Una publicación elaborada por una comisión especial creada por dirigentes del Partido de los Trabajadores brasileños muestra claramente otra verdad frente a la campaña golpista comandada por los medios monopolizados, políticos de varios partidos, y sectores del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Policía Federal, que tiene contra las cuerdas al gobierno de Dilma Rousseff. El material fue entregado a los dirigentes de la CTA y de Unidad Popular que asistieron a la reciente cumbre de la Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas, entre los que se destacaban Adolfo Fito Aguirre –reelecto vicepresidente de la organización-, Hugo Godoy, Carlos Custer y Julio Fuentes, entre otros. Aquí compartimos un extracto del trabajo:
El PT nació para cambiar al Brasil. Y lo ha cambiado. Por primera vez un partido de masas, creado de abajo hacia arriba, les dio voz a los trabajadores y a los amplios sectores históricamente excluidos de las decisiones nacionales. Y, por primera vez, un gobierno popular elegido democráticamente instaló a los trabajadores y a los más pobres en el centro de las políticas públicas y empezó a romper el ciclo histórico de desigualdad y de injusticia en nuestra sociedad.
En estos poco más de 12 años, los gobiernos del PT y de los partidos aliados han
cambiado la vida del pueblo brasileño, en la mayor ascensión social de todos los tiempos, 36 millones de personas se libertaron de la pobreza extrema y más de 40 millones alcanzaron estándares de ingreso y consumo de clase media. Más de 20 millones conquistaron empleos formales.
Casi 4 millones de jóvenes, en su mayoría negros y de familias pobres, lograron
ingresar en las universidades, como alumnos, no como sirvientes. El sueño de la casa
propia y el acceso a bienes de consumo esenciales se volvieron realidad para la inmensa mayoría de la población. El País quedó menos desigual y la vida de las personas quedó más digna.
La transformación de Brasil en un País mejor y más justo es el legado incuestionable del PT.
Eso es intolerable para los sectores más retrógrados de la sociedad brasileña.
Derrotados en las urnas en cuatro elecciones consecutivas, estos sectores mantienen contra el gobierno una campaña de odio, intolerancia y mentiras. Ya no disimulan sus objetivos: además de golpear al gobierno democráticamente elegido de la presidenta Dilma Rousseff, quieren eliminar al PT de la vida política brasileña.
El punto central de esta campaña es el intento de criminalizar al partido, a
sus dirigentes y a su mayor líder, el compañero Luiz Inácio Lula da Silva. En
torno a ese objetivo se mueven los jefes de la oposición, en complicidad con los grandes medios de comunicación y en colusión con agentes del Estado impúdicamente facciosos.
Mienten bajo la protección de la toga, en los más altos tribunales, afrontando la
conciencia jurídica de la Nación en red nacional de televisión. Mienten bajo la
protección de la inmunidad parlamentaria, diseminando el odio en las redes sociales.
Mienten bajo la protección de la autonomía funcional, forjando procedimientos
investigativos sin base alguna, únicamente para producir titulares. Mienten bajo la
protección del anonimato cobarde, contrabandeando a los medios datos parciales y
manipulados a través de filtraciones criminales.
A lo largo de los gobiernos del PT, otras farsas han sido creadas, siempre con el objetivo de criminalizar al partido y a sus dirigentes. Hoy, totalmente desacreditada, la revista VEJA ya publicó artículos asociando el PT al narcotráfico, a la guerrilla colombiana y a un fantasioso esquema de contrabando de dólares desde Cuba.
VEJA publicó falsos extractos de cuentas en Suiza, mentirosamente atribuidas a
Lula y a personas del gobierno, además de crear anécdotas rocambolescas sobre dossiers imaginarios, contratos gubernamentales inexistentes y la farsa de las escuchas en el STF (Supremo Tribunal Federal), de las que jamás se presentó el audio. Por haber mentido con tanta desfachatez, en 2010 VEJA fue condenada por la Justicia a publicar el derecho de respuesta del PT.
