Dieciséis años después del asesinato de Carlos Fuentealba, y por primera vez en Argentina, altos mandos de una fuerza de seguridad fueron responsabilizados de su accionar represivo de una protesta social. Crónica de un juicio histórico realizado en Neuquén, empujado por la lucha de la familia del maestro, y de organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos de todo el país.
Por Laura D’ Amico
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Cinco ex jefes de la policía que tuvieron a cargo el operativo represivo donde fue asesinado Carlos Fuentealba fueron declarados culpables por abuso de autoridad y uno por abuso del uso de armas. La condena es el resultado del histórico juicio realizado en Neuquén, empujado por una lucha de dieciséis años de la familia del maestro, y de organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos de todo el país. Por primera vez en Argentina, altos mandos de una fuerza de seguridad fueron responsabilizados de su accionar represivo de una protesta social.
Aquel 4 de abril de 2007, Carlos Fuentealba junto a compañeros de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén (Aten), reclamaban mejores condiciones laborales y aumento salarial con un corte en la Ruta 22, en Arroyito, a 51 kilómetros de la capital provincial. Cuando los manifestantes se estaban retirando las fuerzas de seguridad, que el día anterior habían recibido la orden del gobernador Jorge Sobisch de garantizar la circulación en la ruta en vísperas de Semana Santa, protagonizaron una cacería que tuvo como corolario el asesinato de Fuentealba.
En 2008 se realizó un primer juicio, donde el cabo José Darío Poblete fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta por ser el autor material. Según determinó la justicia, Poblete disparó su pistola lanzagases a corta distancia contra el Fiat 147 donde se encontraba Fuentealba. El disparo atravesó la luneta e impactó en la nuca del docente, que falleció al día siguiente.
FUENTEALBA II
Tras un largo derrotero judicial, en marzo de este año se realizó en Neuquén el segundo juicio llamado «Fuentealba II», donde ocho agentes de la fuerza provincial que coordinaron y/o participaron del operativo represivo llegaron como imputados.
Tras la declaración de una treintena de testigos, incluidos docentes, policías, periodistas y hasta el ex gobernador Sobisch, el Tribunal integrado por los jueces Luis Giorgetti, Raúl Aufranc y Diego Chavarría Ruiz, dictaminó por unanimidad que el entonces Jefe de la Policía de Neuquén, Carlos David Zalazar; el ex jefe del Departamento de Seguridad Metropolitana, Jorge Bernabe Garrido; el ex subjefe, Moises Soto; el ex Superintendente de Seguridad Metropolitana, Adolfo Federico Soto; y el jefe del operativo, Mario Aurelio Rinzafri; fueron responsables del delito de abuso de autoridad.
El tribunal también condenó al comisario inspector Benito Matus por abuso de armas agravado, pero lo absolvió por la acusación de haber cometido lesiones leves. Matus era el único integrante de la fuerza que permanecía en funciones hasta este juicio y la acusación en su contra fue sostenida por el Ministerio Público Fiscal (que solo acusó en este caso) y por los abogados querellantes Marcelo Medrano y Ricardo Mendaña, en representación de Sandra Rodríguez y de sus hijas, Camila y Ariadna Fuentealba.
Hubo además dos absoluciones, para el subcomisario Aquiles González y el jefe del grupo especial de Zapala, Julio César Lincoleo, que estaban acusados de encubrimiento.
La audiencia de imposición de la pena está prevista para mediados de abril. Tanto al delito de abuso de autoridad como al de abuso de armas le caben penas bajas. De un mes a dos años y la inhabilitación, en el primer caso, y menos de tres años para el segundo. No obstante, la parte querellante entendió que la condena tiene un valor simbólico, pedagógico.
«Me parece que fue un fallo justo», dijo al salir de la audiencia Marcelo Medrano, abogado de la familia de Carlos Fuentealba. «Creo que trasciende a las partes, que es para el pueblo neuquino, para todo el país y es decir que acá hay límites que no se pueden sobrepasar nunca jamás», agregó. En ese sentido, recordó que «siempre planteamos que no era un juicio contra la policía sino contra una forma de un ejercicio político que instrumentó Jorge Omar Sobisch a través de la cúpula policial de esa época».
El secretario general de Aten, Marcelo Guagliardo, dijo a Malas palabras que este fallo «significa un límite a la decisión de los gobiernos de usar la fuerza represiva del Estado para atender una protesta social que se resuelve en ámbitos democráticos y no con el poder de la fuerza pública».
«En términos de la organización, significa la importancia de la construcción de unidad, de no ser sectarios para construir, de lograr una amplia unidad cuando el objetivo es tan grande», agregó.
Sandra Rodríguez, viuda de Fuentealba, dijo que «no se podía tolerar otro fallo que no fuera este» y consideró que «es próximo a la justicia completa porque vinimos muy condicionados a este juicio. No tiene todo lo que hubiéramos querido pero sí sabemos que se hizo justicia hoy».
Justicia completa
El reclamo de justicia completa por el fusilamiento de Fuentealba fue un pedido que surgió en el punto cero de la lucha contra la impunidad. El concepto apunta a incluir el juicio a los responsables políticos. Es decir, al entonces gobernador de Neuquén.
Pero Sobisch, que al momento de ordenar la represión se encontraba en plena campaña para su candidatura presidencial, nunca fue investigado. Hasta ahora, la justicia lo llamó a participar de ambos juicios en calidad de testigo, nunca como imputado. Las dos veces se presentó ante el tribunal para defender el accionar de la policía y lavar su imagen.
