Cómo es vivir una jornada histórica en Plaza de Mayo, pero sin llegar a la centralidad de los discursos. Qué es estar sin poder salir en televisión, sin haber escuchado o visto lo que los medios después reflejaron, pero haber estado igual. Una crónica sobre lo que miles de personas vivieron el 10 de mayo durante la marcha contra el fallo del “2×1”.
Por Julián Pilatti. – Plaza de Mayo es algo lejano, intocable en este momento, solamente percibible por algún coletazo de los cantos o del discurso de las Madres.
Pero se ve, se huele.
Hay como un vapor flotando arriba de ese río humano, que parece estático pero avanza. Es el humo de los puestos de choripanes, es el aliento de las decenas de miles de personas que llegaron a la Plaza para reafirmar la memoria en la Argentina.
Nunca más, señores jueces. Nunca Más.
-…todos los que estamos acá repudiamos la decisión de la Corte. Estamos acá celebrando porque el pueblo unido jamás será vencido –dijo Taty Almeida.
“!El pueblo unido, jamás será vencido!”, comenzó a escucharse descender, como si la Plaza se tratara de un lugar más alto, como si la Plaza allá lejana, estuviera arriba y el resto abajo.
Jamás será vencido, repetía un viejo con voz rasposa, jamás será vencido, decía una nena de unos diez años en brazo de su padre.
Tres contra 30 mil
Tres personas. Dos hombres y una mujer.
Por tres jueces en las calles se derramaron miles y miles. Votaron un fallo que beneficia a los genocidas, explican. Votaron un fallo que le otorga el beneficio de la reducción de la condena a represores, el amistosamente llamado “2×1”.
Así lo explicaría un abogado, un periodista. Pero una víctima diría que los jueces votaron ablandarle las penas a los que durante la dictadura arrancaron personas desde sus hogares, las llevaron a un centro clandestino perdido en la legalidad, las picanearon, las violaron, las atormentaron con amenazas, con tortura psicológica, les asignaron un número y le quitaron toda humanidad, las volvieron una cosa hasta que esa cosa ya no sirviera, después la durmieron y las tiraron vivas al mar.
Una y otra y otra vez.
30 mil veces.
Ahora tres jueces quieren reducirle la condena a los que hicieron eso, por eso la gente llena la Plaza de Mayo. Por eso hay tantos que no logran poder pisar ese escenario mítico de la historia popular, y lo escuchan, lo intuyen, desde unas cuadras atrás.
-Las víctimas del terrorismo de Estado debimos esperar muchos años la respuesta del Poder Judicial. Este fallo es un indulto a la historia –se oyó de la voz de otra madre.
Es 10 de mayo y cerca de las siete de la tarde la temperatura comienza a bajar abruptamente, hace frío. Pero pocos podrían afirmar que los cuerpos tienen frío, estando así de amontonados. El frío es escalofrío, “piel de gallina”, en criollo. Durante toda esa lenta procesión hacia ninguna parte, los cuerpos sienten este frío especial. Están temblando, pero no de miedo, están tiritando de una energía compartida que sabe a fuerza, porque hoy el pueblo en las calles gobierna y el gobierno escucha.
Los jueces escuchan, y callan. Frente al televisor, en silencio, en una habitación oscura, muy lejos de Plaza de Mayo.
Memoria que mantener
¿Cuántos? ¿200 mil? ¿300? ¿400? ¿Medio millón de personas?
Como en las manifestaciones más grandes de la historia, pocos pueden asegurar un número certero sobre la convocatoria. No importa, acá y allá comienzan a retumbar los “!Presentes!”, en medio del ya oscuro atardecer porteño, el grito que acompaña a cada nombre de los y las víctimas del terrorismo de Estado.
Los bombos cercanos no dejan escuchar con nitidez el discurso que viene desde el escenario, pero cuando la Plaza aplaude, los aplausos se sienten como lluvia.
