Un reciente informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, elaborado por Claudio Lozano y Tomás Raffo, analiza el clima represivo actual que el gobierno ha lanzado contra las diversas protestas sociales. Los autores toman los criterios de “multitudes” para detallar las movilizaciones realizadas durante marzo y abril, un velado cinismo que refiere a la sordera que se esconde tras el llamado constante al diálogo y la “impotencia” que caracteriza el proceso de represión incipiente que el gobierno ha decidido encarar.
MULTITUDES (en más pero también en menos)
Marzo y lo que va de Abril nos muestran un verdadero festival de multitudes que protagonizan cuanta protesta social se dirija contra el actual gobierno. Desde las multitudinarias marchas de los docentes y estatales (del 6/3), las de la continuidad del conflicto docente (del 22/3 y del 5/4), la Marcha de las Mujeres (8/3), la Marcha de la Memoria (24/3) y la Jornada de Protesta de las dos CTA (el 30/03). Todas ellas tuvieron un exceso, ya sea de convocatoria en organizaciones no habituadas en los últimos años a semejante nivel de adhesión. Se trata de una multitud en más, en tanto exceso respecto de lo que la gobernabilidad actual le puede ofrecer.
Sin embargo, no sólo hay una multitud en más disconforme con el rumbo del Gobierno dispuesta a expresarse en cuanta manifestación se la convoque, sino que aparece también una multitud contraria, dispuesta a apoyar al gobierno también en las calles. Se trata de una multitud en menos respecto de la otra, tanto porque claramente sólo se expresaron una sola vez (el 1/4) como también en cantidad de adherentes.
En menos también respecto de sus reclamos, puesto que no reclaman nada que no sea apoyar al Gobierno en lo que haga.
Quizás en más respecto de una sola demanda: mayor represión y mano dura respecto de la multitud anterior.
SORDERA (y un velado cinismo)
El Gobierno pretende hacer gala de un supuesto afán dialoguista, que para su mentor (Macri), comportaría un verdadero cambio de valores respecto a la experiencia anterior (Cristina Kirchner). Sin embargo, detrás de este llamado al diálogo se esconde su negación, a saber: la sordera. Una sordera que en el marco del llamado compulsivo al diálogo, no puede caracterizarse sino como un diálogo de sordos, en tanto el diálogo supone la capacidad de cambiar y modificar la postura propia (de quien pide diálogo) a partir de la apertura hacia el planteo/demanda del otro, que un sordo como tal está incapacitado de hacerlo puesto que no puede abrirse verdaderamente al diálogo.
Así el llamado al diálogo de sordos en la práctica produce el mismo efecto que la ausencia de diálogo, hermanando así la gestión actual, por sus efectos (y no por sus formas), con la gestión anterior.
Esta hermandad por los efectos, del Macrismo con el Kirchnerismo, se observa en la continuidad de lo que produce la política del diálogo de sordos, que es también la negación de un rasgo del que hasta hace poco hacía gala el gobierno de Macri, a saber: su flexibilidad.
Una flexibilidad enmarcada desde el inicio de su gestión en aplicar un ajuste gradual, pero ajuste al fin, contrario a las demandas de shocks que le demandaban los sectores más concentrados de la sociedad. Flexibilidad que se expresó en las diversas marchas atrás en las iniciativas más cuestionadas de su decisión de gobierno (entre las que destacan la marcha atrás en los tarifazos, en los escándalos del Correo y de Avianca). Incluso marcha atrás que se expresó en la paritaria salarial del año anterior, donde el gobierno, calcando una lógica del gobierno pasado, planteó una paritaria del 25%, pero que en la práctica avaló que importantes gremios superaran este techo no dicho, cerrando en promedio en el 35%, mientras la inflación garantizaba una caída del 7% promedio (ya que la tasa de inflación fue del orden del 42%).
Esta flexibilidad hoy negada en el plano salarial y ejemplificada con el largo conflicto docente, nos muestra un gobierno inflexible, dispuesto a asumir los costos de no modificar su planteo.
IMPOTENCIA
Una multitud en acción y un Gobierno de sordos no produce otra cosa que un mantenimiento y profundización del conflicto, muestra cabal de la impotencia del gobierno para garantizar la reproducción social con dosis suficiente de consenso y legitimidad. Esta impotencia del Gobierno alimenta vastos fantasmas, uno de los cuales queremos destacar: es el de la destitución del Gobierno. Al igual que la experiencia anterior, el Gobierno de Macri lee las protestas en clave destituyente, como si toda manifestación en contra del Gobierno debiera estar prohibida. Curiosa aspiración de los gobiernos democráticos que exigen una cláusula propia de lo que garantizan los gobiernos de factos, y si no se cumple, se acusa de golpistas a aquellos que la protagonizan. Muestrario de lo que nuestra democracia de bajísima intensidad es capaz de tolerar.
