El gobierno nacional cesa y desfinancia las políticas en derechos humanos planificadas desde 2004 en el ex edificio de la Marina para profundizar su sesgo negacionista. Hablan Nana González -referente de ATE-, Matías Cerezo -coordinador del centro cultural Conti-, además de Adriana Taboada y Nicolás Tauber, por la Secretaría de Derechos Humanos
Por Luciana Bertoia
Ilustración: Juan Soto
El 17 de mayo pasado, un grupo de militares retirados ingresó al Espacio Memoria y Derechos Humanos, que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), por donde se estima que pasaron 5000 detenidos-desaparecidos. A grito pelado, los visitantes entonaron la marcha de la Marina y se fotografiaron junto al Skyvan utilizado para arrojar personas vivas a las aguas del Mar Argentino. Para ellos, fue una forma de plantar bandera.
Tras la incursión, uno de ellos escribió en la red Facebook: “Hoy hicimos historia en nuestra ESMA. Usurpada”. A lo largo de las últimas cuatro décadas, la ESMA fue un espacio donde se disputa la memoria de lo sucedido en los años del terrorismo de Estado. Con la llegada de Javier Milei y Victoria Villarruel al poder, esa pelea se volvió descarnada. El Gobierno frenó actividades públicas previamente planificadas, cerró edificios en el interior del predio, y despidió trabajadores en una clara maniobra que busca, finalmente, vaciar el Espacio Memoria y Derechos Humanos.
El interventor
En noviembre de 2023, cuando todavía no se había desatado la interna con Milei, la Vicepresidenta Villarruel expresó su intención de implementar una nueva agenda gubernamental en el edificio de Núñez, que ya en los ‘90 corrió riesgo de convertirse en un “parque para la reconciliación” por obra y gracia del presidente Carlos Menem. “Son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas por todo el pueblo”, dijo Villarruel ante diversos medios.
En rigor de verdad, cualquier ciudadano puede ingresar al Espacio Memoria y Derechos Humanos. El lugar es administrado por un ente tripartito en el que confluyen los gobiernos de Nación y Ciudad, además de representantes de organismos de derechos humanos. Hay edificios que pertenecen al Estado, y otros que están en poder de las organizaciones de la sociedad civil. Desde diciembre de 2015, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) tiene su sede principal en el predio.
Alberto Baños se hizo cargo de la SDH en diciembre de 2023. Sus antecedentes no eran los más propicios para el movimiento de derechos humanos: lo tenían caracterizado como un juez afín a las fuerzas de seguridad, y que había hecho todo lo posible para que naufragara la investigación sobre la desaparición de Arshak Karhanyan, el policía de la Ciudad desaparecido. Aún así, Baños se reunió en los primeros días con los organismos que tienen representación en el directorio de la ex-ESMA, donde comunicó que les traía los saludos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, porque ambos, aseguró, respetaban su labor. Con el correr de los días, esa relación se volvió cada vez más tirante.
El primer enfrentamiento público de los organismos con Baños fue en noviembre del año pasado en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Él, desde Washington, trató con desdén a las referentes Taty Almeida y Estela de Carlotto, que lo escuchaban desde el auditorio de la Casa por la Identidad en la ex-ESMA. Se refirió a ellas como “esas mujeres” y les achacó creerse “dueñas del relato”.
Para entonces, Baños ya había empezado a reducir la SDH y a impedir el desarrollo de actividades programadas. Los despidos fueron denunciados, desde el inicio de la gestión de Baños, por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); a su vez, contaron siempre con la reivindicación de Cúneo Libarona, que refrendó la política de despidos horas después de la marcha conmemorativa por Memoria, Verdad y Justicia a 49 años del golpe. “Desde que asumimos despedimos a 405 militantes de la Secretaría de Derechos Humanos, lo que representa el 44 por ciento del personal recibido”, se jactó el ministro en redes sociales.
Vaciar para recuperar
La denuncia sobre el desmantelamiento se instaló con fuerza a finales del 2024. El 27 de diciembre, se convocó a un abrazo para defender las políticas de memoria que se implementan desde la ex-ESMA. Fue un actividad con gran convocatoria, a la que acudieron incluso sobrevivientes que no suelen frecuentar el lugar donde estuvieron cautivos. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció ante la justicia federal que aquel día se realizaron tareas de inteligencia ilegal por parte de las fuerzas de seguridad, cuyos integrantes se entremezclaban entre los manifestantes para registrar imágenes.
El 31 de enero llegó a los trabajadores un mensaje por WhatsApp de la secretaria de Baños donde anunciaba que, a partir del 2 de enero, permanecería cerrado el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, y que arrancaría la primera tanda de despidos. A partir de aquella jornada fue habitual ver a los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) controlando los ingresos del personal.
