La propuesta impulsada por el gobierno apunta a romper el sistema solidario, y clausuran a las trabajadoras informales la posibilidad de alcanzar una moratoria. En línea con el FMI, la Casa Rosada piensa a las jubilaciones como un subsidio y no como un derecho laboral.
Por el equipo del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma y redacción Malas Palabras
Ilustración: Adictos Gráficos
El gobierno de Javier Milei no abandona la intención de reformar el sistema previsional y así consolidar el paso de la motosierra por las jubilaciones. A mediano plazo, el plan libertario apunta, como objetivo final, a poner en crisis el sistema solidario y allanar el camino hacia la vuelta de los sistemas de capitalización, un negocio millonario que tiene al acecho a las empresas fintech como Mercado Pago.
Por ahora, el proyecto previsional libertario solo logró concretar la parte del ajuste. La motosierra podó los ingresos de los jubilados; especialmente, en los primeros meses del año, cuando el recorte sobre los ingresos del sistema previsional fue de más del 35 por ciento, y permitió la ficción del equilibrio fiscal de la que Milei se jacta.
El resto del plan, que incluye la eliminación de la moratoria previsional contemplada en el texto original de la Ley Bases y el cambio de la fórmula de movilidad de haberes, atraviesa una discusión política en el Congreso, en la que Milei acaba de recibir un golpe duro.
La confluencia de sectores políticos de la oposición que, hasta ahora venían jugando cerca de la Casa Rosada -como Hacemos Coalición Federal de Miguel Pichetto y el radicalismo-, se sumaron a Unión por la Patria para aprobar un cambio en la fórmula de actualización de jubilaciones cayó como una bomba en el gobierno.
Milei salió a defender con uñas y dientes su plan de ajuste previsional, llamó a los legisladores “degenerados fiscales” y adelantó que si la ley se sanciona la va a vetar. Incluso, para un gobierno que viene rompiendo cualquier lógica de construcción política, la jugada del presidente parece subestimar las posibles consecuencias de un conflicto de poderes si en Diputados y el Senado empieza a consolidarse una mayoría de dos tercios que insista y ratifique la ley. El final está abierto.
Las reformas libertarias
La Ley Bases, todavía en discusión parlamentaria, contiene un proyecto que está en el corazón del plan de reformas libertarias para el sistema previsional argentino.
La Secretaría de Previsión Social de la CTA Autónoma, a cargo de Olivia Ruiz, plasmó en un documento reciente los principales lineamientos de esos cambios. “Son de clara inspiración neoliberal, que impulsan reformas tendientes a la reducción de la cobertura y la inclusión, desconociendo los principios de universalidad e integralidad que deben regir el sistema previsional”, sostiene el paper.
El capítulo previsional del texto original de Ley Bases, deroga la ley 27.705 (Moratoria Previsional), creando una nueva prestación, la “Prestación Proporcional” para aquellos trabajadores en edad de jubilarse que no alcancen los 30 años de servicios. El haber mínimo de la PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor) será el 80% de una jubilación mínima, establecida en $206.931,10 a partir de junio.
Es decir, un jubilado que se retire a través del nuevo régimen impulsado por el gobierno libertario y que cobre la PUAM recibiría unos 165 mil pesos por mes, un haber en niveles de indigencia.
Como las mujeres trabajadoras poseen un alto porcentaje de informalidad en las relaciones laborales, y son pocas las que alcanzan los 30 años de aportes, la nueva Prestación Proporcional implica una suba encubierta de la edad jubilatoria de las mujeres. Otro de los retrocesos es que, al considerar la PUAM como una prestación individual, pone en jaque el derecho a pensión por fallecimiento del compañero o compañera del beneficiario.
Aunque el capítulo previsional fue excluido del texto aprobado por Senadores, desde el oficialismo insisten en que puede volver a incluirse, mientras que desde la oposición niegan que sea posible.
La pulseada por la fórmula
El fin de la moratoria previsional a la que apunta la motosierra es acompañado de un cambio en la fórmula jubilatoria que impulsó el gobierno de Milei, y que abrió una pelea política con la oposición de alto voltaje.
A partir de la nueva fórmula liberal, las jubilaciones empezarán a ser actualizadas por la inflación y no por la combinación entre los aumentos salariales y la recaudación de la ANSES, como ocurría hasta ahora. Todas las asignaciones familiares, como la Asignación Universal por Hijo, la ayuda escolar y por nacimiento, se empezaron a actualizar por el nuevo índice de movilidad jubilatoria, que debería empezar a regir plenamente en julio.
Pero, en la Cámara de Diputados la fórmula de Milei recibió un golpe en la línea de flotación. A partir de un acuerdo inédito entre sectores de la oposición, se aprobó una ley que no solo aumenta a los jubilados, sino que vuelve a enganchar las jubilaciones con los salarios, estableciendo un aumento anual del 50 por ciento de la suba del salario real por la inflación.
Milei amenaza con vetar la norma. Pero, si el Congreso ratifica el proyecto con una mayoría especial de los dos tercios, el Ejecutivo estará obligado a cumplir con la nueva fórmula, una situación que complicaría los planes de alcanzar las metas de reducción del déficit fiscal a costa de la motosierra.
La crisis autogenerada
Los dos debates tienen un trasfondo común y parecen ir en una misma dirección: poner en crisis el sistema solidario para facilitar las condiciones de posibilidad del retorno de los sistemas de capitalización, esta vez de la mano de las denominadas “fintech”, como Mercado Libre.
Para los especialistas que vienen analizando el escenario, las políticas sobre las que intenta avanzar el gobierno de Milei apuntan a algo más que a producir un recorte sobre las jubilaciones.
Diego Ramírez, trabajador de ANSeS y abogado previsional de la CTA Autónoma, vincula las medidas con los lineamientos promovidos por el Fondo Monetario Internacional a través de distintos documentos. El Fondo enfoca a las prestaciones de la seguridad social con un subsidio focalizado a la pobreza para contener la marginalidad más que como un derecho derivado de la trayectoria como trabajadores y trabajadoras de sus beneficiarios.
Las propuestas de atar la evolución de la jubilación sólo a la inflación, y ya no a la evolución de los salarios de los trabajadores activos, va en el mismo sentido, dice Ramírez. “Tiene que ver con desacoplar la jubilación del concepto de salario diferido y pensarlo como un subsidio”, apunta.
En términos filosóficos, enlaza con la teoría del fin del trabajo que defienden desde posiciones libertarias. Una “batalla cultural” que viene empujando Milei desde su llegada a la presidencia.
“La nueva política que reemplaza a la moratoria previsional no renuncia del todo a la inclusión, y eso tiene que ver con que el FMI no quiere que estalle la crisis. Lo que se propone es que el ajuste sea más gradual para poder hacerlo por más tiempo”, explica Ramírez.
El objetivo es tornar insostenible el sistema previsional. La liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, habilitando que se use para pagar deudas previsionales de Nación con las provincias, tiene que ver con eso. “Generan un desprestigio del sistema, lo desfinancian y lo ponen en crisis para que a la salida de esa crisis se torne más tolerante la idea de pasar a un sistema de capitalización”, concluye la fuente consultada.
