“Cuando uno ve la película completa de la justicia en nuestro país y a qué intereses ha estado ligado nuestro desarrollo histórico-institucional, termina advirtiendo que desde 1853 en adelante el Poder Judicial siempre ha sido funcional a la consolidación de la oligarquía y de los intereses dominantes de la Argentina”.
La frase corresponde a Gabriel Ganón, abogado y ex defensor general de la provincia de Santa Fe, quien hace un repaso por los hechos históricos que marcaron a fuego el desarrollo institucional de la administración de justicia: la convalidación de la Corte Suprema al golpe de facto de 1930; la última dictadura cívico-militar, donde los abogados no podían siquiera presentar una acción de habeas corpus para buscar a personas detenidas-desaparecidas; y la reforma de 1994 que introdujo el Consejo de la Magistratura, como fruto del acuerdo alcanzado por los ex presidentes Carlos Menem y Raúl Alfonsín.
“Fue peor el remedio que la enfermedad, porque la creación del Consejo de la Magistratura no fue un golpe de aire fresco que democratizara la justicia, sino más bien la consolidación del poder de las corporaciones letradas en los procedimientos de designación de jueces y la pérdida del poder popular”, recapitula Ganón.
AVANZADA DE LA CORTE SUPREMA
– El titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se quedó con la Presidencia del Consejo de la Magistratura en una jugada polémica. ¿Qué puede pasar a partir de ahora con el organismo que elige a los jueces?
Lo que antes funcionaba mal, ahora va a funcionar un poco peor. El único paquete de reforma que intentó romper ese poder hegemónico de las corporaciones letradas fue el que se aprobó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2013, porque le daba la posibilidad al pueblo de participar del proceso de selección y sanción de funcionarios judiciales.
Permitía, primero, que los representantes de las corporaciones letradas fueran elegidos en elecciones generales y que no tuvieran que tener un título de abogado para integrar el Consejo de la Magistratura. El mismo poder que iba a ser reformado declaró inconstitucional estas modificaciones.
Entonces, lejos de perder consistencia ese poder hegemónico adquiere más supremacía, se coloca cada vez más lejos del pueblo y más al margen de la ley. Más que un poder democrático es autocrático, corporativo y feudal. Ese es el poder que representa hoy Rosatti.
-¿Y qué pasa con la rendición de cuentas del Poder Judicial?
También está ese tema. Los jueces no tienen un proceso de rendición de cuentas, como otros funcionarios del Ejecutivo o del Legislativo. Y, como si fuera poco, tampoco hacen públicas sus declaraciones juradas patrimoniales. Entonces, tenés jueces que el pueblo no elige, no rinden cuentas, no presentan sus declaraciones juradas y no pagan impuestos.
– En los últimos días el Senado comenzó a debatir los proyectos de reforma de la Corte Suprema. Una de las iniciativas del Frente de Todos propone ampliar de 5 a 15 el número de jueces y analizar sus antecedentes laborales. ¿Qué opina al respecto?
Es absolutamente indispensable ampliar la cantidad de miembros de la Corte. Pero no es suficiente si, como ya mencioné, no se tienen en cuenta los procedimientos de validación o legitimación de quienes integran la administración de justicia. Si esto no se modifica vamos a seguir con los mismos problemas por más que tengamos una Corte con más cantidad de miembros, porque solo tocás la cúpula y abajo sigue todo igual.
– ¿Por qué el gobierno de Alberto Fernández no puede avanzar con medidas de reformas judiciales?
Porque no quiere. El presidente Alberto Fernández es, en un punto, bastante parecido a Raúl Alfonsín porque evita el conflicto. Y como decía mi abuela: “Para hacer una tortilla hay que romper los huevos”. Si no hay conflicto con los factores de poder no hay transformación…y este es un factor de poder determinante.
LAWFARE
La embestida judicial contra los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Dilma Rousseff y Lula Da Silva en Brasil, y Fernando Lugo en Paraguay, son claros ejemplos del uso político del sistema judicial “para lograr la muerte política y jurídica de los políticos progresistas en la región”.
Así lo define la especialista en criminología Valeria Vegh Weis, coautora junto a Raúl Zaffaroni y Cristina Caamaño del libro “Bienvenidos al Lawfare”.
“Con la muerte política se busca erosionar el poder de los enemigos políticos, deslegitimarlos y convertirlos en los causantes de todos los males, desacreditarlos, manchar su imagen política, arruinar sus carreras. En fin, convertirlos en muertos políticos”, sostiene la docente e investigadora.
Ganón coincide con esto. Para el abogado, el “Partido Judicial” actúa en perjuicio de los intereses de la sociedad porque “se siente al margen de la ley”.
-¿Cómo se fue configurando en Latinoamérica el “Partido Judicial” como elemento desestabilizador de los gobiernos populares?
La justicia fue jugando concretamente como partido político a favor de los intereses económicos y en perjuicio de los intereses del pueblo, porque sus funcionarios no se sienten parte de la sociedad, se sienten al margen de la ley y de la Constitución, y de esa manera actúan en toda la región.
-Tomando como eje la corrupción…
Sí, claro, tomaron como idea rectora la corrupción. Sobre la base de que los únicos gobiernos que la cometen son los populares, hicieron eje y fueron avanzando.
