Semanas atrás se realizaron las audiencias públicas convocadas por los respectivos entes reguladores- ENRE y ENARGAS- a los efectos de discutir la factibilidad de ajustes tarifarios en las tarifas de servicios públicos de electricidad y gas natural. Asimismo, la propia Secretaría de Energía convocó a una audiencia pública con el objetivo de discutir la parte del precio mayorista del gas natural que sería solventada por el Estado nacional a través de la conocida política de subsidios. La postura de la CTA A.
Sin embargo, en pleno proceso de discusión pública, a principios de mayo, el ENRE oficializó ajustes de la tarifa eléctrica del 9% promedio para las empresas Edenor y Edesur, en el marco de una puja política creciente entre el Subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo y el propio Ministro de Economía, Martín Guzmán como último responsable del área energética a cargo de Darío Martínez.
En esta disputa, Basualdo se manifestó partidario de un único aumento de menor impacto, mientras que Economía presionó por aumentos desdoblados para llegar a un 30% promedio. Detrás de esto, está no sólo la puja sobre los subsidios, sino el impacto real que estos ajustes tienen sobre una población que sufre el deterioro económico agravado por la emergencia sanitaria.
En concreto, desde la CTA Autónoma siempre defenderemos el menor impacto socioeconómico de las tarifas de servicios públicos sobre los bolsillos de nuestra comunidad, pero advertimos que este debate debe encararse de manera integral y poniendo el foco en garantizar el acceso a la energía a precios justos y razonables, ya que los bienes energéticos configuran un derecho humano inalienable que siempre hemos defendido como parte de una estrategia integral de recuperación de nuestra soberanía y buen vivir.
En tal sentido, la convocatoria a estas renovadas audiencias públicas, nos ponía nuevamente ante la posibilidad de adoptar un camino más transparente en lo que respecta al imprescindible debate público que nuestra comunidad requiere a la hora de dilucidar adecuadamente esta problemática. Sin embargo, siempre primaron decisiones arbitrarias que imposibilitaron definir rumbos claros de la política pública energética en lo que hace a uno de sus capítulos esenciales, como es la cuestión tarifaria.
En nuestro país, y bajo las distintas administraciones que se han sucedido en las últimas décadas, la política energética jamás ha sido discutida de manera integral y sistémica. Ello está intrínsecamente relacionado con las reformas estructurales de los ’90 que desarticularon y fragmentaron el funcionamiento integrado de un sistema energético que, en su reemplazo, dio nacimiento a distintos segmentos o unidades de negocios en las áreas de producción, transporte y distribución.
Las crisis institucionales recurrentes, las características oligopólicas del funcionamiento del sistema energético, la pérdida de un criterio federal de planificación de toda la actividad y el reforzamiento de los intereses corporativos fueron moneda corriente en el sector. Todo ello degradó no sólo el funcionamiento operativo de los servicios con el paso de los años, sino las perspectivas de realización de inversiones relevantes para su adecuado funcionamiento.
En tal sentido, durante el kirchnerismo se implementaron crecientes subsidios destinados en buena medida al sostenimiento de las prestaciones de las empresas del sector eléctrico y gasífero. La contracara de ello fue el efectivo congelamiento de las tarifas pagadas por los usuarios de las empresas reguladas por el Estado Nacional. A su vez, se elaboraban diversos esquemas de incentivos a la oferta de hidrocarburos que implicaron la convalidación de rentabilidades permanentes dirigidas a un selecto grupo de empresas que, en muchos casos, constituyen grupos económicos con intereses en los distintos segmentos del sistema energético.
Durante el macrismo, se encaró una irracional política de retiro de subsidios y de aumentos tarifarios inéditos en nuestra historia. En materia de energía eléctrica, los ajustes alcanzaron casi el 800% promedio, mientras que, en gas natural, superaron el 1.800% promedio, según los propios balances de los informes de los entes reguladores emitidos en el marco de las audiencias públicas realizadas en marzo pasado. Ese esquema se apoyó en un ajuste artificial en dólares de los precios mayoristas, que fue socializado entre toda la comunidad a través de los brutales tarifazos. El gas natural, que es un insumo fundamental para el proceso productivo y para la generación de electricidad, fue eje de una política de incentivos a la oferta a través de distintos programas que, incluso, se han reforzado con la puesta en marcha de un nuevo esquema de subsidios, el Plan Gas Argentino 2021-2024, a través del Decreto 892/2020, instrumentado hacia fines de 2020 por el Gobierno.