EL MENSALAO
Sobre estas bases de falsas denuncias se irguió la mitología del “mensalão”, a
través del cual los grandes medios y nuestros adversarios transformaron la Acción Penal 470 en un juicio político. En lugar de analizar y punir las conductas de los acusados con base en la ley, el proceso acogió teorías extrañas a la jurisprudencia brasileña, la llamada teoría del dominio del hecho, y fue utilizado para diseminar la tesis absurda de que el gobierno habría sobornado a la mayoría del Congreso, lo que jamás se ha comprobado ni jamás se comprobará, por ser absolutamente inverosímil.
Desde la campaña electoral de 2014, nuestros adversarios eligieron las
investigaciones de la llamada Operación Lava Jato para insistir en criminalizar al PT.
Repitiendo el método del “mensalão”, intentan atribuirle al PT – y exclusivamente al
PT – los crímenes de bandidos confesos, vinculados a varios partidos, incluso de la
oposición, que actuaban impunemente desde hace décadas y hoy negocian declaraciones a cambio de beneficios, sin presentar pruebas de lo que dicen.
Que quede bien claro: el PT apoya vigorosamente todas las acciones del Poder
Judicial, del Ministerio Público y de la Policía Federal para cohibir la corrupción y el
desvío de dinero público. El PT no defiende al que se equivocó, desvió dinero público
o cometió cualquier crimen.
Al contrario: el PT es, de hecho, el partido que más ha luchado contra la impunidad en Brasil, tanto cuando estuvo en la oposición como en estos 12 años de gobierno.
La Lava Jato y muchas otras investigaciones no habrían sido posibles sin los
profundos cambios que nuestro gobierno promovió para volver al Estado brasileño más transparente y republicano. Que sean punidos todos los culpables, y declarados inocentes los injustamente acusados.
Lamentablemente, todo el esfuerzo para investigar y punir los desvíos ocurridos
en Petrobras puede ser comprometido por los abusos de autoridad y fallas procesuales en el ámbito de la Operación Lava Jato. Eso es lo que sucede cuando se sobrepasan los límites y garantías del Estado Democrático de Derecho, sea cual sea el pretexto, cuando se alaban a los justicieros en detrimento del debido proceso legal.
Creemos que los vicios de esta operación se corregirán en las instancias superiores, pero nada podrá reparar el mal que ya han causado a la imagen del PT y al equilibrio de la disputa política en el País.
En otro frente de ataque al partido, se vienen manipulando datos financieros de
las empresas investigadas en la Lava Jato, en la esfera de la Justicia Electoral, con el
objetivo de criminalizar el financiamiento del PT.
El PT siempre ha defendido el financiamiento público exclusivo a los partidos y
campañas electorales. Recurre al financiamiento empresarial, dentro de la ley,
porque era esta la regla en vigor y porque tiene la responsabilidad política de
defender su proyecto en las condiciones concretas de la disputa electoral.
Las empresas investigadas que hicieron contribuciones al PT – todas ellas
registradas, en conformidad con la ley – donaron recursos semejantes y hasta mayores al PSDB y a sus candidatos. Hicieron obras y firmaron contratos con gobiernos estaduales tucanos. Los mismos criminales que intentaron incriminar al PT señalaron con el dedo al PSDB, pero, para los cabecillas de la operación, eso “no viene al caso”.
En un tercer frente, los adversarios se valen de un contubernio entre los medios y sectores partidarizados del Ministerio Público para intentar alcanzar al ex presidente Lula, el mayor líder político del País. Justamente por ello, Lula se volvió el blanco de una farsa extrajudicial, que busca apuntarlo falsamente como sospechoso de crímenes que jamás han sido practicados.
En una odiosa inversión de valores, Lula está siendo perseguido por haber
trabajado – como ningún otro presidente – para ampliar la presencia de Brasil y de las
empresas brasileñas alrededor del mundo. Cualquier ex presidente sería elogiado por
haber actuado así, pero la prensa brasileña y sus cómplices insisten en ver un crimen en esa actividad – solo no logran señalar de qué crimen se trata. Y los titulares se suceden.
La manera sistemática, violenta e insultante con la que estas mentiras vienen
siendo difundidas – en un ambiente de odio, intolerancia y terror que ya resultó en
atentados a tres sedes del PT y al Instituto Lula – no deja dudas en cuanto a los objetivos de sus mentores: quieren eliminar a Lula y al PT de la escena política brasileña, temiendo sufrir la quinta derrota consecutiva en las elecciones de 2018.
