Por Mariana Mandakovic, Claudio Bravo y Federico Chechele*
Fuente CTA Autónoma
La comunicación debe estar inscripta en un modelo de país. No se trata simplemente de informar, sino de asumir la comunicación como una herramienta transformadora para lograr una sociedad distinta, con justicia social y soberanía.
Por eso, el concepto de soberanía comunicacional se debe construir como disputa desde las y los trabajadores organizados, para instalar un debate profundo, en clave de emancipación latinoamericana.
Un país que se precie de ser soberano debe promover, desarrollar y garantizar el derecho a la comunicación de su pueblo que no solo supone satisfacer la necesidad de estar informado y recibir información de calidad sino también, y especialmente, sostener estratégicamente una política nacional de telecomunicaciones.
El derecho a la comunicación es el derecho de todas las personas al acceso de información y al conocimiento sin someterse a las leyes del mercado y permitiendo la libre expresión del pueblo.
Es obligación del Estado asegurar estos derechos para evitar la concentración de la información y la comunicación. No es casual que en nuestro país se avanzara contra la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 durante el gobierno de Macri, modificándola por decreto (267/15) justo en aquellos artículos que evitaban la concentración mediática. Por lo que necesitamos mirar de manera estratégica lo que hoy se denomina convergencia infotelecomunicacional (unión entre medios audiovisuales, telecomunicaciones e internet), para poder determinar en manos de quién están y a qué intereses responden.
Si la información es un bien público, se debe necesariamente proteger su producción y esto alcanza a los trabajadores de medios privados, públicos y autogestivos. Durante el periodo 2015/2019 se produjeron vaciamientos y cierres de numerosas emisoras de radio, revistas, diarios, agencias de noticias, entre otros medios. Se perdieron miles de puestos de trabajo registrado en la actividad de prensa y la precarización laboral aumentó aún más.
Actualmente esta realidad no sólo que perdura sino que se le suma la inestabilidad de los medios autogestivos que cotidianamente ven amenazada su sostenibilidad y sustentabilidad por la falta de distribución equitativa y federal de la pauta publicitaria oficial. Si el 99,6% de la pauta publicitaria oficial se concentra en tres o cuatro grupos mediáticos y sólo un 0,4% llega a los medios populares, comunitario, cooperativos no hay libertad de expresión posible.
Nuestra soberanía comunicacional implica pensar un nuevo mapa de medios para nuestro país donde estén contempladas todas estas experiencias comunicacionales autogestivas y de los sectores populares.
Hoy estamos frente al capitalismo de la vigilancia. Google, Facebook, Twitter y YouTube compiten para convertirse en redes omnipresentes para capturar la atención de miles de millones de usuarios de todos los rincones del mundo, mediados por algún dispositivo informático.
En esta nueva lógica, la experiencia humana queda subyugada por los mecanismos de mercado del capitalismo y renace en forma de conductas rentables sobre la base de una doble lógica de perversión: un disciplinamiento controlado milimétricamente y una permanente disputa de sentido sobre la construcción de la subjetividad de los y las trabajadoras donde la precarización y la flexibilización laboral ya son parte constitutivas de su ser.
Si el desarrollo de Internet es patrimonio exclusivo de las decisiones de las empresas no hay soberanía en discusión. Si las respuestas siguen siendo sólo desde el negocio de las telecomunicaciones y no podemos avanzar en mirar nuestro horizonte en las info-telecomunicaciones, donde los y las trabajadoras de la información y las comunicaciones ocupamos un rol determinante, nuestro futuro seguirá siendo incierto.
Estamos frente a un nuevo colonialismo que lo que tiene en común con aquellas viejas formas coloniales es la desigualdad como resultado. Las grandes empresas tecnológicas son los monopolios que dominan al mundo. Una súper clase que nos sojuzga de una forma eficiente que en vez de desplegar un ejército suma poder con un “me gusta”. Nos dijeron que internet nos daría más libertad pero cada vez estamos más controlados. En este neo-imperialismo tecnológico que domina nuestras vidas hay tres fuerzas que se combinan: la económica (las plataformas son el modelo de negocio en su fase más concentrada y monopólica), la cultural (impera el modelo tecnoptimista, en forma de fe que genera más precarización y flexibilización) y la política (que sostiene la idea de que el Estado ya no tiene nada que hacer para definir nuestro futuro e instala la idea neoliberal del esfuerzo individual).
Reconocer esta realidad es el punto de partida para dar la tan mentada pero pendiente batalla cultural que necesitamos para alcanzar la emancipación de nuestro pueblo. Para ello debemos:
Establecer específicamente el derecho a la telecomunicación: cada habitante de la Argentina cualquiera sea su condición social y económica, así como su ubicación geográfica, debe disponer de conectividad para el acceso a la red de internet.
*Declarar servicio público la telefonía (fija, móvil) y cualquier instalación que se requiera para garantizar la comunicación (internet). Ampliando el alcance del artículo 54 de la Ley 27.078 y convirtiendo en ley el decreto 690/2020 cuestionado judicialmente por los grupos hegemónicos de las info-telecomunicaciones.
*Tener una política de Estado que incluya la legislación correspondiente para el desarrollo de un complejo industrial nacional de bienes de capital en electrónica, informática y comunicaciones.
*Promover el uso del principio precautorio para el desarrollo ambiental de las redes (ley general del ambiente 25675)
*Exigir un Estado presente con intervención directa en las telecomunicaciones.
*Definir con participación de les trabajadores de las distintas actividades que involucran las info-telecomunicaciones, el tipo y forma de control de servicio y redes de telecomunicaciones.
La unidad de la clase es esencial para este momento histórico. Tenemos la obligación de pensar en políticas públicas comunicacionales que garanticen la producción de sentido desde y para los trabajadores.
*Mariana Mandakovic, Secretaria Adjunta de la CTA
*Claudio Bravo, Director de Medios Autogestivos de la CTA
*Federico Chechele, Director de Prensa de la CTA
