En medio de la fiebre del llamado “oro blanco“ se agita el debate en torno a posicionarlo como eje de un proyecto soberano. El interés de Estados Unidos y los límites en la falta de legislación interna. El caso de estatización de La Rioja.
Opinan Marcelo Sánchez (secretario de Acción Política de ATE Tucumán e integrante de la campaña “Volver a Savio”); y Cecilia Calderón (Laboratorio de Energías Sustentables del Instituto de Física Enrique Gaviola, UNC, e integrante del Conicet).
Por Nicolás Poggi
«El 60 por ciento del litio del mundo se encuentra en América Latina», dijo la jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, Laura Richards, en una declaración que incluyó la arenga para que Estados Unidos empiece el juego, en medio del auge de la exportación de este mineral tanto en Argentina como en la región sur del continente.
Pero el debate ya estaba abierto: ¿es posible posicionar a este recurso natural, conocido como el “oro blanco” y destinado a reemplazar al combustible contaminante, como engranaje de una industria soberana ante el interés creciente de las potencias? ¿Y hacerlo con el respeto del medio ambiente y los pueblos originarios?
Así como con la discusión aún no saldada en torno al extractivismo de petróleo, la “fiebre del litio” presenta muchas aristas y requiere que los distintos actores involucrados alcancen posturas comunes para beneficio de aquellos países que poseen las reservas de este mineral, codiciado hoy por las naciones del Primer Mundo.
En lo que no hay dudas es en el potencial de este producto: en 2022 las exportaciones de litio en Argentina generaron 700 millones de dólares, según datos del Ministerio de Economía, y se prevén inversiones por 5 millones de dólares para los próximos años.
A fines de enero, en una cumbre del Atlantic Council, la jefa castrense Richardson explicitó que este mineral está entre los varios intereses que Estados Unidos tiene en América Latina. «Es necesario para la tecnología y el 60% del litio del mundo está ahí”, dijo, en referencia a la zona conocida como “Triángulo del Litio” y que conforman territorios de Argentina, Chile y Bolivia.
La funcionaria estadounidense también apuntó que la región tiene la concentración “más grande de reservas de petróleo» y que, por eso, Estados Unidos debe empezar su “juego”. Sin sutilezas.
Valor y proyección
¿Por qué el litio, como producto “novedoso”, es requerido por los países desarrollados? En el informe de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) “Litio: un tesoro escondido en la Puna Argentina” -firmado en 2019 por los investigadores Guillermo Garaventa y Martina Gamba, entre otros-, se consigna que este producto se convirtió en “protagonista excluyente de la actual revolución tecnológica” por su utilidad para el desarrollo de baterías para dispositivos móviles como celulares, tablets y laptops.
También es clave para la “fabricación de sistemas de almacenamiento de energía más eficientes, limpios y ligeros”, y por eso facilitó el impulso de vehículos híbridos y eléctricos, lo cual redunda en el cuidado del medio ambiente, uno de los puntos centrales de la agenda del siglo XX.
El “Triángulo del Litio”, compuesto por los salares del Hombre Muerto en Argentina; de Atacama, en Chile, y de Uyuni, en Bolivia, compone una de las mayores reservas de litio del mundo. Al tratarse de salares se hace más fácil la extracción de este mineral, que por otro lado existe en todo el planeta.
La explotación en el país está actualmente en manos de multinacionales como Sales de Jujuy S.A, y FMC Corporation, que operan en Jujuy y Catamarca, respectivamente, a diferencia de lo que sucede en Bolivia y Chile, donde el mineral es considerado un recurso estratégico y el Estado participa de las ganancias y promueve empresas nacionales para su industrialización.
Hacia un proyecto soberano
Entre los distintos sectores que pujan por un control estatal de la extracción y comercialización del litio en Argentina están la CTA Autónoma y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que impulsan la campaña “Volver a Savio”.
Esta iniciativa, que toma su nombre del desarrollo de la industria siderúrgica llevado adelante por el General Manuel Savio en la primera mitad del siglo XX, ya fue presentada en la Casa Rosada y sus referentes siguen de cerca la actividad en las provincias del norte, donde hay panoramas diversos.
“Las multinacionales evaden todo tipo de impuestos y dañan el medio ambiente, y por eso el Estado debería hacerse cargo”, explicó Marcelo Sánchez, secretario de Acción Política de ATE Tucumán e integrante de la campaña “Volver a Savio”, en diálogo con Malas Palabras.
de la campaña “Volver a Savio”.
Si bien el objetivo de máxima es que sea el Estado nacional el que acuerde con las multinacionales, el dirigente aclaró que la prioridad es que el proceso de industrialización del litio se haga en Argentina para generar puestos de trabajo.
