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Nota publicada el 13 / 03 / 2019

El presupuesto del FMI

 

 

El proyecto oficial expone una fenomenal crisis de la deuda pública junto a una profundización del ajuste y la desigualdad. El Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP-ATE) analizó el Presupuesto para el ejercicio 2019, derivado del acuerdo con el Fondo. Los resultados de esa mirada resultan alarmantes. Aquí una primera síntesis.

En el presente material realizamos una primera evaluación del Proyecto del Presupuesto Nacional 2019 que el Gobierno Nacional presentó en el Congreso Nacional.

Se trata del cuarto y último proyecto de Presupuesto del Gobierno de Cambiemos. Lo primero a señalar es que el Presupuesto 2019 muestra con claridad el más absoluto fracaso de la gestión de Macri para mejorar las condiciones de vida de los argentinos. Fracaso que se deja leer aún en los propios supuestos bajo los cuales se confecciona el Presupuesto Nacional.

Así el PBI que nos va a dejar Macri es un 1,9% inferior al que él recibiera en el 2015; y en términos de riqueza por habitante, la destrucción es mayor, alcanza al 5,8%. Esta destrucción de la capacidad de generación de riqueza de la economía se agrava al considerar que la tasa de inflación promedio anual de toda la gestión de Macri (2015-2019) será como mínimo de un 32,5% anual. Una tasa de inflación que supera en 7 puntos porcentuales a la tasa de inflación promedio de la gestión de Cristina Kirchner (que en los años 2007-2015 fue del 25,8% promedio anual). Para alguien como Macri que se jactaba de que la inflación era un problema de fácil solución, las evidencias son contundentes en la mostración de su fracaso.

Ahora bien, el rasgo central que define al Presupuesto Nacional es el Ajuste que pretende realizar el Gobierno sobre las cuentas fiscales de nada menos que de $653.587 millones, de los cuales $82.710 millones es el nuevo ajuste del 2018 y para el 2019 el ajuste alcanza a $570.876 millones.

Se trata de un ajuste que recae fundamentalmente sobre la obra pública (-0,5 puntos del PBI de caída en relación con el PBI, que equivalen a $92.077 millones), sobre las provincias (reducción de -0,7 puntos del PBI para los subsidios de transporte y energía – o lo que es lo mismo, tarifazos provinciales-; a lo que se agrega una reducción de -0,3 puntos del PBI por transferencias corrientes que equivalen a $55.246 millones), y sobre el gasto social (-0,14%) con importantes reducciones del gasto social en términos reales en partidas, como por ejemplo Asignaciones Familiares (caen un 3,7% real en el 2019), Vivienda y Urbanismo (-13,8%), Trabajo (-9,2%), Educación y Cultura (-6,3%) y Agua Potable y Alcantarillado (-5,8%), entre otras. De esta manera, durante la experiencia Macri las partidas del gasto social que más se reducen son: Vivienda y Urbanismo (-70%), Agua Potable y Alcantarillado (-49%); Trabajo (-47%), Ciencia y Técnica (-31%); Educación y Cultura (-27,5%), y Salud (-16,6%). Por otra parte, en materia salarial, los trabajadores estatales son nuevamente postergados en la discusión presupuestaria, ya que se incorpora, en lugar de una pauta de actualización salarial, una pauta de recorte real del orden del -13,8%, en el mejor de los casos.

Es esta opción por la política del ajuste el que el Gobierno de Macri definió como su propuesta de Gobierno para el 2019. Ajuste que se pretende justificar como inevitable y el único camino posible. En esta síntesis queremos priorizar mostrar que es una opción entre muchas otras que el Gobierno adopta. Esta política revela prioridades del Gobierno, que de ser invertidas podrían alumbrar otro camino posible. Van algunas:

a) La cuenta de intereses por pago de deuda supera el total del ajuste comprometido. Se trata de $746.389 millones. De por sí esta magnitud de la partida supera el monto del ajuste que el Gobierno tiene previsto ($653.587 millones). Es decir, con sólo renegociar y posponer los pagos de una deuda que nunca se ha auditado se evitaría el Ajuste de las cuentas públicas. La expansión de los intereses por deuda pública es notoria: al 2015 representaba el 7,7% del total del Gasto Público, y para el 2019 representa el 17,9%. Se trata de un crecimiento del 132% en la participación de los intereses dentro de los gastos totales. La importancia de este rubro se observa en que representa 3,3 veces lo que se gasta en Educación y Cultura; 5 veces lo que se gasta en Salud, 11 veces los gastos en Promoción Social, 16 veces los gastos en Ciencia y Técnica; 25 veces los gastos en Vivienda y Urbanismo; 30 veces los gastos en Agua Potable y Alcantarillado y 70 veces los gastos en la función Trabajo. Más aún, considerando todas estas funciones del gasto público, las mismas involucran $555.567 millones; es decir ¾ partes de lo que se va pagar de intereses de deuda.

b) Los gastos tributarios que es lo que el Estado deja de recaudar por exenciones en los impuestos y los regímenes promocionales, acumulan un total de $429.541 millones.

c) Los subsidios al oligopolio petrolero y gasífero, que beneficia a un puñado de entre 5 y 8 empresas (YPF, Tecpetrol, Total, Pan American Energy, Wintershall, entre las principales) que el Presupuesto 2019 tiene previsto alcanza a nada menos que $114.600 millones.

Es decir, que en los propios contenidos del Mensaje del Presupuesto Nacional se dispone de un monto de $1.290.530 millones cuyo destino se concentra en unas pocas firmas extranjeras y un conjunto reducido de acreedores (a los que bien vendría disponer un censo de acreedores para conocer de quien se trata). El monto de los recursos que insumen estos rubros duplica lo que el Gobierno pretende ajustar.

Si a este conjunto de prioridades del Gobierno de Macri, se agrega el monumental proceso de transferencia de ingresos que se hizo en favor de los exportadores a raíz de las 2 corridas cambiarias que hasta el momento el Gobierno permitió, que hizo que la facturación en pesos de los exportadores prácticamente se duplicaran sin esfuerzo (al pasar del tipo de cambio de $19,3 a otro de $37,3). La magnitud de las transferencias es ciertamente obscena, se trata de nada menos que de $1.086.318 millones. Es prácticamente el mismo monto de lo que se paga por intereses de deuda, conjuntamente con lo que no se recauda por gasto tributario y los subsidios al oligopolio petrolero y gasífero. Si a la magnitud total de la renta por devaluación de los exportadores, nos concentramos en apenas 30 empresas (que concentran el 55% de las exportaciones) y descontamos las nuevas retenciones light, resulta que estas 30 empresas tuvieron un subsidio por efecto de la devaluación de $448.081 millones. Es decir en promedio $14.936 millones por empresa.

Si consideramos el conjunto de los recursos que están destinados a favorecer a los sectores económicos más concentrados, es decir: la renta por devaluación neta de retenciones de las 30 empresas de la cúpula exportadora; más el subsidio a un puñado de 5 empresas petroleras, más los montos que se pierden por gastos tributarios y los pagos de intereses de una deuda que se debería revisar; la suma que el Gobierno de Macri destina a estos cuestionables objetivos alcanza los $1.738.611 millones, que equivalen a más de 2,6 veces los $653.587 millones de ajuste previsto en el Presupuesto.

Por ende, una vez más, el Presupuesto nos devuelve algo que venimos insistiendo desde nuestros materiales. Lejos de que el problema es el Estado, como pretende hacernos creer el Gobierno, el problema es el modo en que los sectores dominantes se han acostumbrado a acumular riquezas, sin inversión, y a costa del resto de los actores sociales. El problema, nuevamente, son los ricos y su lógica de acumulación.


(Para firma es largo, pero no se si ponerlo tan abajo)
El trabajo contó con la coordinación de Horacio Fernández, quien comandó un equipo de discusión del que también formaron parte Gustavo Lahoud, Alejandro López Mieres, Claudio Lozano, Tomás Raffo, Ana Rameri y Mariana Rivolta
La base estadística fue recogida por Samantha Horwitz, Ignacio López Mieres y Javier Rameri.