Queremos resaltar que se trata de un fantasma rigurosamente lógico en la construcción social que lleva a cabo el Gobierno. En efecto, se trata de una lógica, porque dada las multitudes y la política de sordos expuestas, ello inexorablemente conduce a una sola política, a saber: la represión.
Así el fantasma de la “destitución” se le aparece al gobierno como anticipación de la deriva a donde lo lleva inexorablemente la lógica que apuesta transitar.
Así la represión deviene como una verdadera carta forzada para la lógica del Gobierno.
Se trata de una represión necesaria para que la política de ajuste no se conmueva frente a las masivas movilizaciones sociales. Se trata de una represión necesaria pero temida, ya no solo por los manifestantes, sino incluso por el propio Gobierno.
Para ver el informe completo, ingresar al link: http://www.ipypp.org.ar/descargas/2017/Notas%20de%20Coyuntura.pdf
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¿Blanqueo o fuga de capitales?
En otro informe de los mismos autores, se analiza el argumento gubernamental de que el paro general representó un costo de $15.000 mil millones para la sociedad. Pero también se refiere a otro paro silenciado que es el que desarrolla el sector empresario a través de la salida de dinero el exterior, “un Paro sistemático que ya lleva un costo 13 veces superior al de los trabajadores”.
Se trata de un PARO, puesto que la fuga es excedente que se dirige afuera de la economía argentina. Son recursos que se generan en nuestra economía, bajo procesos productivos de valorización, que los empresarios al remitir al exterior transforman en pérdida millonaria para la economía nacional. En los últimos años la fuga de capitales acumula un total de U$S 240 mil millones (a septiembre del 2016 según lo revela los datos del INDEC).
Es más, según estimaciones privadas el valor ascendería a los U$S 375.000 millones. Más aún, en base a los datos del Banco Central, de enero del 2016 a Febrero 2017 (último dato disponible) la “formación de activos en el exterior”, sutil manera de denominar el PARO EMPRESARIO fue de U$S 13.760 millones. Es decir que mientras los trabajadores en lo que va del gobierno de Macri le hicieron un Paro cuyo costo es de U$S 1.000 millones (a un tipo de cambio de 15), los Empresarios en el mismo período le hicieron un Paro sistemático que ya lleva un costo 13 veces superior al de los trabajadores”.
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El Nunca Más a la represión de la protesta social
La Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires ha venido teniendo una firme postura ante la notoria avanzada de la idea gubernamental de criminalizar y reprimir la protesta social. En lo que va del año salió varias veces al cruce de diversos sucesos que pusieron claramente sobre el tapete, primero la puja dialéctica lanzada desde las esferas del poder y, de inmediato, su decisión de actuar violentamente frente a las diversas expresiones populares que le dan marco al conflicto social existente.
En una de sus declaraciones, la CPM fue a fondo conceptualmente con su mirada sobre la realidad, que bien sirve de marco para lo que venimos planteando:
«Insistimos en señalar que lo que se reprime son manifestaciones legítimas amparadas por las constituciones nacionales y provinciales. Lo que se reprime son manifestaciones de conflictos que implican vulneraciones graves en los derechos de las personas que reclaman. La toma pacífica de los lugares de trabajo y la permanencia en ellos, la toma de tierras en el reclamo de la legítima posesión o de los ’sin techo’, los cortes de ruta o calles, son parte de los repertorios de la protesta, son modos instituidos para expresarse de aquellos que no tienen otro recurso que la acción colectiva para la visibilización y denuncia pública del agravio sufrido. Son parte del juego de la vida democrática. No la degradan sino todo lo contrario, la profundizan y la consolidan.
«El uso del Código Penal como solución a los conflictos sociales sólo los agrava y niega tanto los derechos por los que se reclama como el derecho a la protesta misma, sin la cual la democracia se debilita para dejar de serlo. Si no se garantiza la exigibilidad de los derechos, la ciudadanía se restringe a su mínima expresión: votar cada dos años.
«Esto que pasa hoy lo vemos con honda preocupación porque no es la primera vez que ocurre. En los años noventa, esa década tan aciaga para nuestra democracia, la criminalización de la protesta fue la política del gobierno para avanzar en el feroz avasallamiento de conquistas y derechos que terminaron con más de la mitad de la población en la pobreza y el 25% de desocupación.
«El doloroso 2001 con el saldo de 39 personas asesinadas por el Estado fue el corolario trágico de esa política.
