Claramente hay una vinculación entre el poder político actual y el poder empresarial. A veces es expreso y a veces es implícito. Al momento de asumir este gobierno, el empresariado se empoderó. Aunque el gobierno no dijera nada, aunque diga que gobierna para todos, los empresarios sienten que ellos son los elegidos del poder actual. Y eso claramente se expresa en hostigamientos a comunidades marginadas y en los juicios de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar. La renuncia del juez Carlos Rozanski.
Por Oscar Rodríguez (abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos APDH)
El poder dentro del poder que ostenta el sector empresario se ve muy claramente en ejemplos concretos que ocurren en la provincia de Santiago del Estero, donde integro el equipo jurídico del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina.
Allí, Orlando Canido, oriundo de La Matanza y dueño de la marca de gaseosa Manaos, compró en 2012 títulos de tierra en la localidad de Bajo Hondo. Esos títulos comprenden un caserío que pertenece a la comunidad indígena Iacu Kachi, lo cual originó un conflicto territorial con sus habitantes. La estrategia de Canido ha sido comprar voluntades particulares por un monto de dinero para que la gente abandone el lugar. Pero no todos aceptaron, y un sector de la comunidad se manifiesta en defensa del territorio. En respuesta, Canido mandó a instalar un grupo de gente armada en un campamento cercano al caserío, que actúa como grupo parapolicial o grupo “de tareas”, impidiendo la salida de los habitantes del territorio. Desde principios de este año, los vecinos de la comunidad han sido agredidos y violentados de forma reiterada, sufriendo amenazas, incendios de sus propiedades, matanza de ganado, envenenamiento de los pozos de agua e intentos de homicidio con heridos de bala.
Ante esta situación, desde el equipo jurídico del MOCASE presentamos dos amparos: el primero de tipo ambiental, porque en esas tierras, destinadas a la siembra de soja, se fumiga con glifosato sin importar la presencia de la comunidad. Luego de presentar ese amparo, fuimos con la jueza Julia Ponce de Merino a visitar el territorio para establecer la distancia entre el sembradío y las viviendas, porque existe un límite para eso a partir del cual se puede fumigar. Íbamos por el camino que va rumbo a la estancia de Canido, y cuando vimos el campamento se nos atravesó una camioneta, como para no dejar entrar a la jueza con nosotros. Increíble la impunidad con la que actúan.
El otro amparo que presentamos fue en preservación de la vida, de la integridad física, el domicilio, y en especial de los niños y niñas que viven en esa comunidad, porque en esas condiciones se va a producir una muerte en cualquier momento.
Esta situación en Bajo Hondo es un caso que evidencia el genocidio por goteo. Podemos decir que el genocidio histórico que inició Roca con la expansión de las fronteras “civilizatorias“ nunca cesó. Solo tomó otro ritmo, otras prácticas genocidas, que no son solo el exterminio directo sino el crear situaciones de vida infrahumanas como las que ocurren contra la comunidad de Iacu Kachi.
Estas prácticas constituyen un delito de Lesa Humanidad en tanto van dirigidos a destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, a través de actos que comprenden la matanza y lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, y el sometimiento a condiciones de existencia que hayan de acarrear tal destrucción.
Y es el Estado quien debe proteger la vida de las 70 familias que integran esa comunidad.
LA SITUACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE DD.HH.
A nivel nacional, los organismos de Derechos Humanos también vemos esta situación de vinculación entre el poder político actual y el poder judicial.
Claramente este gobierno no va a tener una vocación política por profundizar los juicios por delitos de Lesa Humanidad. Los continúa porque ha entendido políticamente que dar marcha atrás no va a resultar. Porque además, el ejemplo argentino ha calado hondo a nivel internacional. La solución que encuentra es hacer una continuidad tranquila de los juicios con obstaculizaciones de otro tipo. Por ejemplo, se están empezando a ver renuncias de los jueces en las instancias previas a los juicios, prolongando en el tiempo los procesos judiciales porque quedan los tribunales sin integración, y se dilata la llegada a juicio. Eso es una forma del gobierno de darle una continuidad debilitada al proceso de juzgamiento de los delitos de Lesa Humanidad ocurridos durante la última dictadura. Ha habido renuncias de jueces en la Megacausa 3, que debía juzgar a un ex juez federal y 11 ex militares y policías en Santiago del Estero. También hubo una renuncia en la causa CNU, en el marco del juicio que se le sigue en Mar del Plata a diez civiles y un militar por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la organización de ultraderecha a comienzos de la década del ’70. (VER RENUNCIA DEL JUEZ ROZANSKI)
Ocurre también que desde el gobierno, se le da un sesgo más técnico a las políticas de DD.HH.: se despolitizan los juicios y se los empieza a manejar “técnicamente“. No está mal que haya un aporte técnico, al contrario. El problema es si empezamos con el aporte técnico vs. la mirada política, porque entonces se produce un vaciamiento del sentido y del contenido real de los juicios, y pasan a ser tratados como un delito más, del tipo “alguien mató a otro en la dictadura“.