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recuadro
Ya lo avisó Jauretche

(1957)

Al dólar lo suben «ellos» , de esa manera se devalúa el salario.
Una de las formas de «disciplinar» a los trabajadores que históricamente ha adoptado la oligarquía.

Los «tarifazos» los programan «ellos», una forma de «transferir recursos» del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante.

La «fuga» la facilitan «ellos», una forma de «endeudar» a millones para que se «beneficien» unos pocos.

La «crisis» que no existía, la generaron «ellos», porque a través del miedo «colonizan» el sentido común.

El «relato» y la «mentira» lo implementan «ellos», para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad.

Es hora que te des cuenta que existe un solo camino, ó dejamos que sigan decidiendo «ellos», ó comenzamos a hacer algo por «nosotros».

«No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro…»

(Arturo Jauretche – 1957)

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Recuadro

INSENSIBILIDAD CRIMINAL.

(Del face de Carlos Gassman, periodista de la revista La Pulseada)

“Hace dos días, mediante una simple publicación en el Boletín Oficial, entraron en vigencia las «incompatibilidades» decididas por la nueva Agencia Nacional de Dispacacidad (¡que preside Michetti!) que dejan sin subsidio o pensión por invalidez a miles de personas, chicas, adultas o ancianas. Subsidios que en promedio son de siete mil pesos.
Si uno de los padres de un discapacitado cobra una jubilación, aunque sea la mínima, el hijo pierde el beneficio.
Si tienen cierto auto (que en cualquier caso, pero más en el de un discapacitado motriz, no es un lujo, es una necesidad imperiosa para poder trasladarse) también.
Es el camino elegido para el déficit cero.
Nada de aumentar impuestos a bienes suntuarios. Nada de gravar la renta de la timba financiera. Nada de reimplantar retenciones a exportaciones de sojeros a megamineros beneficiados por una devaluación monstruosa.
Los jubilados, los pibes pobres, los discapacitados, es decir los más débiles entre los débiles, son los blancos del ajuste.
Lo de «criminal» no es una hipérbole. Es una política que mata: cientos de personas que cumplían con todos los requisitos para acceder al subsidio o la pensión se encontraron con que les complicaron tanto el papelerío y le cajonearon deliberadamente tanto los expedientes que lo que tendría que ser un simple trámite llega a demorar hoy hasta tres años. Decenas y decenas se murieron durante la espera. Nadie ignora que una persona discapacitada tiene gastos extras que no posee una convencional.
El primer gobierno que tiene una vicepresidenta y un ex ministro (ahora degradado a secretario) en silla de ruedas demuestra ser el más insensible y despiadado de todos.
Mi hija se llama Mariel. Jamás cobró ni cobrará subsidio o pensión alguna por decisión de sus padres. Vinieron gestores a decirnos que le correspondía e invariablemente le contestamos que «nosotros estamos afortunadamente en condiciones de afrontar sus tratamientos; que esos recursos vayan para los que realmente los necesitan.
Muchos de sus compañeritas y compañeritos son de familias humildes y han perdido el subsidio.
¿Cómo podemos como sociedad no sentir vergüenza ni reaccionar ante algo semejante?”

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Las voces del Acampe por
el Trabajo y la Soberanía

En una iniciativa, cargada de análisis críticos y propuestas, la CTA-Autónoma y ATE debatieron durante una semana frente al Congreso Nacional, junto a expresiones diversas del campo popular, cada una de las aristas del proyecto de presupuesto amarillo, que solo permite ver la entrega de la soberanía argentina al FMI con sus consecuencias de despojo y mayor pobreza para el conjunto del pueblo argentino. Salud, educación, políticas sociales y de producción, niñez, previsión social, trabajo, ciencia, cultura…..Ningún tema quedó fuera de la carpa en medio de un rico intercambio. Testimonios que deben ser tenidos en cuenta.