Antes y ahora, se advierte el establecimiento de costos de oportunidad o niveles de precios del gas natural que no están en línea con un adecuado conocimiento de la estructura de costos de operación y producción reales de las empresas en sus distintos segmentos. Ello constituye un punto decisivo a la hora de discutir la viabilidad no sólo de la política energética sino de las subsecuentes decisiones tarifarias.
Esto es así ya que el gas natural- que representa el 55% de la matriz de generación primaria de energía- es el bien estratégico que condiciona parte de la estructura de costos de las empresas generadoras de electricidad y de las compañías industriales. De hecho, las empresas termoeléctricas, explican el 65% del total de la oferta eléctrica generada, y el gas es el insumo comparativamente más económico en relación a otros sustitutos como el fuel oil, el gas importado desde Bolivia o el gas natural licuado, a través de la contratación de barcos metaneros.
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Téngase en cuenta que, en el marco de una pandemia aún no controlada, nuestra comunidad no está en condiciones de afrontar ajustes adicionales. Sin embargo, los precios de los combustibles líquidos acumulan un 45% promedio de aumento desde agosto de 2020, con el indudable impacto sobre los precios de bienes básicos, desde alimentos hasta medicamentos. Por cierto, todo ello alimenta el persistente fenómeno inflacionario, que tan sólo en el primer trimestre de 2021, acumuló un 13%, poniendo en duda el efectivo cumplimiento de la pauta del 29% establecida en el presupuesto 2021 por el ministro Martín Guzmán.
En materia de política energética, estamos además ante el agravamiento de las inconsistencias señaladas, ya que en abril se convalidaron aumentos en los precios mayoristas de grandes usuarios que contratan directamente potencia y energía a las generadoras o a las mismas distribuidoras. Adicionalmente, se pretenden convalidar ajustes en los precios del gas natural pagados por grandes consumidores industriales, todo lo cual termina por alimentar un encarecimiento continuo en los procesos productivos de diversos bienes y servicios. Esta tendencia, combinada con los señalados aumentos de combustibles líquidos, consolida aún más las inconsistencias referidas en el funcionamiento de todo el sistema energético, con sus consecuencias en el impacto en la competitividad y en los costos de todo el aparato productivo.
En definitiva, estamos convencidos que el Gobierno debe encarar prioritariamente un debate integral de la política energética de cara a transparentar todo su funcionamiento y la misma dinámica de los componentes tarifario y de subsidios. El primer punto a encarar en el corto plazo es el conocimiento de los costos reales de producción y operación en todos los segmentos de la electricidad y el gas natural. En efecto, el adecuado conocimiento de esta imprescindible información permitirá evaluar, de un modo más pertinente y racional, la misma política de subsidios económicos destinados a la energía, de forma tal de poder identificar usos prioritarios de fondos a distintas políticas sociales y productivas. Junto con ello, resulta fundamental recuperar un horizonte claro de debate público para reconstruir, paulatinamente, un proceso de planificación estratégica de la energía en Argentina. Sólo a partir de esta decisión se podrá revertir el esquema de desarticulación y fragmentación imperante en las últimas décadas, degradado por la implementación permanente de políticas discrecionales e inconsistentes.
Entre ellas, la convalidación de subsidios a la oferta oligopólica del sector, lo que no ha garantizado dos fines fundamentales de toda política pública energética: disponibilidad perdurable de bienes energéticos y acceso a precios y tarifas justas y razonables. Asimismo, es esencial recuperar el rol rector de YPF como empresa testigo en el concentrado mercado de oferta energética para orientar una nueva planificación estratégica de la energía en nuestro país.
Estamos convencidos que el Gobierno puede y debe tomar decisiones soberanas, en favor de nuestro pueblo, que son hoy prioritarias a la hora de comenzar a transitar un sendero de recuperación de la energía como bien público estratégico, clave para asegurar una vida digna y un sistema productivo en crecimiento.
La postura de la CTA A fue suscripta en un documento firmado por Ricardo Peidro, Hugo “Cachorro” Godoy, Claudia Baigorria, Horacio Fernández y Gustavo Laud
