En un profundo y amplio debate, que incluyó a funcionarios y referentes de diversos espacios políticos, sociales y sindicales, se discutieron propuestas y alcances para la implementación de un Ingreso Básico Universal como método para enfrentar la pobreza y el hambre en la Argentina.
El debate contó con la participación de Daniel Arroyo, flamante ex ministro de Desarrollo Social de la Nación y precandidato a diputado nacional, Alexandre Roig, titular del INAES e integrante del Movimiento Evita, Juan Grabois, referente del MTE UTEP y del Frente Patria Grande, Corina Rodríguez Enríquez, investigadora del CONICET, Claudio Lozano, director del Banco Nación y precandidato a diputado por Unidad Popular, Hugo “Cachorro” Godoy, titular de ATE Nacional y Adjunto de la CTA Autónoma, y Ricardo Peidro, secretario General de la CTAA y Adjunto de AAPM.
La presentación estuvo a cargo de Ana Rameri quien destacó el encuentro como “un espacio de diálogo entre las distintas visiones que circulan hoy en la agenda pública y en el campo popular por la falta de acceso a sus derechos en las mayorías populares”.
Ricardo Peidro arrancó diciendo que “ya sea renta básica o salario universal, nuestro objetivo es el mismo. Ante el avance del neoliberalismo en los últimos años y la crisis derivada de la pandemia, y el aumento de la pobreza y de la indigencia, es necesario atender la situación de las mujeres, niños, adultos mayores. Por eso es importante debatir y ponernos de acuerdo para transitar un camino común para lograr una síntesis. Desde el campo popular las propuestas tienen como objetivo alcanzar una vida digna para todos y todas”.
Y agregó: “Las patronales quieren que sean los Estados o los propios trabajadores quienes paguen esta ayuda. Entre nosotros y nosotras no tenemos contradicciones, queremos un Salario Universal, formación, trabajo garantizado y más salario para los compañeros y compañeras con trabajo, y así avanzar hacia una sociedad con justicia”.
Corina Rodríguez Enríquez, investigadora del CONICET, utilizó su intervención para aportar algunas propuestas y así profundizar el debate: “Es importante que esto se perciba como un debate fundamental que busca transformar elementos estructurales de la coherencia social y que no solo sea visto como una forma de atender el momento de crisis. Este es un debate plural, con presencia de todas las voces”.“La pandemia visibilizó la esencialidad de los trabajos de cuidado que mayormente las mujeres sostenemos para garantizar la vida, y el trabajo que hacemos en los territorios para sostener la vida, sobre todo en este contexto. También quedó evidenciado la cantidad de trabajo informal, ejemplo de esto es el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que estaba pensado para 4 millones de personas y llegó a 11 millones. La pandemia expuso las condiciones de vulnerabilidad en la que viven millones de personas y también la necesidad de construir una red de seguridad en los ingresos monetarios”, evaluó la investigadora.
“Renta universal, créditos no bancarios y organización para favorecer los procesos distributivos”, pidió Rodríguez Enríquez a modo de cierre.
A su turno, Claudio Lozano expuso sin preámbulos la propuesta que desarrolló junto al Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyP) y la CTA Autónoma: «Una Asignación Universal por Hijo (AUH), con un ingreso universal sobre la población en situación de vulnerabilidad, y una red de trabajo garantizado que debe complementarse al ingreso universal con las Pymes y el Estado».
En ese sentido, expresó: “En 2019, el 53,2% de la población estaba dividida entre desocupación, cuentapropismo sin cobertura y trabajo informal. Esto supone la existencia de un mercado laboral que no tiene un piso que de capacidad de negociación al conjunto de la clase trabajadora. Los convenios y las paritarias perdieron capacidad de negociación porque hay una población que no tiene piso. En las negociaciones paritarias se discute un incremento de dinero a cambio de derechos y la falta de piso para negociar es un problema para el conjunto de la clase que es necesario resolver”.
Retomando su propuesta, Lozano reiteró: “Renta básica universal, salario social de empleo y formación, o abrir y universalizar los (programas) Progresar y Potenciar Trabajo”.
Juan Grabois señaló la necesidad de “un proceso de transición para construir una patria libre y soberana, llamada Plan de Desarrollo Integral, que implica planificar retomando los planes quinquenales”.
“En mi experiencia, la economía popular existente se compone de un sector disperso mayoritario que no está organizado y que se las rebusca, y un sector organizado por los movimientos sociales que no supera el millón de trabajadores, y de ellos, un 90 % no está organizado como cooperativa en la realidad. El trabajo se organiza como unidades de gestión, que son grupos de trabajo”, señaló el referente de UTEP.
Y agregó en el mismo sentido: “El factor fundamental de organización es el salario social complementario, que financia además a través del plan Potenciar, algunas herramientas. Sin embargo, el gran problema de la catástrofe social y del aumento de la indigencia, y de una pobreza más pobre, es que hay 9 millones de compañeros y compañeras que no tienen nada. La economía popular organizada hoy está bajo ataque, pero mientras se abre una ventana de oportunidad para mejorarle la vida a millones de personas con la creación de salario básico universal”.
