Adolfo Pérez Esquivel
Los recientes, y lamentablemente reiterados incendios forestales en Chubut, se cobraron ya dos vidas, y afectó a más de 300 habitantes que han quedado sin casas. Las comunidades mapuches han denunciado la afectación del bosque nativo, su sustitución por plantaciones forestales sobre todo de pinos que son grandes consumidores de agua y altamente vulnerables a los incendios. En esta ocasión el fuego arrasó tanto bosques nativos como implantados. Las causales de estos incendios son objeto de investigación en este momento, aunque resulta evidente por la sucesiva reiteración de estos hechos, la intencionalidad de intereses empresarios en ocupar esos territorios para emprendimientos inmobiliarios y mineros.
Los pobladores afectados, socorristas y el pueblo en general de Chubut han dado y siguen dando ejemplos de solidaridad en atender la emergencia con los damnificados. Máxime cuando enfrentan una ofensiva de medios hegemónicos y dirigentes nacionales como el senador Wereltineck, la ex ministra de seguridad Bullrich o el actual Auditor General Pichetto, quienes han acusado por los incendios al pueblo mapuche, en un claro ejercicio de racismo y convocatoria a la represión.
El pueblo de Chubut viene protagonizando una intensa y enérgica lucha contra la megaminería y los modelos extractivistas. Hace pocos días la masiva movilización logró impedir el tratamiento del proyecto de zonificación minera del gobierno que pretende imponer el Gobierno de Arcioni. En todos estos años la lucha ambiental ha sido pacífica, y han sufrido diversas represiones tanto por las fuerzas policiales, como paraestatales entre esta la ejercida por la burocracia sindical que operan como fuerzas de choque e intimidación.
En ese contexto provincial y en medio de la emergencia por el desastre, la presencia del gobierno nacional para relevar la situación y ayudar a los damnificados, fue opacada por hechos de violencia contra la comitiva del Presidente Alberto Fernández.
La justicia, esperamos independiente, debe investigar estos hechos y actuar según derecho, tanto por los incendios como por la agresión violenta contra la comitiva presidencial. Según la información que nos ha llegado, ha quedado en evidencia que se habilitó una “zona liberada” por parte de la policía local, una patota de la Uocra intimidó a manifestantes ambientalistas y quienes tiraron piedras “curiosamente” bajaron y se retiraron en una camioneta propiedad de la policía provincial.
Nuevamente las acusaciones del gobierno provincial trataron de criminalizar la protesta ambiental antiminera, presente en el lugar.
El pueblo de Chubut se ha manifestado en reiteras formas durante mucho tiempo, a través de las Asambleas populares reclamando por sus derechos, sin ejercer la violencia, recurriendo a plebiscitos, consultas populares, peticiones jurídicas, movilizaciones para decir NO A LA MEGAMINERÍA, es un derecho del pueblo de reclamar a las autoridades que cumpla con la voluntad popular. El gobernador Arcioni realizó su campaña electoral expresando su rechazo a la megaminería, luego se abrazó con el lobby minero que no ha escatimado medios y sobornos para lograr imponer sus intereses en la legislatura provincial.
Tanto el gobierno nacional, como el provincial saben de los informes científicos y médicos que confirman los daños provocados por la megaminería; el uso de cianuro y mercurio para el tratamiento metalífero, la contaminación del agua y el medio ambiente y el deterioro de la salud de la población y de la Madre Tierra. No pueden desentenderse del problema y menos seguir promocionando, en eventos mineros internacionales, emprendimientos altamente cuestionados por las poblaciones locales.
Desarrollo no es explotación, debe buscarse el equilibrio entre las necesidades del ser humano y la Madre Tierra, caso contrario se daña profundamente la vida planetaria y la de nuestro país. Todxs lxs pueblos cordilleranos que enfrentan los modelos extractivistas, y en particular el chubutense, ya se han expresado contundentemente contra la megaminería “No es no”, ese no es el camino para alcanzar la justicia social y ambiental.
En lo inmediato, resulta urgente fortalecer el sistema de prevención de fuego, con los recursos necesarios para atender este tipo de emergencia y que se aporten los fondos necesarios para que la población afectada pueda reconstruir sus casas y reparar las pérdidas que tuvieron.
Sería importante que los gobernantes, quienes deben definir y ejecutar políticas públicas no sólo lean, sino que apliquen los lineamientos que el Papa Francisco ha expresado tanto en las Encíclicas “Laudato Si”, como “Fratelli Tutti” donde se cuestionan los modelos de depredación de la naturaleza. También debieran escuchar la voz de nuestros pueblos originarios en sus enseñanzas del Buen Vivir. No somos los dueños de la Madre Tierra, somos sus hijos/ as y debemos cuidarla para proteger la vida y el equilibrio entre las necesidades del ser humano y la Naturaleza, caso contrario estamos atentando contra nuestra “Casa Común”.