Es un fondo musical que veces logra conectarse con los cantos de los márgenes y que cuando eso sucede, pareciera no existir mayor poder que el de la gente.
Pañuelos blancos acá y allá, las madres, las abuelas, los hijos, los niños, los hombres, los trabajadores, las trabajadoras, pañuelos blancos en sus rostros, la Plaza se ilumina inmediatamente sin haberse encendido nada.
Ese es el cierre del acto, cientos de miles se ponen su pañuelo, un elemento que nació para la higiene y la moda de las clases altas, pero que hoy es símbolo de búsqueda, de esperanza, de lucha infatigable de las Madres.
Después, el sonido de un piano y una voz seca le pone fin a los discursos: “La Memoria”, de León Gieco, musicaliza la histórica marcha.
La vuelta es tan lenta como la ida, eso comprueba la cantidad de personas que fueron a repudiar el fallo de la Corte.
Eso comprueba que hay terrenos en donde jamás se podrá retroceder.
En donde más duele, en donde todavía hay ausencias, identidades que recuperar.
Memoria que mantener.
——————————————————————————————-
«UN MAR DE IGUALES»
Por Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora.
Indignación, sentí mucha indignación al conocer el fallo de la Corte Suprema, pero al mismo tiempo sentí que cobraba más fuerza que nunca antes, para salir a la calle como saldremos hoy, a reclamar por Memoria, Verdad y Justicia. Y sí, ahora es fundamental que seamos capaces de luchar todos juntos, manifestando el más absoluto repudio ante semejante aberración, otra inmoralidad obscena de la Justicia, que nuevamente atenta contra el crecimiento de nuestra democracia.
A todos unidos, en una misma movilización, nos toca por estas horas ser más conscientes todavía, para poder seguir generando conciencia en los otros, pensando, sintiendo y militando cada uno de los crímenes de lesa humanidad, hasta que nos deban decir la verdad y hasta que por fin sepamos qué pasó con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros compañeros.
Desde sus inicios, el macrismo ha buscado desvalorizar la legitimidad que nos ganamos los organismos de Derechos Humanos y distorsionar el accionar del Terrorismo de Estado. Poco a poco, intentan hacernos creer que no fue tan grave, que nunca hubo un Ejército de ocupación, que nadie vino a violar nuestros derechos y que no tiene explicación esta pena tan grande que nos dejaron los 30.000, los presos políticos, los miles de exiliados y la economía devastada…
Aquí no ha pasado nada.
Ningún gobierno nos dio algo sin que lo pidiéramos, sin que lo exigiéramos, sin que lo gritáramos con todas nuestras gargantas. Y a lo largo de tan duro camino, hemos perdido a demasiados compañeros y compañeras, pero también hemos ganado mucho, un montón. Y no vamos a permitir que ninguna ley, ni la voluntad política de nadie, nos lo arrebate impunemente. Pues toda esta historia, esta lucha y esta memoria nos pertenece, por tanto esfuerzo sobrehumano, por tanta pelea mancomunada, por tanta sangre derramada…
Miren si no tendremos motivos para rebalzar las avenidas, juntos, abrazados, fortalecidos, sin importar que haya dos grupos, o tres, o cuatro, porque ahí, en la calle, todos somos iguales, un mar de iguales buscando lo mismo. Y encima somos más, sí, porque las personas que no puedan asistir seguramente podrán dar esas mismas discusiones en sus lugares de trabajo o donde sea que se encuentren, sembrando conciencia en todos sus entornos, para que nadie, nadie, nadie acepte dar ni un solo paso atrás.
Las calles son nuestras.
Y ellos no las pisan,
Nunca Más.
—————————————————————————————
Suprema vergüenza
Por Adolfo Pérez Esquivel ** Premio Nobel de la Paz
El gobierno ha iniciado una campaña para desarmar la política de DDHH. Empezó con funcionarios que cuestionaban la cantidad de desaparecidos y muertos por la dictadura militar, afirmando que el número de desaparecidos era menor, es decir, hicieron que el problema sea poner en duda a los millones de argentinos que decimos que son 30 mil y no el plan sistemático regional de exterminio que afectó a todo el pueblo y a la humanidad.