EL FINANCIAMIENTO ELECTORAL
En las elecciones nacionales, empresas hicieron donaciones casi iguales al PSDB y al
PT, incluyendo las señaladas en la Operación Lava Jato. En las elecciones para el
gobierno de São Paulo, el PSDB recibió el doble en el cuadro general y se llevó un 92% de las donaciones de empresas de la Lava Jato. Empresas acusadas de participar en el llamado “Trensalão” bancaron más de la mitad de la campaña de Geraldo Alckmin, sin que eso incriminara al gobernador de São Paulo y su partido, el PSDB. ¿Por qué, entonces, acusar las finanzas del PT, todas ellas legales y declaradas a la justicia electoral, de ilícitas y originarias de soborno?
1) El que le abrió las puertas de la política al poder económico fue FHC
Las contribuciones electorales de empresas (personas jurídicas) fueron aprobadas
por el Congreso Nacional en 1995 (Ley de los Partidos) y en 1997 (Ley Electoral), en
el mismo período en que se modificó la Constitución para permitir la reelección de
Fernando Henrique Cardoso, bajo fuertes evidencias de compra de votos con pago en
dinero. Esa legislación, introducida por la base de apoyo al gobierno del PSDB, eliminó
todos los límites impuestos a las donaciones de empresas a partidos y candidatos,
permitiendo la elevación estratosférica de los costos de las campañas electorales, lo que es una grave distorsión del proceso democrático.
El PT siempre ha sido contra la participación de empresas en las campañas
electorales y en el financiamiento partidario. Su programa defiende el
financiamiento público y exclusivo, porque esa es la manera democrática de enfrentar la influencia del poder económico en el proceso político.
El PT recibió donaciones en la forma de la ley, todas ellas demostradas en las
rendiciones de cuentas de la campaña de la presidenta Dilma Rousseff, aprobadas por
el Tribunal Superior Electoral en noviembre pasado, lo que ahora ha sido reabierto por
el golpismo latente de la oposición brasileña y sus “secuaces” en el aparato judicial.
Todos los demás partidos lo hicieron, sin embargo, solamente las cuentas del PT son
objeto de reclamaciones y de las noticias en la prensa.
El financiamiento empresarial de campañas y partidos fue considerado
inconstitucional por el STF, en juicio concluido el día 15/9/2015. La decisión de la mayoría del Supremo podría haber vigorado desde el año pasado, si no hubiera sido escandalosamente saboteada por el ministro Gilmar Mendes – nombrado
para el STF por Fernando Henrique Cardoso.
Con un pedido de vistas en abril de 2014, cuando ya había seis votos (mayoría)
contrarios al financiamiento privado, Mendes impidió el proseguimiento del juicio y, a
lo largo de 17 meses, hasta que fuera ampliamente derrotado. Son notorias las relaciones de Gilmar Mendes con los tucanos, así como es evidente su comportamiento faccioso contra el PT, tanto en el STF como en el Tribunal Superior Electoral.
Las maniobras y declaraciones antipetistas de Mendes, incompatibles con la
imparcialidad y el recato exigidos de un juez, no son capaces de cambiar la realidad:
quien abrió las puertas a la influencia del poder económico en la vida política brasileña
fue el gobierno del PSDB, el mismo que corrompió al Congreso para introducir la
reelección.
EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN
La corrupción se combate con acciones concretas, no con demagogia. Y ningún
gobierno ha tomado tantas medidas para aumentar la transparencia, cohibir la
corrupción, punir a corruptos y corruptores, no importando su posición política o social,
como hizo el PT. Creo nuevas leyes y nuevos órganos de control; fortaleció a la
Policía y la autonomía del Ministerio Público. Saco a la corrupción de los cajones
en los que estaba escondida en los tiempos del PSDB.
Tras enumerar una serie de medidas en la mencionada dirección, el informe se refiere a la Operación Lava Jato y Petrobrás, señalando que “exactamente por las medidas de combate a la corrupción implementadas por los gobiernos del PT, descritas arriba, es que viene siendo posible la averiguación, la investigación, juicio y punición de los responsables de los escándalos de corrupción en nuestro país.