En esa línea, el gobierno comenzó a pedir reuniones los grupos afines a los genocidas, y efectivamente obtuvieron reuniones concretas, como por ejemplo con Cecilia Pando y otros grupos llamados por la paz y la reconciliación. Todos fueron recibidos. Nosotros como APDH hemos pedido reunirnos con el gobierno provincial y todavía no hemos tenido respuesta. Sí nos reunimos con Santiago Cantón, Secretario de DD.HH. en Provincia de Buenos Aires.
Otra señal es la reedición de la discusión por la cantidad de desaparecidos en dictadura, que empezó con las declaraciones de Darío Lopérfido, ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y director del Teatro Colón, cuando afirmó que “en la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos”. Luego, en una entrevista Macri utilizó el término “guerra sucia“, al referirse a la última dictadura, al mismo tiempo que dijo desconocer el número de desaparecidos. La tendencia siguió en boca de otros funcionarios.
Volvemos así a la teoría de los dos demonios.
En las declaraciones de los miembros del gobierno, cuando son sorprendidos banalizando ciertas cuestiones, se ve claramente la formación política de esta gente, la estructura psicológica e ideológica. Claramente no hay una voluntad ni una capacidad política para llevar adelante los juicios con la fuerza que nosotros desde el campo popular queremos.
En ediciones anteriores de esta columna hemos hablado de que el juzgamiento a la pata civil es la etapa fundamental del juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. En este gobierno casualmente se dio la sentencia que condenó al ex dueño de la Veloz del Norte. También hubo sentencia en el juicio por la desaparición de Daniel Omar Favero y María Paula Álvarez La Plata, en la que tres genocidas recibieron una pena de 25 años, mientras que Etchecolatz recibió una nueva perpetua. La última sentencia favorable fue la condena a reclusión perpetua al ex mayor del Ejército Lucio Carlos Ramírez, por los delitos de homicidio calificado, privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados de Ángel Giorgiadis, Horacio Rapaport y Julio César Urien, trasladados de sus celdas de la Unidad Penal 9 de La Plata al Regimiento 7.
Toda esta situación representa una contradicción y no es la apropiada para juzgar la pata civil o al empresariado de Ford, Mercedes Benz, Blaquier, Acindar, Molinos Río de La Plata, etc., en el marco de un gobierno cuyo presidente es un hombre que viene del mundo del empresariado y todos sus ministros son CEOs, y que necesitan imperiosamente el aporte económico trasnacional.
Francisco Cabrera, Ministro de Producción de la Nación, dijo que «el empresariado argentino es lo mejor que tenemos (…) Es la base de la agenda del desarrollo económico del país». Y el empresariado, que representa el capital, no quiere los juicios. Porque estos juicios desnudan un procedimiento histórico del capital: cuando el pueblo comienza una etapa de organización por reclamo de derechos y mayor justicia social, el capital recurre a la violencia.
Esta conducta es la misma utilizada por Canido en Santiago del Estero, al cual Macri visitó la planta de Manaos en La Matanza, en agosto de este año.
LA RESPUESTA DE LA SOCIEDAD
Vamos a ser honestos: esto de Canido no arranca con el macrismo, sino que es un problema del capitalismo que atraviesa a los gobiernos. Se ve claramente en el mundo, y especialmente en Latinoamérica. La lectura macro de la arremetida judicial en Brasil con Dilma, y en Argentina con Cristina Kirchner, si bien sabemos que hay cuestiones que se tienen que ventilar en juicios; el problema de Venezuela que está siendo atacada ferozmente por el imperio, igual que hicieron con Cuba en su momento.
Las nuevas alianzas internacionales tampoco son una buena señal, en un contexto de debilitamiento del Mercosur.
Claramente las organizaciones populares vamos a sufrir: la clase política, tanto la
que está en el poder como la que tiene posibilidades de acercarse a él, ha sacado de su horizonte la vocación emancipatoria del ser humano. Ahora solo se discuten problemas de gestión.
La coyuntura nos exige hablar no sólo de las instituciones del Estado sino también de las instituciones sociales, incorporar a los movimientos sociales, los sindicatos, etc. Tenemos que tener una idea institucional más amplia, con contenido y respuesta social.
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Recuadro
La renuncia del juez Rozanski
Un hecho no menor se produjo en relación a la nota de Oscar Rodríguez para Malas Palabras, como fue la renuncia presentada por el juez Carlos Alberto Rozanski a su cargo Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata
El juez, que tuvo a su cargo la secuencia de juicios y condenas a varios genocidas en la capital de la provincia de Buenos Aires, había denunciado horas antes sentirse «brutalmente perseguido por el Consejo de la Magistratura».
También Rozanski cuestionó una supuesta influencia del Poder Ejecutivo para avanzar en denuncias en su contra y vinculó las «persecuciones» y «presiones» al avance de los juicios de lesa humanidad sobre «las complicidades civiles» con la dictadura militar.
