Por Mariano Vázquez (portal sangrre.com.ar)
El 21 de agosto de 1971 comenzó en Bolivia el golpe de estado más extenso de su historia. Duró siete años y derrocó al general nacionalista Juan José Torres, asesinado en 1976 en la Argentina por un Grupo de Tareas de la dictadura.
El coronel Hugo Banzer Suárez derrocó al incipiente proyecto popular, que gobernaba a Bolivia mediante una alianza heterodoxa, encabezada por un general progresista, la Central Obrera Boliviana (COB) y movimientos de izquierda, que se atrevió a instalar una Asamblea del Pueblo en el propio hemiciclo del Congreso Nacional.
En apenas once meses, “el general de los pobres”, como se lo llamaba a Torres, nacionalizó la Mina Matilde, expulsó a los Cuerpos de Paz de Estados Unidos, creó la Corporación Estatal de Desarrollo y el Banco del Estado. La dictadura de Banzer volvió a las relaciones carnales con Estados Unidos y a las acostumbradas políticas de entrega del patrimonio nacional y los recursos naturales. Dejó 468 asesinados, 667 exiliados y miles de torturados.
En agosto pasado muchos de los sobrevivientes y familiares de las víctimas tuvieron que recordar este aniversario luctuoso bajo un nuevo régimen golpista que derrocó a al gobierno de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019. Según la Defensoría del Pueblo, “la vigencia de los tratados de Naciones Unidas se encuentra amenazada por la sistemática conducta gubernamental de violación de derechos humanos, que dejó 35 muertos, 833 heridos y 1.504 arrestos y/o aprehensiones”.
Uno de los principales lugartenientes de la mandataria de facto, Jeanine Añez, sintetizó en una frase el corpus clásico de las dictaduras latinoamericanas. Se trata del ministro de Defensa, Luis Fernando López, quien amenazó a un ciudadano en plena vía pública: “Podría hacerlo desaparecer en diez segundos”, le dijo.
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Seis miembros de la familia Campero Marañón fueron víctimas de la dictadura de Banzer. Casi cincuenta años después, uno de ellos, Fernando, murió en el exilio cubano, acompañado de su esposa y su hija Ariana Campero Nava, ex ministra de Salud de Evo Morales, quien rememoró en su cuenta de Twitter esta angustiante repetición de los años de plomo: “Un agosto doloroso para nuestra familia y sobre todo para lxs que resistieron junto a Fernando, mi papá. Acá el testimonio q escribió hace algunos años, será motor para recuperar nuestra democracia popular. ¡Hasta siempre compañero del alma!”
Ella se refiere al texto de su padre “Viva el Chato”, que escribió entre 2008 y 2009 con el propósito de “rescatar la memoria histórica de una familia entera que vivió lo duro de la dictadura”. Fernando explica en el texto que la motivación a dejar testimonio se produjo cuando “una joven compañera” le preguntó “qué pasaría si el proceso” de cambio que entonces encabezaba el gobierno de Evo Morales sufría un golpe de Estado y “si estaríamos preparados para resistirlo”.
“Reflexionando en la posible respuesta, creí necesario hacer estas pocas líneas, que siendo una vivencia personal, siempre consideré como parte de nuestra historia colectiva, por ello, creí necesario responder la pregunta”.
En el escrito, Fernando Campero Marañón recuerda a su madre Bertha, “progenitora de diez, a la que la dictadura encarceló a cinco de sus hijos, y a uno de ellos, a Marcos, los torturadores lo postraron en silla de ruedas hasta el final de sus días. Siempre supe de sus sufrimientos, de la penurias que pasó por ver a sus hijos en prisión. Quizá uno nunca alcance a sentir y vivir lo que sufrió, el maltrato de los dictadores, las presiones que sobre ella ejercían, los insultos y el vejamen, las largas caminatas para pedir permiso para las visitas, el caminar de kilómetros para llegar con su aliento hasta la cárcel de Chonchocoro, no tengo una sola duda que desde su posición ella se convirtió en una luchadora más contra el fascismo. Nunca sumé los días y los meses de mi encierro, siempre supe que todo tiempo en manos de los carceleros había que convertirlo en tiempo útil y que había que aprender a vivir los momentos que la vida nos impone como difíciles”.