¿Acaso alguien cuestiona que en los campos de concentración nazi murieron seis millones de judíos? ¿Quién cuestiona que el genocidio armenio cometido por las tropas turcas asesinó a un millón y medio de personas? Sólo los nazis, sólo el Estado turco.
Los desaparecidos son los ausentes siempre presentes. La desaparición es un delito de lesa humanidad que no deja de transcurrir hasta que no aparezcan las personas ausentes.
¿Quién explica a las madres y familiares víctimas de la represión que los genocidas reciban beneficios, cuando hasta la fecha ni siquiera hay arrepentimiento por los crímenes cometidos y no dan información alguna sobre el paradero de sus seres queridos?
La Corte Suprema ha justificado lo injustificable para beneficiar a los represores que cometieron crímenes de lesa humanidad. Por tres votos contra dos, equipararon los crímenes de lesa humanidad con delitos comunes para reducir sus penas. La paradoja es que para los detenidos por estos delitos comunes, no se otorgan los mismos beneficios.
Y en paralelo se endurecen las leyes penales y de ejecución para que permanezcan más tiempo detenidos, sosteniendo el discurso de mayor seguridad. Se parte del supuesto de que los represores en libertad, no afectarían la seguridad. No olvidemos la desaparición de Jorge Julio López y las amenazas y hostigamientos a los testigos de los juicios.
Toda persona que cumple una condena por delitos cometidos, debe ser tratado humanitariamente y darle todas las garantías dentro del marco de las leyes vigentes en cada país. Pero eso no significa reconciliación, ni mucho menos que el Estado les brinde beneficios por los peores crímenes cometidos en la historia de nuestra nación.
Ya de por sí se alojan en pabellones «vip» en mejores condiciones que los restantes detenidos, y son tratados de manera preferencial con regímenes permisivos, acceso a visitas especiales, computadoras y celulares. Gran cantidad de jueces les otorgan arrestos domiciliarios ante enfermedades leves o afectaciones menores, mientras que pocas veces otorgan la domiciliaria a presos comunes que padecen gravísimas enfermedades y mueren en la cárcel. La desigualdad ante la ley es muy clara.
La reconciliación no es impunidad
La cúpula de la Iglesia Católica argentina, que tuvo en muchos de sus exponentes jerárquicos una activa complicidad con la dictadura genocida, ha impulsado en varias oportunidades iniciativas tendientes a asegurar la impunidad de los represores, como la llamada “Ley del Olvido”, señalando que el pasado fue doloroso, pero hay que mirar para adelante y pensar en la reconciliación.
Hoy vuelve a plantear la reconciliación, que lejos de su concepto doctrinario, no tiene otro sentido que favorecer el retroceso en materia de juicios de lesa humanidad y resulta altamente funcional a un gobierno neoliberal que procura desdibujar las políticas de memoria, verdad y justicia por las que nuestro pueblo ha luchado durante años.
Pero no basta con decir a la sociedad que todo es un hecho doloroso y que hay que mirar hacia adelante. Lo que se siembra se recoge, no hay otra alternativa. Todos y todas queremos cerrar las heridas pero no de cualquier forma y a cualquier precio. No hay reconciliación posible sin siquiera reconocimiento de las culpas, arrepentimiento y perdón, por eso la reconciliación no es ni será posible con los represores argentinos. La reconciliación no es el olvido, ni la impunidad.
El derecho es a la Verdad, la Justicia y la Reparación del daño hecho. En este caso concreto saber, dónde están y que hicieron con los desaparecidos o sea, que las Fuerzas Armadas y de Seguridad, rompan su pacto de silencio, esa suspensión de conciencia que los lleva a la complicidad colectiva.
