La corrupción es un escenario difuso en el país, sin respeto por los antiguos límites. Pese a la abundancia de instituciones diezmadas por esta endemia, la Seguridad Social (SS) y particularmente PAMI, es un lugar de observación privilegiado si se tiene en cuenta que su objetivo declarado es la protección de la sociedad, y especialmente de sus hijos más golpeados. Compartimos este informe del IDEP Salud
Las primeras autoridades de PAMI fueron jubilados, Pedro Urrutia y Palmiro Vanoli. Hay quienes dicen que por ser jubilados (como indica la ley de Creación) no hubo corrupción, pero la Obra Social no era opulenta como lo fue inmediatamente después: al decir de Carlos Imaz, un histórico de PAMI, la institución sólo tenía entonces una tira de aspirinas
Recientemente el Gobierno presentó el libro “El Estado del Estado: Diagnóstico de la Administración Pública en diciembre de 2015”. En 4 páginas destaca que los problemas son de “décadas de mala gestión, ausencia de control y falta de estrategia política”, con un desmanejo en medicamentos que le costaba “un hospital por año”. Se pagaban servicios de salud para 400 mil fallecidos, viajes en ambulancias inexistentes, clínicas fantasmas. Se traficaban recetas, sellos, troqueles. Abandono de tareas, deudas y demoras de meses para la atención médica se convirtieron en algo constante
Ahora el nuevo Director Ejecutivo Carlos Regazzoni presenta muestras de la corrupción que encontró en PAMI y extiende las irregularidades a 10 años, o sea, a las gestiones del último di Césare, y de quien la precedió, Graciela Ocaña, que ahora además dirimen acusaciones penales cruzadas entre ambos. Pero las cifras implicadas en desvíos que denuncia, son en el peor caso de apenas más de $100 millones, o sea tal vez menos del 2 por mil de presupuesto de PAMI4. Y decimos tal vez porque el presupuesto de PAMI ha sido un misterio, al punto de que en 2012 se requirió nada menos que un Dictamen de la Corte Suprema de Justicia para conocerlo.
Pero los denunciados por corrupción no se detienen aquí. Fueron noticia frecuente en tapas de diarios de amplia difusión: Matilde Menéndez, Carlos Alderete, Miguel Nazur, Cecilia Felgueras, Antonio Tonietto, Horacio Rodríguez Larreta, José Corchuelo Blasco, y los ya nombrados Graciela Ocaña y Luciano di Césare. O sea, el record de casi un 40% entre las máximas autoridades del Instituto de Jubilados y Pensionados
La inclusión de Ocaña en el decenio que menciona Regazzoni es muy importante porque eliminando la falsa imagen de una gestión impoluta a cargo de una luchadora incansable contra la corrupción, aporta a nuestro interés en probar el carácter estructural de la corrupción en PAMI
Por sí solo, el crecimiento presupuestario del Instituto desde 2004 hubiera estimulado una investigación sobre el uso de fondos. En el Blog “Salud Extraoficial” se lee: “Por su parte, PAMI ha incrementado su presupuesto desde 2004 a 2013 en más de 12 veces en términos nominales, desde $2.800 millones a $35.000 millones. Pero no es esa la inflación acumulada en estos 10 años, ni ha crecido proporcionalmente el número de afiliados, ni cambiaron ni encarecieron tanto las prácticas de atención o los pagos a los trabajadores de salud”.
En 2004 asumieron 6 funcionarios probos en PAMI, de trayectorias sanitarias intachables: Carlos Nicolini (Gerente Prestaciones Médicas), Gerardo Esbry (Subgerente Prestaciones Especiales), José Guillermo Filet (Subgerente División Atención Médica No Programada, equivalente a servicio de ambulancias), Jorge Selser (Subgerente de Insumos Médicos), Inés Pertino (Subgerente Medicamentos), Francisco Leone (Subgerente Prestaciones Médicas). Pero renunciaron ese mismo año en oposición a la administración de Graciela Ocaña, con uno de ellos sometido a amenazas de muerte por intentar sanear la guardia de PAMI y su sistema de traslados.
En ese mismo 2004 habían pasado 20 años sin ningún servicio excluido de PAMI por su baja calidad. Pero en el primer año de la gestión de Graciela Ocaña (2004-2007), el área de control probó graves irregularidades. Hubo 32 exclusiones de establecimientos con internación y otros 30 no pudieron ingresar a PAMI. Se comprobaron fuertes desvíos en el convenio de medicamentos, sin cambio desde 1997. O sea, desde la gestión que abonó el procesamiento de Víctor Alderete. Se sumó el incumplimiento de la ley que obligaba a la prescripción de genéricos. Hubo adelantos millonarios a efectores privados, como el Sanatorio Metropolitano, pese a haber sido concursado repetidamente en años anteriores, hasta su quiebra en 20077, sin devolución del adelanto que en su caso fue de $10 millones, equivalentes a U$S 3.250.000. Las penalidades a efectores incumplidores aumentaron 5 mil veces, desde $400 a $2.000.000 mensuales.
Pero en 2005 la Unidad de Auditoría Prestacional que condujo ese proceso de evaluación, que bien podría considerarse una epopeya de la evaluación de servicios en Argentina, fue conmovida por un hecho insólito: más de 10 de sus Auditores fueron hostigados con juicios penales y el Titular de la Unidad fue cesanteado por Graciela Ocaña con falsa causa y acusado en 3 causas penales indebidas como determinó la justicia (Exptes. Nº 15604/05 y Nº 15216/05). Ninguna causa pasó de la indagatoria. En cambio, la Dirección Ejecutiva a cargo de la nombrada y un fiscal acusaron sin gastos. La sentencia favorable al Titular del Control llegó recién 10 años después, sin condenar el evidente y generalizado mobing institucional (Expediente B854-2011, Tomo: 47 Letra: B Tipo: RHE: “Borini, Leopoldo Mario c / Instituto Nacional Servicios Sociales Jubilados y Pensionados [PAMI])”. Con estos hostigamientos, cesaron exclusiones y se derrumbaron penalidades. En Exptes. de Comodoro Py consta que, al decir de quienes saben de estas lides, las falsas causas inactivaron controles hasta desembocar en una zona liberada por un lado y en riesgos en la atención de los afiliados por otro.
Estos desvíos institucionales vienen de tan lejos que no conviene limitarse a los hechos inmediatos. El recordado Santiago de Estrada fue quien cambió los convenios capitados por convenios globales en el interior del país, en la época militar, cuando no se podía preguntar por qué resultaron estos convenios mucho más caros que aquellos. Al punto de que se pagaba por establecimientos simples en localidades chicas del interior, una suma muy superior a la abonada a efectores privados complejos y reconocidos que concentraban la atención más cara en grandes Ciudades.
Nazur tuvo que renunciar a la conducción del PAMI cuando saltó su sobrepago en los convenios con las intermediarias ASERSA en Capital Federal y AEPA-FECLIBA en la Pcia. de Buenos Aires para la atención en internación, consultorio y laboratorios. Lo sucedió Matilde Menéndez. Rescindió los convenios, pero siguieron vigentes durante su gestión.
Quienes conocen la hondura y continuidad de estas historias confirman, una vez más, que la corrupción de PAMI es estructural. O sea, sin medidas probas y acordes, este tipo de hechos se repetirá si el control no es independiente, si el Directorio no se constituye, si los Síndicos no se nombran, si el personal es impunemente amedrentado, si los jubilados son convidados de piedra, si los servicios de calidad no son reconocidos, si las intermediaciones parásitas no cesan,…
O sea, si la Ley no se cumple, tal como viene incumpliéndose
