley Cerrojo y de Pago Soberano y aprobar el acuerdo que el Gobierno Nacional vino tejiendo casualmente a espaldas del Congreso de la Nación”, agregaron Lozano y De Gennaro.
“Ningún parlamentario debió aprobar a ciegas la propuesta oficial. Nadie pudo dimensionar la validez de la propuesta del Ministro Prat Gay (uno de los mentores del Canje 2005 y por lo tanto responsable del conflicto actual con los Holdouts) si no se contaba con la información detallada respecto a cuáles son los reclamos judiciales que pesan sobre nuestro país Bono por Bono y acreedor por acreedor. Hemos pasado, a partir de las declaraciones periodísticas de los funcionarios, de un monto judicial de aproximadamente 9.000 millones de dólares a otro, hoy cercano a 20.000 millones de dólares”, consideraron.
recuadro
La mirada de Héctor Giuliano
Para el licenciado en Administración y Finanzas y experto en Deuda Pública y Externa, Héctor Giuliano el debate parlamentario constituyó un arma de doble filo “porque con la aprobación del Congreso del arreglo con los buitres, no sólo allana el camino a la citada nueva política de macro-endeudamiento de Macri, sino que a la vez tal aprobación sería usada para tratar de hacer callar para siempre las críticas sobre ilegitimidad, insolvencia y responsabilidades por los delitos e irregularidades del sistema de la Deuda”.
Giuliano también reflexionó sobra una posible variante en la que podría estar pensando el gobierno, para que tras la aprobación parlamentaria del acuerdo con los holdouts, ni siquiera se conozca la letra chica de su contenido. Como la toma de nueva deuda ya fue aprobada por la Ley de Presupuesto 2016 no sería necesario que el Congreso autorice al Ejecutivo para endeudarse. Por lo tanto lo hará tras obtener la anulación de ambas leyes para cumplir con Griesa.
—————————————————————–
Recuadro (en la tercer pagina
Otro rechazo
También la Asamblea por la Suspensión del Pago e Investigación de la deuda y por la defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes, hizo conocer una declaración ante el acuerdo con la banca y la justicia extranjera
“Desde la Asamblea expresamos nuestro más profundo rechazo ante un posible y acelerado acuerdo con los fondos buitre, según lo negociado por el gobierno actual y que se debate ahora en el Congreso de la Nación. Con ostensible sometimiento a las exigencias de un juez de Nueva York, sin prestar atención a los fallos de la justicia argentina, sin estudio serio y sin investigación, se busca convalidar la mayor estafa a nuestro pueblo y país que se origina en la deuda contraída por la dictadura genocida instalada hace 40 años. Con un trámite “exprés” y con un cheque en blanco al Poder Ejecutivo, delegando una vez más la responsabilidad del Parlamento sobre el endeudamiento nacional y sin ninguna perspectiva real de contribuir a mejorar la vida del pueblo.
En ese sentido también denunciamos la inoperancia de la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda, que ni siquiera presentó un informe a fin del año 2015, tal como estipulaba la mal llamada Ley de Pago Soberano, lo que motivó un informe individual de Claudio Lozano, miembro de la Comisión, que evidenció la gran estafa que ha sufrido el pueblo argentino con respecto a la acumulación y pago de deuda pública desde la dictadura cívico-militar hasta la actualidad. Reclamamos que la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda cumpla con su mandato, con participación del pueblo y atendiendo a las consecuencias de seguir reconociendo y pagando deudas cuya ilegitimidad e ilegalidad han sido largamente comprobadas. Reclamamos asimismo, mientras dure la investigación, que se suspendan todos los pagos sean a los buitres, los “me-toos”, los demás holdouts, los bonistas que canjearon sus títulos en 2005/2010, y el Club de Paris.
A 40 años del golpe cívico-militar que dio origen al actual ciclo de endeudamiento y, paradójicamente, en el año del bicentenario de la declaración de la independencia de nuestro país, nos encontramos ante una mayor profundización del problema cuyas consecuencias para el país han sido y serán dramáticas: dependencia, pérdida de soberanía, profundización del modelo extractivista, de la expoliación y destrucción de nuestros bienes comunes, creciente desempleo y empobrecimiento, para nombrar solo algunas.
Por todo lo expuesto, reclamamos al Gobierno y al Parlamento desistir de someterse a las exigencias de una deuda ilegítima, fraudulenta, odiosa e impagable. Que investiguen la deuda, empezando por los 477 ilícitos comprobados por la justicia argentina en el año 2000, por la denuncia de Alejandro Olmos, y que impulsen de manera prioritaria los demás juicios aún pendientes en tribunales de nuestro país que determinan el carácter fraudulento e ilegitimo de la deuda que se nos reclama y los sucesivos intentos del establishment político de legitimarla.
Apoyándonos en la soberanía popular, sostenemos además la necesidad de una gran campaña nacional de esclarecimiento sobre el sistema de endeudamiento perpetuo y de una consulta popular acerca del pago de toda la deuda espuria, una vez investigada”.