El Papa Francisco está colaborando con la desclasificación de archivos del Vaticano sobre lo ocurrido en la dictadura, porque sabe que no existe reconciliación, no existe paz sin justicia. Queda mucho camino por delante, y desde que asumió el gobierno de Cambiemos sólo ha crecido el negacionismo del terrorismo de Estado, el fortalecimiento de la autonomía de las Fuerzas Armadas, de seguridad y de los organismos de inteligencia, la violencia institucional, la persecución política, así como también han empeorado todas las áreas vinculadas a la justicia social que nos permiten pensar a los Derechos Humanos desde una perspectiva integral y no sólo acotados a un período histórico determinado. No es casualidad que los dos jueces que propuso este gobierno para la Corte Suprema hayan votado a favor de estos beneficios a los represores, de esta afrenta al pueblo argentino, equivalente a los indultos de Menem en los años 90’s.
No es casualidad que esta misma nota haya sido primero solicitada y luego explícitamente rechazada por la agencia de noticias oficial de la República Argentina con el argumento de que “la agencia decidió no sacar opiniones sobre el tema del 2×1”. Los grandes medios de comunicación, de antes y de ahora, siguen jugando un papel central en legitimar u ocultar estas injusticias.
Frente a estas provocaciones hay que ser claros, responderemos como siempre lo hemos hecho con la movilización no violenta de nuestro pueblo, reclamaremos la vigencia vinculante de los fallos de la Corte Interamericana de DDHH como instancia internacional, pese al rechazo de esta Corte Suprema dependiente del poder ejecutivo.
————————————————————————-
Solo se trata de ser justos
Maneras de achicar condenas haciendo gala de eufemismos jurídicos y dejando
de lado situaciones que hacen a una realidad concreta. Lo justo es mucho más
que la simple legalidad, aunque muchas veces y, en este caso también, aquella
aparece.
Por Marcelo Ponce Nuñez
Nos encontramos con una sentencia dividida que, haciendo uso de una ley que ya no
está en vigencia pero de un principio jurídico que sí existe, pretende ser aplicada a un
caso concreto: La ley más benigna.
Se expone en el pronunciamiento, a través de párrafos muy concretos, la idea de
que cuando la ley es clara, no debemos dejarnos llevar por interpretaciones.
Así por ejemplo se menta: “Que según se ha señalado en reiteradas oportunidades, la
primera fuente de interpretación de la leyes es su letra, (especialmente cuando aquella
concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal
empleada en el ordenamiento jurídico vigente) y que los términos empleados en ella
no deben entenderse como superfluos sino que han sido empleados con algún
propósito, sea de ampliar, limitar o corregir los conceptos usados (Fallos: 315:1256;
318:950 y 324: 2780). Asimismo, cuando la ley no exige esfuerzo de comprensión -4-
CSJ 1574/2014/RHl Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro si recurso
extraordinario, debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones
ajenas al caso que aquella contempla (Fallos: 313:1007)”.
Pues bien, la ley que se pretende aplicar poseía un artículo, concretamente el 10, que
decía: “Quedan expresamente excluidos de los alcances de la presente ley los
imputados por el delito previsto en el artículo 7 de la ley 23.737 y aquellos a quienes
resultaren aplicables las agravantes previstas en el artículo 11 de la misma ley.”
Es claro, concreto, no requiere de mayores interpretaciones, genera un exclusión a
un principio general que establece la misma norma en su art. 7º, y se refiere en ese
caso a una temática concreta, la de los estupefacientes. Es decir, el legislador, que
según el propio pronunciamiento que venimos analizando es quien exhibe y concretiza
en sus normas el humor social, determino que dicho tipo de delitos no debía quedar
comprendido.