Parece comprobado que había en la Petrobras un esquema externo de sobornos
sistemáticos a empleados. Un reportaje de la BBC, publicado el 29/11/2014, recordó
denuncias de corrupción de Petrobras implicando a directores de la compañía hechas por el periodista Paulo Francis en octubre de 1996, que denunció: “Todos los directores de Petrobras ponen el dinero allá (Suiza). Hay cuentas de 60 millones de dólares…” En esa época, Fernando Henrique Cardoso, del PSDB, era el presidente de la República. Según el reportaje, FHC tomó conocimiento de la denuncia. Aun así, nada se hizo para investigar el caso. Ni la prensa, ni tampoco Geraldo Brindeiro, Procurador-General de la República (que quedó conocido como “encajonador-general de la República”), investigaron. Al periodista Paulo Francis le hicieron juicio. Los directores de Petrobras, entre ellos el presidente de la compañía, Joel Rennó, pedían una indemnización de US$ 100 millones.
Desde el comienzo de la Operación Lava Jato, los principales operadores del
esquema informan que empezaron a actuar en el gobierno de FHC. El notorio Pedro
Barusco confesó que cobraba sobornos millonarios ya en 1997. En el mismo período,
Alberto Youssef movió US$ 56 millones en la “Cuenta Tucano”, de la caja de las
campañas de FHC y José Serra. Pero la Fuerza Especial de Tareas y el juez Sérgio Moro se niegan a investigar el “Petrolão” del PSDB.
La TV Globo les prohibió expresamente a sus reporteros mencionar las relaciones de FHC con la Lava Jato.
Denuncias, solo contra el PT.
(Para ver la totalidad de decenas de maniobras judiciales y mediáticas, acceder al informe completo http://www.pt.org.br/wp-content/uploads/2015/11/En-defensa-del-PT-de-la-Verdad-y-de-la-Democracia1.pdf)
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Biblias, toros, balas
Por Mariano Vázquez (publicado por La Razón de La Paz, Bolivia)
Se trata del Congreso más conservador desde la recuperación de la democracia en Brasil en 1985. Predominan los representantes de los agronegocios, del fundamentalismo religioso, de la banca, y de las fuerzas de seguridad.
Se la conoce como la Bancada BBB —Biblia, Boi (toro), Balas—, así la bautizó la diputada Erika Kokay del Partido de los Trabajadores (PT), y los proyectos de este grupo así lo corroboran: baja de edad de imputabilidad para menores, portación libre de armas de fuego, Estatuto de la Familia, reversión de la propiedad de tierras de los indios, aborto como crimen hediondo y penalización para los médicos que lo practiquen, Día del Orgullo Hetero, y más de 55 proyectos de ley que afectan a trabajadores, a su capacidad de negociar colectivamente y defender sus derechos, entre otros. Dominan de manera escandalosa el Congreso de Brasil.
El Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria (DIAP), que fiscaliza desde las organizaciones de trabajadores qué hacen y quiénes son los diputados y senadores, publicó en 2015 dos pormenorizados informes: Radiografía del nuevo Congreso. Legislatura 2015-2019 y Las ‘Cabezas’ del Congreso Nacional. Una investigación sobre los 100 parlamentarios más influyentes. Dos botones de muestra del poder intimidante de la triple B.
El DIAP señala que de 513 diputados y 81 senadores que componen el Congreso, 251 son empresarios, 127 son hacendados, 55 son militares o policías, 78 son evangélicos. Advertimos que muchos de estos representantes portan las cuatro categorías. En el otro extremo, apenas 49 son sindicalistas, 3 son campesinos y 64 son mujeres.
Amplía este cuadro el secretario general del Movimiento Sin Tierra (MST), João Pedro Stedile, quien afirma que este Congreso no representa a la diversidad de Brasil, “porque el 60% de la población es negra y mulata y solo hay un 3% en el Parlamento; porque en el país solo el 3% son empresarios, pero en el Legislativo son la mitad de los representantes; porque el 58% de la población tiene menos de 35 años, pero esta franja solo tiene el 7%”. Pero entonces, ¿por qué fue tan votada la Bancada BBB?
Para el sociólogo y periodista de Tv Drone André Takahashi “existen varios motivos para tener un Congreso tan conservador”, pero considera como principal el “fortalecimiento de los políticos evangélicos a través de su señal de televisión Record, el segundo canal de mayor audiencia en Brasil, luego de la TV O Globo, creada por los militares”.