«Queremos otra democracia que aquella: una democracia que sea sinónimo de más derechos, más trabajo, más libertad y más participación.
«Los conflictos no se resuelven con garrotes, gases lacrimógenos y balazos. Se resuelven por la vía del diálogo, del reconocimiento de derechos, de un Estado que incline la balanza por los más débiles y no gobierne para los más fuertes.
«En este camino, jueces y fiscales también deben analizar todos los elementos de un conflicto y resolver considerando los estándares de derechos humanos incorporados a nuestra Constitución Nacional. La balanza de la justicia implica el uso de la ley para equilibrar el poder de los más débiles con los más poderosos. Para garantizar el derecho de los que menos tienen y que son iguales frente a la ley.
«Mucho se ha discutido en las últimas semanas sobre el tema de la inseguridad y la violencia, identificando a los niños y adolescentes como un peligro para la sociedad y, en gran medida, responsables de la violencia aunque claramente no es así.
«La represión estatal también es inseguridad y atenta con mayor poder que los individuos contra los bienes, la integridad y la vida de las personas.
«Si queremos una sociedad sin violencia, el primero que debe abdicar de su uso irracional y arbitrario es el Estado.
El NUNCA MÁS de hoy es NUNCA MÁS represión».
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El disenso para defender la democracia
Roberto Gargarella es abogado y sociólogo, profesor de “Derecho Constitucional” en las universidades Torcuato Di Tella y la Nacional de Buenos Aires. Es autor de varios libros que bucean en las profundidades de conceptos como ‘democracia’, ‘republica’ o aspectos varios del constitucionalismo. En su última publicación, ‘El derecho a la protesta. El Primer derecho’, se para desde una mirada marcadamente contrapuesta a la que hoy podemos observar como tendencia del gobierno del consenso conservador.
En una reciente entrevista, Gargarella transita por algunos de los caminos presentes en su libro:
El rasgo constitutivo de la democracia no es el consenso sino el disenso. En un sistema institucional como el nuestro delegamos la toma de decisiones, delegamos el control de los recursos económicos, delegamos el uso de la violencia, el monopolio de la fuerza en el Estado, lo mínimo que podemos hacer es preservarnos el derecho de criticar a aquellos en los que hemos delegado todo. Mucho de lo más importante de nuestras vidas está en manos de otros. Por eso es que me parece importante reclamar el derecho a la protesta como un derecho esencial. De allí que lo podamos llamar el “primer derecho”. Y lo es, porque es la base para la preservación de los demás derechos, si esto falta hay razones para pensar que todo lo demás puede caer. Si esto no falta, uno puede reclamar por todo lo demás. Sin protesta la democracia no puede subsistir.
Criminalización de la protesta social. Es pensar la protesta a partir del derecho penal y además pensarla dando una cierta respuesta que apunta al hostigamiento, a la hostilidad institucional hacia la protesta. A mi me parece la protesta merece ser pensada desde otro lado, sobre todo cuando hablamos de protestas vinculadas con derechos fundamentales sistemáticamente violados.
La pereza intelectual de algunos jueces. Basta leer algunos fallos para darnos cuenta de la brutalidad con la que muchos jueces piensan la idea de democracia. Es un problema que parte entre otras razones, del pensar el derecho desde el punto de vista del derecho penal. Típicamente, cuando se piensa la protesta social con el código penal en la mano la pregunta que uno comienza a hacerse es qué nivel de castigo es el nivel de castigo adecuado. Por el contrario, cuando se la piensa desde la Constitución la idea es exactamente la contraria, o sea, qué nivel de protección requieren ciertos derechos y ciertos sectores que carecen de ellos, qué derechos queremos priorizar, cómo queremos vivir juntos.
La misión principal de los jueces es proteger a la protesta social. Nuestro sistema institucional, con todas las imperfecciones que tiene, fue organizado para representar a las mayorías y a las minorías. Nosotros delegamos en el poder político la posibilidad de representar a las mayorías y hemos separado al poder judicial del poder político y de la ciudadanía porque nos interesa preservar a las minorías. La primera misión del poder judicial es la de proteger a las minorías. De allí que los jueces no estén sujetos a la elección ni a la remoción populares. Por más que el humor mayoritario cambie, debe haber instituciones destinadas a garantizar los derechos de las minorías.
“Se dice que el derecho de uno termina donde empiezan los de los demás”. Para mi es una consigna ridícula, es una frase que no dice absolutamente nada. Es más, alguien que quiera defender la protesta podría decir lo mismo: “coincido, sus derechos terminan donde comienzan los míos, entonces por qué usted no respeta mis derechos sociales”.