Pese a la claridad de la cuestión legislativa, la Corte Suprema en su momento, dictó
pronunciamiento en la causa “Véliz, Linda Cristina s/ causa Nº 5640”, sentencia del
15 de junio de 2010. Aquí la Corte abandonó la doctrina que previamente había
sustentado en Fallos, 318:2611 y consideró que la exclusión formulada por el artículo
10 (actual 11) de la ley 24.390 en punto a los imputados o condenados por ciertos
delitos insertos en la ley 23.737, resultaba contraria al bloque de constitucionalidad
federal.
Con lo que se cae de plano aquella interpretación de la claridad de la norma y la
imposibilidad de ir en contra de sus dichos y ello a través de un Tribunal de Justicia,
que lo que debe hacer es aplicar un plexo normativo que nace en la Constitución y en
los tratados internacionales, más siempre buscando lo justo, lo adecuado.
La ley no sólo debe ser clara en sus términos lingüísticos, sino además adecuada a la
realidad existente y sustancialmente justa en los términos constitucionales y de
tratados internacionales.
Justamente esto último es lo que deviene carente en el fallo presente, referido a casos
de lesa humanidad.
Los delitos de tipo continuado, que en su mayoría involucra a los acusados
que hoy pretenden privilegiarse con la sentencia en crisis, aun permanecen
abiertos. Los desaparecidos no aparecen, muchos niños se mantienen ocultos…..
Es decir los efectos nocivos de las conductas endilgadas están vivas en las almas y
espíritus de familiares.
Es a los que dieron origen a esos males a quienes se pretende beneficiar con una
condena menor.
Ello realmente no admite la posibilidad de que sea entendida como una medida justa y
adecuada a la persona culpable del delito. Así de simple y contundente.
Además, deberá recordarse que, al momento de implementación de la ley que la Corte pretende sustentar el dos por uno, devenía imposible que se considerará a los delitos de lesa humanidad y ello así por cuanto conforme a legislación, también vigente en dicho momento, se aplicaban las de obediencia debida y punto final, que impedían la actividad jurisdiccional en pro de la investigación de los delitos de lesa humanidad. (NdlR: con la derogación de ambas leyes quedó un gris que es el que aprovecharon los jueces de la Corte. Con la sanción luego de la reciente ley que también excluye a los delitos de lesa humanidad de cualquier conmutación, se cerró cualquier fallo futuro)
Ello da como consecuencia, según la sentencia de la Corte, que el legislador previó o advirtió lo que no existía al momento de crear el dos por uno, y ello además de ilógico, es un hecho imposible.
Y aclaro que, como sostuve en algún momento, no es venganza lo que se busca.
Es simplemente justicia.
——————————————————————————————–
Un fallo con coordenadas políticas
Otra de las voces surgidas de el ámbito jurídico fue la del ex juez Carlos Rozanski, quien recordó: “Nosotros en La Plata (Tribunal Oral 1) rechazamos sistemáticamente el 2 x 1 en causas por delitos de lesa humanidad porque no es lo que corresponde, y es una postura que ha sido convalidada en todas las instancias superiores. Sobre todo porque es contrario a la actual legislación en materia de Derechos Humanos, la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros tratados internacionales a los que Argentina suscribe”.
El ex juez también indicó que el fallo obliga a hacer una interpretación política, más que jurídica: “Esto tiene que ver con un clima que estamos viviendo, donde ministros y altos funcionarios de este Gobierno se refieren de forma liviana respecto de la actuación de la última dictadura cívico militar, e incluso del holocausto”.
Además, Rosanski fue más allá: “No es menor que este proyecto económico sea tan cercano al de Martínez de Hoz (ministro de Economía de 1976 a 1981), con transferencia de recursos desde los sectores más vulnerables a los más concentrados. Es algo a tener en cuenta a la hora de interpretar este fallo. Por eso digo que a mi juicio hay que analizarlo con coordenadas desde lo político, y no desde lo jurídico”.
————————————-
Mano dura al excedente,
mano blanda al genocida
Por Claudia Rafael (Agencia Pelota de Trapo)
(para poner en algun lado)
La justicia penal está para evitar que los pobres
roben a los ricos…, y la civil.., para asegurar que
los ricos puedan seguir robándoles tranquilos…..
