Estadísticas oficiales recientes revelan una sostenida asimetría en el segmento de ingresos entre el decil más rico y el más pobre de la población. Qué políticas económicas puntuales acentúan la mencionada tendencia regresiva.
Por Luis Campos, coordinador del Monitor de Indicadores Sociales del Instituto de Estudios y Formación de la CTA- A
Existen distintas formas de medir cuán desigual es la distribución del ingreso en una determinada sociedad. Una de ellas es preguntarles a las personas cuánto dinero reciben cada mes (proveniente de su trabajo, de su jubilación, de subsidios y transferencias) y luego ordenarlas de menor a mayor. El segundo paso es agruparlas en conjuntos del mismo tamaño y evaluar cuál es la brecha entre quienes tienen los mayores y los menores ingresos. Es la llamada distribución personal del ingreso.
El INDEC acaba de publicar los datos que permiten hacer esta observación para el segundo trimestre de 2024. Por entonces, el 10% de las personas de la cúpula se quedó con el 32,5% del ingreso total de la población, mientras que el 10% más pobre recibió el 1,3%. Un año atrás estas magnitudes eran del 30,6% y 1,4% respectivamente.
En el mismo período, el coeficiente de Gini, una medida que permite sintetizar la distribución personal entre todos los grupos de ingresos (no solo entre el 10% más rico y el 10% más pobre), pasó de 0,417 a 0,436. Este último es el valor más elevado (lo que equivale a más desigual) para un segundo trimestre desde 2010, a excepción del 2020 por efecto de la pandemia, algo similar a lo que ya había sucedido en el primer trimestre del año.
En realidad, la magnitud de la brecha entre ricos y pobres es mayor. Estos datos provienen de encuestas en las que la subdeclaración de ingresos es relativamente importante (no es un fenómeno exclusivo de nuestro país) y tiene un mayor impacto en los sectores de mayores ingresos. Más aún, estos indicadores sólo consideran la distribución del ingreso (un flujo) sin considerar el impacto diferencial que posee el desigual reparto de la riqueza ya acumulada (un stock). Sin embargo, son datos más que suficientes para dar cuenta del impacto regresivo sobre el patrón distributivo que tuvo la implementación de las primeras medidas macroeconómicas decididas por el gobierno de Javier Milei.
“El coeficiente de Gini, una medida que permite sintetizar la distribución personal entre todos los grupos de ingresos (no solo entre el 10% más rico y el 10% más pobre), pasó de 0,417 a 0,436. Este último es el valor más elevado (lo que equivale a más desigual) para un segundo trimestre desde 2010, a excepción del 2020 por efecto de la pandemia, algo similar a lo que ya había sucedido en el primer trimestre del año”
No son errores ni excesos
Este crecimiento de la desigualdad se explica porque la crisis que estamos atravesando impactó con mayor fuerza en las personas de menores recursos. Mientras que en el último año el ingreso del 10% más rico se incrementó un 253,9%, el 10% más pobre tuvo un aumento del 206,8%. Esta variación en ambos casos estuvo por debajo del 278,7% de inflación, pero el retroceso en términos reales fue más significativo a medida que caen los niveles de ingresos. Mientras el 10% más pobre tuvo una reducción en términos reales del 19%, en el 10% más rico la disminución fue del 6,6%.
La información proveniente del INDEC nos muestra que el crecimiento de la desigualdad se da en paralelo a un agravamiento de la totalidad de las variables sociales: en el último año se incrementaron fuertemente la pobreza y la indigencia, creció el desempleo y los salarios se derrumbaron, aunque en este último caso con una fuerte heterogeneidad en la que algunos sectores pudieron defender su poder adquisitivo mientras que otros aún no han encontrado su piso.
Una parte de este proceso se originó en los desajustes acumulados por la economía de nuestro país durante años, que llevaron a una situación límite a fines de 2023. Resulta un ejercicio contrafáctico preguntarse sobre los distintos caminos posibles que podrían haberse adoptado en ese momento, pero ciertamente no había chances de continuar por aquel sendero.
