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Intoxicados de odio

Por Mariana Portilla y José Maldonado 

Ilustración: Juan Soto

Jueves 1 de septiembre. 21.15. Cristina Fernández de Kirchner llega a su departamento de Juncal y Uruguay. Baja del auto para saludar a la multitud que la espera como en las últimas once noches para darle su apoyo, después de que el fiscal Diego Luciani pidiera 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad. La vicepresidenta se acerca al vallado humano formado por militantes para firmar algunos ejemplares de su libro “Sinceramente”. El reloj marca las 21.17 y la historia argentina cambia para siempre. Entre la multitud aparece un arma y empuñándola un hombre, Fernando Sabag Montiel, que gatilla dos veces. El arma está cargada, pero las balas no salen. El tiempo se detiene.  

El episodio, transmitido en vivo por todos los canales y registrado por cientos de teléfonos celulares, hizo temblar al país. La imagen de la figura política más importante de la vuelta a la democracia indefensa ante un ataque tan rudimentario y simple instaló un estado de estupor nacional. Al día siguiente, cerca de medio millón de personas se volcaron a las calles para respaldar a la vicepresidenta y denunciar lo evidente: la cultura del odio fue responsable de lo que estuvo a punto de ocurrir y no ocurrió. 

Si es cierto que el intento de magnicidio contra CFK fue el hecho de violencia política más grave del ‘83 a esta parte, también es verdad que fue uno de los más anunciados. En los últimos meses, grupos violentos que se trasladan por la Ciudad de Buenos Aires impunes y al amparo de la Policía de la Ciudad vienen amenazando, escrachando y agrediendo a políticos del peronismo, a dirigentes sociales y sindicales, a movileros de TV y a todos los que sospechen responsables de los males del país.

Anabolizados por los discursos de los halcones de la oposición y por la línea editorial de los medios de comunicación, y sintetizados en los márgenes de internet, esos grupos violentos de derecha cobijaron a Sabag Montiel y a Brenda Ulliarte, su novia, también imputada por la tentativa de magnicidio. Ambos, pero especialmente ella, participaron de las movidas organizadas por “Revolución Federal”, una suerte de comando vinculado al diputado del PRO Francisco Sánchez, el mismo que pidió “pena de muerte” para Cristina Fernández por la causa vialidad. En las marchas se veían horcas, guillotinas y bolsas mortuorias. La última fue el 18 de agosto, menos de dos semanas antes del ataque a CFK, cuando se instalaron con antorchas frente a la Casa Rosada, contra la que intentaron atentar.

Como Sabag Montiel y su novia, otros jóvenes y no tan jóvenes criados en los márgenes del sistema, perforados por los discursos anti política, anti planes sociales y “emprendeduristas”, fueron conformando una suerte de legión que amenaza con poner en riesgo el pacto democrático. 

“La historia demuestra que los climas de odio son hechos que se fogonean deliberadamente por ciertos sectores y calan hondo en la consciencia de los incautos, fomentando un grado de virulencia que puede estallar en actos de violencia y pasaje al acto” resume Julán Axat, abogado y poeta, en un artículo en el que analiza cómo, cuando la justicia investiga y condena estos hechos, logra que se frene la escalada. “Se trata de una olla a presión, que debe ser desactivada a tiempo, pues siempre está la posibilidad que ponga en funcionamiento la mano de obra ilegal, dispuesta a ejecutar los designios del contexto incitado”, apunta.

CORRER EL LÍMITE

La pistola en la cabeza de la vicepresidenta obligó a un debate urgente sobre cómo se construyen y reproducen en la sociedad argentina los discursos de odio, esos mensajes que se pronuncian públicamente para “promover, incitar o legitimar la discriminación, la deshumanización o la violencia hacia una persona o un grupo de personas en función de la pertenencia de las mismas a un grupo religioso, étnico, nacional, político, racial o de género”, como indica el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (LEDA/Lectura Mundi).

Coordinadora de ese espacio, la socióloga Lucía Wegelin investiga el tema desde hace años junto a su colega Ezequiel Ipar. En diálogo con Malas Palabras señala que si bien es difícil distribuir culpas “sociológicamente hablando”, sí debe señalarse el grado de responsabilidad del arco político en la legitimación de determinados discursos que circulan en redes sociales y medios de comunicación, y sobre los que se montan para construir una base electoral.