El Conti, que inició sus actividades en 2008, no volvió a abrir sus puertas. La mayoría de sus trabajadores fueron despedidos. Baños decidió desvincular, entre otros, a Matías Cerezo, uno de sus coordinadores y mano derecha de Eduardo Jozami, fundador del centro cultural. En septiembre del año pasado, Cerezo había tenido una fuerte discusión con el secretario de Derechos Humanos cuando decidió censurar las jornadas de política de la memoria que se realizan desde hace quince años.
Baños le preguntó si era un espacio tan amplio y democrático como para invitar a quienes defienden a los genocidas Jorge Rafael Videla o Alfredo Astiz. Una provocación que Cerezo retrucó diciendo que eso implicaría otorgar la palabra a apologistas del terrorismo de Estado. “Cuando niegan o, inclusive, hacen apología al terrorismo de Estado, no nos están hablando del pasado, nos están hablando también del presente y del futuro. Nos están proponiendo un país sin plena vigencia de los derechos humanos. El gobierno pretende erigir un Estado con impunidad para reprimir y matar, y en ese contexto es que desmantelan la Secretaría de Derechos Humanos”, advierte Cerezo a Malas Palabras.
“Nos están proponiendo un país sin plena vigencia de los derechos humanos. El gobierno pretende erigir un Estado con impunidad para reprimir y matar, y en ese contexto es que desmantelan la Secretaría de Derechos Humanos”
Matías Cerezo, coordinar del Centro Cultural Conti.
Silenciar a Milo
En febrero, los organismos de derechos humanos organizaron un recital del artista juvenil Milo J. El concierto fue suspendido por una jueza del fuero contencioso administrativo porque el Gobierno pidió una medida cautelar para frenar el concierto. A partir de ese episodio, Baños informó que los sitios de memoria –prácticamente diezmados por los despidos– no podrían llevar adelante eventos sin su autorización. Ese mismo día, el Secretario dio la orden de retirar una gigantografía en la que se veía a Néstor Kirchner al momento de ordenar bajar los cuadros de los dictadores en el Colegio Militar de la Nación. Fue uno de los gestos simbólicos más notorios de la administración libertaria.
En los primeros días de marzo, Baños ordenó además arrancar los carteles que, desde las rejas que dan a Avenida del Libertador, denuncian el desmantelamiento de la Secretaría. Esos afiches fueron quemados en el playón del estacionamiento. “Fue un acto muy violento porque acá se incineraban cuerpos de las personas que estaban secuestradas”, remarca Nicolás Tauber, uno de los abogados querellantes de la SDH que tiene prohibido el ingreso a su lugar de trabajo. “Al área de Jurídicos la golpearon desde el principio. Quedaron solo doce abogados para atender las causas de todo el país”, detalla a Malas Palabras.
“Al área de Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos la golpearon desde el principio. Quedaron solo doce abogados para atender las causas de todo el país”
Nicolás Tauber, abogado querellante de la Secretaría de Derechos Humanos.
Baños aceleró la última tanda de despidos. A quienes iban a ser echados a finales de marzo se les prohibió la entrada a mitad de mes tras denunciarlos por “actos de indisciplina” debido a su participación en una asamblea gremial. Adriana Taboada está en esa nómina. Ella era una de las peritos de la SDH que evaluaba el estado de salud de los represores para definir si podían afrontar un proceso.
Un edificio en silencio
“Hay cosas que destruyeron de entrada. La política de Memoria, Verdad y Justicia la fueron destruyendo de a poquito. Fue un desgaste emocional enorme porque despedían gente, la reincorporaban y la volvían a despedir. Hubo personas a las que despidieron tres veces. Ahí hay una intencionalidad de, no solo desmantelar algo, sino de afectar la vida y la salud de los trabajadores”, dice a esta revista.
“Es una atmósfera muy difícil de habitar”, concede Nana González, referente de ATE en la SDH y una de las trabajadoras del Conti despedidas pese a su rol como delegada. “El predio está cada vez más desierto: Van menos escuelas y hay menos gente que lo visita”, explica a Malas Palabras. El museo del sitio –que funciona en el ex casino de oficiales, donde estuvieron detenidos miles de secuestrados, y que fue declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO– solo abre sus puertas, ahora, de miércoles a sábados porque perdió a buena parte de su personal.
“Es una atmósfera muy difícil de habitar. El predio está cada vez más desierto: Van menos escuelas y hay menos gente que lo visita”.
Nana González, referente de ATE.
“Dijimos que para marzo lo iban a vaciar. Y fue lo que pasó”, insiste González. “El vaciamiento es clarísimo”. Lo que aún no se sabe es por qué quieren vaciarla: si es para que la recuperen aquellos que la consideran “usurpada” o, simplemente, para destruir la forma que la sociedad argentina se dio para señalar que Nunca Más puede repetirse lo que pasó en esas 17 hectáreas.
