Los referentes nacionales de diferentes partidos y organizaciones sociales emitieron una declaración conjunta ante la suscripción de un acuerdo de cooperación con la Organización Mundial de Comercio referido a la licitación del Proyecto Hidrovía Paraná-Paraguay. La OCDE pregona el libre comercio en beneficio de las naciones desarrolladas, lo que resulta contrario a los intereses nacionales. Este es el texto:
——————————————————————————————————–
EN DEFENSA DE LA SOBERANIA NACIONAL, DECIMOS NO AL ACUERDO CON LA OCDE
Los abajo firmantes, vemos con estupor, que EL MINISTRO MEONI haya suscripto UN ACUERDO DE COOPERACIÓN CON LA OCDE (Organización Mundial de Comercio), referido al llamado a licitación DEL PROYECTO HIDROVÍA PARANÁ-PARAGUAY.
Según el convenio firmado, la OCDE analizará la gobernanza de la próxima licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná, incluyendo las instituciones, procesos y reglas aplicables a la contratación de obras y la concesión de la Hidrovía.
Queremos poner de manifiesto, que los intereses de la OCDE son contrarios a los intereses nacionales. Un alto funcionario de nuestro gobierno de otra área expresó recientemente que cuando en su momento Trump manifestó su interés de retirarse de la OCDE, que Argentina debería seguir el mismo camino, ya que los postulados de la misma, hoy son contrarios al interés primordial de la Argentina: desarrollar y proteger nuestra industria, a los efectos de terminar con la desocupación, único camino para poner fin a la pobreza que padecen millones de argentinos.
Hoy, el mundo que brega por salir de la pandemia, vive un proceso de defensa del trabajo nacional. La OCDE pregona el libre comercio en beneficio de las naciones desarrolladas, que resulta contrario a las políticas que desde la Secretaría de Industria se están llevando adelante para proteger las fuentes de trabajo.
Nuestro país es víctima, desde hace muchos años, de un modelo neoliberal diseñado para el saqueo y la fuga. Hoy tenemos la oportunidad de reeditar la Batalla de Obligado, defendiendo los intereses nacionales y recuperando la soberanía de nuestros puertos y vías navegables para así integrar nuestro litoral marítimo y fluvial.
Hoy se están llevando a cabo ambas licitaciones “por peaje” bajo legislación de la dictadura militar del año 1967. En realidad, no hace falta licitar a cambio de peajes porque, aun con modificaciones en su reglamentación, sigue vigente la Ley 13.064, la cual, en su Artículo 6, menciona explícitamente la prerrogativa del Estado de realizar servicios de dragado.
Según un trabajo del Centro de Estudios Agrarios, la recaudación por peajes ronda unos 300 millones de dólares anuales, y actualmente en la Argentina, hay menos de cinco dragas asignadas para asegurar la navegabilidad de nuestra Red Fluvial.
La draga más grande que utiliza la empresa concesionaria es, en realidad, propiedad del estado argentino; construida en nuestro país y en préstamo a dicha empresa concesionaria. Además el pueblo argentino debe saber también que la draga más moderna traída por la actual concesionaria fue construida en los astilleros Keppel Singmarine de Nantong, China con un costo de apenas 40 millones de dólares. Eso implica que la inversión total de una flota nueva de 5 unidades, sin contar gastos de armamento, se recuperaría en tan solo 8 meses de peajes y teniendo en cuenta que la vida útil de estos equipos alcanza los 30 años se puede decir que esa inversión retorna con una tasa de facturación del orden 4.500% respecto al costo de inversión tecnológica. El problema, entonces, no es la inversión ni el acceso a la tecnología; claramente, el problema es la voluntad política.
El llamado a licitación del dragado debe contemplar la construcción de la dragas en astilleros nacionales, ya que los mismos están en condiciones de integrar más del 50% de componentes nacionales. Se deberán importar los motores y otros elementos. Mientras las dragas nacionales se construyen, otras se pueden alquilar en el mercado internacional. Miles de puestos de trabajo dependerán de esta decisión.
Insistimos en esto: el sistema a licitar es sólo el de dragado, pagándose por material extraído. Pero, el control y cobro del peaje debe estar a cargo del Estado Nacional.
Hay que tener en cuenta que el peaje, 3 dólares por tonelada, lo pagan los productores argentinos, ya que se les descuenta del precio que reciben cuando entregan su producto a los exportadores. Es el peaje más caro del mundo, además lo utilizan para disimular ganancias y pagar menos impuestos.
Esos valores hace más de dos décadas son recaudados por una empresa de capitales extranjeros y desde ya, una vez que son salvados los costos operativos remiten ganancias a su casa matriz en el exterior dañando nuestra balanza comercial; porque, en definitiva es una importación de servicios que obviamente puede -y debe- ser sustituida.
No es necesario que el peaje sea transferido al sector privado y, mucho menos, extranjerizado.
La política soberana e de independencia económica; no se declama, se construye día a día tomando decisiones en favor de los intereses nacionales.
Firmantes: Claudio Lozano ( Unidad Popular ), Fernando Vaca Narvaja (Grupo Bolivar), Ricardo Peidro ( Sec Gral de la CTA A), Leticia Quagliaro ( Unidad Popular), Hugo Godoy ( Sec Adj, CTA A), Victor de Gennaro ( Unidad Popular), Miguel Beraldi (Grupo Bolivar), Cesar Crocitta (Grupo Bolivar), Bruno Capra (Grupo Bolivar), Carlos Levington (Grupo Bolivar).