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Ruth Llanos es secretaria ejecutiva Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD), esposa de Ricardo Navarro, uno de los ochos miembros de la Dirección Nacional del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) asesinados el 15 de enero de 1981 por la narcodictadura de Luis García Meza. “Hoy en el régimen de Añez vuelvo a vivir otra vez una situación de represión, como ayer en el de Banzer y García Meza. Jamás pensé que a la edad que tengo iba a vivir un tercer golpe”, lamentó la defensora de derechos humanos en diálogo con Sangree.
“Para quienes vivimos las dictaduras militares del pasado, lo que pasa hoy en Bolivia nos retrotrae a lo doloroso de todas las formas de persecución, de hostigamiento que sufrimos organizaciones y familiares”, afirma Llanos.
Expresa que “para ASOFAMD los golpes de Banzer y García Meza nos llevan a hacer un paralelismo con lo que actualmente vivimos: la represión se justifica por el enemigo interno, los sediciosos, los terroristas. Hoy como ayer tenemos detenciones arbitrarias, torturas, persecuciones, encarcelamientos sin el debido proceso, vejámenes a las mujeres, cierre de los medios de comunicación”.
Advierte que “nos atacan a través de las redes sociales, niegan las violaciones a los derechos humanos, alaban a los militares, realizan vivas a Banzer, a García Meza, celebran el retorno de la fuerza dura e irracional”.
Para la referente “estamos viviendo un mundo muy parecido al que describía George Orwell en 1984 en donde nos quieren hacer creer que la guerra es la paz, que la esclavitud es libertad y que la dictadura es democracia. Ante esa situación, organizaciones como la nuestra tienen la enorme tarea de luchar contra la desmemoria, el negacionismo y el relativismo”.
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Leonardo Benito Peña es hijo de Irene Nélida Peña, argentina, enfermera y delegada gremial del Sanatorio Güemes, y Cosme Benito, boliviano, médico y delegado gremial del Hospital Escuela San Martín, militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Ambos fueron secuestrados el 16 de septiembre de 1976 en su domicilio en Gonzales Chávez 236, Mataderos, en el marco del Plan Cóndor. La familia cree que fueron llevados al campo de concentración Automotores Orletti. El dolor se potencia por la posibilidad de que Nélida haya estado embarazada al momento del secuestro.
“Al finalizar la tarde un Grupo de Tareas allana el domicilio y los identifica. Mi madre reacciona indicando que su padre era mayor de edad y que otra compañera del partido que me tenía en brazos era solo una vecina y yo hijo de ella. Eso me salvó la vida. Yo tenía un año y ocho meses. Por la fuerte represión estuve muy corto tiempo con mi abuelo materno en Mataderos. Mis tíos, por seguridad, me llevaron a Quilmes. Hasta allí llegó de Bolivia la hermana menor de mi papá, Fortunata Benito, y me sacó clandestinamente del país”, rememora desde Argentina Benito Peña.
“Llegué a Bolivia con casi tres años, ahí crecí separado de mis hermanos y hermana, cuyos nombres no conocía, y no tuve contacto tampoco con mi familia materna. Gracias a Defensa del Niño Internacional y al apoyo de Asofamd, mi tía logra que sea nacionalizado boliviano y me otorgan el documento de identidad cuando tenía ocho años”.
Benito Peña es miembro de ASOFAMD desde los dieciséis: “A casi cincuenta años del golpe no ha habido justicia, no se ha aplicado una política integral de recuperación de la memoria que garantice la no repetición de crímenes de lesa humanidad. Es muy doloroso ver esa inacción, el pacto de silencio, el negacionismo, el racismo y el odio que provocaron un nuevo golpe de Estado en noviembre de 2019, con graves violaciones a los derechos humanos, las cuales deberán ser juzgadas, como es el caso de la masacre de militares y policías en Senkata y Sacaba, además de la persecución, las detenciones arbitrarias y extrajudiciales, las torturas y los tratos crueles inhumanos y degradantes”.
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Marcelo Quiroga Santa Cruz, connotado intelectual, escritor y dirigente político, fue asesinado por la dictadura de Luis García Meza el 17 de julio de 1980. Dos años antes, en una entrevista radial decía: “Creo que no hay otro país como Bolivia, en América Latina, donde se observen contrastes tan lacerantes entre una minoría privilegiada, usufructuaria de la riqueza nacional, una minoría que concentra en beneficio suyo el excedente económico que se genera en la explotación de las mayorías nacionales”.
Cincuenta años, tres testimonios de resistencia y lucha.
Tres estampas en la pared: Verdad. Memoria. Justicia.
Y un grito que no cesa: “¡Dictaduras, Nunca Más!”