(Razonamiento popular)
(APe).- Mano dura para los desarrapados. Mano blanda para los poderosos. Mano dura para los olvidados que irrumpen con un piedrazo contra los vidrios del sistema. Mano blanda para los desaparecedores. Mano dura para los pibes a los que, por ley, no se les enseñará a trabajar como salida digna para la vida pero se los querrá juzgar tempranamente a los 10, 12 ó 14. Mano blanda para los usurpadores de la infancia en botines de guerra a repartir. Mano dura para el delincuente individual. Mano blanda para el estado que amedrenta o despoja.
La cumbre de todas las justicias decidió que un delincuente que asoló la vida en nombre del estado, que desapareció, persiguió y torturó sea beneficiado con una ley que no existe desde hace 16 años. Cuando a ellos nadie soñaba con que se los podría juzgar. Esa ley había nacido en 1994 para estampar un parche sobre la realidad de miles de presos que abarrotaban las cárceles sin juicio ni sentencia. No son lo mismo esos miles de presos esperando años una condena -que hasta podía ser menor que esa espera- que los representantes del Estado, asesinos y torturadores, perdonados por el Estado durante más de veinte años sin que fueran juzgados.
El mismo Estado –en las elevadas señorías de traje y trajecito- hoy utiliza una ley derogada en el momento en que los genocidas gozaban de impunidad, para beneficiarlos ahora, cuando la justicia, muy tardía, los toca.
Era otoño del 76 cuando los televisores proyectaban la serie Swat, un grupo de elite que irrumpía con violencia y eficacia milimétrica ante casos policiales imposibles de resolver de otra manera. Esa era la ficción que llegaba desde el país del norte y que venía a coronar la crueldad que por el mismo tiempo otros grupos de choque, con menos cuidado en los movimientos y las ilegalidades, hacían realidad en estas tierras.
Un tal Luis Muiña integraba uno de esos grupos. Al que también se llamaba swat y operaba en “el chalet”. Como si se tratase de esa típica casita a dos aguas de los años 50 y 60. Nada de eso, más allá de los nombres de clase media deseosa de ascenso que tenía swat y el chalet. En un día de final de marzo del mismo 1976 irrumpieron en el Hospital Posadas y en apenas 24 horas desaparecieron trabajadores, detuvieron a otros, armaron listas negras, atemorizaron, golpearon, controlaron a trabajadores y pacientes y a los habitantes de la villa Carlos Gardel, en las espaldas del Hospital. Aquel que había nacido en los años 50 por decisión de la Fundación Eva Perón.
Debieron pasar 30 años para que Muiña y otros militares e integrantes de swat fueran condenados. Y 40, para que la madre de las estructuras judiciales del país decidiera beneficiarlo con la ya derogada ley del dos por uno. Pocas veces la realidad se expone al desnudo con tanta claridad.
En días de reclamo de mano dura, de gritos por más y más cárcel, de eslóganes que claman cárcel de por vida Luis Muiña, condenado a 13 años de prisión por privación ilegítima de la libertad, amenazas, tormentos y otro abanico de delitos de lesa humanidad (es decir, que lastiman a la condición humana como tal), fue premiado con ese beneficio.
La justicia se muestra cada vez más obscenamente como ese monstruo bifronte que ha sido y será. Sus dos rostros se visten de ocasión según quién se encuentre a la espera de su gracia. Los caminos de la señora que supuestamente ostenta ojos vendados bate sus palmas y se arrodilla ante los tentáculos de turno del poder. Y baja el pulgar ante los desnudos de todo cobijo, ante los desarrapados, los olvidados.
