Matías Fachal, secretario general de la Federación Judicial Argentina (FJA), dialogó con Malas Palabras acerca del rol represivo que ejerce el poder judicial en favor del establishment y la necesidad de una reforma estructural para democratizar el acceso a la justicia.
Por Mariana Portilla
Foto: Federación Judicial Argentina
Con el juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema en marcha, Argentina transita un momento caliente de la crisis de la justicia en su conjunto, al tiempo que se fortalece el reclamo por una reforma judicial estructural.
Malas Palabras dialogó con Matías Fachal, secretario general de la Federación Judicial Argentina (FJA), acerca del rol represivo que ejerce el poder judicial en favor del establishment y la necesidad de una transformación en la justicia.
-¿Cómo definirías a la Corte Suprema de Justicia en su composición actual?
Durante algunos años sus fallos fueron verdaderos ejemplos, incluso para América Latina, en cuanto a la consolidación y conquista de derechos. Que en la actualidad dos de sus jueces hayan sido nombrados por decreto indica que aquellos que tienen que ser los guardianes de la legalidad aceptaron ser designados de manera ilícita.
A partir de ahí todo se fue por el barranco, con una Corte queriendo prácticamente gobernar y reemplazar al Poder Ejecutivo y Legislativo, imponiendo leyes derogadas y autodesignándose presidente del Consejo de la Magistratura.
En ese sentido, la definiría como una Corte bastante ilegítima que pretende asumir facultades que no le son propias, al punto de querer legislar con la suma del poder público. Una Corte absolutista.
– En una ocasión señalaste que el rol que antes tenían los militares o la policía a través de la represión hoy lo está asumiendo el Poder Judicial. ¿Por qué?
Históricamente las luchas sociales, políticas y gremiales fueron reprimidas por la policía o por el Ejército. La manera de adoctrinar o disciplinar era a través de la represión. A sangre y fuego se abrieron para eliminar cualquier tipo de resistencia popular a la instauración del neoliberalismo.
En este contexto, el Poder judicial siempre tuvo el rol de legitimar las represiones, darle un dejo de impunidad. Por eso fue todo un signo que se pudiera realizar el juicio a las Juntas, un ejemplo a nivel mundial de cómo la sociedad pudo juzgar a sus genocidas.
Hoy lo novedoso es que el Poder Judicial ha asumido un rol mucho más protagónico como brazo ejecutor de esas políticas de represión y disciplinamiento. Un informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) da muestras de esto: indica que hay más de cinco mil luchadores sociales imputados o procesados por la justicia.
Lo mismo ocurre en la región con la persecución a aquellos que luchan y a los líderes populares, con el avance del lawfare que sirve para tumbar gobiernos constitucionales o para proscribir a los candidatos, como sucedió con Lula en Brasil o lo que sucede en la causa Vialidad con CFK, o el juicio amañado, casi que trucho, a Milagro Sala.
Por eso, entiendo que ese rol protagónico que hace un par de décadas tenía a la policía o al Ejército como brazo represivo del establishment hoy lo cumple el Poder Judicial.
-¿Por qué creés que Alberto Fernández no pudo llevar adelante las reformas judiciales que anunció al inicio de su mandato?
No lo sé, no debe ser una tarea fácil. Está claro que el Poder Judicial está queriendo gobernar y que se lo dejó llegar a esta instancia. Es el poder más conservador y elitista de los tres, el menos democrático.
Hay que encarar de otra manera la transformación de la justicia, porque Alberto Fernández anunció una reforma que no era tal. Hablamos de democratizar la justicia, los procesos de selección y designación de los magistrados, poner en discusión la duración de los cargos y exigir que los jueces estén comprometidos con los derechos humanos, sociales y laborales. Que se parezcan más al pueblo y no a los intereses de los poderes económicos concentrados que hoy representan.
Si Alberto Fernández no está cómodo con el funcionamiento de la justicia debería haber avanzado con mayor decisión, es algo que hubiera acompañado el pueblo y los trabajadores judiciales, los cuales ni siquiera fuimos convocados a discutir en ese momento los proyectos de reforma que se presentaron.
-En su discurso de apertura de Sesiones, el Presidente dijo que el Poder Judicial “no cuenta con la confianza pública”. ¿Considerás que está perdiendo legitimidad?
Viene perdiendo legitimidad hace años. Recuperó el prestigio con la Corte que llegó después del 2005 y lo volvió a perder con fallos como el 2×1 y la desregulación de las tarifas que afectan a la vida cotidiana, garantizando impunidad a los capitales transnacionales. Hay una desconexión total con la sociedad que va a los tribunales por demanda de justicia, y lejos de eso, salvo contadas excepciones, los fallos son nulos o contra los más vulnerables.
No alcanza con remover a estos cuatro jueces, ya sea con sus renuncias o con el juicio político, sino que hay que avanzar verdaderamente sobre todo el sistema judicial transformándolo de punta a punta, con jueces que se parezcan a su pueblo y no a los intereses trasnacionales y a las elites locales que hoy representan.