Luego fue el turno de el ex ministro de Desarrollo Social y ahora precandidato a Diputado Nacional, Daniel Arroyo, quien afirmó que el problema de la Argentina no se va a resolver si se desarrolla una política seria que tenga que ver con el ingreso: “Hay un problema serio en relación a los ingresos y no hay solución estructural que no tenga que ir por ese lado, y que tiene que ser rápido”, dijo a la vez que remarcó la propuesta explicada por Claudio Lozano.
Hoy una familia necesita 66 mil pesos para no ser pobre: “la brecha no solamente se va ampliando, sino que hay familias a las que no les alcanza aún con trabajo formal, entonces hay un problema de ingresos y también hay un serio problema de precios de los alimentos, con muchas personas con dificultades para acceder a la canasta básica y a los alimentos de calidad, que requiere un debate particular”.
“Estos esquemas no tiene que ver con la redacción de la ley, sino visibilizar a los que luchan, a los que visibilizan a los excluidos, a los que peor la pasan, y en este sentido debo hacer un reconocimiento al enorme trabajo que realiza la CTAA”, dijo y afirmó: “es momento de combinar derechos con trabajo”.
El último orador del debate fue Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario Adjunto de la CTA Autónoma y titular de ATE, quien reclamó políticas integrales desde el conjunto de la sociedad, cuando el 50% de la población está bajo la línea de pobreza: “Los cambios estructurales tienen que ver con reestructurar las líneas de intervención de las organizaciones populares y reestructurar el Estado”.
“Estos cambios requieren mayor nivel de unidad de los sectores populares que nos planteamos un cambio de sistema. Hacer un esfuerzo para que cada uno de nosotros y nosotras seamos capaces pensemos estrategias unilaterales, sino hacer un esfuerzo de construcción de confluencia”, afirmó al tiempo que agradeció las intervenciones y propuestas que aparecieron durante el debate, que incluyeron diagnósticos, pero también propuesta de ideas.
“No podemos unirnos solamente en la defensiva, necesitamos unirnos en un ideario y capacidad de transformación, que requiere la búsqueda de ideas y de establecimiento de prioridades”, propuso Godoy, convocando a un debate que va a continuar.
La propuesta
La propuesta de Salario Universal fue elaborada por el IPyPP, que dirige Claudio Lozano fue presentada en el marco del acuerdo de precios y salarios que impulsa el Gobierno, asume que en el presente contexto de capacidad ociosa y mercado interno deprimido, “el principal estímulo para la reactivación es la recuperación de los ingresos populares”.
Con 18 millones de pobres y casi 5 millones de indigentes, el equipo del IPyPP argumenta que acordar salarios “interviene exclusivamente en el terreno de la economía formal (salario mínimo, básico de convenio, paritarias)” y, complementariamente, se requiere de un nuevo dispositivo de política pública que intervenga sobre la situación de los informales y desempleados.
Los detalles
El informe asegura que con una inversión de entre 1,6% y 2,9% del PBI se pueden promover 4 millones de nuevos empleos. Para hacerlo, propone crear –en paralelo al acuerdo de precios y salarios- dos instrumentos que intervengan en el ingreso de los sectores que están por fuera del empleo formal:
—Establecer un ingreso básico universal, que recupere y profundice la estrategia del ingreso familiar de emergencia (IFE) que “inexplicablemente, en un contexto de agravamiento extremo de la situación social, se eliminara del Presupuesto 2021”.
—Instrumentar un salario social de empleo y formación que reformule, integre y supere los actuales programas Potenciar Trabajo y Progresar al tiempo que promueva la creación de un Programa de empleo y formación de acceso universal “garantizado por la política estatal en articulación con las organizaciones populares”.
“La propuesta implica superar el actual esquema de planes sociales de empleo asistenciales, focalizados e insuficientemente coordinados en cuanto a su ejecución productiva e inserción laboral”, asegura el proyecto.
Y propone que el nuevo programa se coordine, planifique y gestione por un Área
de Economía Pública y Social con participación plural y federal (estatal, comunitaria, social y de las pymes).
Precios estables
El trabajo también asegura que “esta política de ingresos sólo tiene sentido en el marco de una clara estrategia de estabilización de los precios. En este aspecto, el estricto control del mercado cambiario y de la oferta de divisas a efectos de fijar el tipo de cambio, y el control estricto sobre alimentos, servicios públicos y combustibles en base a mesas de concertación por cadena de producción de los insumos estratégicos, resultan indispensables”.
Según el IPyPP, la iniciativa permitiría fijar un “umbral de dignidad en materia de ingresos” para toda la sociedad que garantice terminar con el hambre; articular mano de obra con políticas públicas destinadas a la restitución de derechos sociales; establecer un piso salarial equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil; sostener una estrategia de formación permanente de la fuerza laboral; y activar la demanda en el mercado interno para recuperar la actividad económica.
