El Congreso avanza en el juicio político contra los cuatro jueces mientras cada vez más voces se suman para pedir una reforma de fondo que democratice la justicia y ponga fin al reinado del lawfare de la Corte, Comodoro Py, el Grupo Clarín y el PRO .
Por Redacción Malas Palabras
Ilustración: Adictos Gráficos
Por primera vez en la historia reciente de la Argentina, todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia están siendo sometidos a la vez a un proceso de Juicio Político que se abrió en la Cámara de Diputados contra los cuatro jueces señalados por numerosos delitos y mal desempeño en las funciones.
Después de que surgieran el año pasado algunas de las revelaciones más escandalosas sobre el accionar de lo supremos, como sus vínculos obscenos con funcionarios del PRO, sus sentencias siempre sesgadas políticamente y el fallo cantado a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por la coparticipación federal, a la Corte argentina le llegó la hora de dar explicaciones.
En la larga lista de acusaciones en contra de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda figuran desde la evidente connivencia con el PRO para llevar adelante la guerra judicial contra Cristina Kirchner y dirigentes del campo popular, hasta maniobras oscuras en el manejo de fondos de la obra social y la “toma por asalto” de Rosatti al Consejo de la Magistratura.
El proceso quedó abierto el 9 de febrero pasado, cuando se votó en la Comisión si se avanzaba o no con el juicio político y el Frente de Todos se impuso por apenas un voto contra Juntos por el Cambio, abroquelado en defensa de los manejos turbios de la Corte. Tras haberse habilitado la admisibilidad del proceso, la comisión que preside la diputada oficialista Carolina Gaillard comenzó la etapa de recolección de pruebas y la selección de los testigos que puedan brindar testimonio sobre los catorce expedientes y las más de sesenta causas avaladas. Los propios jueces, trascendió, serán citados por la Comisión.
Mientras en el Congreso el Frente de Todos hace valer su mayoría, en la calle un abanico de organizaciones sociales políticas y sindicales marchó el 1 de febrero pasado para reclamar una reforma integral del Poder Judicial. Bajo las consignas “democratizar la Justicia» y «el fin del lawfare» se reunieron en plaza Lavalle, frente a los Tribunales de Justicia, para pedir por el cese de la persecución político judicial a dirigentes sociales y gremiales.
En la protesta confluyeron voces de la CTA Autónoma y de la CTA, la Corriente Federal, el Frente Sindical, la Asociación Americana de Juristas y el Partido Intransigente (PI), junto a la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Frente Federal de los Pueblos, Curas en la Opción por los Pobres y el Movimiento Político, Social y Sindical Primero La Patria, entre otros.
“Necesitamos generar un cambio que garantice la fortaleza y el protagonismo del pueblo en el sistema judicial. Tenemos una Corte Suprema de la injusticia”, dijo durante la movilización Hugo “Cachorro” Godoy, titular de la CTA Autónoma.
Quien coincide en estos términos es el juez de Cámara Federal y ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, Carlos Rozanski. En diálogo con Malas Palabras asegura que el panorama judicial en Argentina “es tan oscuro como real”.
“En el fuero federal hay una organización criminal que actúa de una manera delictiva en consonancia con una organización muy importante que incluye políticos, medios hegemónicos de comunicación, ex servicios de inteligencia, y jueces y fiscales”, alerta.
Lo que menciona Rozanski se ve representado claramente, ni más ni menos, que en el episodio más escandaloso por lo impune: el viaje a la finca del magnate inglés Joe Lewis de un grupo de directivos del Grupo Clarín junto a jueces de Comodoro Py, camaristas, el jefe de los fiscales porteños Juan Ignacio Mahiques y el ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, que debió salir de su cargo tras el escándalo. Más allá de lo que pueda haber sido el motivo central del viaje, que todos quisieron luego ocultar o disimular cuando salió a la luz, la sola presencia en ese ámbito de funcionarios judiciales, empresarios de medios de comunicación y dirigentes del PRO es una muestra directa y explícita de cómo se acuerdan los procesos de lawfare.
Casi una puesta en escena teatral de la artillería de la guerra judicial contra el campo popular en Argentina. Un escalón más abajo en el proceso de pérdida constante de legitimidad por parte de un poder cada vez más oscuro.
Con un episodio como el de Lago Escondido como referencia directa, para Rozanski se hace imprescindible una reforma judicial. El problema, dice, es que no hay decisión política para llevarla adelante: “La experiencia indica que el Presidente de la Nación no ha tenido intención firme de efectuar una reforma profunda, de hecho, la prueba es que a tres años de asumir la Presidencia están exactamente los mismos miembros del Poder Judicial, incluido el sector mafioso-corrupto. Es decir, lo único que cambió fue el fallecimiento de Claudio Bonadio, pero Carlos Stornelli está en su lugar, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens también. Evidentemente sin decisión política es imposible”.
