María del Carmen Verdú, abogada de la CORREPI, consideró que la justificación oficial a la escalada represiva es una reedición del «por algo será»
Canal Abierto.- “Hubo refriegas de activistas con la Policía y hubo un esfuerzo de los activistas por demostrar una salvaje represión. Un esfuerzo que fracasó. Hubo refriegas. No hubo una salvaje represión”. El párrafo es parte de un editorial del periodista Ricardo Roa en Clarín sobre la frustrada carpa itinerante de los docentes en Congreso.
Roa no está solo. Su par en La Nación, Carlos Pagni, argumenta en un video que “hubiera o no represión, hay ya un discurso preformateado que dice que este modelo no cierra si no es con castigo a los que menos tienen”.
La construcción argumentativa cierra filas: la represión no es represión y si hubiese “refriegas” es porque los sectores opositores las fuerzan para apoyar el argumento de que este gobierno reprime la disidencia.
Sospechosamente, las declaraciones se dan todas juntas y en el mismo tono luego de que en menos de dos semanas se sucedieran, sin solución de continuidad, las embestidas policiales en el comedor de Lanús, en la planta tomada de AGR-Clarín, en los cortes de ruta durante el paro nacional y en la carpa itinerante que los docentes pretendían instalar en la Plaza Congreso el domingo.
“Este tipo de expresiones las podemos rastrear en aquella histórica tapa de Clarín al día siguiente del 26 de junio de 2002, La crisis causó dos nuevas muertes“, recuerda María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) sobre el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a manos de la Policía Bonaerense.
“Para los grandes medios, si reprimen es porque los manifestantes se lo buscan o la sociedad lo pide.
Es el ‘por algo será’ traído a este siglo.
Y cuando ellos dicen ‘sociedad’ se refieren a esos sectores que expresan su opinión en notas de los medios hegemónicos. Se niegan a utilizar la palabra ‘represión’ porque esa represión es justamente la necesaria para defender los intereses que ellos representan, los de la clase dominante”, agrega.
Las palabras de Verdú se sostienen con números. En el informe sobre la situación represiva a nivel nacional que la CORREPI presentó en diciembre se contabiliza, desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, un muerto cada 25 horas a manos de las fuerzas de seguridad.
“El quiebre que significa la gestión Cambiemos es el de elevar esto a niveles nunca vistos. Veníamos diciendo que al kirchnerismo le tomó diez años, y a nosotros nos horrorizaba entonces, pasar de un muerto cada 30 horas a un muerto cada 28 horas por el gatillo fácil y la tortura. A la gestión de Cambiemos le alcanzó con diez meses y medio para pasar de una muerte cada 28 horas a una cada 25. Y estoy segura de que cuando hagamos la actualización de mitad de año nos vamos a encontrar con que ese índice todavía se ha achicado más”, afirmó la abogada.
Para Verdú, “la tarea de los medios del sistema es resignificar determinados términos. Ocurre con la represión lo que ha ocurrido con el concepto de seguridad. Seguridad, estar seguro, es tener dónde vivir, saber que podés mandar tus pibes a una escuela pública, gratuita y de calidad; que si te enfermás tenés un sistema de salud público y gratuito también de calidad; que tenés tiempo para dedicarte al esparcimiento con tu familia, tres platos de comida al día y un laburo. Todo eso hace al concepto de seguridad. A fuerza de fogonear desde esas grandes usinas de construcción del sentido común, seguridad hoy significa que no haya un pibe con visera que se cruce con vos en la calle porque seguro que te afana“.
Claro que el discurso que avala la intervención policial no termina en los medios. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó el accionar policial contra los docentes. “La policía de la Ciudad estaba parada y los docentes les pegaban patadas por abajo”, se quejó en una entrevista en TN.
El otro Bullrich del Gabinete, Esteban, aseguró que el gremio docente “quiso violar la ley” al tratar de instalar la escuela pública itinerante por no haber pedido permiso. “No están por encima de la ley. Al sistema educativo le falta paz”, agregó.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a palmear los hombros de la Policía al afirmar que “es inentendible que los docentes quieran usar una plaza sin permiso”.
El “permiso” al que hacen alusión debe tramitarse con 20 días de anticipación, tiempos poco acordes con la vertiginosidad del escenario político que pone en jaque derechos a cada instante.
Mientras tanto, las políticas represivas se perfeccionan. “A todo esto se suma la amenaza de un incremento de fuego con herramientas que parecen bajadas de Marte: chorros de espuma que se solidifican cuando tocan el cuerpo del manifestante para que quedemos como las estatuas de sal de la historia bíblica, sonidos que te revientan el tímpano y, por supuesto, el cuento del armamento no letal. Que le vayan a preguntar a Fuentealba si un cartucho de gas lacrimógeno no es letal”, subraya Verdú.
Es que “la paz”, de la que habla Bullrich, con sangre entra.