La justicia determina tajante cuáles serán los efectos de su selectividad de origen. Y plasma en sus decisiones quiénes son los peligrosos y quiénes los dignos de ser salvados. Hay quienes tienen y tendrán, según los tiempos y los contextos históricos, la infalible licencia para matar, para amedrentar, para desaparecer y enterrar en los ríos de la crueldad. Y quienes ostentan y ostentarán, tatuados con una marca indeleble sobre la piel, el pobre derecho a ser asesinados, violentados, perseguidos o arrinconados por las instituciones.
La madre de todas las justicias de la institucionalidad sistémica nombra y numera a los despojados. Los destierra y no les sostiene la mirada. Porque la dignidad sigue estando en otra parte. Lejos de los palacios y de las sentencias inapelables.
————————————————————–
El voto del consenso multipartidario
Como ya se dijo hasta el hartazgo, los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkratz y Horacio Rosatti, con diferentes argumentos, integraron la mayoría de la Corte Suprema que decidió admitir que un condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar debe ser beneficiado con la ley del 2×1.
En contra votaron el presidente del tribunal Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
Para que la Corte fallara el 2 por 1 a favor de genocidas, resultó fudamental el voto de los dos jueces recientemente nombrados por el gobierno amarillo, Rosenkrantz y el ex ministro kirchnerista, Rosatti.
Pero, para no permitir que ahora nos ‘macaneen’ los otros que también apuestan a recuperar el poder perdido, es también fundamental recordar quienes fueron los legisladores que levantaron la mano para aquellos tan cuestionados nombramientos
Y, cuando hacemos el repaso, sorprende –en realidad no sorprende nada- que los que más numero aportaron fueron una treintena de brazos alzados del Frente para la Victoria- PJ, más unos diez radicales, otro tanto del PRO y también de partidos provinciales
Aquí, cómo se compuso el voto de los magistrados:
Pliego de Horacio Rosatti
–60 votos a favor (29 FpV-PJ, 8 UCR, 6 PRO y 17 partidos provinciales)
Pliego de Carlos Rosenkrantz
–58 votos a favor (27 FpV, 8 UCR, 6 PRO y 17 partidos provinciales)
—————————————————————————
¿Por qué ahora?
Ni el 2×1 de la Corte ni el llamado a la «reconciliación» de los obispos son hechos aislados. Radiografía de un entramado
Por Pablo Bassi (Canal Abierto)
La aplicación del 2×1 a Luis Muiña, condenado por secuestros y tormentos a trabajadores del hospital Posadas en el centro clandestino El Chalet, y la reunión promovida por la Conferencia Episcopal Argentina durante su asamblea plenaria -que sesiona desde el martes hasta hoy- entre víctimas y victimarios durante la última dictadura militar destruyen el proceso de memoria verdad y justicia sobre el terrorismo de Estado en la Argentina.
Ambas decisiones son resultado de la presión ejercida por grupos auto denominados de “memoria completa”, compuesta de familiares, apologistas y abogados defensores de represores, como el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, Asociación Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina o Justicia y Concordia, entre otros.
Si bien estas organizaciones ejercen lobby desde antes de diciembre de 2015, ahora han encontrado eco en la Justicia y la Iglesia, a partir del respaldo que les da el Gobierno nacional que integran. Gabriela Michetti y el Secretario de Culto, Santiago de Estrada, grafican mejor que nadie este polígono.
La reconciliación que dice perseguir la Iglesia Católica genera una marea inevitable en un año electoral. Aguas que Francisco prefiere no agitar, siempre atento a la política doméstica. Ocurre que si bien la mayoría de los obispos argentinos son conducidos políticamente por Jorge Bergoglio, hay un espacio reaccionario liderado por Héctor Aguer que actúa como interlocutor de estos grupos.
Es difícil suponer, de todos modos, que el Papa no le haya dado luz verde a la iniciativa. Quienes lo conocen aseguran que lanzó un “hagan, hagan”, previendo que el tema no prosperará ni escalará en la opinión pública. Habría sido su mejor respuesta ante el suplicio de sus obispos leales: “O los recibís vos o formalizamos esta mesa”.