Ahora bien, las medidas impulsadas por el actual gobierno no hicieron más que profundizar el impacto diferencial sobre los distintos sectores y, por ello mismo, incrementaron significativamente la desigualdad. Entre ellas puede destacarse distintos impactos regresivos: una actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil muy por debajo de la inflación (cayó un 28% interanual en el segundo trimestre de 2024), un aumento de la jubilación mínima que incluyendo los sucesivos bonos también quedó por debajo de la evolución de los precios (perdió un 12,6% interanual en el mismo período) y el congelamiento del Salario Social Complementario (retrocedió un 51% interanual).
Las medidas impulsadas por el actual gobierno incrementaron significativamente la desigualdad. El Salario Mínimo, Vital y Móvil cayó un 28% interanual en el segundo trimestre de 2024; la jubilación mínima, incluyendo los sucesivos bonos, quedó por debajo de la evolución de los precios (perdió un 12,6% interanual en el mismo período) y se congeló el Salario Social Complementario (retrocedió un 51% interanual)
Este impacto no fue aún mayor debido a que el gobierno decidió incrementar el valor de la Asignación Universal por Hijo, que creció un 28% interanual en términos reales, y de la Tarjeta Alimentar. Sin embargo, estas subas fueron las únicas medidas que tendieron a mitigar el impacto sobre los sectores populares de las decisiones adoptadas en el plano macroeconómico.
El futuro ya llegó
Por el contrario, la gestión de Javier Milei impulsó medidas que abiertamente tendrán un impacto regresivo en materia distributiva. Una de las más explícitas, aunque no necesariamente la de mayor impacto, fue la modificación del impuesto a los bienes personales. Se incrementó el mínimo no imponible, se redujeron las alícuotas y se creó un régimen especial que cristaliza esta baja hasta el 2038, por medio del reconocimiento del derecho a la estabilidad fiscal para aquellos contribuyentes que cumplan con determinados requisitos (básicamente pagar por adelantado un monto reducido correspondiente a los años 2023 a 2027).
En pocas palabras, el congreso nacional, a instancias del gobierno de La Libertad Avanza, redujo a niveles insignificantes, hasta 2038, un impuesto que grava la riqueza de los sectores de mayores recursos.
La desigualdad, como objetivo de las políticas públicas, no solo se encuentra en el discurso de los voceros del gobierno y de quienes lo acompañan en sus iniciativas. El gobierno no oculta su visión individualista y egoísta de la organización social, donde la acumulación obscena de riqueza en pocas manos no es vista como un problema. Lo más disruptivo, y que nos obliga a reflexionar, es que esos valores son defendidos como deseables, como objetivos buscados de la acción de gobierno.
“El gobierno no oculta su visión individualista y egoísta de la organización social, donde la acumulación obscena de riqueza en pocas manos no es vista como un problema. Lo más disruptivo, y que nos obliga a reflexionar, es que esos valores son defendidos como deseables, como objetivos buscados de la acción de gobierno”.
Esa perspectiva oficialista imprime la mayor de las amenazas sobre la posibilidad de construir en el plazo más cercano posible una sociedad más justa e igualitaria. No se trata ya de observar las variaciones de la distribución del ingreso personal en un determinado lapso de tiempo, que como tales podrían revertirse a partir de cambios en las relaciones de fuerzas políticas.
El ataque sobre las capacidades institucionales de intervención del Estado puede dejar consecuencias más duraderas. El debilitamiento del sistema de salud pública, del sistema de ciencia y técnica o el desfinanciamiento de las universidades públicas son tan solo algunos ejemplos de una ofensiva que puede tener, en el mediano plazo, un impacto mucho más regresivo en términos distributivos que un empeoramiento temporal del coeficiente de Gini.
