Cuando en Argentina reinaba la impunidad sobre la represión de la última dictadura, dirigentes de la CTA se presentaron en Madrid ante el Juez Baltasar Garzón para testificar sobre el asesinato y desaparición de miles de personas en nuestro país. Para conmemorar el hecho, algunos de los protagonistas participaron de una charla en la sede Capital de la central
Todavía regían en la Argentina los indultos y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. No existían vehículos legales para procesar a los responsables de la represión durante la última dictadura militar. Pero en España, el juez Baltasar Garzón había comenzado a registrar testimonios que sirviesen de prueba para enjuiciarlos allá.
Por la CTA viajaron el entonces Secretario General, Víctor de Gennaro, Marta Maffei, Víctor Mendivil, Alberto Morlachetti, Juan Carlos Camaño y Alberto Piccinini, quienes presentaron un escrito redactado en colaboración con Claudio Lozano, los abogados Juan Carlos Capurro y Horacio González, nutrido con los datos filiatorios de más de 9 mil trabajadores asesinados o desaparecidos.
Casi 20 años después, De Gennaro, Mendibil, Lozano y González recordaron aquellos días, acompañados del Secretario General de ATE, Hugo Godoy, el de la CTA Capital, José Peralta, y la Secretaria de Derechos Humanos de la central capital, Margarita Noia.
“Le dimos al juez más de 5 mil folios. Mientras la mecanógrafa comenzaba a tomar nota, lo miré a Garzón y le dije que no creía en ningún juez ni en ninguna Justicia. Garzón le pidió entonces a la mecanógrafa que se fuera para poder charlar: Estábamos emocionados, lloramos mucho. Habíamos tenido una dictadura asesina, militares corruptos y torturadores”, recordó Víctor de Gennaro.
Claudio Lozano, en tanto, precisó que el planteo de la CTA se distinguió de otros porque denunciaba que la doctrina del terror era condición necesaria para refundar la estructura económica social y política en la Argentina de aquella década.
“La doctrina represiva era un salto respecto a la doctrina de seguridad nacional: no planteaba la necesidad de contener a los movimientos populares, sino aniquilar a las organizaciones populares, lo que implicaba que la estrategia económica a adoptar no buscaba resolver conflicto económico alguno, sino que estaba dirigida a desmontar las unidades productivas que habían hecho posible el desarrollo y la fortaleza del movimiento obrero, como así también la creación de alianzas sociales que habían cuestionado el poder, la distribución del ingreso y la riqueza de nuestro país”, agregó Lozano.
El ex diputado señaló además que la CTA puso blanco sobre negro en otra cuestión: “En el marco de la clandestinidad, había habido resistencia de los trabajadores antes y después del paro del ‘79 y de la jornada histórica de marzo de 1982”.
Víctor Mendivil, por su parte, enumeró los decretos y las leyes creadas para ilegalizar al movimiento obrero. “Fue una ingeniería creada para convertirnos en delincuentes, cuando en verdad lo que hacíamos era enfrentar las políticas que se daban en ese momento y plantear la aparición de los compañeros desaparecidos, la libertad de los detenidos y el retorno de los exiliados”.
Para finalizar, el abogado Horacio González destacó por sobre todo la decisión política de la CTA: “No era un problema jurídico, sino una decisión política acompañada jurídicamente, como en casi todos los ámbitos en los que la central plantea sus luchas y objetivos. El derecho acompaña a las luchas sociales, el derecho acompaña a las luchas políticas y el derecho progresa en la medida en que progresa la sociedad y en la medida en que los pueblos avanzan.”
Víctor Mendibil, por su parte, enumeró los decretos y las leyes creadas para ilegalizar al movimiento obrero. “Fue una ingeniería creada para convertirnos en delincuentes, cuando en verdad lo que hacíamos era enfrentar las políticas que se daban en ese momento y plantear la aparición de los compañeros desaparecidos, la libertad de los detenidos y el retorno de los exiliados”.
Para finalizar, el abogado Horacio González destacó por sobre todo la decisión política de la CTA: “No era un problema jurídico, sino una decisión política acompañada jurídicamente, como en casi todos los ámbitos en los que la central plantea sus luchas y objetivos. El derecho acompaña a las luchas sociales, el derecho acompaña a las luchas políticas y el derecho progresa en la medida en que progresa la sociedad y en la medida en que los pueblos avanzan.”