Ricardo Peidro, titular de la CTA-A,
“Desde la CTA Autónoma y con los compañeros de las organizaciones sociales y sindicales con los que venimos construyendo resistencia y organización con paros y movilizaciones para enfrentar a este modelo económico y social, nos plantamos para convocar a rechazar el proyecto de Presupuesto del gobierno. Los números que plantea este documento que presentamos muestran crudamente el porqué de nuestra oposición: Porque continúa el despojo y la transferencia de ingreso hacia los sectores concentrados. Pero también tenemos propuestas y por eso nos preguntamos ¿Cuál es el presupuesto que necesitan los trabajadores?. Nos quieren hacer esclavos de lo que se decide en otro lado, de lo que decide el Fondo Monetario Internacional, o el G-20, pero cuando se reúnan en Argentina nosotros le vamos a responder con movilizaciones masivas porque acá decide el pueblo. Libres o muertos, jamás esclavos. Cuando se reúnan para levantar la mano, hagamos un paro nacional para que les cueste y para que sepan que no nos rendimos”.

Horacio Fernández, Director del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación de ATE-CTA-A
“El ajuste garantiza al Fondo Monetario el cobro de los intereses de la deuda. De los 4 presupuestos que presentó Macri, en 3 hubo recesión y ahora tenemos un país más chico, más pobreza y un crecimiento explosivo del endeudamiento que llega a 30.000 millones de dólares por año, promedio. Un dato destacado es que la partida que se asigna para pagar intereses de la deuda es mayor que los recortes que hacen en las áreas de Salud, Educación e inversión productiva en general. Además, hay que pensar en que la devaluación enriquece a 30 empresas vinculadas a la exportación y la especulación financiera. Es mentira que solo con ajuste se llega al déficit Cero. El acuerdo con el Fondo es un respirador artificial para llegar al 2019. Transfieren a las provincias la carga del subsidio al transporte, lo mismo a las tarifas y las obligan a tener superávit. Con esto, los gobernadores están obligados a inmolar a sus ciudadanos. Crece fuertemente el desempleo ya que Macri arrancó con un millón doscientos mil desocupados y ahora tenemos más de un millón ochocientos mil; también impone un régimen de retiros voluntarios a todo el empleo público. Además, se modifican leyes previsionales y muchos de ahora en más van a tener que probar que son pobres a la hora de jubilarse y, también quitan los beneficios que tiene los patagónicos”.

Ana Rameri, deIDEP e IPPyP
“Es un presupuesto de clase porque privilegia a los de la clase más alta y el pago de intereses. Propone una Redistribución entre pobres ya que recorta en algunas áreas para poder gastar en otras: menos en infraestructura de educación, menos en urbanización, menos en programas de formación y capacitación laboral, memos en pensiones no contributivas, menos en asignaciones familiares y por maternidad. Los más perjudicados son los trabajadores del Estado que han perdido un 18 % de su salario este año y no está previsto un aumento para el 2019”.

Esteban “Gringo” Castro, Secretario General de la CTEP
“Es muy bueno discutir esto en la calle y con movilizaciones contra el presupuesto. Si en el 2016 no cayó el gasto social fue porque salimos a la calle. El gobierno quiso hacer una política de shock contra el pueblo y nosotros se lo impedimos. Tenemos que evitar que se vote este presupuesto. Tenemos que ser millones movilizados y llevar esta discusión al territorio. Vamos hacia un genocidio social, el proceso de concentración económica está generando un nivel cada vez más profundo de precarización en todo sentido, laboral y en la vida misma”.

Romina del Pla, legisladora por el FIT
“Los mecanismos confiscatorios que utiliza el gobierno son inflación, tarifas, endeudamiento. Son tramposo algunos supuestos logros. Si logras algún beneficio te resignan partidas o las sub ejecutan. Por eso convocamos a todos a hacer un plan de lucha, superar las diferencias y llevar a cabo un plenario de delegados que decida acciones a seguir”.

Silvia Horne, Diputada por el Movimiento Evita
“Este es un Presupuesto para decrecer. Solo crecen los bancos. Hay recursos económicos pero solo para los sectores financieros, el pacto fiscal obliga a modificar el impuesto a los ingresos brutos e impone a las provincias serias restricciones de recaudación, mientras que exime de impuestos a sus amigos petroleros y mineros”.

