por Hugo «Cachorro» Godoy
En los últimos tiempos los grupos económicos han reinstalado el discurso de la inflación como temor social y del capital privado como garantía de salida de la crisis del país. Lo que intentan es inhabilitar al Estado como motor fundamental de la actividad productiva, y por consiguiente, a la recuperación del mercado interno, el consumo, el fortalecimiento de los trabajadores y de las pymes.
Hemos apoyado las medidas que tomó el gobierno para enfrentar los efectos económicos de la pandemia que han consistido en transferencias de recursos a personas y empresas, sosteniendo las mismas en base a la emisión de moneda por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Sin embargo, a fin de justificar las políticas restrictivas en el orden salarial como con los y las trabajadoras del Estado, se argumentó que continuar con la emisión derivaría en consecuencias inflacionarias. Días atrás, los cuatro ex ministros de Economía, Roque Fernández, Domingo Cavallo, Ricardo López Murphy y José Luis Machinea, y luego la propia Asociación Empresaria Argentina (AEA), con el respaldo de la cúpula de la CGT, se encolumnaron bajo la misma advertencia y recomendaron achicar el gasto público a fin de limitar la emisión monetaria.
Lo llamativo es que mientras ese gasto esté dirigido a favorecer al sector empresario puede gozar del calificativo de “rescate” frente a las consecuencias de la pandemia, mientras que es “populismo” aquel que sostiene salarios en los distintos niveles del Estado o beneficios sociales.
Cabe recordar que la gestión macrista, bajo la vigencia del acuerdo tutelado por el FMI, aplicó, hasta su desastre electoral en las PASO, una política de severa restricción monetaria y vivimos saltos inflacionarios cercanos al 50%. En una economía con alto grado de transnacionalización como la nuestra, lo que se debe discutir es cuál es el destino de esa emisión.
Con las tarifas congeladas es necesario desarmar un sistema de formadores de precios oligopolizados que busca mantener sus márgenes o atenuar caídas, trasladando las consecuencias sobre el conjunto de la población.
En definitiva, si con una emisión totalmente restringida superamos tasas interanuales de más del 50% de inflación, y hoy con una emisión distendida la emisión se ubica en una tasa del 41%, queda en claro que la relación no es emisión-precio sino emisión-especulación.
Esta ofensiva de los grupos económicos también se produjo para impedir el avance en la intervención y expropiación de Vicentin, para seguir sosteniendo esas prácticas especulativas, de fuga de capitales y evasión de impuestos.
Profundizando el control sobre el mercado cambiario y la oferta de divisas y reforzando la regulación sobre el sistema de precios, no hay razones para que la emisión tenga un efecto inflacionario. Sabemos que transitar este camino no hace más que abrir un campo de conflictos entre las políticas públicas y el poder económico concentrado, pero la emisión es una creación soberana que el Estado tiene para darle soluciones a su pueblo.
Este poder económico pretende que todo siga como antes del 10 de diciembre, pero es fundamental que el Estado modifique la matriz productiva y avance hacia una justa distribución de la riqueza.