“Los discursos de odio corren el límite de lo legítimo, lo que es un efecto nocivo sobre la democracia en general. Tienen un objeto de odio específico, en este caso Cristina Fernández de Kirchner”, dice la investigadora.

Este tipo de expresiones generan que el espacio público se erosione, se empobrezca y se haga más difícil la discusión democrática.  Los objetos del odio que se privilegian, en general, son aquellos que tienen historia de prejuicio sociales.

“Las ideologías autoritarias eligen ahí sus objetos, en este caso, al peronismo y a Cristina Fernández. Eso es algo con lo que nos encontramos en un relevamiento que hicimos en el LEDA: las mujeres y las figuras políticas aparecen como objetos de odio privilegiados”, agrega Wegelin.

LOS DISCURSOS DE ODIO Y SUS LÍMITES EN DEMOCRACIA

¿Cuán propensos somos los argentinos y las argentinas a reproducir en la esfera pública frases, ideas o sentimientos que corran el límite de lo legítimo en democracia?

En junio de 2021 el equipo del LEDA, junto al CONICET, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Agencia I+D+i) y el Programa de Análisis Social de la Ciudadanía Audiovisual Latinoamericana de la UNSAM, publicó un estudio sobre las nuevas modalidades de autoritarismo social a partir de encuestas telefónicas a 3140 personas. El trabajo reveló que un 26,2% de la ciudadanía argentina promovería o apoyaría estas expresiones, mientras un 17% sería indiferente y un 56,8% las criticaría o desaprobaría. La población “millennial” (personas entre 25 y 40 años) mostró una mayor predisposición a abrazar estos discursos (31,1%) y una menor propensión a criticarlos o desaprobarlos (51%). Los expertos arriesgan una posible explicación: los millennials están más expuestos que generaciones anteriores a una cultura de internet en la que priman los discursos de odio. 

Si bien los medios y las redes sociales crean ese campo propicio, para Daniel Feierstein, doctor en Ciencias Sociales, investigador del Conicet y docente en la UNTREF y la UBA, la responsabilidad fundamental “sigue estando en los representantes político–sociales, gremiales, empresariales”. “Si hay un acuerdo entre esas fuerzas, lo que haga o no un medio será relativo”.

“Por eso este tiempo es crucial. Queda por ver cómo queda ordenado el mapa, si realmente hay una continuidad del crescendo de odio de un grupo pequeño, que siempre existió y es controlable, o si es un cambio de etapa. Si lo minoritario es la actitud de condena incondicional habría cambiado algo de lo que fue la experiencia política argentina desde el 83 hasta hoy, y esto nos acerca a realidades mucho más preocupantes que son comunes en otros países”. 

En este contexto surge una pregunta clave: ¿Cuáles son los límites entre la libertad de expresión y estos discursos violentos? “A todos en una sociedad democrática nos preocupa la libertad de expresión y queremos garantizarla, pero nos damos cuenta que hay discursos que pueden erosionar incluso la libertad de expresión de algunos participantes de la esfera pública en tanto son objetos de violencia. Y nadie que sea objeto de violencia tiene libertad de expresión. Un debate sobre qué puede ser lo ‘decible’ podría definir dónde está ese límite exacto, dónde ese discurso se vuelve violento y quizá no debería ser dicho”, sostiene Wegelin.

En este sentido, aboga por debatir una regulación para “bajarle la intensidad” a estas expresiones: “El horizonte no necesariamente tiene que ser la censura, se pueden construir herramientas tecnológicas o estéticas. Se tienen que pensar mecanismos en forma democrática”.

Para Julián Axat, hoy hay que poner la atención más que nunca en las herramientas legales. “Una política criminal orientada a perseguir, investigar, juzgar y sancionar los hechos que establece la ley, debería permitir cortar y evitar el efecto  bola de nieve de los climas de odio, impidiendo se conviertan en hechos más graves. Detectarlos en sus fases más tempranas, es evitar que se transformen en atentados y crímenes aberrantes”.

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