Gaby Holguín de la organización de vendedores ambulantes El Adoquín
“Se perdieron 15 mil puestos en lo que va del gobierno de Cambiemos. Los que trabajamos en la Economía Popular no estamos al margen, nosotros producíamos riqueza y tenemos derecho a discutirlo. No tenemos un dador visible de ese empleo, pero eso no significa que no seamos explotados. Somos tratados como delincuentes, nos obligan a discutir con funcionarios de espacios públicos y la policía. No somos meramente desocupados, lo que no tenemos es derecho. Pero no nos vamos a rendir, somos el motor de la historia. La unidad se va a dar».

Claudio Lozano, diputado mandato cumplido por UP
“Argentina al borde de la cesación de pagos recurre al Fondo para que Macri llegue a las elecciones. Adoptan como terapia la recesión. El gobierno fracasó pero se sostiene y no sólo por el FMI. Hay una renta no grabada de sectores que ganan con este modelo: tenedores de bonos de deuda, agroexportadoras, y el oligopolio petrolero, entre otros, que configuran un bloque que opera políticamente hacia el interior y son los que están sosteniendo a Macri. Por eso hay que dejar esto claro: las deudas se pagan, pero las estafas ¡No!. Es cínico el gobierno cuando afirma que con este presupuesto aumentan el gasto social. Si hay acuerdo de gobernabilidad con los legisladores y gobernadores que le votan leyes, que haya también un acuerdo popular como el que pudo romper el acuerdo de gobernabilidad, como lo logramos para la movilización de diciembre de 2017 contra la Reforma Previsional”

Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de ATE y secretario adjunto de la CTA-A
“El ajuste impacta sobre políticas directamente vinculadas a las necesidades de nuestro pueblo como son Salud, Educación, Justicia e inversión social en general. Por ello estamos convocando a la mayor unidad para decirle No al FMI y para construir la Patria de todos. En los propios números que plantea el gobierno está la demostración de que hay recursos y que están inequitativamente distribuidos. El Estado Nacional entrega a las trasnacionales más del doble de lo que le está planteando ajustar en las provincias quitando calidad de vida al pueblo argentino. Debemos discutir es como se distribuye la riqueza, y como impedimos que la riqueza que generamos ellos se la lleven al exterior. Lo peor todavía está por venir si se aprueba este Presupuesto, porque son criminales despiadados, y porque su único límite es la capacidad de resistencia de nuestro pueblo por eso convocamos y alentamos a ganar las calles, que las calles sean el escenario de la unidad profunda para resistir y plantear alternativas, para resolver el problema central de la inequitativa distribución de la riqueza. Somos dueños de esta plaza. El tema es que hay ahí en el Congreso algunas personas que quieren que esta plaza sea de los lacayos pero no lo van a lograr porque esta y la Plaza de Mayo, es la plaza de los y las patriotas como las Madres de Plaza de Mayo que estuvieron aquí todos estos días. Esto depende de nosotros y nosotras: si somos capaces de llenar las calles vamos a quebrar la política de este gobierno por una política que genere trabajo, producción y soberanía”.

Daniel Menéndez, Coordinador Nacional de Barrios de Pie
Hay un proceso que tiene que ver con contraponer la especulación financiera con el trabajo, estamos a las puertas de entrar en una crisis muy compleja y en ese sentido la presencia en la calle de los movimiento sociales y las centrales obreras es el camino que tenemos que profundizar. Para nosotros no es un elemento menor la lucha para que este proceso no termine en un estallido con muertos que pone siempre el sector popular y para que no se instale el hambre en nuestros barrios”, concluyó Menéndez.

Mario Barrios, de la Unión Solidaria de los Trabajadores / CTA-A)
“Para salvar el hambre de los que menos tienen la plata nunca esta, porque hoy estamos discutiendo un presupuesto de achicamiento, no hay que ser economista para saber que ya no se pueden pagar las tarifas, el gobierno piensa que nos vamos a quedar esperando las migajas del pago de la deuda, con la que empeñan a las futuras generaciones de nuestro país”

Graciela Iturraspe, diputada nacional (MC) de Unidad Popular
“La letra chiquita de la Asignación Universal a la Vejez dice que está atada a que haya recursos presupuestarios, es decir que si no hay recursos, no se cobra ni siquiera eso. Estamos en una situación de riesgo, nos tenemos que despabilar. Porque es ahora, mañana va a ser tarde”.

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