En una entrevista concedida a Canal Abierto, Nora Cortiñas sostuvo que sólo los desaparecidos pueden otorgar el perdón. Una reflexión contundente que derriba la legitimidad del objetivo verdadero o ficticio de la Iglesia.
Otra trama
La Justicia también es un escenario en que se expresan correlaciones de fuerzas. El beneficio del 2×1 a Luis Muiña -que ya le abrió la puerta al apropiador de bebés Norberto Bianco y podría abrir la celda de 750 genocidas más- tiene tantas críticas como adhesiones técnicas. Más de las primeras que de las otras. Sería menester el análisis del fallo en clave política, como dijo el ex juez Carlos Rozansky en declaraciones a este medio.
Una primera lectura, apresurada tal vez, podría identificar los votos positivos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton a un pedido del Gobierno. Los dos primeros le deben sus nombramientos y ella su continuidad en el cargo tras haber cumplido 75 años. Pero la realidad es más compleja.
A partir de la asunción de Cambiemos, existe un distanciamiento con la política de derechos humanos precedente desde los tribunales inferiores hasta el que preside Ricardo Lorenzetti.
En otro reciente fallo, la Corte Suprema dictó la prisión domiciliaria al represor Felipe Alespeiti, responsable del secuestro y desaparición de 107 personas. En aquella oportunidad, el abogado querellante en delitos de lesa humanidad Rodolfo Yanzón advirtió en Canal Abierto sobre la peligrosidad de la medida y sostuvo que “hay un acuerdo de Avruj (secretario de Derechos Humanos) y Garavano (ministro de Justicia) con sectores que reivindican métodos de la dictadura”.
En total fueron alrededor de 50 los condenados por violaciones a los derechos humanos enviados a sus casas desde diciembre de 2015. Entre ellos, Miguel Etchecolatz, jefe de la Policía bonaerense durante la dictadura. Otro dato más que inquietante es la profundización del status quo sobre los juicios a civiles protagonistas del genocidio, como los directivos de la Ford, Papel Prensa y Blaquier.
Nada mejor que los editoriales del diario La Nación próximos a la asunción de un presidente argentino definen el intento de imposición de los grupos que defienden el retroceso en la política de derechos humanos. Al otro día de haber asumido Macri, la tribuna de doctrina titulo “No más venganza”.
El Gobierno ha dado un correlato de pasos en este sentido. El Presidente, por ejemplo, dijo al principio de su gestión y durante esta semana que no iba a inmiscuirse en asuntos judiciales. Toda una definición política: el autismo no es garantía de independencia.
Por su parte, Garavano y Avruj mantuvieron reuniones en distintos momentos y lugares -incluida la ex ESMA- con las agrupaciones que defienden a los genocidas condenados. Los funcionarios Darío Lopérfido y Juan Gómez Centurión sembraron dudas sobre el número de desaparecidos. ¿Qué otro motivo existe detrás de aquellas bravuconadas, que instalar en la conciencia colectiva que las organizaciones de derechos humanos mienten?
No obstante, el Gobierno fue más allá: la secretaría de Derechos Humanos retiró la co querella a Alejandro Reynal, funcionario del Banco Central durante la dictadura, acusado de robo al empresario Eduardo Saiegh. También desmanteló la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, el Centro de Asistencia a las Víctimas “Fernando Ulloa” y la comisión del Banco Central creada en 2014 para documentar los delitos económicos. El programa de protección de testigos pasó a estar a cargo del militar Francisco Lagos y, como representante argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nombró a Carlos de Casas, un abogado de represores.
Sobre esta realidad, surgen las primeras preguntas: ¿Cuál sería la ganancia del Gobierno, por complacer a los familiares de genocidas? ¿Acaso la buena sintonía con gente afín ideológicamente? ¿Polarizar con un movimiento de derechos humanos que excede largamente al kirchnerismo? ¿O proteger a los círculos civiles protagonistas del genocidio, hoy socios de Cambiemos?
