Los diputados (MC) Claudio Lozano y y Víctor De Gennaro repudiaron la actitud de la mayoría de los legisladores que darán apoyo al pago a los fondos buitres, convalidando la decisión judicial “que premia el comportamiento especulativo de fondos que jamás nos prestaron un peso”.
“Las cuentas públicas hay que arreglarlas, pero no destruyendo las políticas sociales o despidiendo trabajadores”, sostuvieron Lozano y De Gennaro, para quienes “los errores del gobierno kirchnerista y la decisión irresponsable del gobierno de (el presidente Mauricio) Macri de propiciar la aventura de crecer en base a deuda, cuando el país ya carga un endeudamiento de 280.000 millones de dólares sobre su cabeza, son las causales principales que explican que hayamos arribado a un acuerdo nefasto para nuestro país y que sienta precedentes lamentables para las relaciones internacionales”.
“Convalidar una decisión judicial que premia el comportamiento especulativo de fondos que jamás le prestaron un peso a la Argentina y que logran, a partir del acuerdo, el reconocimiento de un capital que jamás invirtieron, de la totalidad de los intereses contractuales y de parte de los punitorios y costos legales, y que supone ganancias del 1600% respecto al precio vil que pagaron por los bonos en discusión -agregaron-, es una actitud vergonzosa para nuestro país y un obstáculo para cualquier intento de sentar reglas financieras más justas en el plano internacional”.
Los referentes de UP sostuvieron que “una vez más, el Parlamento aceptó ser un convidado de piedra en el tratamiento de un acuerdo que se cerró en los estrados de Nueva York cuando la Constitución Nacional establece que quien debe establecer los criterios en materia de endeudamiento externo es el Congreso Nacional”.
También aclararon que “el acuerdo debió haber sido debatido con los legisladores, antes de llevarlo a los estrados judiciales” y que “no puede aceptarse que se negocie en el exterior y que luego se le exija a los legisladores un trámite exprés donde no se les proporciona la documentación judicial correspondiente, donde en ninguno de los acuerdos se especifican de manera desglosada los conceptos por los cuales se les demanda a la Argentina los montos en base a los cuales se arriba luego a una quita exigua y ficcional solo presentable a partir del reconocimiento de montos judiciales absolutamente sobrevalorados”.
Finalmente, explicaron que “el Parlamento tampoco reclamó un informe sobre los acuerdos del organismo técnico y competente en la materia que es la Auditoría General de la Nación. Es por esto que más allá de las modificaciones hechas en diputados, los riesgos jurídicos que encierra el acuerdo respecto a futuras demandas judiciales siguen existiendo y tampoco se ha considerado en la discusión, una elemental evaluación sobre la capacidad de repago que la Argentina tiene respecto a los créditos en los que se compromete. Queda claro que un país con 280.000 millones de dólares de deuda, un déficit de 7% del PBI y un balance de pagos que carece de dólares genuinos no puede afrontar su deuda actual, y menos aún, pensar en incrementarla”.