El ex juez insiste en que la postura del mandatario es “extraña” por ser un hombre de derecho e hijo de jurista. “Hasta ahora solo se plantearon mínimas reformas y de eso no se le puede echar la culpa a la oposición, porque se denuncia a la Corte recién ahora cuando en realidad viene haciendo estragos desde mucho antes” señala el ex juez federal. “Somos un país que fue capaz de juzgar a genocidas 30 años después, cómo no vamos a poder sacar a un grupo de mafiosos de ahí adentro”, arenga Rozanski.
REFORMA DE LA CORTE POR DECRETO
Pero sin una reforma integral de la Corte Suprema es difícil pensar en un cambio real en la justicia argentina. Y con el actual estado de cosas, entre un gobierno que dice intentar y no poder y una oposición abroquelada, la posibilidad de avanzar con cualquier proyecto choca una y otra vez con la resistencia y los límites que pone JxC.
En medio de la discusión abierta a partir del pedido de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte, son cada vez más las voces del FDT que proponen romper la trampa de protección política levantada en el Congreso por la oposición.
Una de ellas es la del senador bonaerense Francisco “Paco” Durañona, autor de uno de los proyectos para ampliar la Corte a veinticinco miembros, con paridad y representación de todas las provincias, y que pueda ser puesto en marcha a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente. El mismo mecanismo que aplicó, por ejemplo, Mauricio Macri para designar a dos de los jueces de la Corte, el actual presidente Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, ex abogado de Clarín.
Durañona no está solo en este planteo. Como él, el gobernador chaqueño Jorge Capitanich y el senador Oscar Parrilli también vienen pidiendo a Alberto Fernández que “agarre la lapicera” y avance en este mismo sentido.
“Ya lo hemos visto. La Corte usa todas las herramientas a su alcance para frenar cualquier iniciativa política de un gobierno y sobrepasa los límites para ponerse por encima de los gobiernos elegidos popularmente”, le dice Durañona a Malas Palabras.
Para el legislador hoy no está garantizando el acceso y respeto a la justicia para los ciudadanos, porque dentro de las facultades que tiene el Máximo Tribunal quizá la más polémica sea aquella que le permite “con total discrecionalidad” decidir cuáles son los temas que acepta tratar y cuáles no.
“Eso genera mucha oscuridad. Hay que eliminarlo por completo porque es una limitación que se da de patadas con el sistema republicano de acceso a la justicia que marca nuestra Constitución y cualquier constitución en el planeta. Si le dejas a la Corte la posibilidad de elegir qué temas trata y qué temas no, pueden sobrevivir con cuatro miembros. Ahora, si le sacamos esa facultad, obviamente va a tener más trabajo y necesitás una corte más amplia sí o sí”.
OTRO MODELO DE JUSTICIA
Al igual que Durañona, Luis Arias, ex juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata y concejal por el Frente de Todos, propone en diálogo con Malas Palabras avanzar en una reforma estructural del Poder Judicial proyectada en tres ejes.
“Tenemos que pensar en qué perfiles de jueces y juezas queremos; también en la ampliación del número en los tribunales colegiados, sobre todo en la Corte, porque no pueden manejarla cuatro o cinco personas, por lo menos tienen que ser quince jueces o juezas; y en la participación real del pueblo en la designación y remoción de los magistrados”, detalla.
Frente al avance de la práctica del lawfare, algo que la República Argentina denunció en enero pasado ante las Naciones Unidas, Arias sostiene que el Poder judicial perdió legitimidad: “Tiene peor imagen que la Policía Bonaerense. Y acá la pregunta es frente a quiénes se legitiman los jueces, frente a qué poderes. Si estás bien ante el poder fáctico podés ser el peor juez del mundo, podés estar procesado como Carlos Stornelli, pero nadie te va tocar; pero si confrontás con ellos vas a tener poca suerte”.
Desde los organismos de Derechos Humanos también se suman a esta visión de una reforma integral. La voz de este sector es clave. Entre las causales de enjuiciamiento a la Corte que analiza la comisión de Diputados está el aval del tribunal a darle beneficios procesales como el “2×1” a los genocidas, que generó una reacción popular tal que obligó a los supremos a dar marcha atrás.
“La respuesta al fallo del 2×1 contra los genocidas sirvió para dar aire en el proceso de memoria verdad y justicia por cómo se movió la sociedad y el arco político, fue un revés en una conquista que hoy parece no tener vuelta atrás”, analiza Josefina Rodrigo, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), en diálogo con Malas Palabras.
“Estamos de acuerdo con que se activen los mecanismos de la Constitución para juzgar a los jueces. Que sean cuestionados quienes se creen incuestionables. La casta judicial se percibe inamovible, incuestionable, dueños y señores del poder del Estado”, dice Rodrigo.
“Más allá de este juicio político por estas causales, nosotros aspiramos a que se avance hacia otra manera de hacer justicia en Argentina, hacia un nuevo mecanismo de selección de los jueces, y terminar con la idea de que a los jueces no se les puede cuestionar los fallos ni nunca revisar nada sobre su desempeño”.
Y brinda otra clave, que puede servir para pensar todo el necesario proceso de reforma de la Justicia argentina. “Que los poderosos no se sientan siempre amparados y que los vulnerables accedan a la justicia”.
