por Adolfo ‘Fito’ Aguirre ( Secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Coordinador del Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la Provincia de Buenos Aires)
Ya no se trata de conjeturas acerca de lo que podía ofrecer un presidente que representa y que es parte integrante de lo que alguna vez se llamó la patria contratista, sino que hoy hablamos con los hechos, con los números y estadísticas en las manos, con las acciones y medidas de gobierno que no dejan lugar a dudas respecto del rumbo que está tomando el país.
Claro está que esta política no podría llevarse a cabo sin una trama de gobernabilidad que incluye tanto a los gobernadores como a representantes de otras fuerzas políticas que en el mejor de los casos callan con complicidad, o en el peor, contribuyen con sus dichos al intento de legitimar estas políticas. Esto se vio con claridad en relación a la estigmatización de los inmigrantes cuando el senador por el FPV, Miguel Ángel Pichetto, lanzó frases como «¿Cuánta miseria puede aguantar la Argentina recibiendo inmigrantes pobres?» o “Tenemos que dejar de ser tontos. El problema es que siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú», entre otras frases repudiables.
El segundo semestre no sólo no ofreció las bonanzas que nos auguraban sino que por el contrario, asistimos a un constante deterioro de los indicadores económicos que se ve reflejado en la creciente conflictividad social y en las voces cada vez más masivas que piden un paro general.
Según el Observatorio de la deuda social de la Universidad Católica Argentina (por sólo citar una fuente a la que el propio Macri acudía para despacharse contra el gobierno anterior), en este último año se sumaron 1,5 millones de nuevos pobres a la ya escandalosa cifra anterior, arrojando que el 32,2% de la población vive bajo la línea de pobreza. Más escandaloso aún: la infancia es la más golpeada, alcanzando a 48,8% el porcentaje de los niños/as entre 0 y 14 años que vive en la pobreza. Pero para el Gobierno estas cifras parecen no importar.
Este gobierno tan amigo de las estadísticas y de los sondeos, cuyo presidente tanto habló de sincerar los números, eligió con poca originalidad designar con el dedo a culpables, a quienes se los pueda identificar de lejos, a quien claramente les juega en contra la otredad, el ser diferentes.
Allí dos culpables fueron encontrados: los migrantes y los jóvenes.
Cuando la economía no va bien el problema de la inseguridad parece ser el tema de agenda predilecto para abordar la crisis de un país, no atacando sus causas sino sus consecuencias.
El triste caso en el que Brian, un joven de Flores, fue asesinado a finales de año, fue utilizado sin vergüenza por el gobierno para justificar la “necesidad” de dos medidas políticas totalmente regresivas (e ineficaces) para combatir el crimen: el cambio en materia migratoria y la baja en la edad de punibilidad.
Como los datos estadísticos no permiten desprender tamaña correlación entre criminalidad y migración y criminalidad y adolescencia, se procedió a una tergiversación de los mismos y a una minuciosa campaña mediática para construir (o reconstruir) a los dos chivos expiatorios. Producto de esto el gobierno quiere seguir avanzando en su proyecto de bajar la edad de punibilidad, como lo venimos denunciando, contra los derechos de las personas migrantes.
El decreto que viola derechos
Tanto es así que hoy tenemos un decreto (70/2017) que modifica sustancialmente la ley 25.871 sobre migraciones, construida en base al consenso y que ha sido modelo para el mundo entero. La ley 25.871 estaba basada en la óptica de los derechos humanos, y dejaba atrás la vieja doctrina de la dictadura que hacía de las migraciones una cuestión de seguridad nacional.
El decreto modifica toda la ley y entre otros puntos endurece los criterios de expulsión y de denegación de la residencia a personas migrantes; debilita el derecho a la defensa; establece un trámite de expulsión exprés; amplía los casos en que los migrantes pueden ser detenidos; y descarta el arraigo y la vinculación como causal para evitar la expulsión.
El decreto es de por sí inconstitucional: no se justifica de ninguna manera en una situación de necesidad y urgencia, toda vez que la población migrante presa en el país representa el 6,2% de la población carcelaria total (4.449 personas) en contraste con los más de 2 millones de personas migrantes que viven en nuestro país. Estos números que se mantienen estables, contrastan con la encendida retórica del gobierno que ha querido crear un clima enrarecido estigmatizando a los y las migrantes de países hermanos.
La gravedad de este decreto radica justamente en asociar narcotráfico, criminalidad y migración, penalizando a una de las poblaciones más vulnerables, con la hipocresía de quien sabe que las redes del narcotráfico difícilmente tengan sus cabezas en aquellos a los que visa el decreto, sino en un entramado que va desde grandes empresarios hasta la complicidad del Estado.
Este decreto avasalla también garantías constitucionales, eliminando de hecho el principio de presunción de inocencia para los migrantes, además de que vuelve a equiparar la irregularidad administrativa (que en sí es una responsabilidad del Estado) con el delito. Lo que se logrará con este decreto está lejos de contribuir a una mejora social, sino que por el contrario generará más impunidad, más xenofobia, más desprotección y mayor irregularidad.
Por todo esto la Argentina fue citada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a una audiencia de oficio en la que debió dar explicaciones respecto de los cambios introducidos en cuestiones migratorias. En particular la CIDH expresó preocupación por el decreto 70/2017 que modifica la ley 25.871, símbolo de madurez política y estándar de derechos humanos, modelo para países hermanos y para el mundo. La CIDH convoca audiencias de oficio para marcar las prioridades de la Comisión y para darle lugar a las denuncias por violaciones de Derechos Humanos.
Para darnos una idea, otras de las cinco audiencias convocadas para esto año son a EE.UU por las propuestas de Trump de construir un muro en la frontera con México; la ampliación de las deportaciones de extranjeros indocumentados y las nuevas restricciones para ingresar al país para ciudadanos de seis países mayoritariamente musulmanes; y otra para darle seguimiento a la investigación sobre la desaparición de los estudiantes mexicanos de Ayotzinapa.
La Argentina fue citada al igual que lo fue el gobierno de Trump por los cambios y restricciones en materia migratoria pero parece no importar.
En campaña Cambiemos prometió una Argentina real y sincerada, donde se dejase atrás “el relato” y se empiecen a abordar los problemas con seriedad.
Una vez en el poder, sin sorpresa para muchos, asistimos una vez más a la cacería de brujas para buscar culpables que permitan descargar en ellos los males que se originan producto de decisiones políticas que podríamos tildar de erradas, si le damos lugar a la inocencia, o como direccionadas a favorecer a los sectores más concentrados y poderosos, si somos fieles con la realidad, como vamos a ver páginas más adelante.