“Esto medios —advierte Takahashi— te bombardean con sus mensajes masivos e influyen. También han crecido los programas policiales sensacionalistas, creando una cultura de miedo e inseguridad”.
A este fenómeno se suma el desgaste de 10 años de gobierno del PT, una crisis económica brutal y los escándalos de corrupción en la estatal Petrobras que “los medios, que son extremadamente conservadores, aprovechan”, señala este sociólogo y periodista, al tiempo que advierte que “hay una deuda enorme con la democratización de la comunicación en el país”.
Un informe de la organización Transparencia Brasil, publicado luego de la escandalosa votación del impeachment contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, indica que el 53,7% de los 513 diputados tiene acusaciones en la Justicia. En tanto que la cifra alcanza a 55,6% entre los 81 senadores.
Hace pocas semanas el mundo observó el carácter fascista, racista y clasista de los diputados brasileños, que fundamentaron su voto en la familia, en Dios, en los hijos, o por el fin del comunismo, del PT y de los sindicatos; votaron hasta por los viejos tiempos del Terrorismo de Estado.
Fernando Francischini —que paradójicamente es policía y a la vez vicepresidente de la segunda central sindical del país Força Sindical— está acusado como perpetrador de una violenta represión contra maestros en huelga en abril de 2015, mientras fungía de jefe de Seguridad del Estado de Paraná. Votó “sí” al impeachment de esta manera: “Por el fin de la facción criminal del Lulo-petismo, por el fin de la CUT (Central Única de Trabajadores) y sus marginales”.
También la exaltación a la dictadura y la tortura se hizo presente. El diputado Jair Bolsonaro dijo: “Perdieron en 1964 (año del golpe contra João Goulart) y van a perder ahora en 2016” y rindió homenaje al comandante Carlos Alberto Brilhante Ustra (“el pavor de Dilma”, vociferó), uno de los más brutales verdugos de la dictadura brasileña, responsable del encarcelamiento ilegal y de las torturas contra Dilma Rousseff en los ’70. Otros diputados hicieron con sus manos gestos de disparar contra la bancada del PT.
El analista internacional Bruno Dobrusin afirma que esa votación expuso “al gran público no solo la profundidad del conflicto en Brasil, sino también la (des)composición del Congreso brasileño como ámbito de debate. La forma de votación fue única en la historia, y el objetivo de quienes la diseñaron (Eduardo Cunha a la cabeza) era exponer a todos los diputados a la presión pública. No solo logró ese objetivo, sino que también permitió tornar la votación en un circo donde se combinaron el clasismo, el racismo y el sexismo por parte de la gran mayoría de quienes expresaron su voto a favor del impeachment”.
Se trata de “una profunda división en la sociedad entre clases altas, blancas, predominantemente del centro-sur y sureste del país, que no soportan el proceso de inclusión social por parte de los sucesivos gobiernos del Partido de los Trabajadores desde 2002. Este proceso benefició especialmente a los pobres, a los negros y a las mujeres, lo que se tornó insoportable para quienes creen tener el control de los ritmos de la sociedad brasileña”. Hay una frase que circula entre las elites y grafica el racismo clasista: “Los aeropuertos se convirtieron en rodoviarias (terminales de ómnibus)”.
El impeachment a Rousseff fue solo el comienzo de esta estrategia conservadora. Por eso, Dobrusin subraya que “no es casualidad que hasta la propia red Globo esté preocupada por el avance conservador. La cadena de televisión evangelista Record incrementa su audiencia a costa de la audiencia de O Globo, compitiendo con su mejor herramienta: las telenovelas”.
En esa línea, André Takahashi dice que “se necesita una reforma política urgente, pero esta reforma deberá esperar por un nuevo Congreso que no esté manchado por un proceso golpista. Hoy es importante la reglamentación del artículo 14 de la Constitución que garantice la participación directa del pueblo en la política, y esto todavía no podemos hacerlo en Brasil”.
Brasil vive hoy un intento de golpe parlamentario.
Es la revancha de los sectores oligárquicos que quieren volver a un estado pretérito al del PT. Las élites han salido del letargo y quieren dar el golpe de gracia en Brasil.
Será una batalla titánica.