“Las mineras desvían el producto y lo llevan para su manufactura a otros lugares del mundo, y lo más importante es que quede acá. Después, quién lo haga es otra cosa. Lo primordial es que haya fuentes de trabajo, que es lo que hace falta, y no que se lleven la riqueza nuestra a otro país”, remarcó Sánchez.
¿Se puede poner entonces a este recurso como engranaje de una industria nacional soberana? “Hay que dar el debate -responde Sánchez-, este tema tiene que estar en primera plana. Somos tres países que tenemos el 60% de la producción de litio en el mundo”.
Para Cecilia Calderón, investigadora del Laboratorio de Energías Sustentables del Instituto de Física Enrique Gaviola, de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y del Conicet, avanzar en ese aspecto es “bastante difícil en las condiciones actuales”. “Hoy tienen potestad absoluta las empresas que lo exportan y no hay legislación que los obligue a dejar algo de litio para industrializar o hacer algún tipo de sociedad con el Estado argentino”, indicó la especialista en diálogo con Malas Palabras.
Si bien Calderón reconoce algunos intentos de sectores legislativos para que el Estado se apropie de esa renta, a la vez advierte que “hay un lobby muy fuerte para que esto no avance”. De todos modos, la Mesa Nacional del Litio -que integran Jujuy, Salta y Catamarca junto a representantes del Estado nacional-, busca ahora que las mineras asignen un porcentaje de lo extraído para la industrialización en el país.
¿Y el cuidado del medio ambiente y el respeto a los pueblos originarios? Para Sánchez, todo está atado a la misma necesidad. “Actualmente esos pueblos son vulnerados, porque las multinacionales se apropian de estas tierras”, dijo, al reiterar la necesidad de establecer una política de Estado que “contenga” a esas comunidades y defienda sus intereses.
Calderón indicó que “debería ser posible” evitar el daño ambiental y apostó a “distintas tecnologías que se están trabajando para extraer el litio con un impacto menor, particularmente reduciendo el consumo de agua, que es la manera en que se extrae de los salares”.
“Está en estudio un método de extracción directa sin tener que evaporar el agua”, detalló la investigadora, antes de aclarar que por el momento no hay respeto integral por los derechos de las comunidades indígenas y que no hay perspectivas de que esa situación cambie en el corto plazo.
La Rioja: un caso de estatización
Pero hubo un elemento novedoso en el debate. En diciembre pasado, la provincia de La Rioja aprobó una ley que declaró al litio como recurso estratégico y suspendió las concesiones vigentes, lo que encendió las alarmas en el sector minero y los distritos vecinos. La ley 10.608, impulsada por el gobernador peronista Ricardo Quintela, proclamó también de “interés público provincial” el estudio, exploración, explotación e industrialización del “oro blanco” y sus derivados.
A través de esa norma, ya promulgada, el gobierno riojano suspendió por 120 días los permisos de exploración y concesiones y fijó la potestad de prorrogar ese mismo plazo por una única vez. Pero también estableció que, en aquellas zonas del distrito consideradas de interés, «quedarán caducos los permisos que se hubiesen otorgado por la autoridad minera» y que las actividades deberán realizarse con participación de la empresa pública Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE).
En la campaña “Volver a Savio” saludaron la medida. “La provincia tiene facultades, porque la Constitución de 1994 habilita a los gobernadores a que, así como pueden privatizar, también pueden derogar las concesiones sobre sus recursos naturales”, analizó Sánchez, aunque no fue muy optimista sobre que ese esquema pudiera replicarse en las otras provincias de la región.
Para Calderon, el de La Rioja es un “caso emblema que va a contramano del resto de las provincias”. “Busca darle más soberanía al Estado sobre los recursos, pero no tiene la misma puja que si fuera un Estado nacional”, dijo, aunque reconoció que de todos modos “es el único intento que estamos viendo” y que una réplica en la región “sería lo ideal”.
En Jujuy, por su parte, rige hoy una suerte de régimen “mixto” a través del cual la empresa estatal provincial Jemse participa en las sociedades con el sector privado, mientras que en Catamarca la actividad está en manos de Livent Corporation, una subsidiaria de la ya mencionada FMC Corporation, de Estados Unidos. La Mesa del Litio no vio con buenos ojos la decisión de La Rioja.
El auge en la producción y la necesidad del mundo de este producto (Brasil busca avanzar en una exploración conjunta con Argentina, tal como acordó con el país el gobierno de Lula Da Silva) no deja dudas a los sectores del campo popular que militan por poner a esa industria como uno de los ejes de un proyecto soberano. “Antes éramos ricos solamente en el sur, ahora somos ricos en el norte”, reclamó Sánchez, e insistió: “No sigamos regalando nuestra riqueza. Depende de nosotros”.
