José María Barbano
La ocupación de tierras no es novedad en la historia argentina. Grandes sectores de las ciudades se asentaron en parcelas fiscales o en cavas inundables, sin mencionar remates fraudulentos y otros métodos.
La novedad del último año ha sido el desalojo de los ocupantes. Intervino la decisión judicial, la discusión mediática, la fuerza policial y el poder de los dueños.
Finalmente, como casi siempre ocurre, quedó confirmado el inviolable derecho a la propiedad privada.
El derecho a la propiedad ya lo había consagrado el Código de Hammurabi. Castiagaba con reparaciones desde treinta veces el valor hasta la sentencia de muerte.
En América, la conquista obtuvo el derecho nominal sobre las tierrasy el derecho del primer poseedor.
En la Provincia de Buenos Aires la génesis habrá que buscarla en tiempos de Rivadavia.
Para construir el puerto y ciudades costeras, se pactó con “Baring Brothers” (1824) un empréstito de 1.000.000 (un millón) de Libras. El capital debía llegar a Buenos Aires por una vía un poco compleja, y en el camino, como suele suceder, se perdieron unas migajas. A modo de hipoteca se ofrecieron las tierras fiscales y otros bienes del Estado. Mientras durase el período de devolución el Estado no podía vender esas propiedades.
Para no dejar ociosas y abandonadas las tierras, se acudió a la figura jurídica de “enfiteusis”. Por ella se concedía el uso de las tierras, al menos por 20 años a partir de enero de 1827, a quienes quisieran “implantar” producción y poblarla.
Los enfiteutas no podían enajenar esas propiedades y debían pagar un canon mensual al fisco. La ley pretendía lograr una distribución equitativa de las tierras.
El terreno se distribuyó rápidamente. Por una de esas casualidades fue otorgado a familias simpatizantes con las ideas unitarias del primer presidente de la república federal.
Cada uno obtuvo y marcó extensiones proporcionadas a sus intereses, aún sabiendo que no alcanzarían utilizarlas para ganado y mucho menos para población.
Se logró así usurpar grandes extensiones que pasaron a disposición absoluta de sus ocupantes registrados en el “Gran Libro de Propiedad Püblica”
Así, en la sola provincia de Buenos Aires 138 propietarios habrían acaparado un total de 18.656.000 hectáreas. No es momento de enumerar las familias beneficiadas, por temor de ofender a alguna olvidando incluirlas en la elite de la primigenia oligarquía terrateniente
Posteriormente, en tiempos de Roca, se pudo contar con el excedente del territorio mapuche. La Socidad Rural, fundada en 1866 influyó en la venta de tierras fiscales a precios irrisorios, sín límites de superficie y sin obligación de productividad. Leyes de la época, matrimonios pactados, aparición de testaferros, ayudaron a conformar los conocidos latifundios. La generalización del alambrado cercando tierra de nadie, hizo el resto..
Y desde las orillas del Plata, el sacrosanto derecho a la propiedad de las tierras elevó himnos de gratitud al Dios Shamash que dictó leyes de justicia al sabio rey Hammurabi.