En su declaración de 2008, había afirmado que él era el responsable político del operativo que tenía como fin liberar la ruta y que había dado la orden de que no se utilizara la violencia. Mientras que el 8 de marzo pasado, ante una pregunta de la querella, dijo que la orden fue permitir que los docentes se manifestaran pero que también se garantizara el derecho a circular.
La última versión, brindada entre evasivas y la reiterada declaración de no recordar casi nada de lo sucedido, difiere de la primera. El fiscal del caso, Maximiliano Breide Obeid, pidió que se investigue al ex gobernador por falso testimonio.
La presencia de Sobisch como testigo ilustra las limitaciones de la justicia neuquina para avanzar en investigaciones que involucren a funcionarios del poder político. Como muestra de la impunidad de la que goza, en su declaración defendió a la fuerza provincial. Antes de abandonar la sala, saludó con un apretón de manos, uno por uno, a los policías acusados.
«En términos democráticos nos debemos una reflexión acerca de si personas como Jorge Omar Sobisch pueden estar tanto tiempo en ámbitos políticos y seguir participando del juego democrático cuando independientemente de la decisión que se tomó hoy en el Tribunal, todos y todas sabemos quién fue Sobisch, qué hizo y la responsabilidad que tiene», reflexionó Medrano.
El largo derrotero judicial
La connivencia del poder judicial con el poder político y las fuerzas de seguridad en torno al crimen de Fuentealba escribió varios capítulos en Neuquén. Darío Poblete, que en 2008 había sido condenado a prisión perpetua, fue visto en junio de 2012 caminando por las calles de Zapala, donde está la unidad penitenciaria que lo alojaba. El fotógrafo Bruno Tornini, trabajador del Diario La Mañana de Neuquén, logró fotografiarlo cuando se dirigía a una clínica de la ciudad. Las imágenes recorrieron todo el país. Poblete que fue trasladado a una cárcel de Neuquén.
Otro ejemplo fue el intrincado derrotero judicial que recorrió la causa denominada Fuentealba II hasta llegar a juicio. Esta investigación se comenzó a desarrollar en paralelo a la causa en la que fue condenado Poblete. Pero el fiscal que llevaba a cabo la investigación, Alfredo Velasco Copello, pidió el sobreseimiento de todos los acusados, excepto el de Matus. Aquí también estaba incluido el entonces Secretario de Seguridad, Raúl Pasquarelli, que falleció impune.
Tiempo después, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén determinó la extinción de la acción penal. Los abogados querellantes interpusieron un recurso extraordinario federal para que la causa vaya a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue denegado por la justicia provincial. La querella presentó entonces un recurso de queja ante la Corte, que fue resuelto por unanimidad en marzo de 2019.
El máximo órgano de justicia hizo lugar al recurso, dejó sin efecto la decisión del TSJ de Neuquén que impedía continuar con la causa y la devolvió a la justicia provincial. Además, en el fallo reconoció que la causa encierra un caso de «grave violación a los derechos humanos».
Nuevamente en la provincia, la investigación debía adecuarse al nuevo Código Procesal Penal que había entrado en vigencia en 2014. El TSJ aclaró que debía ceñirse a quienes habían sido imputados inicialmente y no podía extenderse el objeto procesal hacia otra persona. Por eso Sobisch no pudo ser incorporado, como solicitaba la querella.
La causa comenzó a avanzar en julio de 2019. Los abogados defensores de varios de los imputados, Gustavo Lucero y Manuela Castro, para obstaculizar el avance del juicio solicitaron al juez que excluya a Sandra Rodríguez como querellante porque no estaba legalmente casada con Fuentealba. La solicitud fue desestimada y en noviembre de 2021 el juez Pablo Yancarelli elevó a juicio oral y público la causa «Fuentealba II».
Al finalizar el resumen de los fundamentos del fallo, el juez Giorgetti leyó: «Queremos destacar la importancia de que se haya llevado adelante este juicio como medio pacífico de debate y resolución de un largo conflicto. Creemos que era necesario escuchar a los involucrados en un contexto de respeto y poder dar ahora una respuesta de parte del Poder Judicial, no solo a las personas que participan de este proceso sino a toda la sociedad».
Un antes y un después en la lucha sindical
El asesinato de Fuentealba fue un parteaguas en la historia de la lucha sindical en la provincia de Neuquén. La represión nunca más tuvo aval para ser usada como una forma de resolver los conflictos y el gobierno se vio forzado a sentarse a negociar con los distintos sectores sociales.
En abril de 2007, cuando fusilaron a Fuentealba, la crisis del sistema educativo era total. Los docentes neuquinos llevaban diecisiete años con sus salarios congelados. Hacía 30 días que hacían paro para pedir mejoras salariales y mejoras edilicias, y no tenían respuesta por parte del gobierno provincial.
La represión de Arroyito había tenido un antecedente el año anterior en la localidad de Plaza Huincul. Los docentes, que desde hacía 25 días llevaban adelante un paro, bloquearon el ingreso a la destilería de YPF. En esa oportunidad, la policía liberó la zona y los maestros fueron agredidos por un grupo de personas que usaban cascos amarillos, simulando ser trabajadores de la construcción. Varios manifestantes resultaron heridos.
«Después de Arroyito los gobiernos que pasaron tuvieron que encontrar otras formas de atender nuestros reclamos y los reclamos del resto de las organizaciones sociales y sindicales», dijo Guagliardo a Malas Palabras. «Desde aquel 4 de abril para acá uno puede contar con los dedos de una mano las instancias de utilización de las fuerzas represivas del Estado y eso me parece que es producto de cómo se instaló socialmente en la agenda que esa no es la forma que en democracia hay espacios para resolver los conflictos», finalizó.
